Facebook y sus socios quieren reinventar el dinero

Mario Cantalapiedra – Economista

Facebook y otras 27 compañías acaban de presentar Libra, la criptomoneda que tienen pensado lanzar al mercado a partir de 2020 y que, en su opinión, permitirá a los usuarios, especialmente a los que no disponen de cuenta bancaria, pero sí de cuenta en Facebook o acceso a WhatsApp, realizar transacciones financieras. Desde un país como España, donde la mayoría de la población adulta tiene cuenta bancaria, nos pueda resultar extraño que a nivel global, y según los datos del Banco Mundial, existan 1.700 millones de adultos sin acceso a servicios bancarios, a pesar de que dos tercios de ellos (alrededor de 1.100 millones) posean teléfono móvil, y casi 500 millones dispongan de acceso a internet. Por lo que parece, Facebook y sus socios han detectado en esta población un importante nicho de mercado al que acceder reinventando el dinero a través de Libra.

Una criptomoneda es un tipo de moneda virtual que, según el Banco Central Europeo (BCE), es una unidad de valor digital que puede ser intercambiada electrónicamente, pero que no tiene existencia física. Como el resto de criptomonedas, Libra está basada en la tecnología blockchain (cadena de bloques), una red descentralizada de equipos informáticos en las que operaciones se validan por el consentimiento de la mayoría. El BCE considera que las criptomonedas en general y el bitcoin en particular (la más famosas de ellas hasta la fecha) son activos especulativos, es decir, apuestas para obtener un beneficio en el que existe el riesgo de perder lo invertido, pero no las considera monedas y para ello utiliza los cuatro argumentos siguientes, a los que deberá hacer frente Libra:

No cuentan con respaldo público

Las criptomonedas no son emitidas por una autoridad pública central. El BCE te garantiza que el billete de cinco euros que llevas en el bolsillo te da derecho a pagar con él en cualquier lugar de la zona euro, pero Libra no tendrá ese respaldo público detrás, y sí en cambio el de compañías privadas con ánimo de lucro. Hoy por hoy, este argumento parece difícil de superar.

No son medios de pago generalmente aceptados

El BCE considera que si las criptomonedas fueran monedas podrían utilizarse en cualquier parte, no solo en internet o en las redes sociales. En cualquier caso, una moneda se basa en la confianza que le otorgan aquellos que la intercambian, ¿y quién dice que no hay gente, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, dispuesta a confíar más en Facebook y su Libra que en las monedas “tradicionales”?

Los usuarios no están protegidos

Si piratas informáticos robaran las Libras que tuvieras en tu ordenador, no existiría una protección legal detrás. Quizás este argumento se pueda vencer con algún tipo de cobertura del riesgo.

Su volatilidad es muy elevada

En principio una moneda, más allá de situaciones puntuales como la del bolívar venezolano, debe ser un depósito de valor fiable que oscile dentro de unos parámetros razonables. Las criptomonedas, por ejemplo el bitcoin, suelen sufrir variaciones hacia arriba o hacia abajo muy importantes en pocos días. En este sentido, y por lo que se sabe hasta ahora, Libra estará respaldada por una reserva de activos financieros de baja volatilidad que incluirá depósitos bancarios y títulos de deuda pública en monedas de bancos centrales estables y de buena reputación. Esto es una diferencia importante con respecto a la mayoría de las criptomonedas, bitcoin incluido, que existen en la actualidad.

Como puedes ves los interrogantes son todavía muchos, pero solamente comprobar las compañías que además de Facebook están en este proyecto (Mastercard, VISA, Paypal, Uber, eBay, Spotify, Vodafone, etcétera), confirma que algo importante se está moviendo en el mundo financiero con Libra y que deberemos estar muy atentos.

¿Cómo puede afectar el aumento de la morosidad al crédito al consumo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante el acto de apertura en Santander del curso “Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía”, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha alertado del significativo incremento de la morosidad que se está observando en los créditos al consumo que conceden las entidades de crédito, por lo que desde el BdE se les invita a reforzar sus criterios de concesión.

El crédito al consumo es una categoría de préstamo personal que cuenta con una regulación específica (Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo) que ofrece a los consumidores una protección especial. Es el típico préstamo que solicita un consumidor para comprar un automóvil o un electrodoméstico, y que suele llevar aparejada la garantía personal del solicitante. Entre sus rasgos principales, según lo que establece la Ley 16/2011, destacan los siguientes:

  • El prestatario es una persona física que actúa con el propósito de satisfacer una necesidad de consumo.
  • El importe financiado oscila entre 200 y 75.000 euros.
  • El reembolso del importe financiado es aplazado (están excluidos de la Ley los contratos de crédito al consumo en los que el reembolso único del capital deba realizarse en un plazo máximo de 3 meses, siempre que hayan sido concedidos libres de intereses y gastos, o con gastos que no excedan en su conjunto del 1 por ciento del importe total del crédito).
  • El crédito es oneroso (conlleva un coste para el prestatario).
  • El prestamista puede ser cualquier persona física o jurídica que concede crédito en el ejercicio de su actividad, lo que incluye a las entidades de crédito, pero también a otro tipo de prestamistas.

Precisamente me gustaría detenerme en el último de los rasgos anteriores, puesto que tras la recomendación del BdE es muy posible que el volumen de créditos al consumo concedido por la banca se resienta (de hecho, en abril ya se registró una caída en el importe de nuevas operaciones en términos interanuales, la primera que se registra en los dos últimos años), por lo que los consumidores pueden buscar este dinero en otros lugares más allá de las entidades de crédito. La recomendación aquí es clara, se trata de solicitar el dinero de forma responsable, leyendo muy bien las condiciones de los préstamos ofertados y entendiendo los costes (tasa anual equivalente) que hay detrás. Solo así se evitarán sorpresas desagradables.

Al Banco de España le preocupan las medidas proteccionistas, el “Brexit” y China

Mario Cantalapiedra – Economista

El PIB de España seguirá creciendo en los próximos años, aunque cada vez lo irá haciendo a un menor ritmo, según las últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española elaboradas por la Dirección General de Economía y Estadística (DGEE) del Banco de España (BdE). De este modo, tras crecer el 2,6 por ciento en 2018, se prevé que en 2019 el avance sea del 2,4 por ciento, en 2020 del 1,9 por ciento y en 2021 del 1,7 por ciento. La buena noticia es que con respecto a las previsiones anteriores que el BdE efectuó en el mes de marzo, se ha producido una revisión al alza del PIB para 2019 gracias a una mayor fortaleza de la actividad registrada en el primer semestre del año.

La expansión del producto interior seguirá apoyándose en la demanda nacional, aunque su aportación positiva al avance se moderará en los próximos tiempos, siendo próxima a cero la contribución que el BdE prevé para la demanda externa. En el caso de la demanda nacional, me gustaría destacar cómo el organismo supervisor prevé que se incremente moderadamente la tasa de ahorro de las familias (que recuerdo que actualmente se encuentra en mínimos históricos, siendo de las más bajas de la eurozona), lo que se traducirá en una desaceleración del consumo privado.

En cuanto a la tasa de paro, la previsión del BdE es que se reduzca, pero con un freno en los elevados ritmos de crecimiento del empleo que hemos visto en los últimos años, en consonancia con la desaceleración prevista del PIB. Su pronóstico es que la tasa de paro en España disminuya hasta el 11,8 por ciento de la población activa a finales de 2021.

En lo que se refiere a los riesgos que amenazan al crecimiento del PIB español, los principales para el BdE provienen del ámbito exterior. En concreto, de la posible adopción de nuevas medidas proteccionistas a nivel global, de la incertidumbre relativa al desenlace del “Brexit” y de las dudas acerca de la efectividad de las medidas de estimulo en China y de su impacto sobre los desequilibrios del país. En el ámbito nacional, preocupa la incertidumbre acerca de la orientación futura de las políticas económica en un contexto presidido por un Parlamento español muy fragmentado.

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Pérdidas por insolvencias deducibles para empresas de reducida dimensión

Mario Cantalapiedra – Economista

En el momento en el que muchas empresas están preparando los últimos ajustes antes de presentar su Impuesto sobre Sociedades en el mes de julio, conviene repasar algunos elementos que pueden llegar a rebajar la factura fiscal y que en ocasiones las empresas dejan de aplicar por desconocimiento. Entre ellos, me gustaría destacar la posibilidad que tienen las empresas de reducida dimensión (ERD) de deducir un porcentaje global de sus deudores a final de ejercicio por posibles insolvencias.

Recuerdo que para la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), una ERD es aquella que factura menos de 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior. Luego son muchas las empresas en este país que pueden aplicar esta ventaja fiscal. En este sentido, la LIS permite a las ERD la deducción “global” por insolvencias hasta el 1 por ciento del saldo de deudores existente al final del período impositivo, del que habrá que excluir los créditos que motivan deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles. Entre los primeros están los que han pasado seis meses desde su vencimiento, los que corresponden a deudores declarados en situación de concurso o procesados por un delito de alzamiento de bienes, así como los que han sido reclamados judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. Entre los créditos no deducibles están los adeudados por entidades de derecho público (excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía) y los adeudados por personas o entidades vinculadas (salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez).

Veamos un ejemplo al respecto:

ERD que cuenta al final del ejercicio con un saldo de clientes de 50.000 euros de los que se sabe que:

  • 5.000 euros corresponden a la deuda de un ayuntamiento.
  • 3.500 euros corresponden a facturas adeudadas por una empresa vinculada.
  • 1.500 euros corresponden a una factura de un cliente reclamada judicialmente.

En este caso, el saldo a considerar para la dotación global será = 50.000 – 5.000 – 3.500 – 1.500 = 40.000 euros, por lo que la deducción podrá ser hasta de 400 euros (1 % sobre 40.000).

Por tanto, la ERD podrá deducir en concepto de pérdidas por deterioro de los créditos un máximo de 1.900 euros (1.500 euros de la dotación individual por la factura reclamada judicialmente más 400 euros correspondientes a la dotación global). Por su parte, los importes adeudados por el ayuntamiento y la empresa vinculada no serán deducibles.