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Prohibición de utilizar programas informáticos que permitan llevar una doble contabilidad empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

La reciente Ley 11/2021, de 9 de julio (BOE de 10 de julio), conocida coloquialmente como “ley antifraude”, ha introducido la prohibición para las empresas y autónomos de utilizar el denominado software de doble uso, es decir, de programas informáticos que permiten llevar una doble contabilidad con el objeto de ocultar parte de la facturación a Hacienda, y pagar así menos impuestos. Según el Gobierno español, “cada año el empleo de estos programas produce pérdidas de ingresos públicos que excederían de varios miles de millones de euros”.

En concreto, se trata de terminar con el uso de programas informáticos en el ámbito empresarial que permiten llevar una doble contabilidad, no reflejar la anotación de transacciones realizadas, registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas, o alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.

La nueva legislación establece la obligación de que los programas informáticos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial, utilizados por empresas y autónomos, se ajusten a ciertos requisitos (certificados) que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. De este modo, estos programas, a partir de la entrada en vigor de esta legislación el próximo 11 de octubre, deberán estar certificados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lo cierto es que este es un tema bastante significativo para las empresas y autónomos, puesto que en caso de utilizar programas informáticos de doble uso se arriesgan a ser sancionados con una multa de, nada más y nada menos, 50.000 euros por cada ejercicio en el que lo hagan, tanto por la tenencia de programas sin certificar, como por la alteración o modificación de los que en su momento puedan ser certificados.

Por tanto, es muy importante que antes del 11 de octubre de 2021, los responsables de las empresas confirmen con sus proveedores de programas de contabilidad y facturación que los mismos están “certificados” y cumplen con lo dispuesto por la Ley 11/2021.

procedimiento de impugnacion

El procedimiento de impugnación de las cuentas anuales en las sociedades mercantiles

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante el mes de julio la mayoría de las sociedades mercantiles en España, presentarán sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020 en el Registro Mercantil.

Una vez superado el plazo “extraordinario” del año pasado debido a la pandemia, volvemos al calendario habitual de presentación, por el cual las cuentas de las empresas con cierre de ejercicio a 31 de diciembre, deben ser “aprobadas” por su junta general dentro de los 6 primeros del ejercicio (fecha límite: 30 de junio), y “depositadas” en el Registro dentro del mes siguiente (fecha límite: 30 de julio).

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, la aprobación de las cuentas precisa de la mayoría de los votos de los socios válidamente emitidos en la junta, siempre que representen como mínimo un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, y sin tenerse en cuenta los votos en blanco. Por su parte, en las sociedades anónimas, la aprobación requiere únicamente la mayoría simple de los votos presentes o representados en la junta.

El acuerdo de la junta vincula tanto a los socios o accionistas que voten en contra como a los no asistentes, aunque tienen la posibilidad de impugnarlo. En estos momentos convulsos, donde pueden existir fuertes discrepancias entre los socios a la hora de aprobar las cuentas, conviene recordar los elementos más significativos del procedimiento de impugnación.

Hablamos del proceso judicial mediante el cual se cuestiona la viabilidad jurídica de un acuerdo social (en este caso, el de aprobación de las cuentas), el cual ha de tramitarse según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la que son impugnables los acuerdos sociales contrarios a la Ley, que se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Están legitimados para ejercitar la acción de impugnación, los socios que hayan adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, que no hayan votado a favor del mismo, y que representen, individual o conjuntamente, al menos el 1 por ciento del capital. También pueden impugnarlo los administradores, así como los terceros que acrediten un interés legítimo. Si el acuerdo es contrario al orden público, puede ser impugnado por cualquier socio (aunque haya adquirido esta condición después del mismo), administrador o tercero.

El plazo previsto en la legislación mercantil para la impugnación es de un año a contar desde la fecha del acuerdo. De este modo, si este se ha realizado el 30 de junio de 2021, se tendría hasta el 30 de junio de 2022 para impugnarlo. No obstante, para el caso de que el acuerdo sea contrario al orden público el plazo no caduca ni prescribe.

La impugnación de las cuentas debe ser presentada mediante una demanda contra la sociedad en el juzgado mercantil del lugar en el que radica su domicilio social, siendo el proceso judicial por el que debe plantearse el de juicio ordinario.

crecimiento organico e inorganico

¿Crecimiento orgánico o inorgánico para que las pymes salgan de la crisis?

Mario Cantalapiedra – Economista

Tras la pandemia debida al coronavirus y el ejercicio de supervivencia que ha significado para gran parte de las pymes, los empresarios deben empezar a mirar hacia su futuro y pensar en crecer.

En este sentido, desde el seno de la compañías se ha de decidir si volcar los esfuerzos a un crecimiento de tipo orgánico o inorgánico. Una decisión que puede no ser sencilla, sobre todo desde la mentalidad de un pequeño o mediano empresario.

El crecimiento orgánico o interno es el que busca aumentar la cifra de negocios a través de un volumen mayor de actividad. Para conseguirlo una empresa se ha de basar en sus propios recursos y capacidades, tratando de aumentar la venta de bienes y servicios en los mercados actuales, de ampliar la gama de productos o de vender en nuevos mercados. A pesar de que esta estrategia de crecimiento habitualmente obliga a realizar nuevas inversiones (por ejemplo, de incremento de la capacidad productiva o de mejora de las actividades comerciales y de marketing), suele ser la preferida por los pequeños empresarios, ya que a través de ella mantienen un mayor control sobre su negocio.

No obstante, puede que en el complejo escenario pospandemia este crecimiento no sea suficiente, y deba recurrirse al crecimiento inorgánico o externo, que busca aumentar la cifra de negocios mediante acuerdos con otras empresas. Éstos pueden lograrse a través de alianzas puntuales, o mediante procesos de fusión o de adquisición. Mientras que en el caso de la fusión, dos o más compañías se integran en una existente o de nueva creación, desapareciendo las demás; en la adquisición, una empresa compra parte de otra/s con el objetivo de ejercer su control sobre ella/s.

Aunque parezca que las fusiones y adquisiciones pueden ser un coto cerrado para las grandes empresas, esto no es así. De hecho, pueden ser la forma más adecuada para que una pyme crezca cuando su mercado esté saturado y desee entrar en otros con rapidez. Hoy esta entrada ya no se hace como antes (comienzo con estudios de mercado, hago varias visitas al país, contrato delegados y en unos meses empiezo las ventas). En un mundo que se acelera, una empresa que desee vender en Noruega, adquiere una compañía establecida allí y desde el primer día está vendiendo en el mercado noruego. Y esta estrategia también es accesible para una pyme, claro está, siempre que tenga suficiente “caja” para afrontarla.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación del BCE en el primer semestre de 2021, efectuada mediante subasta a tipo fijo, ha tenido lugar el día 29 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Hay que recordar que este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido en la operación comercial, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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