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Disponibles los nuevos modelos oficiales para presentar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Los nuevos modelos oficiales para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil ya se encuentran disponibles en la web de Ministerio de Justicia. Estos modelos responden a la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden JUS/ 319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, así como a la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación, las cuales fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes 24 de mayo.

A lo largo de 2018 no se han producido cambios normativos contables que afecten al depósito tanto de las cuentas individuales como de las consolidadas, siendo la novedad más importante la incorporación de una mejora informativa en las páginas de presentación en el Registro (ver imagen adjunta) para aquellas empresas y grupos que estén obligados a presentar el nuevo “estado de información no financiera” (EINF). Este estado, introducido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, incluye información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la sociedad o del grupo de sociedades y el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Actualmente la obligación de presentar el EINF afecta a las sociedades de capital (anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones), y sociedades que formulen cuentas consolidadas (grupos), cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea mayor a 500 y que además, o bien tengan la consideración de entidades de interés público, o bien durante dos ejercicios consecutivos reúnan dos de las tres circunstancias siguientes: activo superior a 20 millones de euros, facturación superior a 40 millones de euros, o número medio de empleados superior a 250.

El EINF puede presentarse incluyéndolo dentro del informe de gestión o en un estado independiente.

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Aumentan los concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los deudores concursados en España en el primer trimestre de 2019 ascendieron a 1.648, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Es el peor dato registrado desde el cuarto trimestre de 2014 cuando se alcanzaron los 1.746 concursos.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, con el que se pretende lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de concursos registrados en el primer trimestre, 1.147 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 69,6 por ciento del total, mientas que 501 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone 30,4 por ciento restante.

En función del tipo de concurso, la mayor parte (1.558) de los registrados en el primer trimestre de 2019 fueron voluntarios, es decir, solicitados por las propias personas físicas o jurídicas, mientras que solamente 90 concursos fueron necesarios o, lo que es lo mismo, solicitados por los acreedores.

Por comunidades autónomas, el 32,6 por ciento de los concursos (538) correspondieron a Cataluña, seguida por la Comunidad de Madrid, con el 14,5 por ciento (239). Prácticamente uno de cada dos concursos que se producen en España se hace en una de estas dos comunidades. Según informa el INE, Extremadura presenta el mayor descenso anual de concursos en el primer trimestre (- 42,1 por ciento), mientras que Illes Balears sufre el mayor aumento (92,6 por ciento).

En cuanto a la actividad económica se refiere, el 26,1 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo el sector de resto de servicios el segundo en importancia con el 14,1 por ciento de los concursos.

Por tramos de facturación, la mayor parte de las empresas concursadas (el 32,9 por ciento) se encuentran en el tramo más bajo de volumen de negocio de los que distingue el INE, en concreto, en el que se encuentran las empresas que facturan hasta 250.000 euros. La mayor parte de estas empresas concursadas de baja facturación son sociedades de responsabilidad limitada.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 2.º trimestre de 2018).

¿Son fáciles de regular los modelos de negocio “fintech”?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los avances tecnológicos han posibilitado la aparición de empresas fintech que ofrecen nuevos servicios financieros o satisfacen las necesidades financieras de sus clientes de forma diferente a las entidades financieras que podríamos denominar “tradicionales”. Desde el seno de estas empresas se suele acusar a los reguladores de no entender su negocio y de no saberlo regular. ¿Pero realmente las fintech son fáciles de regular? Yo creo que no.

Si de intentos internacionales de regulación hablamos, la posición de la Comisión Europea sobre fintech se basa en los principios de neutralidad tecnológica, por el que actividades similares han de estar sujetas a las mismas reglas independientemente de quién sea su proveedor; de proporcionalidad, por el que se han de tener en cuenta modelo de negocio, tamaño, importancia sistémica, complejidad y actividad transfronteriza de las entidades proveedoras, y de integridad del mercado, por el que la aplicación de tecnologías a los servicios financieros debe promover una mayor transparencia del mercado en beneficio de los consumidores  y empresas, sin crear riesgos injustificados (cibernéticos, de abuso de mercado, etc.). Tener en cuenta estos tres principios parece tener sentido si se quiere regular “bien” este fenómeno.

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Con respecto al principio de neutralidad, para el regulador financiero no resulta sencillo ni definir el propio ámbito de aplicación de la norma. La innovación financiera ha permitido la aparición de nuevos modelos de negocio que descomponen la cadena de valor bancaria tradicional y se especializan en aquello donde consideran que pueden ser más eficientes (pagos, préstamos, etc.), segmentando la cadena tradicional, pero inclusive está permitiendo la aparición de nuevas cadenas de valor donde los proveedores no solamente prestan servicios financieros. En este contexto, se hace muy difícil definir una norma que cubra todas las posibilidades.

De igual modo, para el regulador no es fácil abordar el principio de proporcionalidad en un entorno en el que gracias a la tecnología se difuminan los ámbitos geográficos en los que las fintech prestan sus servicios.

Por último, los riesgos que pueden traer estos negocios han de ser afrontados desde una perspectiva global y de cooperación entre organismos reguladores a nivel internacional, teniendo en cuenta aspectos tales como la privacidad de la información, la defensa de la competencia o la seguridad frente a las amenazas cibernéticas.

Si la consolidación del modelo de negocio de las fintech pasa en gran parte por el método de prueba y error, parece que el regulador también necesita de entornos de pruebas controlados (sandbox) para conocer mejor el fenómeno antes de regularlo. Eso sí, mientras si se decide o no a lanzar el sandbox, la innovación en un mundo globalizado no espera

Foto: fancycrave1

 

 

El sector primario es el único que aumenta su volumen de crédito bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

Un año más, y como viene sucediendo desde 2011, el volumen de crédito concedido por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2018 con un descenso frente al ejercicio anterior, según los datos que acaba de presentar el Banco de España.

El total de crédito alcanzó al cierre de 2018 la cifra de 548.316 millones de euros (un 7,3 por ciento menos que en 2017 y casi la mitad del volumen de crédito concedido por las entidades financieras a finales de 2010), que se distribuyeron por sectores de la siguiente manera:

  • Primario (agricultura, ganadería y pesca): 21.363 millones de euros.
  • Industria: 106.286 millones de euros.
  • Construcción: 29.462 millones de euros.
  • Servicios: 391.204 millones de euros.

El único sector que vio aumentado su crédito bancario a cierre de 2018 fue el primario, mientras que industria, construcción y servicios tuvieron un volumen menor que el año anterior.

En cuanto al peso relativo de cada sector sobre el total de la financiación, lo encabeza el sector servicios (71,3 por ciento), seguido por la industria (19,4 por ciento), la construcción (5,4 por ciento) y finalmente el sector primario (3,9 por ciento). Como dato positivo se puede observar como se mantiene la tendencia al alza, observada en los ejercicios anteriores, del peso relativo de la industria sobre el total de crédito concedido.

Evolución crédito actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

El pago con tarjetas bancarias alcanza cifras récord en España

Mario Cantalapiedra – Economista

A los españoles nos gusta utilizar tarjetas bancarias. Así lo demuestran los datos del Banco de España que señalan como a finales de 2018 en nuestro país había 83,7 millones de tarjetas bancarias en circulación, de las cuales 36,64 millones eran de crédito (el 43,8 por ciento) y 47,08 millones de débito (el 56,2 por ciento restante). Durante 2018 con estas tarjetas se realizaron 3.903 millones de operaciones, con un valor global superior a los 147.431 millones de euros, lo que suponen cifras récord en la utilización de este medio de pago.

A nivel empresarial las tarjetas suelen ser utilizadas como medio de pago en desplazamientos, viajes o gastos de representación del personal, aunque a veces también se emplean para pagar facturas de proveedores. Para los empresarios que venden a consumidores finales, las tarjetas bancarias constituyen un instrumento de cobro habitual que pueden utilizar una vez que instalan un terminal punto de venta (TPV) conectado al ordenador del banco. En el caso de empresas que venden sus productos a través de internet, el TPV que se utiliza es de tipo virtual. Tanto en un caso como en otro (físico o virtual) el servicio de TPV devenga el pago al banco de un determinado porcentaje por cada operación de venta, al que suele añadirse una comisión por mantenimiento y, en ocasiones, el pago de una tasa por el alta del servicio. Este coste es el principal inconveniente que tienen los empresarios que cobran sus ventas a través de tarjetas bancarias. Como principales ventajas para ellos, están la seguridad que tienen en el cobro una vez que la entidad emisora de la tarjeta acepta la operación y, como los datos reflejan, su amplia aceptación como medio de pago entre los consumidores.

Con respecto a la responsabilidad económica que tienen los titulares de tarjetas bancarias en caso de operaciones de pago no autorizadas por su pérdida o robo, y antes de que lo comuniquen a la entidad financiera emisora, actualmente está limitada a 50 euros por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

En el gráfico adjunto puedes ver la evolución creciente en España del número de operaciones realizadas con tarjetas, así como de su importe desde 2002 hasta 2018 (los datos hacen referencia a operaciones realizadas en dispositivos situados en España con tarjetas emitidas por cualquier entidad).

 

 Operaciones de compra en TPV (2002-2018)

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Fuente: Banco de España.

La actividad económica mundial se está desacelerando

Mario Cantalapiedra – Economista

Tras crecer con fuerza en 2017 y principios de 2018, la actividad económica mundial se desaceleró en el segundo semestre del pasado año, según el último informe de “Perspectivas de la economía mundial” elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el organismo internacional a este debilitamiento contribuyeron aspectos tales como el recrudecimiento de las tensiones comerciales y el aumento de aranceles entre Estados Unidos y China, la merma de la confianza de las empresas, el empeoramiento de las condiciones financieras y la agudización de la incertidumbre en torno a las políticas en muchas economías.

Con la vista puesta en el futuro más inmediato, las previsiones del FMI apuntan a que el crecimiento mundial se desacelerará del 3,6 por ciento registrado en 2018, al 3,3 por ciento en 2019, para volver a situarse en el 3,6 por ciento en 2020. Es llamativo como los analistas de este organismo proyectan una contracción del crecimiento en 2019 para nada más y nada menos que el 70 por ciento de la economía mundial. En el caso de España la previsión es que crezcamos un 2,1 por ciento este año y un 1,9 por ciento el próximo. Dentro de los países de nuestro entorno, resulta llamativo el escaso crecimiento que se prevé para Italia en 2019 (0,1 por ciento) y el también débil crecimiento previsto para la economía alemana. La considerada locomotora europea solo crecerá el 0,8 por ciento en 2019.

Entre los principales riesgos que pueden debilitar el crecimiento mundial, el FMI apunta a las tensiones comerciales, especialmente entre China y Estados Unidos, a los elevados niveles de endeudamiento en determinados sectores y países, y a la posibilidad de un “Brexit” sin acuerdo del Reino Unido con sus socios europeos. Aunque la recesión de la economía global está descartada para el FMI, en su opinión la situación es precaria.

 

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)2Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Abril 2019.

El proceso de reconversión de la oficina bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

A finales de 2018 se volvió a confirmar la tendencia al cierre de oficinas bancarias en España que venimos arrastrando desde 2009. En concreto, el pasado ejercicio cerró con 26.166 oficinas, un 4,78 por ciento menos que en 2017, según los datos ofrecidos por el Banco de España. Del total de oficinas contabilizado por el organismo supervisor, 26.011 corresponden a entidades de depósito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), 154 a establecimientos financieros de crédito y 1 al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La oficina bancaria ha sido hasta ahora la dependencia que las entidades financieras han utilizado como principal canal de distribución de sus productos, pero, ¿lo seguirá siendo en el futuro? Lo cierto es que los bancos han de redefinir el papel de sus sucursales en un contexto caracterizado por el ajuste de costes al que todavía se ven obligados y por la presencia creciente de competidores digitales que proveen servicios financieros únicamente a través de internet. La oficina bancaria, como tantos otros espacios físicos que utilizan otras empresas para desarrollar su actividad, ha de transformarse para que realmente siga ofreciendo valor añadido a una clientela que cada vez es más digital. En este sentido, están apareciendo propuestas que tratan de aportar valor a la oficina física. Por ejemplo, en España ya puedes encontrar oficinas bancarias innovadoras donde se comercializan electrodomésticos o aparatos electrónicos con condiciones preferentes de financiación, o donde los profesionales pueden acceder a espacios de coworking en los que trabajar y conectar con otros profesionales. En la medida que las operaciones más habituales que hacemos con los bancos, como realizar una transferencia o pagar un impuesto, son relativamente fáciles de ejecutar a través de internet, el concepto de oficina bancaria tiene que evolucionar para que sea un lugar atractivo donde acudir. Seguramente en el futuro tendremos menos oficinas bancarias y las que sobrevivan serán muy diferentes de las que conocemos hoy.

 

Evolución del número de oficinas bancarias en España (2007-2018)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

27 plataformas de financiación participativa autorizadas por la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

El registro oficial de plataformas de financiación participativa (PFP) de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) cuenta actualmente con 27 plataformas autorizadas para operar en España, las cuales tienen por objeto poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de inversores (personas físicas o jurídicas) que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas (promotores) que solicitan financiación en nombre propio. Es lo que en inglés se conoce como “crowdfunding”, y que en España el legislador ha decidido denominar “financiación participativa”. A través de este registro oficial, las partes intervinientes en este mecanismo de financiación innovador (inversores, promotores, y las propias PFP) disfrutan de una mayor seguridad jurídica.

En el registro de la CNMV puedes encontrar los siguientes tipos de plataformas en función de cuáles sean los instrumentos utilizados en los proyectos que promueven:

  • De valores (obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos del capital de las empresas).
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
  • De préstamos.

En el cuadro adjunto puedes ver la relación actualizada de las PFP con las modalidades en las que están autorizadas en cada caso, que pueden ser más de una.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

¿Cómo calcular el límite de crédito recomendable para un cliente?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito, la cual no siempre es fácil de interpretar. Por lo general, una opinión (o límite) de crédito establece el importe máximo de riesgo (deuda comercial) que no debe exceder el conjunto de proveedores con los que trabaja una empresa en el corto plazo (doce meses). A partir de dicho importe, el cliente podría no tener capacidad para atender los pagos a sus proveedores en los plazos pactados.

Esta opinión de crédito se obtiene a partir de modelos matemáticos que utilizan distintas variables económicas, financieras, mercantiles y sectoriales, y de la experiencia de la compañía que la elabora, estando vinculada directamente al rating de morosidad de la empresa, el cual predice la probabilidad de que esta pueda hacer frente a sus compromisos de pago en los próximos doce meses. Luego mientras que el rating de morosidad establece una valoración dentro de una escala (por ejemplo, del 1 al 10), la opinión de crédito es un importe en euros, que suele estar limitado a un máximo por las agencias especializadas fundamentalmente por prudencia.

Ejemplo valoración rating de morosidad y opinión de créditoCapturaFuente: Insight View.

El problema que surge para el proveedor que consulta esta opinión de crédito máximo es que el dato se ofrece para el conjunto de proveedores, por lo que a priori resulta difícil estimar que porcentaje de ese límite no debería sobrepasar con el cliente en su caso concreto. A este respecto, existe una manera de calcular de forma aproximada la opinión de crédito individual a partir de dos datos que puede conocer el proveedor: las ventas que realiza al cliente en un período, y el total de aprovisionamientos reflejados por este en su cuenta de resultados en igual período.

Veamos un ejemplo de cálculo:

  • Total aprovisionamientos del cliente (cuenta de resultados): 1.000.000 euros.
  • Total suministros al cliente por parte del proveedor: 50.000 euros.
  • Porcentaje sobre total aprovisionamientos: 5 %.
  • Opinión de crédito empresa especializada (para el conjunto de proveedores): 327.000 euros.

En este caso, la opinión de crédito individual se obtendría aplicando el porcentaje del 5 por ciento (lo que representa el suministro de este proveedor sobre el total de aprovisionamientos del cliente en el período) a la opinión de crédito de la empresa especializada (327.000 euros), obteniéndose un límite individual de 16.350 euros.

 

Nuevos servicios de pago asociados al fenómeno “open banking”

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, ha regulado por primera vez en España dos nuevos servicios de pago (de iniciación de pagos y de información sobre cuentas), que se vienen a unir a los ya conocidos de adeudos domiciliados, tarjetas, transferencias, etcétera. Con esta regulación se transpone de forma parcial al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior, comúnmente conocida como PSD2. Esta Directiva obliga a las entidades financieras a poner los datos de las cuentas de sus clientes a disposición de terceros mediante programas informáticos que actúan de conectores entre bancos y dichos terceros. Es el fenómeno que se conoce como “open banking” o banca abierta.

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El desarrollo tecnológico está permitiendo la proliferación de nuevas iniciativas que tratan de facilitar la vida a los usuarios de servicios financieros, basadas en gran medida en la utilización de sus datos, y que los poderes públicos tratan de entender y regular. En este sentido, si los datos de los clientes bancarios se pueden poner a disposición de terceros, dejan de pertenecer al banco para ser propiedad de los propios clientes, los cuales libremente deciden si permiten o no que terceras empresas accedan a ellos.

En concreto los dos nuevos servicios de pago regulador por el RDL 19/2018 son los siguientes:

En primer lugar, el servicio de iniciación de pagos, el cual permite a la persona que adquiere bienes o servicios a través de internet pagarlos sin tener que utilizar una tarjeta de crédito o de débito. El pago se realiza a través de un tercero (proveedor de servicios de iniciación de pago) que accede a la cuenta de pago del comprador, previa autorización de este, e inicia la transferencia instantánea del dinero en su nombre.

En segundo lugar, el servicio de información sobre cuentas permite que los clientes de las entidades financieras consulten en línea la información que tienen a su nombre en una o más entidades de forma agregada, sin tener que acceder a cada una de ellas, con lo que se facilita el control global de sus finanzas.

Es importante señalar que la prestación de los dos servicios anteriores no está supeditada a que exista una relación contractual entre banco y tercero prestador del servicio. Es, por tanto, un derecho que el legislador reconoce al usuario.

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