Las pérdidas de 2020 no computarán a los efectos de la causa legal de disolución de sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

Debido a la situación excepcional que vivimos con la crisis de la COVID-19, y con el fin de que las empresas españolas ganen tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar las pérdidas de este ejercicio, el Gobierno español acaba de aprobar una importante medida.

En concreto, ha decidido que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas que contempla la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no se tengan en cuenta las pérdidas de las empresas correspondientes a 2020.

Con esta decisión se ve afectado el artículo 363.1 e) de la LSC, el cual señala como una sociedad de capital deberá disolverse “por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

A estos efectos, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado ayer, señala lo siguiente en su artículo 18:

Artículo 18. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

  1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
  1. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto-ley”.

En cualquier caso, y como puedes ver por el texto que ha sido aprobado, la medida se contempla únicamente para las pérdidas de 2020, restableciéndose la causa legal de disolución con las pérdidas que, en su caso, puedan producirse en 2021.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 3)

Mario Cantalapiedra – Economista

Termino con este post la serie dedicada a repasar las principales cuestiones que fueron tratadas en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?”, que impartí el pasado 31 de marzo. De nuevo, quiero centrarme en uno de los temas que despertaron más interés como es el de la línea de avales prevista por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

La finalidad de esta línea tal como se anuncia en la web del ICO es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pago de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El ICO especifica que, sin embargo, no podrán financiarse con cargo a esta línea las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, ni la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

En este sentido muchas empresas dudan sobre qué diferencias existen entre renovaciones (financiables por la línea del ICO) y reestructuraciones (no financiables), siendo ambas modificaciones de operaciones de financiación previamente contratadas con una entidad financiera. Para diferenciarlas debemos acudir a lo que señala el Banco de España:

“La principal diferencia entre una reestructuración y una renovación es que en la primera la entidad considera que el acreditado tiene dificultades financieras actuales o previsibles”.

Es decir, si en la modificación de la operación contratada con el banco, este considera que hay dificultades financieras en la empresa (actuales o previsibles), se trataría de una reestructuración no financiable por la línea del ICO. No obstante, el Banco de España teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, también señala que la existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago (hasta la fecha) no llevaría automáticamente a identificar como reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19. Para el organismo supervisor estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito.

Por otro lado, si la operación de préstamo avalado por el ICO es rechazada por una entidad financiera según sus criterios de riesgo, la empresa tiene la posibilidad de solicitarla en otras entidades.

Aprovecho para recordar que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 10 de abril, activar el segundo tramo de la Línea de avales por 20.000 millones de euros, destinados íntegramente a avalar operaciones de pymes y autónomos. Se suman a los 10.000 millones que ya fueron previstos para este colectivo en el primer tramo aprobado.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 2)

Mario Cantalapiedra – Economista

Continúo desgranando en el blog algunas de las cuestiones que traté en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” el pasado 31 de marzo.

Aplazamiento del pago de impuestos Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

Una medida que puede ayudar algo a las pymes y autónomos que sufran tensiones de liquidez debido al COVID-19, es la del aplazamiento en el pago de impuestos previsto por el Gobierno. A estos efectos hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Se pueden aplazar, previa solicitud a Hacienda, las deudas tributarias hasta un máximo de 30.000 euros.
  • No es necesario presentar garantías.
  • La empresa solicitante debió facturar en 2019 una cantidad menor o igual a 6.010.121,04 euros.
  • Pueden aplazarse las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario de pago entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
  • El aplazamiento será de 6 meses, pero solamente los 3 primeros no devengarán intereses de demora.

Con respecto al “no” devengo de intereses me gustaría hacer una pequeña aclaración. El aplazamiento se ha previsto que sea de 6 meses sin que exista la posibilidad de fraccionamiento, es decir, a fecha de vencimiento se pagará toda la deuda de una vez. No obstante, si la deuda se cancela en cualquier momento dentro de los 3 primeros meses no se devengarán intereses, pero para ello hay que solicitar de forma explícita a Hacienda la  carta de pago de dicha deuda. Si se pasa el plazo, a partir del final del tercer mes el tipo de interés aplicado será del 3,75 %. En mi opinión, se debería haber previsto que en la solicitud de aplazamiento se pudiera consignar la fecha de pago deseada dentro de los 3 meses que no conllevan intereses, evitando que desde las empresas tengamos que estar pendientes de solicitar la mencionada carta. En cualquier caso, hubiera ayudado mucho más a pymes y autónomos arbitrar el aplazamiento por 6 meses sin intereses.

Recopilación de la principal normativa publicada respecto al COVID-19

Es tal la maraña normativa que está ocasionando el coronavirus, que he considerado oportuno compartir contigo la relación de las principales normas estatales publicadas hasta la fecha.

Normativa_coronavirus

 

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.