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ALERTA: TERMINA EL PLAZO PARA PODER RECLAMAR IMPAGADOS ANTERIORES AL 7 DE OCTUBRE DE 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente pasado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Es cierto que dicho plazo se verá ampliado unos meses, pues el Estado de Alarma suspende el transcurso de los plazos legales hasta que se acuerde su alzamiento, pero aun así nos encontramos con que nos quedan escasos meses para poder reclamar los impagados anteriores a 2015 pues pasado el plazo previsto habremos perdido el derecho a reclamar cuanto nos adeudaban.

 

Las pérdidas de 2020 no computarán a los efectos de la causa legal de disolución de sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

Debido a la situación excepcional que vivimos con la crisis de la COVID-19, y con el fin de que las empresas españolas ganen tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar las pérdidas de este ejercicio, el Gobierno español acaba de aprobar una importante medida.

En concreto, ha decidido que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas que contempla la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no se tengan en cuenta las pérdidas de las empresas correspondientes a 2020.

Con esta decisión se ve afectado el artículo 363.1 e) de la LSC, el cual señala como una sociedad de capital deberá disolverse “por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

A estos efectos, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado ayer, señala lo siguiente en su artículo 18:

Artículo 18. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

  1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
  1. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto-ley”.

En cualquier caso, y como puedes ver por el texto que ha sido aprobado, la medida se contempla únicamente para las pérdidas de 2020, restableciéndose la causa legal de disolución con las pérdidas que, en su caso, puedan producirse en 2021.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 3)

Mario Cantalapiedra – Economista

Termino con este post la serie dedicada a repasar las principales cuestiones que fueron tratadas en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?”, que impartí el pasado 31 de marzo. De nuevo, quiero centrarme en uno de los temas que despertaron más interés como es el de la línea de avales prevista por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

La finalidad de esta línea tal como se anuncia en la web del ICO es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:

  • Pago de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El ICO especifica que, sin embargo, no podrán financiarse con cargo a esta línea las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, ni la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

En este sentido muchas empresas dudan sobre qué diferencias existen entre renovaciones (financiables por la línea del ICO) y reestructuraciones (no financiables), siendo ambas modificaciones de operaciones de financiación previamente contratadas con una entidad financiera. Para diferenciarlas debemos acudir a lo que señala el Banco de España:

“La principal diferencia entre una reestructuración y una renovación es que en la primera la entidad considera que el acreditado tiene dificultades financieras actuales o previsibles”.

Es decir, si en la modificación de la operación contratada con el banco, este considera que hay dificultades financieras en la empresa (actuales o previsibles), se trataría de una reestructuración no financiable por la línea del ICO. No obstante, el Banco de España teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, también señala que la existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago (hasta la fecha) no llevaría automáticamente a identificar como reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19. Para el organismo supervisor estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito.

Por otro lado, si la operación de préstamo avalado por el ICO es rechazada por una entidad financiera según sus criterios de riesgo, la empresa tiene la posibilidad de solicitarla en otras entidades.

Aprovecho para recordar que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 10 de abril, activar el segundo tramo de la Línea de avales por 20.000 millones de euros, destinados íntegramente a avalar operaciones de pymes y autónomos. Se suman a los 10.000 millones que ya fueron previstos para este colectivo en el primer tramo aprobado.

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 2)

Mario Cantalapiedra – Economista

Continúo desgranando en el blog algunas de las cuestiones que traté en el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” el pasado 31 de marzo.

Aplazamiento del pago de impuestos Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

Una medida que puede ayudar algo a las pymes y autónomos que sufran tensiones de liquidez debido al COVID-19, es la del aplazamiento en el pago de impuestos previsto por el Gobierno. A estos efectos hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Se pueden aplazar, previa solicitud a Hacienda, las deudas tributarias hasta un máximo de 30.000 euros.
  • No es necesario presentar garantías.
  • La empresa solicitante debió facturar en 2019 una cantidad menor o igual a 6.010.121,04 euros.
  • Pueden aplazarse las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario de pago entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
  • El aplazamiento será de 6 meses, pero solamente los 3 primeros no devengarán intereses de demora.

Con respecto al “no” devengo de intereses me gustaría hacer una pequeña aclaración. El aplazamiento se ha previsto que sea de 6 meses sin que exista la posibilidad de fraccionamiento, es decir, a fecha de vencimiento se pagará toda la deuda de una vez. No obstante, si la deuda se cancela en cualquier momento dentro de los 3 primeros meses no se devengarán intereses, pero para ello hay que solicitar de forma explícita a Hacienda la  carta de pago de dicha deuda. Si se pasa el plazo, a partir del final del tercer mes el tipo de interés aplicado será del 3,75 %. En mi opinión, se debería haber previsto que en la solicitud de aplazamiento se pudiera consignar la fecha de pago deseada dentro de los 3 meses que no conllevan intereses, evitando que desde las empresas tengamos que estar pendientes de solicitar la mencionada carta. En cualquier caso, hubiera ayudado mucho más a pymes y autónomos arbitrar el aplazamiento por 6 meses sin intereses.

Recopilación de la principal normativa publicada respecto al COVID-19

Es tal la maraña normativa que está ocasionando el coronavirus, que he considerado oportuno compartir contigo la relación de las principales normas estatales publicadas hasta la fecha.

Normativa_coronavirus

 

Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

La crisis del “coronavirus” lleva a que empresas cotizadas celebren sus juntas por vía telemática

Mario Cantalapiedra – Economista

Las circunstancias excepcionales que vivimos con la crisis del coronavirus han llevado a que el Gobierno, al igual que en otros ámbitos, también flexibilice la celebración de las juntas generales de las sociedades cotizadas.

De este modo, el artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ahora permite que las sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea, puedan celebrar su junta general ordinaria de accionistas dentro de los 10 primeros meses de 2020, por lo que el mes de octubre es el nuevo límite que tienen para celebrarla. De igual modo, se permite que el consejo de administración de la sociedad cotizada prevea en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así como su celebración en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales.

En referencia a este tema, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el pasado 10 de marzo las siguientes consideraciones:

1. Se considera muy razonable en las actuales circunstancias, y acorde con las normas de derecho societario, estimular cuanto sea posible la asistencia de los accionistas a la junta general por representación en lugar de presencialmente. Se estima igualmente razonable maximizar la utilización de mecanismos de asistencia remota y voto a distancia de los accionistas, incluyendo mediante sistemas de telepresencia o conexión telemática en tiempo real o cualquier otro medio previsto en los estatutos o en el reglamento de la junta general de accionistas. Si estos medios están disponibles y resultan efectivos, puede incluso ser factible una junta general íntegramente telemática.

En este sentido, diversas compañías cotizadas han decidido no cursar este año invitaciones para asistir a empleados, proveedores y otras personas no accionistas, así como suprimir actividades sociales e incentivos menores que tradicionalmente fomentan la asistencia de accionistas o de invitados (cóctel o recepción previa o posterior, entrega de pequeños obsequios con ocasión de la junta, etc.).

2. La CNMV entiende que en las circunstancias actuales debe reconocerse el máximo margen de flexibilidad a los consejos de administración de las compañías cotizadas para adoptar medidas y soluciones que contribuyan a preservar la salud de las personas y a evitar la propagación del virus, aunque no estén expresamente contempladas en los estatutos, el reglamento de la junta o en las convocatorias realizadas, siempre que se garantice de modo efectivo el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto de los accionistas y la igualdad de trato entre aquellos que se hallen en la misma posición.

Por ejemplo, se considera razonable posibilitar la asistencia telefónica o por videoconferencia de los administradores u otras personas obligadas a estar presentes en la junta general que, por motivos de salud o eventuales restricciones de viaje, no puedan asistir personalmente”.

Mientras algunas empresas cotizadas han aplazado de momento la celebración de sus juntas, otras como Iberdrola o Ence han decidido hacerlas ya por vía telemática.

Flexibilización de los plazos de las cuentas anuales en España por el “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pregunta que me hacía en el post anterior sobre la posibilidad de que el Gobierno español retrasara el plazo de depósito de cuentas anuales debido a la crisis del coronavirus ya tiene respuesta, y esta es afirmativa.

De este modo, con respecto a las cuentas anuales se ha decidido flexibilizar sus plazos de formulación, auditoría, celebración de la junta general ordinaria en las que deben ser aprobadas y depósito en el Registro Mercantil. Y todo ello teniendo en cuenta la fecha de finalización del estado de alarma, que actualmente es el domingo 29 de marzo, pero que seguramente habrá de ser prorrogada.

En concreto, dentro del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17  de marzo, dedicado a establecer medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, podemos leer lo siguiente:

3. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales”.

Teniendo en cuenta el plazo actual del estado de alarma, los administradores de las sociedades mercantiles tendrán hasta finales de junio para formular las cuentas anuales, mientras que la junta general tendrá de plazo hasta finales de septiembre para aprobarlas. Por tanto, si el depósito en el Registro de Mercantil ha de realizarse en los 30 días naturales después de la aprobación, de momento las empresas podrán depositar sus cuentas del pasado ejercicio hasta finales de octubre de 2020. Las previsibles prórrogas del estado de alarma llevarían a que estos plazos aumentaran.

¿Podría retrasarse el plazo de depósito de cuentas anuales por el “coronavirus”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus está haciendo que se tambaleen las estructuras de las empresas, especialmente las de pequeñas y medianas que están sufriendo una situación que de prolongarse en el tiempo puede comprometer su viabilidad. En este escenario más propio de una película de ficción que de la realidad, toda ayuda que se preste a los segmentos más débiles del tejido empresarial puede parecer poca.

Y si bien es cierto que jamás puede venir bien una crisis de este tipo, en este caso además coincide con fechas especialmente sensibles para las empresas. Además de continuar con su actividad en medio de la incertidumbre y la parálisis de muchos sectores, se enfrentan en las próximas semanas a trámites mercantiles tales como la formulación de las cuentas anuales por parte de los administradores o la legalización de libros oficiales, que suelen ser más complejos para las empresas pequeñas.

En concreto, los administradores deben formular las cuentas anuales del pasado ejercicio antes de que finalice marzo (en el supuesto de cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2019). Asimismo, tienen de plazo para legalizar sus libros oficiales, en el mismo supuesto de cierre con el año natural, hasta el 30 de abril de 2020. Estos libros recuerdo que son los siguientes:

  • Libro de inventarios y Cuentas anuales.
  • Libro Diario.
  • Libro de actas de las Juntas generales y de los órganos colegiados de la sociedad.
  • Libro Registro de Acciones Nominativas (sociedades anónimas).
  • Libro Registro de Socios (sociedades de responsabilidad limitada).
  • Libro Registro de contratos (sociedades unipersonales).

Lo cierto es que muchas empresas suelen aplazar estos trámites para hacerlos coincidir con el depósito de cuentas anuales, en la confianza de que no les supondrá sanción alguna sino únicamente una reseña por parte del Registrador (en base a lo dispuesto en el artículo 333 del Registro Mercantil).

No obstante, los plazos para la aprobación de las cuentas anuales por la Junta (seis meses después de la fecha de cierre) y de depósito (30 días naturales desde dicha aprobación), es muy probable que también se vean afectados por la situación excepcional que vivimos. Por lo que se me ocurre, al igual que ya se ha solicitado desde ámbitos tales como la delegación de CEOE-CEPYME en Guadalajara, que entre las medidas a arbitrar por el Gobierno español se incluya este año un retraso en el plazo de depósito de las cuentas anuales. En concreto, para las de 2019, este trámite se podría retrasar hasta septiembre u octubre. Como decía al principio, toda ayuda que se preste a las empresas más modestas puede parecer poca.

 

¿Es una buena medida que las sociedades cotizadas dejen de publicar su información financiera trimestralmente?

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español quiere eliminar la exigencia que actualmente tienen las sociedades que cotizan en Bolsa de publicar informes financieros trimestrales. Es una de las medidas que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, cuya tramitación ha sido aprobada esta semana por el Consejo de Ministros.

Esta medida, de salir finalmente adelante, supondría la derogación del artículo 120 de la Ley de Mercado de Valores:

Artículo 120. Declaración intermedia de gestión.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, cuando España sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea harán público y difundirán con carácter trimestral durante el primero y segundo semestre del ejercicio una declaración intermedia de gestión que contenga, al menos:

 a) una explicación de los hechos y operaciones significativos que hayan tenido lugar durante el período correspondiente y su incidencia en la situación financiera del emisor y de sus empresas controladas, y

 b) una descripción general de la situación financiera y de los resultados del emisor y sus empresas controladas durante el período correspondiente.

2. No se exigirá la declaración intermedia de gestión a los emisores que publiquen informes financieros trimestrales”.

Desde el ejecutivo se considera que esta obligación, que no existe en la mayoría de los países de la Unión Europea donde solamente se publican las cuentas de mitad de año y cierre de ejercicio, puede incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones y tener un efecto perverso para el conjunto de la economía. El texto del Anteproyecto cita la existencia de numerosos estudios que indican como la presión por maximizar los resultados financieros en cada informe trimestral, tiene efectos (negativos) sobre el crecimiento económico, el empleo y la productividad del capital. De hecho, se dice que “la crisis financiera de 2008 es entre otros factores el resultado de una visión excesivamente cortoplacista de la economía. El modelo de crecimiento anterior a la crisis, al estar basado en la necesidad de generar beneficios en el corto plazo generó un modelo de negocio arriesgado y excesivamente apalancado”.

El debate que se abre aquí es el de si es preferible tener información de forma más recurrente sobre las empresas cotizadas antes de comprar o vender sus acciones, o es mejor no “presionarlas” con la obligación de información trimestral con el objetivo de potenciar su desarrollo sostenible.

No obstante, ya se anuncia que aquellas empresas que así lo deseen podrán seguir presentando su información financiera con carácter trimestral. Puede que seguir haciéndolo les conceda una interesante ventaja competitiva.

Las disoluciones de sociedades mercantiles crecen y se crean menos compañías en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En 2019 se crearon en España 93.943 sociedades mercantiles, un 1,2 por ciento menos que en 2018, según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, el número de sociedades disueltas fue de 23.288, lo que representa un 4 por ciento más que en 2018. Es decir, nacieron menos empresas y, sin embargo, murieron más en términos relativos. Otro síntoma más de la desaceleración económica a la que estamos asistiendo.

En cuanto a ampliaciones del capital, 30.454 sociedades las realizaron en 2019, un 2,5 por ciento menos que en 2018.

Sociedades mercantiles creadas, disueltas y que amplían capital en 2019SM_creadasFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

En lo que se refiere a la actividad económica, el porcentaje más elevado de sociedades creadas, el 19,9 por ciento del total, correspondió al comercio, seguido por inmobiliarias, financieras y seguros, con un 15,1 por ciento y por construcción, con un 13,8 por ciento. La actividad con menos creación de empresas el pasado ejercicio fue agricultura y pesca con un 2,6 por ciento.

% Sociedades mercantiles creadas en 2019 según actividad económica principalActividad_creadas_2019Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Por comunidades autónomas, solamente cinco (Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y La Rioja) reflejan una variación anual positiva en la creación de sociedades mercantiles en 2019, con el mejor comportamiento en La Rioja que tuvo un 9,4 por ciento más de empresas creadas. Melilla, Cantabria y Ceuta fueron los territorios que más empresas perdieron en términos relativos el pasado año.

Sociedades mercantiles creadas en 2019 por comunidad autónomaCCAA_2019Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

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