Las 50 empresas “fintech” más importantes del mundo

Mario Cantalapiedra – Economista

El informe “2018: FINTECH100. Leading Global Fintech Innovators” elaborado por las compañías H2 Ventures y KPMG, ofrece el ranking de las 50 empresas fintech más importantes del mundo, en el cual predominan las empresas estadounidenses con 13 representantes, aunque tres de las cinco primeras posiciones corresponden a compañías chinas, entre ellas, Ant Financial, dueña de la plataforma de pagos Alipay, que lidera la clasificación. En el ranking aparecen varias empresas europeas, mayoritariamente del Reino Unido, sin que entre ellas figure ninguna española.

En cuanto a las categorías fintech (líneas de negocio) en las que compiten estas empresas pueden distinguirse las siguientes:

  • Pagos y transacciones, que agrupa al mayor número de empresas (14).
  • Préstamos (13).
  • Gestión patrimonial (7).
  • Seguros (7).
  • Neobancos (que ofrecen servicios bancarios a través de aplicaciones móviles, para lo cual se asocian con bancos tradicionales) (6).
  • Múltiple (en la que se incluyen empresas que compiten en varias categorías) (2).
  • Otras (las cuales no encajan en las categorías tradicionales, entre las que por ejemplo se encuentran las soluciones tecnológicas que facilitan el cumplimiento normativo en el sector financiero, lo que se conoce como regtech) (1).

Ranking de las 50 empresas fintech más importantestablaFuente: 2018 FINTECH100. Leading Global Fintech Innovators. H2 Ventures-KPMG.

Empeoran los plazos de pago de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los plazos de pago de las empresas en España han empeorado hasta situarse en 97 días de media en 2017, según se desprende del último estudio sobre plazos de pago en la empresa española que realizan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, y que ha sido presentado hoy en Madrid. En él se han tenido en cuenta los datos de 154.000 empresas privadas con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2017, y ha sido elaborado utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

El dato de los 97 días está muy lejos del plazo de pago legal (actualmente fijado en 60 días), y además representa el máximo de la serie histórica, lo que debería preocuparnos, ya que detrás de esta cifra hay empresas que se ven obligadas a financiar retrasos en el pago de sus facturas, lo que especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, que se caracterizan por la debilidad de sus balances, puede suponer soportar fuertes tensiones de liquidez y hasta comprometer su propia continuidad en el mercado.

Es cierto que son varias las causas que pueden llegar a motivar retrasos en el pago de las facturas, pero también lo es que no todas ellas son imputables a los clientes. Frente a la falta de voluntad de un deudor que no paga, a las prácticas sectoriales que imponen plazos de pago largos o a la posición dominante de un cliente importante, por la que se acepta cobrar más tarde de él para no perderlo, poco puede hacerse desde el proveedor. No obstante, existen otras razones detrás del retraso, como son la de no gestionar adecuadamente el riesgo de crédito y vender a clientes sin utilizar ningún criterio de solvencia a la hora de seleccionarlos, o cometer errores en los procesos administrativos, como olvidar emitir un abono pendiente o consignar erróneamente los datos bancarios en una factura, cuya responsabilidad es achacable a la empresa acreedora. Especialmente una gestión más profesionalizada del riesgo de crédito comercial desde las empresas puede ayudar a minorar el impacto negativo de los plazos de pago, cuya situación por entorno en España ya vemos que no es nada favorable.

 

Evolución de los plazos de pago de las empresas en España (en días)

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Fuente: Crédito y Caución, Iberinform e IE Business School.

Redactar detalladamente los estatutos sociales para prevenir futuros conflictos

Mario Cantalapiedra – Economista

Los estatutos sociales son el conjunto de reglas escritas que rigen el funcionamiento interno de una sociedad y que forman parte de su escritura de constitución, debiendo tener el contenido mínimo que señala el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC):

  • Denominación de la sociedad.
  • Objeto social, determinando las actividades que lo integren.
  • Domicilio social, lugar en el que legalmente está establecida la empresa, que podrá ser el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.
  • Capital social, participaciones o acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa.
  • Modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren.
  • Modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.

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Además de este contenido mínimo, se permite que los estatutos incluyan todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera). A pesar de que existen modelos estandarizados de estatutos sociales, de los que muchos emprendedores suelen valerse, redactarlos detalladamente e incluyendo cláusulas específicas puede ser una medida muy interesante para prevenir futuros conflictos entre los socios y entre estos y la sociedad. Has de pensar que los estatutos que se redacten en el momento inicial de una sociedad afectarán a todos sus socios tanto presentes como futuros.

En cualquier caso, cabe la posibilidad de modificar los estatutos sociales iniciales por un acuerdo de la junta general que respete los quórums y las mayorías exigidos en el TRLSC. Por ejemplo, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada la modificación requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. Existe una excepción a esta necesidad de acuerdo de la junta general en las modificaciones estatutarias, y es para el caso del cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, el cual puede ser acordado por el órgano de administración, salvo que exista una disposición contraria en los propios estatutos.

Foto: truthseeker08

Disminución del número de concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los deudores concursados en España en el tercer trimestre de 2018 ascendieron a 1.079 según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la información de los boletines judiciales que rellenan los Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil. Este dato representa una disminución del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente. En este sentido, según el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, “se encuentra en insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Con el concurso se trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de deudores concursados en el tercer trimestre, 778 correspondieron a empresas (72,1 por ciento), mientras que 301 fueron de personas físicas sin actividad empresarial (27,9 por ciento). Por tipo de concurso, el 92,9 por ciento del total (1.002) fueron de tipo voluntario (solicitados por las propias personas físicas o jurídicas deudoras), y el restante 7,1 por ciento (77) fueron de tipo necesario (solicitados por los acreedores).

Los datos por comunidades autónomas señalan que Cataluña encabezó el número de concursos en el tercer trimestre de 2018 con el 28 por ciento (302), seguida por la Comunidad de Madrid con el 16,9 por ciento (182), por lo que casi uno de cada dos concursos que se presentan en España se origina en una de estas dos comunidades autónomas. En términos de variación anual, Extremadura presenta el mayor descenso en el número de deudores concursados con una caída del 69,2 por ciento, mientras que el mayor aumento se produjo en el Principado de Asturias con un 88,9 por ciento más de concursos.

Por actividad económica, el 23,8 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo la construcción el segundo sector en importancia con el 15,8 por ciento de los concursos.

 

Evolución del número de deudores concursados en EspañaFuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2018).