La incertidumbre frena el gasto de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Banco de España (BdE) ha actualizado sus proyecciones macroeconómicas de la economía española para el período 2019-2021. El organismo supervisor ha revisado a la baja cuatro décimas (al 2 por ciento) su previsión de crecimiento anual del PIB en 2019 frente al dato anterior de junio. Para 2020, el BdE prevé un crecimiento del 1,7 por ciento, mientras que para 2021, lo estima en el 1,6 por ciento, dos y una décima menos, respectivamente, con respecto a la previsión anterior.

La fuerte revisión a la baja de la tasa de crecimiento para 2019 se explica, en parte (dos décimas), por el reciente recálculo de la serie del PIB que cada cinco años hace el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que incorpora cambios para lograr estadísticas de mejor calidad, según se explica desde este organismo autónomo. Sin embargo, el resto de la caída (las otras dos décimas), se justifica por la pérdida de vigor de la demanda interna que revelan los datos más recientes. Tras esta debilidad se encuentran el deterioro del entorno exterior y las incertidumbres procedentes del resto del mundo (Brexit sin acuerdo, guerra comercial entre China y Estados Unidos), y posiblemente, según el BdE, las incertidumbres de origen interno vinculadas a la parálisis política y la ausencia de un Gobierno que tome las medidas necesarias en un momento de desaceleración. Ante la falta de un horizonte claro, hay más empresas y familias que frenan sus decisiones de gasto, prefiriendo esperar a tiempos mejores. Si hay que cambiar el sofá del salón, mejor hacerlo cuando las cosas estén más claras, aunque ahora nos lo pudiéramos permitir. El problema es que este tipo de decisiones individuales acaban trasladándose al conjunto de la economía y retroalimentándose. Si las empresas gastan menos, contratarán menos trabajadores y las familias tendrán menos dinero para consumir bienes y servicios, por lo que los procesos de producción de las empresas se verán afectados.

Precisamente sobre el tema del mercado de trabajo, merece la pena hacer una reflexión. Según el BdE, la desaceleración proyectada llevará a una moderación progresiva del ritmo de crecimiento del empleo, de tal modo que no veremos en España una tasa de paro por debajo del 13 por ciento de la población activa hasta 2021. A pesar de que seguimos creciendo, no conseguimos alcanzar una tasa de desempleo razonable para una economía que se presume avanzada.

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¿Qué diferencias existen entre los códigos IAE y CNAE?

Mario Cantalapiedra – Economista

Muchos empresarios, especialmente los noveles, suelen confundir los códigos IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), cuando realmente obedecen a realidades distintas.

Por un lado, el IAE es un código numérico de carácter tributario que se refiere al impuesto municipal que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas realizadas por personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, uniones temporales de empresas, etcétera) en territorio nacional. No obstante, están exentos de pagar este impuesto:

  • Las entidades públicas.
  • Los sujetos pasivos que inicien la actividad, los dos primeros períodos impositivos.
  • Las personas físicas.
  • Las sociedades, entidades y contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No residentes con establecimiento permanente con un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros.
  • Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social.
  • Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza pública o concertada.
  • Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro.
  • La Cruz Roja Española.
  • Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales.

Los sujetos pasivos exentos no tienen que presentar declaraciones fiscales por IAE, pero sí tienen que indicar los códigos (grupos o epígrafes) que corresponden a sus actividades en las declaraciones censales de alta. Es importante señalar que dependiendo del código de IAE que se elija, se tendrán unas obligaciones fiscales u otras (por ejemplo, hay epígrafes que están exentos de IVA).

Por su parte, la CNAE depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) y también es un código numérico, pero en este caso clasifica a las empresas según cuál sea su actividad con objeto fundamentalmente de elaborar información estadística. Su máximo nivel de detalle (4 dígitos) es utilizado para identificar la actividad de la empresa en distintos impresos y formularios, como, por ejemplo, en los que se emplean para trámites ante la Seguridad Social o en los datos generales de identificación que acompañan el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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A pesar de que la relación ordenada de actividades que se recoge en el IAE trata de ajustarse a la empleada en la CNAE, no existe una relación directa entre los dos códigos, por lo que los empresarios deben disponer de ambos y utilizarlos según sea el caso.

¿Qué consecuencias tiene para una empresa la revocación de su NIF?

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de identificación fiscal (NIF) que asigna Hacienda a las empresas para que lo utilicen en sus relaciones de índole fiscal, puede ser revocado en determinadas ocasiones, decisión que como explicaré a continuación conlleva importantes consecuencias.

En concreto, la Administración Tributaria, según lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, puede revocar el NIF a una compañía en los siguientes casos: 

  • Cuando la empresa a la que se haya asignado un NIF provisional no aporte, en el plazo previsto legalmente, la documentación necesaria para obtener el NIF definitivo, salvo que se justifique la imposibilidad de aportarla.
  • Cuando las deudas tributarias de la empresa con Hacienda sean declaradas fallidas.
  • Cuando la empresa no presente el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.
  • Cuando durante un período superior a un año, y después de realizar al menos tres intentos de notificación, resulte imposible practicar notificaciones a la empresa en su domicilio fiscal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda mediante declaración censal el desarrollo de actividades económicas inexistentes.
  • Cuando la empresa se haya constituido sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF se inicie la actividad económica o se realicen los actos preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite la imposibilidad de realizarlos.
  • Cuando Hacienda constante que un mismo capital ha servido para constituir varias sociedades y, teniendo en cuenta todas ellas, deduzca que no se ha producido el desembolso mínimo legal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda el desarrollo de actividades económicas, de gestión administrativa o de dirección de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin que se justifique su realización en otro domicilio diferente.

La revocación del NIF no es automática, contando la empresa con un período de 10 días para presentar alegaciones una vez que se produce la notificación de Hacienda. Si al final se aprueba la revocación, esta se ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), teniendo las siguientes consecuencias negativas para la empresa:

  • El cierre de su hoja registral en el Registro Mercantil.
  • El bloqueo de las cuentas bancarias abiertas a su nombre.
  • La imposibilidad de obtener un certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda.
  • La baja en los Registros tributarios de operadores intracomunitarios que realizan entregas y adquisiciones intracomunitarias (ROI) y de empresarios y profesionales con derecho a devolución mensual del IVA (REDEME).

La buena noticia es que la revocación del NIF no es algo irreversible, de tal manera que se puede rehabilitar si desaparecen las circunstancias que la motivaron, y siempre que la empresa lo solicite por escrito y aporte la documentación pertinente.