Las disoluciones de sociedades mercantiles crecen y se crean menos compañías en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En 2019 se crearon en España 93.943 sociedades mercantiles, un 1,2 por ciento menos que en 2018, según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, el número de sociedades disueltas fue de 23.288, lo que representa un 4 por ciento más que en 2018. Es decir, nacieron menos empresas y, sin embargo, murieron más en términos relativos. Otro síntoma más de la desaceleración económica a la que estamos asistiendo.

En cuanto a ampliaciones del capital, 30.454 sociedades las realizaron en 2019, un 2,5 por ciento menos que en 2018.

Sociedades mercantiles creadas, disueltas y que amplían capital en 2019SM_creadasFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

En lo que se refiere a la actividad económica, el porcentaje más elevado de sociedades creadas, el 19,9 por ciento del total, correspondió al comercio, seguido por inmobiliarias, financieras y seguros, con un 15,1 por ciento y por construcción, con un 13,8 por ciento. La actividad con menos creación de empresas el pasado ejercicio fue agricultura y pesca con un 2,6 por ciento.

% Sociedades mercantiles creadas en 2019 según actividad económica principalActividad_creadas_2019Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Por comunidades autónomas, solamente cinco (Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y La Rioja) reflejan una variación anual positiva en la creación de sociedades mercantiles en 2019, con el mejor comportamiento en La Rioja que tuvo un 9,4 por ciento más de empresas creadas. Melilla, Cantabria y Ceuta fueron los territorios que más empresas perdieron en términos relativos el pasado año.

Sociedades mercantiles creadas en 2019 por comunidad autónomaCCAA_2019Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Las “fintech” más cerca de poder probar sus negocios de forma controlada en España

Mario Cantalapiedra – Economista

De forma recurrente se alude a la dificultad que representa para el regulador legislar sobre aquellos negocios innovadores relacionados con el mundo digital que continuamente están apareciendo en el mercado. Van tan rápidos que es difícil seguirles la pista. Además no les queda otra que ir rápido, ya que la globalización lleva a que la competencia pueda venirles desde cualquier parte y hacer que pierdan su ventaja competitiva si se paran.

El problema que subyace aquí es el de ser capaces de aunar los intereses de las empresas que ofrecen productos y servicios innovadores a través de internet, los de los clientes que los contratan y los del legislador que tiene la tarea de supervisar y regular la transacción económica, entendiendo cómo funcionan estos negocios. Es muy difícil regular un zapato si nunca has visto uno. La solución parece estar en el llamado “sandbox” o entorno de pruebas controlado, que precisamente ayer fue aprobado por el Gobierno español, en concreto para que prueben dentro de él sus modelos de negocio las empresas que ofrecen innovaciones financieras de base tecnológica, es decir, las empresas “fintech”.

En principio, España debía ser uno de los países pioneros en la introducción de un sandbox para las fintech, pero la parálisis política que hemos sufrido en los últimos tiempos ha hecho que otros se nos adelanten. Lejos de nuestras latitudes encontramos ejemplos de estos entornos controlados en el sector financiero en Singapur o en Malasia, pero también los encontramos cerca de nuestras fronteras en Dinamarca, Países Bajos o Reino Unido.

El sandbox aprobado ayer, que ahora tiene que pasar el pertinente trámite parlamentario antes de verse reflejado en una ley, pretende introducir condiciones seguras en las que las fintech prueben sus productos y servicios con las máximas garantías para los usuarios. De este modo, los que participen en las pruebas tendrán que prestar su consentimiento expreso, los promotores de los proyectos deberán disponer de garantías para cubrir posibles daños o perjuicios y el proyecto deberá contar con el seguimiento y diálogo continuo con la correspondiente supervisor financiero, que dependiendo de la naturaleza del negocio fintech, podrá ser el Banco de España (BdE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

La previsión del Gobierno apunta a que los primeros proyectos de este entorno controlado puedan ver la luz antes de que finalice 2020. No es la mejor de las previsiones, pero después de la parálisis de la que venimos, no parece ser una mala noticia para el sector fintech español.

Ampliación del número de entidades que han de declarar sus riesgos a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos pública que recoge información de riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantías), mantenidos por las entidades de crédito y otras entidades declarantes con sus clientes. Cada mes y de forma agregada, la CIRBE facilitar a las entidades declarantes la información de las personas físicas o jurídicas cuyo riesgo acumulado supera los 9.000 euros. Básicamente esta información la utilizan las entidades para ver el nivel de endeudamiento de sus clientes. De igual modo, cualquier persona (física o jurídica) tiene derecho a conocer de forma gratuita los datos que figuran declarados a su nombre en la CIRBE.

Pues bien, la Circular 1/2020, de 28 de enero, del Banco de España, ha ampliado el número de entidades que han de declarar riesgos a la CIRBE, incluyendo entre ellas a los prestamistas inmobiliarios (personas físicas o jurídicas que, de manera profesional, conceden préstamos hipotecarios cuando el prestatario, fiador o garante es una persona física, y el préstamo tiene como garantía una hipoteca sobre un inmueble de uso residencial), así como a las entidades de crédito que operan en régimen de libre prestación de servicios (que son aquellas entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancario en España de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente).

Tras esta modificación, las entidades que han de declarar riesgos a la CIRBE son las siguientes:

  • Las entidades de crédito, entre las que se incluyen el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito; los establecimientos financieros de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en España).
  • Las sociedades de garantía recíproca y las de reafianzamiento.
  • La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • El Banco de España.
  • El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • La Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Las entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios, las cuales solo han de declarar la operativa realizada con residentes en España.
  • Y, por último, los prestamistas inmobiliarios, a los que se refiere la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que no estén incluidos en las categorías anteriores.

 

 

Más del 70 por ciento del crédito comercial en España se encuentra en situación de mora

Mario Cantalapiedra – Economista

En España desciende ligeramente la morosidad entre empresas, pero los plazos de pago siguen estando por encima de los 80 días, muy lejos del plazo legal de 60 días que establece la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Es un dato que se desprenden del último Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en colaboración con la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME), y referentes al segundo trimestre de 2019.

En concreto, el descenso de la morosidad se debe a una reducción de 2,7 días respecto del trimestre anterior en el período medio de pago a proveedores, que se sitúa ahora en 82,3 días.

Entre las cifras que proporciona el Boletín, llama poderosamente la atención que el porcentaje de crédito comercial que se encuentra en situación de mora, atendiendo a los plazos legales establecidos, sea del 70,6 por ciento del total de crédito comercial, y eso que descendió 0,2 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2019.

Por otro lado, la organización que representa a los pequeños y medianas empresarios cifra el coste financiero de la morosidad en 1.579 millones de euros, un 2,8 por ciento más que en el mismo período de 2018.

En cuanto al plazo de pago en función del tamaño de la empresa, se comprueba como aumenta en la medida en la que la dimensión de la compañía también es mayor. De este modo, las microempresas (aquellas que tienen entre 1 y 9 trabajadores) pagan a una media de 76,7 días; las pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores) abonan sus facturas a 82 días, y por último las medianas (entre 50 y 249 trabajadores) pagan a 86,2 días. Este  estudio no proporciona datos de las grandes empresas, aunque el sentido común sugiere que su plazo será todavía mayor. El pez grande se come al chico en cuanto a retrasar los pagos se refiere, su mayor poder de negociación marca la pauta.

Por sectores, el de la construcción y promoción mantiene el período medio de pago más alto con 94,7 días, seguido por plásticos (89,7) y sector textil (88,3). En el otro lado de la balanza, se sitúa la distribución alimentaria donde se paga a 71,3 días de media.

Período medio de pago por tamaño empresarial del deudor (días)Morosidad_Boletín_IIT19Fuente: Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial II Tri 2019. CEPYME – DGIPYME.