Reducción del plazo exigido para deducir fiscalmente las pérdidas por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), en su artículo 13, regula las circunstancias que, de forma general, permiten a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas por deterioro de créditos derivadas de posibles insolvencias de sus clientes. En concreto, son las cuatro siguientes:

  • Que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
  • Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Que la deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa de su cobro.

En este sentido, no se permite la deducción fiscal de las perdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.
  • Estimaciones globales de riesgo de insolvencia de clientes y deudores, salvo que la deducción la practique una empresa de reducida dimensión (ERD), que no se trate de una entidad patrimonial.

A estos efectos, recuerdo que en el IS se considera que una ERD es una compañía que factura menos de 10 millones de euros con carácter anual.

Pues bien, con motivo de las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha reducido para las ERD no patrimoniales la antigüedad general exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos a la mitad (desde los 6 hasta los 3 meses). Esta medida se toma de manera excepcional para los períodos impositivos que se inicien en los años de 2020 y 2021, con el objeto de que los autónomos y las pymes puedan acelerar la incorporación en su base imponible de las pérdidas por insolvencias.

Por tanto, aquellas ERD cuyo ejercicio fiscal coincida con el año natural, podrán deducir los importes adeudados por sus clientes a final de ejercicio, y que se encuentren vencidos desde finales de septiembre o en una fecha anterior, tanto en 2020 como en 2021.

¿Qué supone para la gestión del riesgo de crédito que las transferencias sean el instrumento de pago más utilizado?

Mario Cantalapiedra – Economista

Las transferencias fueron el instrumento de pago más utilizado en los pagos minoristas que se realizaron en 2020. Así lo confirman los datos del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), mecanismo normativo, operativo y técnico que soporta el sistema del pagos al por menor español.

En este sentido, en función del importe que alcancen los pagos, cabe distinguir entre sistema de pagos al por mayor o mayorista, en el que se procesan los de importes elevados que realizan entre sí las entidades de crédito, y el sistema de pagos al por menor o minorista, en el que se procesan los de menor importe que utilizan instrumentos basados en la cuenta corriente bancaria tales como transferencias, adeudos, cheques, efectos o traspasos.

Pues bien, en los pagos minoristas, y teniendo en cuenta el importe total de las operaciones, el pasado ejercicio las transferencias fueron el instrumento más utilizado. En concreto, representaron el 69,63 por ciento del importe total, porcentaje que se eleva hasta el 72,5 por ciento si añadimos las transferencias inmediatas, disponibles en España desde febrero de 2018.

Recuerdo que estas transferencias inmediatas se caracterizan por su rápida ejecución, de tal modo que el tiempo que tarda en llegar el dinero a la cuenta del beneficiario se reduce, desde el día hábil siguiente a la fecha de la emisión en el caso de una transferencia ordinaria, hasta únicamente los 10 segundos. Aunque es un servicio voluntario para los bancos, la mayoría cuentan con él. Desde el 1 de julio se pueden enviar hasta por 100 mil euros, aunque como he podido comprobar muchos bancos mantienen el límite anterior de 15.000 euros (las entidades puede establecer el importe máximo y las comisiones por emisión que consideren oportunos).

Tras las transferencias, el instrumento de pago más utilizado en 2020 fueron los adeudos con el 16,41 por ciento del importe total. Los cheques representaron el 9,07 por ciento, y los efectos comerciales únicamente el 1,40 por ciento.

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo de crédito comercial, el hecho de que las transferencias sean el instrumento más utilizado en los pagos minoristas, supone que normalmente en las compraventas entre empresas la iniciativa de pago la tendrá el cliente. Algo que no ocurre cuando es el proveedor el que emite un adeudo.

Importe operaciones procesadas por SNCE por subsistema. 2020SNCE_2020Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SNCE.

¿Por qué las empresas no ejercen su derecho a cobrar intereses de demora?

Mario Cantalapiedra – Economista

La mayoría de las empresas españolas renuncian al cobro de intereses de demora cuando sus clientes incumplen los plazos de pago, aunque la Ley les reconozca el derecho a cobrarlos. Así lo demuestran los datos del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, de Crédito y Caución e Iberinform.

Según este Estudio, hasta el 54 por ciento de las empresas “nunca” aplican intereses de demora, el 40 por ciento lo hace “a veces”, y solamente el 6 por ciento de las empresas declaran aplicarlos de una forma sistemática.

Aplica_intereses

¿Qué dice la legislación vigente en España sobre los intereses de demora?

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, regula los intereses de demora en sus artículos 5 al 7.

En el artículo 5 se reconoce el devengo de este tipo de intereses “automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor”.

Por su parte, en el artículo 6 se recogen los dos requisitos que ha de reunir el acreedor para poder exigir los intereses de demora al deudor:

  1. Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
  2. Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En cuanto al tipo de interés que cobran las empresas cuando llegan a aplicarlo, según el Estudio de Crédito y Caución e Iberinform, hasta el 97 por ciento aplica un interés por debajo del que podría aplicarse según la Ley 3/2004.

En este sentido, el artículo 7 regula el interés de demora que deberá pagar el deudor, para lo cual existen las dos opciones siguientes:

  1. El tipo de interés que resulte del contrato que se firma entre acreedor y deudor.
  2. Si no hay pacto previo, el que resulte de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales (actualmente este tipo es del 8 por ciento).

Qué_intereses

En este caso, ante la decisión de cobrar intereses de demora o no a un cliente que retrasa el pago de sus facturas, más que el derecho a hacerlo, pesa el miedo a perjudicar la relación comercial con él o incluso a perderle y que se vaya a la competencia.

 

Las empresas españolas tardan demasiado tiempo en reconocer que un crédito es moroso

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando una empresa o un profesional emite una factura a un cliente suele hacerlo con la confianza de que le será abonada en la fecha de vencimiento pactada. No obstante, es habitual, que se produzcan retrasos en el pago, que desde la perspectiva del acreedor pueden ser más o menos aceptables.

Existen retrasos que pueden deberse a cuestiones de tipo administrativo o comercial (no emitir una factura de abono pendiente, no respetar un descuento previamente pactado, etcétera), los cuales suelen subsanarse con rapidez una vez se conocen y liberar el pago que pueda estar retenido. No obstante, hay otros retrasos, más preocupantes para la empresa acreedora, y tras los que se esconde la dificultad del cliente para pagar las facturas, o inclusive su voluntad de no hacerlo. Estos últimos suelen aumentar en épocas de crisis cuando aparecen problemas de liquidez en muchas empresas que antes no los tenían.

A estos efectos, las empresas españolas suelen tardar bastante tiempo en reconocer que un crédito es moroso, tal como muestran los resultados del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. Así, solamente catorce de cada cien empresas consultadas consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento, mientras que la mayoría (37 por ciento) dejan pasar más de 90 días hasta considerar el crédito como moroso e iniciar acciones de recobro. Como ya he comentado en alguna otra ocasión, este comportamiento lo pueden explicar diferentes elementos, entre ellos el tratar de cuidar la relación comercial con los clientes, o el propio sentimiento de vergüenza que experimentan algunos empresarios en el momento de tener que reclamar el cobro de sus facturas.

En cualquier caso, si pensamos que el transcurso del tiempo suele ir en contra de los intereses de la empresa acreedora, y a favor de los del deudor moroso, el plazo superior a 90 días no parece razonable, de tal modo que la recomendación no puede ser otra que tratar de acortarlo, eso sí, cuidando siempre la relación comercial con el cliente, al mismo tiempo que se hacen valer los derechos de la empresa. Desde luego, en épocas de dificultades como la actual debido a la pandemia, no parece oportuno relajar las gestiones de recobro, ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar nuestras facturas.

Recobro