Insistencia en el error

La consistencia en el error, dentro de lo malo, tiene un elemento positivo, y es que te permite prever una situación futura, matizándola en ese grado de error. Pero la insistencia en el error es siempre negativa. Y eso es lo que se ha producido con la resolución de 13 de Abril para pago a proveedores de Comunidades Autónomas. Se han vuelto a repetir (de hecho a copiar casi literalmente)los errores del Real Decreto 4/2012 para pagos a entidades locales. Ya al dar nuestra opinión sobre este Real Decreto en el post anterior NUESTRA PEQUEÑA GRECIA hablábamos de que si bien había una indudable entrada de liquidez para las compañías que, por fin, cobrarían sus deudas, había ciertos elementos discordantes. Y al ver la resolución de 13 de Abril vemos que el letrado del Ministerio se ha limitado a hacer un “corta y pega” de la normativa anterior.

Y por resumir las incidencias, serían

1.- Cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que una Ley votada por las Cortes tiene más peso jurídico que un Real Decreto y no digamos ya que una Resolución firmada por un Secretario General. Pues en este país, dada la “grave situación económica”, un Real Decreto y una Resolución pasan por delante de Ley de Morosidad (esas leyes que se publicaron en el BOE precedidas del famoso “ A todos los que la presente vieren y entendieren SABED que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar…”).Un Parlamento dice que “los intereses de demora son innegociables….” .Y un gobierno y un secretario dicen que ni intereses, ni gastos de cobro ni gastos judiciales. ¿A eso se llama seguridad jurídica?

2.- Con los tiempos del proceso requerido para saber cuanto debe cada Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, nos vamos a plazos de morosidad adicional. No es ya que solo hablemos de deudas vencidas y exigibles hasta 31/12/2011, sino que, con los procedimientos “inventados” de informar, conformar, aceptar y financiar, difícilmente antes de la segunda quincena de mayo se empezaran a cobrar esas facturas. O sea, casi 150 días de atraso. Y la de las Comunidades Autónomas, más aún, pues solo el 13 de Abril han empezado a “ponerse las pilas”. Eso teniendo en cuenta que en el caso de los Ayuntamientos no se fija un plazo cierto para que se apruebe la formalización de las operaciones de crédito pertinente.

3.- El plazo de los acreedores, que llevan algunos años esperando, para poder aceptar las facturas es el más corto de todos. Solo va del 2 de Abril al 22 de Abril. Y esa información de plazos, eminentemente relevante, debe encontrarse en una simple “Nota informativa de la AEAT sobre procedimiento de pago a proveedores”. Tanto Real Decreto y tanta reunión para esconderlo todo en una página WEB. Y el que llegue tarde ¿Qué? Las grandes empresas no perderán comba, pero ¿Y las PYMES?

4.- El famoso “Descuento ofertado”. El Real decreto dice que lo hay, el Ministro dice públicamente que no lo habrá, la resolución sobre Comunidades Autónomas lo vuelve a incluir, y en la WEB de la AEAT para aceptar este proceso de cobro se habla de “descuento acordado”. ¿Acordado con quién? ¿Ofertado por quién? Al acceder a la WEB, el acreedor debe colocar su descuento, como si fuera una subasta, esperando que le guste a quien lo lea después. Y lo mejor: La AEAT no lo incluye como uno de los criterios para la prelación de pagos. Claro que a estas alturas, ya no se sabe que tiene más peso jurídico, si una nota informativa, una resolución, un Ministro, un Real Decreto o el Parlamento

5.- Lo que nadie dice es como tratará la AEAT ese descuento. Al no haber situación jurídicamente relevante (sentencia judicial o similar), y ser una propuesta libremente planteada por el acreedor, ese descuento puede ser perfectamente considerado como una liberalidad. Y por lo tanto no ser considerado su IVA como deducible, ni deducible la pérdida a efectos de IRS o IRPF. ¿Debe de generarse una factura rectificativa ¿ ¿Con qué concepto? Está claro que como descuento por pronto pago no. Y esto no lo explican en ninguna WEB o nota informativa que haya podido localizar

6.- Hay ayuntamientos que teniendo deuda por 10 han pedido ayudas por 6. ¿Y los otros 4? ¿No cobran? ¿Su plan de ajuste explica cómo se pondrán al día? Esperemos que las nuevas normas de transparencia resuelvan esto de alguna manera coherente. Porque doy por supuesto que todas las facturas de enero, febrero y marzo se están pagando a su vencimiento ¿O no?

7.- “Los muertos no se cuentan” .Como en el título de este libro, los caídos por la crisis o por la morosidad de quien ahora recibirá dinero para pagar, no podrán ir a reclamar su deuda. ¿Informarán los ayuntamientos de cuantas facturas no deberán atender porque nadie las reclama? ¿Las publicará el Ministerio, pues tiene la relación, teóricamente exhaustiva, y podrá decir quién no ha ido a cobrar, porque ya no existe? Será una buena terapia para darnos cuenta de las “bestialidades” que a veces se han hecho

8.- Algunas compañías tiene en sus políticas de crédito la norma de no trabajar con clientes que hayan generado pérdida a la compañía. Se suele ser “laxo” con este criterio, porque no se suele incluir el coste de la morosidad o los costes de recobro como pérdida. Pero si hay una quita con una entidad local o comunidad autónoma. ¿Se cambiaran esos criterios de la política de riesgo? Dado que estas normativas están poniendo a la luz el hecho de que las entidades públicas ya no solo tienen riesgo de atraso, sino que tienen incluso riesgo de insolvencia (aunque sea parcial) deberían especificarse los límites y las operativas de aceptación de riesgos con este tipo de entidades a futuro.

Y 3 conclusiones:

Unos 27.000 millones, menos quitas ,que las empresas le tenían prestados a ayuntamientos y comunidades van a volver a las empresas, y de ahí, en gran parte, a los bancos , para cubrir las financiaciones que esas mismas deudas generaron. Es un círculo más  vicioso que virtuoso, porque seguramente su siguiente paso será tapar el agujero de los bancos, y no tanto volver a las empresas. Esta siendo un proceso lento, farragoso, y con demasiadas dudas. Demasiado voluntarista para la preparación que se supone en nuestros gestores públicos

Papa Estado no se puede quejar. De los 27.000 millones (menos quitas) que paga ahora, unos 4.800 millones ya los había cobrado vía IVA de los acreedores que ahora se ponen en cola. Buen momento para recordar aquella promesa de que, en PYMES, el IVA no se pague (ni se deduzca) hasta que la factura se cobre( o se pague). La AEAT ha demostrado que tiene conocimiento, tecnología y capacidad para gestionar este tema. Eso sí que sería una buena inyección de crédito a la economía nacional.

Y final: dicen los manuales que las frustraciones se generan cuando hay  expectativas que no se cumplen. Con este tema hemos ido, poco a poco, reduciendo la expectativa. Al final, lo que llegue será bienvenido. No era lo que pensábamos al principio, pero es liquidez. Y en estos momentos, es lo que más escasea.

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