Nueve de cada diez concursos de acreedores en España acaban en liquidación

Mario Cantalapiedra – Economista

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, previsto para gestionar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como, en el caso fundamentalmente de las empresas, asegurar la continuidad de su actividad económica.

No obstante, los datos existentes parecen apuntar que el concurso de acreedores en España lo que supone es un enterramiento de las compañías afectadas. Así lo confirma una reciente encuesta de coyuntura sobre la evolución de estos procesos concursales efectuada entre los meses de abril y agosto de 2018 a un panel de expertos pertenecientes al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).  Para este panel de auditores el 90 por ciento de los concursos de acreedores acaban en liquidación y cerca de un 70 por ciento concluyen porque no hay activos para liquidar y pagar a los acreedores. Opinan que las empresas que entran en concurso probablemente lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir la situación de crisis en la que han entrado.

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Actualmente el concurso de acreedores puede ser solicitado directamente por el propio deudor (concurso voluntario) o por uno de sus acreedores (concurso necesario), cuando la persona física o jurídica deudora no puede cumplir con regularidad sus obligaciones de pago (estado de insolvencia). También lo puede solicitar el mediador concursal ante la imposibilidad de que se alcance, se incumpla o se anule un acuerdo extrajudicial de pagos. Este tipo de acuerdo, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, persigue que un experto en la materia (mediador concursal) elabore un plan de pagos viable en el que se puedan incluir quitas (donde los acreedores renuncian a parte de la deuda para cobrar el resto y que pueden ser de hasta el 25 por ciento de la deuda) y pagos aplazados (que pueden llegar hasta los 3 años) que permitan el mantenimiento de la actividad del empresario deudor. El procedimiento fracasa cuando no se alcanza un acuerdo o cuando el mediador constata el incumplimiento, en cuyo caso sirve de tránsito a un concurso más sencillo que se denomina concurso consecutivo, el cual será voluntario si su declaración es solicitada por el deudor, y necesario si lo solicitan los acreedores o el mediador concursal.

Una medida a arbitrar para evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso podría ser la de incluir al Registro Mercantil entre los sujetos legitimados para solicitar su declaración, puesto que al tener información económica y financiera actualizada de las empresas puede tener conocimiento de su situación de crisis.

Foto: stevepb

Cuatro riesgos de la banca en la sombra en Europa

Mario Cantalapiedra – Economista

La banca en la sombra, es decir, la intermediación de crédito realizada por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional, representa cerca del 40 por ciento del sistema financiero de la UE según los datos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB por sus siglas en inglés). Este organismo supervisor, creado en 2010, es competente para prevenir, detectar y mitigar los riesgos que se puedan producir a nivel del conjunto del sistema financiero en la UE (riesgo sistémico), y tiene un ámbito de competencias amplio en el que se incluye, además de a las entidades de crédito tradicionales, a las empresas de seguros, a infraestructuras del mercado financiero y otras instituciones financieras y mercados, a la banca en la sombra. El riesgo sistémico es el que llevaría al colapso del sistema financiero a partir del incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad que se contagiara a otras hasta afectar a todo el conjunto. En este sentido, la ESRB emite recomendaciones y advertencias si detecta riesgos.

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Dentro del concepto de banca en la sombra se incluyen los fondos de inversión, que según la ESRB representan alrededor de un tercio del total del este sistema en la UE, las entidades dedicadas a operaciones de titulización de activos y otras instituciones financieras, entre las que encontraríamos a las plataformas de crowdfunding.

En su último informe “EU Shadow Banking Monitor”, que abarca datos hasta el cierre de 2017, la ESBR presenta una visión general de la evolución del sistema bancario en la sombra en la UE, identificando los riesgos siguientes para la estabilidad financiera:

  1. Riesgos de liquidez (dificultad para convertir los activos en los que invierten en efectivo) y de excesivo endeudamiento en algunos tipos de fondos de inversión.
  2. Riesgo de contagio entre sistemas bancario tradicional y en la sombra por su nivel de interconexión. En este sentido, la ESRB considera que es importante comprender mejor y controlar las interconexiones entre bancos tradicionales y bancos en la sombra, así como los enlaces transfronterizos entre entidades.
  3. Riesgos de liquidez y endeudamiento por el uso de derivados y transacciones de financiación de valores.
  4. Vulnerabilidades en el sector de otras instituciones financieras debido a que la falta de algunos datos importantes impide realizar una evaluación completa de su riesgo.

Parece lógico que en el proceso a través del cual gran parte de la intermediación financiera se está desplazando desde el circuito bancario tradicional hacia otras entidades, el supervisor público busque adaptar su política al nuevo marco, tratando de identificar los riesgos y de desarrollar herramientas que los atenúen. Ante la rapidez de los cambios que la tecnología está impulsando en el mundo financiero, el reto es no llegar demasiado tarde.

Modalidades de “crowdfunding” reguladas y no reguladas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en su título V, regula en España una serie de modalidades de crowdfunding (financiación participativa) en las que múltiples inversores ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, pero, como explicaré a continuación, este paraguas legal no alcanza a todas las opciones de financiación participativa que operan en el mercado.

En concreto, la Ley 5/2015 regula la actividad de las denominadas plataformas de financiación participativa (PFP), que ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores (obligaciones o acciones) y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. Luego se regulan los proyectos que estén instrumentados a través de los siguientes mecanismos:

  • Emisión o suscripción de títulos valores de renta fija (obligaciones). En este caso, los inversores participan en un empréstito emitido por una empresa, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.
  • Emisión o suscripción de acciones (sociedades anónimas) y de participaciones sociales (sociedades de responsabilidad limitada). Es la modalidad que se conoce como crowdinvesting o equity-based crowdfunding, donde los inversores participan en el capital de una sociedad (se convierten en sus socios), a través de una PFP, con el objetivo de conseguir rentabilidad vía dividendos o aumento del valor futuro de las acciones o participaciones.
  • Solicitud de préstamos. Modalidad que se denomina crowdlending o loan-based crowdfunding, donde los inversores conceden un préstamo a una empresa o a un particular, a través de una PFP, a cambio de un tipo de interés.

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En este sentido, la Ley 5/2015 no regula otras modalidades de crowdfunding que operan en el mercado y en las que existe un rendimiento dinerario como, por ejemplo, aquellas donde las empresas que buscan financiación utilizan plataformas de internet para subastar facturas o pagarés de clientes entre múltiples inversores.

Tampoco están reguladas por esta Ley, las modalidades de crowdfunding donde no existe un rendimiento dinerario, como el crowdfunding de recompensa, donde los aportantes entregan su dinero a cambio de un bien o servicio determinado (por ejemplo, un libro o figurar en los créditos de una película), o el de donación, donde los fondos se entregan de forma altruista sin esperar nada a cambio.

Foto: Tumisu