Cómo podemos mejorar el “rating” de morosidad de nuestra empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

El rating de morosidad es una calificación u opinión cualitativa que elabora una compañía especializada, y que predice la probabilidad de que una empresa o autónomo pueda hacer frente a sus compromisos de pago en los próximos doce meses.

A través de su consulta, las empresas pueden simplificar y agilizar el proceso de decisión sobre la concesión de crédito comercial a sus clientes, ya que les facilita una valoración objetiva sobre cada uno de ellos.

En el cálculo del rating de morosidad se utilizan modelos matemáticos que analizan variables económicas, financieras, mercantiles y cualitativas de la empresa o autónomo. De manera general, se estudian elementos tales como la información financiera disponible más reciente, la forma jurídica, la trayectoria empresarial o los datos sectoriales, analizándose tanto información de tipo negativo como positivo. En este sentido, las actualizaciones de datos de la empresa o autónomo o los cambios significativos en el sector donde compita, pueden llevar a que el rating de morosidad varíe en uno u otro sentido.

Hay datos que influyen en la elaboración de este rating que son difíciles de mejorar desde la órbita de la propia empresa, como, por ejemplo, la coyuntura económica que atraviese el sector o los años de antigüedad que tenga el negocio. Sin embargo, existen otros sobre los que se puede incidir de forma directa con el objetivo de mejorar el rating, entre los que destacan los siguientes:

  • Información financiera actualizada. Los datos de balances y cuentas de pérdidas y ganancias son de los que más pesan a la hora de elaborar esta calificación predictiva, de tal modo que es muy importante que la empresa obligada a ello presente sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en el plazo legal. Más allá de los problemas del cierre de hoja registral, de posibles sanciones por la falta de depósito o de dificultades para acceder a la financiación ajena, no depositar las cuentas en forma y plazo empeora el rating de morosidad.
  • Impagos. Si se tienen impagos con terceros que aparezcan reflejados en fuentes oficiales, tales como incidencias judiciales o reclamaciones de organismos públicos, deben tratarse de liquidar para que el rating mejore
  • Nivel de endeudamiento a corto. Mantener un nivel de deuda a corto plazo (a menos de un año) aceptable, teniendo en cuenta el sector, y que esté en consonancia con el importe que a su vez los clientes adeudan a la empresa, también permite que el rating de morosidad mejore.

 

 

La utilidad del modelo 347 a la hora de reclamar facturas impagadas

Mario Cantalapiedra – Economista

El modelo 347 es una declaración fiscal informativa que en España han de presentar los autónomos y empresas que, en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial, efectúen operaciones con otros autónomos o empresas que en su conjunto superen la cifra anual de 3.005,06 euros (IVA incluido).

También han de declarar en este modelo aquellas entidades, tales como asociaciones o colegios profesionales, que cobren por cuenta de terceros, cuando los cobros que realicen superen la cantidad de 300,51 euros en el año. Se presenta en el mes de febrero en relación a las operaciones que se realizan el año anterior.

Su función básica es de control, puesto que permite al personal de la Agencia Tributaria comprobar la facturación de los empresarios obligados a suministrar la información, pudiendo cruzar los datos declarados por dos de ellos y observar si las compras que consigna uno, se corresponden con las ventas que declara el otro, lo que en caso de discrepancias importantes puede llegar a motivar una inspección. En este sentido, no es un modelo que tradicionalmente sea visto con agrado por parte de los empresarios.

No obstante, su información puede ser muy útil en el caso de que una empresa tenga que reclamar el impago de una factura, y desee probar en sede judicial que corresponde a una venta real.

En el momento de reclamar ante el juez un impagado, una factura por sí sola no constituyen una prueba plena y eficaz que justifique la venta o la prestación del servicio. No olvidemos que se trata de un documento que emite de forma unilateral el proveedor. Sin embargo, los jueces si tienen en cuenta a la factura para probar la deuda comercial si esta se acompaña con otros medios de prueba como albaranes de entrega o partes de trabajo firmados, o inclusive con una copia del modelo 347 en la que el cliente haya incluido el importe de la factura reclamada.

En este sentido, distintas sentencias judiciales han reconocido que la información que se incluye en el modelo 347 tiene valor a efectos de probar la existencia de relaciones comerciales entre cliente y proveedor. Por ejemplo, en sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de junio de 2020, se considera que “la aportación del modelo 347 da credibilidad a la factura reclamada”, mientras que en un sentencia más reciente de la Audiencia Provincial de León de 23 de marzo de 2021, puede leerse como “la prueba de la existencia de la deuda derivada de los servicios que se detallan en las facturas, no resulta solo de la actuación unilateral del acreedor presentando unas facturas por el confeccionadas, sino que a ello se añade la propia actuación del deudor, que admite efectuó el encargo, computó las facturas en su contabilidad y las declaró a efectos tributarios”.

Por tanto, el modelo 347 más allá de la incomodidad que pueda representar para muchas empresas a la hora de cumplimentarlo, puede ser muy útil si tenemos que reclamar el cobro de facturas impagadas en un juicio.

¿Puede interesar a una pyme tener consejeros independientes?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los administradores de una sociedad mercantil son los encargados de gestionarla y representarla ante terceros, pudiendo ejecutar sus funciones una única persona (administrador único), dos administradores o un consejo de administración, que ha de estar compuesto por un mínimo de tres personas.

Según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en el caso de las sociedades anónimas cuyas acciones se encuentran admitidas a negociación en un mercado regulado español, es decir, sociedades cotizadas, la administración debe ser realizada siempre por un consejo de administración, el cual ha de estar compuesto exclusivamente por personas físicas, salvo que se trate de empresas públicas cotizadas.

En base a lo dispuesto en el artículo 529 duodecies de la LSC, las sociedades cotizadas pueden tener consejeros ejecutivos, que son los que desempeñan las funciones de dirección en la sociedad con independencia del vínculo jurídico que los una a ella, y no ejecutivos, todos los restantes, que pueden a su vez dividirse en uno de los siguientes tipos:

  • Dominicales. Personas que tienen una participación accionarial en la sociedad igual o superior a la que se considera legalmente significativa, o que intervienen en el consejo por su condición de accionistas, aunque su participación accionarial no alcance dicha cuantía. Pueden formar parte del consejo directamente o a través de representantes.
  • Independientes. Personas que desempeñan sus funciones en el consejo sin verse condicionadas por relación alguna con el equipo gestor ni con los accionistas de control de la sociedad. Son elegidas en atención a sus circunstancias personales y profesionales (experiencia empresarial, conocimiento del sector, prestigio, etcétera), y pueden aportar una visión objetiva de la empresa y sus circunstancias.
  • Otros externos. Aquellos consejeros que formando parte del consejo no pueden ser catalogados en ninguna de las categorías anteriores. Es decir, no ejercen funciones ejecutivas (consejeros ejecutivos), no representan ninguna participación significativa o son accionistas de la empresa (consejeros dominicales), o por sus circunstancias personales o profesionales no pueden ser considerados independientes.

A pesar de que la composición del consejo de administración que acabo de explicar, esté prevista para las sociedades cotizadas, nada impide que pueda ser adoptada por sociedades que no coticen.

Desde diferentes ámbitos se está apuntando a que el tejido empresarial español debe ganar tamaño medio para salir de la crisis motivada por el coronavirus, aunque ello pase por la unión entre pequeñas y medianas empresas. En este contexto, considero que la visión experta de un consejero independiente puede ser de gran ayuda la hora de analizar decisiones complejas a las que las pymes no suelen estar acostumbradas, como son las de fusionarse con otras empresas o llegar a adquirirlas.

Cinco meses para aportar la información que falte en las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 26 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Orden JUS 794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, la cual entró en vigor el 27 de julio. La Orden regula los modelos que deben utilizar los empresarios para depositar sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2020, y básicamente introduce tres novedades:

  • La inclusión en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas sometidas a auditoría, de la fecha de emisión del informe, de la indicación del tipo de auditoría (voluntaria u obligatoria), y del número de ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe, contemplando además la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.
  • La presentación de información no financiera, que determinadas empresas deben incluir en base a lo dispuesto por el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital, como anexo del informe de gestión.
  • La presentación, con carácter excepcional y transitorio, para las cuentas referidas a 2020 de la hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia en las empresas, y sobre la que ya comentamos en mayo en el blog.

Su entrada en vigor a muy pocos días de la fecha límite para el depósito de cuentas ha generado una importante polémica. Recuerdo que, para las empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural, este plazo terminó el 30 de julio, teniendo el cuenta los seis meses que existen para que la Junta apruebe las cuentas y los 30 días naturales posteriores que se tienen para depositarlas. En este sentido, las empresas y sus gestores han contado con escaso tiempo para adoptar las novedades de la Orden, pudiendo darse una de las siguientes situaciones:

  • Empresa que haya depositado sus cuentas de 2020 antes de la entrada en vigor de la Orden JUS 794/2021 (el 27 de julio de 2021), para la que es válida la utilización de los modelos anteriores.
  • Empresa que haya depositado o vaya a depositar sus cuentas a partir del 27 de julio, que deberá utilizar los nuevos modelos aprobados en la Orden JUS 794/2021.
  • Empresa que estando obligada a utilizar los nuevos modelos no haya podido hacerlo, la cual contará con un plazo de cinco meses, según el Colegio de Registradores, para aportar la información que falte y que le será reclamada por el Registro.