Amazon a nivel mundial y Zara a nivel español, las marcas más valiosas

Mario Cantalapiedra – Economista

La consultora británica de estrategia y valoración de marca Brand Finance acaba de publicar su informe “Global 500 2019”, el cual recoge el ranking de las 500 marcas más valiosas del mundo, encabezado por Amazon y en el que figuran las ocho marcas españolas siguientes: Zara (distribución), Santander (banca), BBVA (banca), Movistar (telecomunicaciones), El Corte Inglés (distribución), Repsol (energía), Caixabank (banca) e Iberdrola (energía).

Amazon tiene un valor, según la consultora británica, de 187.905 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 166.305 millones de euros), mientras que la primera marca española de la clasificación, Zara, propiedad de Inditex, se valora en 18.424 millones de dólares (lo que equivale a cerca de 16.306 millones de euros). En el “top ten” encontramos siete empresas estadounidenses, una coreana (Samsung) y dos empresas chinas. Por su parte, las cinco primeras marcas pertenecen todas a ellas a empresas tecnológicas. De hecho, el sector tecnológico acumula el 23,7 por ciento del valor total de las marcas representadas en el ranking, seguido por la banca con el 13,6 por ciento del valor total. Por países, Estados Unidos concentra casi la mitad del valor total (45,4 por ciento), seguido por China con el 19 por ciento.

Por tanto, el valor de marca empresarial en el mundo se está concentrando en el sector tecnológico y en Estados Unidos, la pregunta a hacerse aquí es si no lo estará haciendo demasiado…

 

Ranking marcas más valiosas del mundo (2019)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Brand Finance Global 500 2019.

Solo queda un año para reclamar las facturas impagadas anteriores a 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente llegado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Ello supone que en poco más de un año habremos perdido la posibilidad de reclamar las facturas impagadas anteriores al 7 de octubre de 2015, lo que hemos de tener muy en cuenta para que no se nos pase el plazo y perdamos el derecho a exigir el pago de cuanto se nos adeuda.

Así, aunque el mes de octubre de 2020 parece muy lejano lo cierto es que es un plazo más bien corto para toda la labor que requiere preparar la reclamación de estas facturas, que implica estudiar cuales son las deudas nacidas antes de 2015 que no hemos reclamado, la viabilidad o conveniencia de reclamar su pago judicialmente, la búsqueda de la documentación para aportar a la demanda, la elección de letrado, el otorgamiento de poderes para pleitos y la preparación y presentación de la demanda.

Toda esta labor lleva bastante tiempo realizarla, sobre todo al tratarse de deudas antiguas que tenemos que rescatar, estudiar y documentar y ello paralelamente a desempeñar el trabajo diario y normal de la empresa.

Por ello, especialmente en las grandes empresas, el plazo de un año no es demasiado para rescatar los impagados anteriores a 2015 y montar el expediente para que la demanda pueda interponerse antes de octubre de 2020, de tal forma que o empezamos a estudiar y valorar cuáles son las deudas que vamos a reclamar o nos quedaremos, probablemente, sin la posibilidad de hacerlo porque no tengamos suficiente tiempo para tener todo preparado antes de que prescriba la obligación.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

TIPS: El nuevo servicio de transferencias inmediatas del BCE

Mario Cantalapiedra – Economista

Desde finales de noviembre de 2018 se encuentra disponible el nuevo servicio de liquidación de pagos inmediatos TIPS (Target Instant Payment Settlement), el cual ha sido puesto en marcha por el Banco Central Europeo (BCE). TIPS permite la liquidación de transferencias inmediatas entre entidades de crédito a nivel europeo, facilitando que empresas y particulares puedan efectuar pagos en tiempo real, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El importe de estas transferencias se encuentra limitado a 15.000 euros, recibiéndose el dinero en menos de 10 segundos, de ahí lo de “inmediatas”.

Curiosamente el servicio TIPS se inauguró “oficialmente” desde España el pasado 30 de noviembre de 2018, con el envío de efectivo desde una cuenta domiciliada en Caixabank a otra domiciliada en el banco francés Natixis, en una operación que tardó únicamente 3 segundos en completarse.

En España ya teníamos operativa desde febrero de 2018 una infraestructura interbancaria nacional de pagos inmediatos, gestionada de forma privada por la Sociedad Española de Sistemas de Pago (Iberpay), la cual ha sido conectada con este nuevo servicio del BCE, de tal modo que las entidades financieras españolas ya pueden emitir y recibir transferencias inmediatas con otras entidades europeas participantes en TIPS. Si la infraestructura gestionada por Iberpay es una iniciativa de tipo privado, TIPS tiene carácter público, pudiendo las entidades financieras optar por utilizar una u otra vía, sin que sus clientes, en principio, perciban la diferencia.

En cualquier caso, las transferencias inmediatas son voluntarias para las entidades financieras, por lo que habrá que consultar en cada caso si las ofrecen o no, y en caso afirmativo el coste que repercuten por este servicio, teniendo en cuenta que cada entidad es libre para decidirlo.

Según los últimos datos de Iberpay, en 2018 se realizaron 24.627.248 transferencias inmediatas, que representaron el 4,1 por ciento del total de transferencias realizadas. Y en lo que se refiere al importe transferido, se superaron los 18.500 millones de euros, lo que supone el 1,5 por ciento del importe total.

 

Transferencias realizadas en España en 2018qFuente: Elaboración propia a partir datos Iberpay.

Modificado el artículo que permite la separación de los socios si no se reparten dividendos

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, con entrada en vigor el 30 de diciembre de 2018, ha modificado el polémico artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), el cual permite la separación de un socio de la sociedad en caso de falta de distribución de dividendos. La nueva redacción del artículo es la siguiente:

Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder.

2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.

3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.

5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.

c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.

e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas”.

Con respecto a la redacción anterior, los principales puntos a destacar son:

  • Como novedad más significativa, se permite a las sociedades que en sus estatutos establezcan la no aplicación del derecho de separación.
  • Se clarifica que el derecho nace transcurrido el quinto ejercicio desde la inscripción en el Registro Mercantil.
  • Asimismo se clarifica el concepto de beneficio a repartir (“beneficios obtenidos que sean legalmente distribuibles” frente al anterior “beneficios propios de la explotación del objeto social”).
  • Por otro lado, el reparto legal mínimo se fija en el 25 por ciento de beneficio obtenido, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. No obstante, no habrá derecho a la separación cuando los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivalgan al 25 por ciento de los beneficios distribuibles en dicho período.
  • Se amplía la no aplicación del artículo a otro tipo de sociedades además de a las cotizadas, como, por ejemplo, a las que se han declarado en concurso o a las sociedades anónimas deportivas.