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El sector primario es el único que aumenta su volumen de crédito bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

Un año más, y como viene sucediendo desde 2011, el volumen de crédito concedido por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2018 con un descenso frente al ejercicio anterior, según los datos que acaba de presentar el Banco de España.

El total de crédito alcanzó al cierre de 2018 la cifra de 548.316 millones de euros (un 7,3 por ciento menos que en 2017 y casi la mitad del volumen de crédito concedido por las entidades financieras a finales de 2010), que se distribuyeron por sectores de la siguiente manera:

  • Primario (agricultura, ganadería y pesca): 21.363 millones de euros.
  • Industria: 106.286 millones de euros.
  • Construcción: 29.462 millones de euros.
  • Servicios: 391.204 millones de euros.

El único sector que vio aumentado su crédito bancario a cierre de 2018 fue el primario, mientras que industria, construcción y servicios tuvieron un volumen menor que el año anterior.

En cuanto al peso relativo de cada sector sobre el total de la financiación, lo encabeza el sector servicios (71,3 por ciento), seguido por la industria (19,4 por ciento), la construcción (5,4 por ciento) y finalmente el sector primario (3,9 por ciento). Como dato positivo se puede observar como se mantiene la tendencia al alza, observada en los ejercicios anteriores, del peso relativo de la industria sobre el total de crédito concedido.

Evolución crédito actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

El pago con tarjetas bancarias alcanza cifras récord en España

Mario Cantalapiedra – Economista

A los españoles nos gusta utilizar tarjetas bancarias. Así lo demuestran los datos del Banco de España que señalan como a finales de 2018 en nuestro país había 83,7 millones de tarjetas bancarias en circulación, de las cuales 36,64 millones eran de crédito (el 43,8 por ciento) y 47,08 millones de débito (el 56,2 por ciento restante). Durante 2018 con estas tarjetas se realizaron 3.903 millones de operaciones, con un valor global superior a los 147.431 millones de euros, lo que suponen cifras récord en la utilización de este medio de pago.

A nivel empresarial las tarjetas suelen ser utilizadas como medio de pago en desplazamientos, viajes o gastos de representación del personal, aunque a veces también se emplean para pagar facturas de proveedores. Para los empresarios que venden a consumidores finales, las tarjetas bancarias constituyen un instrumento de cobro habitual que pueden utilizar una vez que instalan un terminal punto de venta (TPV) conectado al ordenador del banco. En el caso de empresas que venden sus productos a través de internet, el TPV que se utiliza es de tipo virtual. Tanto en un caso como en otro (físico o virtual) el servicio de TPV devenga el pago al banco de un determinado porcentaje por cada operación de venta, al que suele añadirse una comisión por mantenimiento y, en ocasiones, el pago de una tasa por el alta del servicio. Este coste es el principal inconveniente que tienen los empresarios que cobran sus ventas a través de tarjetas bancarias. Como principales ventajas para ellos, están la seguridad que tienen en el cobro una vez que la entidad emisora de la tarjeta acepta la operación y, como los datos reflejan, su amplia aceptación como medio de pago entre los consumidores.

Con respecto a la responsabilidad económica que tienen los titulares de tarjetas bancarias en caso de operaciones de pago no autorizadas por su pérdida o robo, y antes de que lo comuniquen a la entidad financiera emisora, actualmente está limitada a 50 euros por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

En el gráfico adjunto puedes ver la evolución creciente en España del número de operaciones realizadas con tarjetas, así como de su importe desde 2002 hasta 2018 (los datos hacen referencia a operaciones realizadas en dispositivos situados en España con tarjetas emitidas por cualquier entidad).

 

 Operaciones de compra en TPV (2002-2018)

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Fuente: Banco de España.

La actividad económica mundial se está desacelerando

Mario Cantalapiedra – Economista

Tras crecer con fuerza en 2017 y principios de 2018, la actividad económica mundial se desaceleró en el segundo semestre del pasado año, según el último informe de “Perspectivas de la economía mundial” elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el organismo internacional a este debilitamiento contribuyeron aspectos tales como el recrudecimiento de las tensiones comerciales y el aumento de aranceles entre Estados Unidos y China, la merma de la confianza de las empresas, el empeoramiento de las condiciones financieras y la agudización de la incertidumbre en torno a las políticas en muchas economías.

Con la vista puesta en el futuro más inmediato, las previsiones del FMI apuntan a que el crecimiento mundial se desacelerará del 3,6 por ciento registrado en 2018, al 3,3 por ciento en 2019, para volver a situarse en el 3,6 por ciento en 2020. Es llamativo como los analistas de este organismo proyectan una contracción del crecimiento en 2019 para nada más y nada menos que el 70 por ciento de la economía mundial. En el caso de España la previsión es que crezcamos un 2,1 por ciento este año y un 1,9 por ciento el próximo. Dentro de los países de nuestro entorno, resulta llamativo el escaso crecimiento que se prevé para Italia en 2019 (0,1 por ciento) y el también débil crecimiento previsto para la economía alemana. La considerada locomotora europea solo crecerá el 0,8 por ciento en 2019.

Entre los principales riesgos que pueden debilitar el crecimiento mundial, el FMI apunta a las tensiones comerciales, especialmente entre China y Estados Unidos, a los elevados niveles de endeudamiento en determinados sectores y países, y a la posibilidad de un “Brexit” sin acuerdo del Reino Unido con sus socios europeos. Aunque la recesión de la economía global está descartada para el FMI, en su opinión la situación es precaria.

 

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)2Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Abril 2019.

El proceso de reconversión de la oficina bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

A finales de 2018 se volvió a confirmar la tendencia al cierre de oficinas bancarias en España que venimos arrastrando desde 2009. En concreto, el pasado ejercicio cerró con 26.166 oficinas, un 4,78 por ciento menos que en 2017, según los datos ofrecidos por el Banco de España. Del total de oficinas contabilizado por el organismo supervisor, 26.011 corresponden a entidades de depósito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), 154 a establecimientos financieros de crédito y 1 al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La oficina bancaria ha sido hasta ahora la dependencia que las entidades financieras han utilizado como principal canal de distribución de sus productos, pero, ¿lo seguirá siendo en el futuro? Lo cierto es que los bancos han de redefinir el papel de sus sucursales en un contexto caracterizado por el ajuste de costes al que todavía se ven obligados y por la presencia creciente de competidores digitales que proveen servicios financieros únicamente a través de internet. La oficina bancaria, como tantos otros espacios físicos que utilizan otras empresas para desarrollar su actividad, ha de transformarse para que realmente siga ofreciendo valor añadido a una clientela que cada vez es más digital. En este sentido, están apareciendo propuestas que tratan de aportar valor a la oficina física. Por ejemplo, en España ya puedes encontrar oficinas bancarias innovadoras donde se comercializan electrodomésticos o aparatos electrónicos con condiciones preferentes de financiación, o donde los profesionales pueden acceder a espacios de coworking en los que trabajar y conectar con otros profesionales. En la medida que las operaciones más habituales que hacemos con los bancos, como realizar una transferencia o pagar un impuesto, son relativamente fáciles de ejecutar a través de internet, el concepto de oficina bancaria tiene que evolucionar para que sea un lugar atractivo donde acudir. Seguramente en el futuro tendremos menos oficinas bancarias y las que sobrevivan serán muy diferentes de las que conocemos hoy.

 

Evolución del número de oficinas bancarias en España (2007-2018)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

27 plataformas de financiación participativa autorizadas por la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

El registro oficial de plataformas de financiación participativa (PFP) de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) cuenta actualmente con 27 plataformas autorizadas para operar en España, las cuales tienen por objeto poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de inversores (personas físicas o jurídicas) que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas (promotores) que solicitan financiación en nombre propio. Es lo que en inglés se conoce como “crowdfunding”, y que en España el legislador ha decidido denominar “financiación participativa”. A través de este registro oficial, las partes intervinientes en este mecanismo de financiación innovador (inversores, promotores, y las propias PFP) disfrutan de una mayor seguridad jurídica.

En el registro de la CNMV puedes encontrar los siguientes tipos de plataformas en función de cuáles sean los instrumentos utilizados en los proyectos que promueven:

  • De valores (obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos del capital de las empresas).
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
  • De préstamos.

En el cuadro adjunto puedes ver la relación actualizada de las PFP con las modalidades en las que están autorizadas en cada caso, que pueden ser más de una.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

¿Cómo calcular el límite de crédito recomendable para un cliente?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito, la cual no siempre es fácil de interpretar. Por lo general, una opinión (o límite) de crédito establece el importe máximo de riesgo (deuda comercial) que no debe exceder el conjunto de proveedores con los que trabaja una empresa en el corto plazo (doce meses). A partir de dicho importe, el cliente podría no tener capacidad para atender los pagos a sus proveedores en los plazos pactados.

Esta opinión de crédito se obtiene a partir de modelos matemáticos que utilizan distintas variables económicas, financieras, mercantiles y sectoriales, y de la experiencia de la compañía que la elabora, estando vinculada directamente al rating de morosidad de la empresa, el cual predice la probabilidad de que esta pueda hacer frente a sus compromisos de pago en los próximos doce meses. Luego mientras que el rating de morosidad establece una valoración dentro de una escala (por ejemplo, del 1 al 10), la opinión de crédito es un importe en euros, que suele estar limitado a un máximo por las agencias especializadas fundamentalmente por prudencia.

Ejemplo valoración rating de morosidad y opinión de créditoCapturaFuente: Insight View.

El problema que surge para el proveedor que consulta esta opinión de crédito máximo es que el dato se ofrece para el conjunto de proveedores, por lo que a priori resulta difícil estimar que porcentaje de ese límite no debería sobrepasar con el cliente en su caso concreto. A este respecto, existe una manera de calcular de forma aproximada la opinión de crédito individual a partir de dos datos que puede conocer el proveedor: las ventas que realiza al cliente en un período, y el total de aprovisionamientos reflejados por este en su cuenta de resultados en igual período.

Veamos un ejemplo de cálculo:

  • Total aprovisionamientos del cliente (cuenta de resultados): 1.000.000 euros.
  • Total suministros al cliente por parte del proveedor: 50.000 euros.
  • Porcentaje sobre total aprovisionamientos: 5 %.
  • Opinión de crédito empresa especializada (para el conjunto de proveedores): 327.000 euros.

En este caso, la opinión de crédito individual se obtendría aplicando el porcentaje del 5 por ciento (lo que representa el suministro de este proveedor sobre el total de aprovisionamientos del cliente en el período) a la opinión de crédito de la empresa especializada (327.000 euros), obteniéndose un límite individual de 16.350 euros.

 

Nuevos servicios de pago asociados al fenómeno “open banking”

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, ha regulado por primera vez en España dos nuevos servicios de pago (de iniciación de pagos y de información sobre cuentas), que se vienen a unir a los ya conocidos de adeudos domiciliados, tarjetas, transferencias, etcétera. Con esta regulación se transpone de forma parcial al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior, comúnmente conocida como PSD2. Esta Directiva obliga a las entidades financieras a poner los datos de las cuentas de sus clientes a disposición de terceros mediante programas informáticos que actúan de conectores entre bancos y dichos terceros. Es el fenómeno que se conoce como “open banking” o banca abierta.

Captura

El desarrollo tecnológico está permitiendo la proliferación de nuevas iniciativas que tratan de facilitar la vida a los usuarios de servicios financieros, basadas en gran medida en la utilización de sus datos, y que los poderes públicos tratan de entender y regular. En este sentido, si los datos de los clientes bancarios se pueden poner a disposición de terceros, dejan de pertenecer al banco para ser propiedad de los propios clientes, los cuales libremente deciden si permiten o no que terceras empresas accedan a ellos.

En concreto los dos nuevos servicios de pago regulador por el RDL 19/2018 son los siguientes:

En primer lugar, el servicio de iniciación de pagos, el cual permite a la persona que adquiere bienes o servicios a través de internet pagarlos sin tener que utilizar una tarjeta de crédito o de débito. El pago se realiza a través de un tercero (proveedor de servicios de iniciación de pago) que accede a la cuenta de pago del comprador, previa autorización de este, e inicia la transferencia instantánea del dinero en su nombre.

En segundo lugar, el servicio de información sobre cuentas permite que los clientes de las entidades financieras consulten en línea la información que tienen a su nombre en una o más entidades de forma agregada, sin tener que acceder a cada una de ellas, con lo que se facilita el control global de sus finanzas.

Es importante señalar que la prestación de los dos servicios anteriores no está supeditada a que exista una relación contractual entre banco y tercero prestador del servicio. Es, por tanto, un derecho que el legislador reconoce al usuario.

En España predominan las empresas muy pequeñas del sector servicios

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2019 ascendió a 2.884.795, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De ellas, el 54,1 por ciento son autónomos (pymes sin asalariados), el 39,6 microempresas (que tienen entre 1 y 9 asalariados), el 5,3 pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados), el 0,8 medianas empresas (entre 50 y 249 asalariados) y solamente el 0,2 son empresas grandes (con 250 o más asalariados). Aunque en tasa de variación interanual, son precisamente las empresas grandes las que más crecen, casi el 94 por ciento del tejido empresarial español está compuesto por empresas muy pequeñas que o bien no tienen asalariados o no llegan a contar con 10 empleados en sus filas.

Al analizar estos datos oficiales hay que tener en cuenta que dentro del apartado de autónomos se incluyen los trabajadores por cuenta propia sin asalariados a su cargo, los cuales no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades de tipo societario, ni figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Si tienen empleados a su cargo, se computan como empresas con asalariados.

Empresas inscritas en la Seguridad Social1Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a la distribución sectorial de las empresas que cuentan con asalariados, la mayor parte (el 74,3 por ciento) pertenecen al sector servicios. Le siguen en importancia el sector de la construcción (9,7 por ciento), la industria (8,3 por ciento), y por último el sector agrario (que reúne al 7,7 por ciento de las empresas con trabajadores). En tasa de variación anual, el sector agrario es el que más crece, permaneciendo prácticamente inalterado el sector industrial.

Sectores de las empresas con asalariados2Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Luego en España lo que predominan son las empresas muy pequeñas que suelen pertenecer al sector servicios. En este sentido, y aunque pueda parecer un tópico, sería deseable que nuestro país contara con empresas de mayor tamaño y encuadradas en sectores como la industria, donde el valor añadido también es mayor. Está demostrado que países en los que abundan este tipo de empresas se comportan mejor durante las crisis económicas que suelen amenazarnos de forma cíclica.

La tasa de morosidad bancaria sigue disminuyendo en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito cerró el pasado ejercicio en el 5,82 por ciento, según los datos provisionales ofrecidos por el Banco de España. Muy lejos queda ya el máximo histórico de esta tasa alcanzado en 2013 cuando se situó en el 13,62 por ciento.

Los créditos dudosos a final de 2018 ascendieron a 70.156 millones de euros, mientras que el total de crédito concedido vivo al cierre del año fue de 1.205.594 millones de euros. Por tanto, la tasa de morosidad del 5,82 por ciento se obtiene al dividir créditos dudosos entre total de crédito. Recuerdo que los créditos dudosos son aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados contractualmente. Dentro de ellos están incluido los créditos morosos, que son aquellos en los que figura algún importe vencido, de principal, de intereses o de gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.

En el caso de la morosidad bancaria que es debida a las empresas también se observa una importante reducción de la tasa hasta el 7,39 por ciento (dato correspondiente al final del tercer trimestre de 2018).

Tal y como puedes observar en los cuadros adjuntos, tanto la reducción de la tasa de morosidad bancaria general como la debida exclusivamente a las empresas se acompañan, al igual que en años precedentes, de una disminución del volumen de crédito concedido.

Evolución morosidad bancaria (2012-2018)1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresas (2012-2018)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

El “sandbox”, más cerca de ser una realidad en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de febrero, aprobó el Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero presentado por el Ministerio de Economía y Empresa, y en el que se incluye la creación del famoso sandbox tan demandado por el sector fintech en España. No obstante, al tratarse de la aprobación de un Anteproyecto de Ley, todavía le queda recorrido hasta que pueda convertirse en una realidad, condicionada esta en cualquier caso por la incertidumbre política que vive nuestro país.

El sandbox se prevé como un entorno controlado en el que puedan probarse innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero (fintech) antes de su comercialización, bajo la vigilancia de los supervisores públicos (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y con las máximas garantías para los participantes.

Con el sandbox se pretende facilitar el proceso de transformación digital tanto de actores públicos como privados, facilitando el proceso innovador con el fin de lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo, donde los mejores profesionales acuden allí donde encuentran mayores posibilidades de desarrollo. Desde el punto de vista de lo público, el sandbox ha de utilizarse especialmente para mejorar la supervisión y acompasar la legislación financiera con la transformación digital. El mundo de la innovación financiera va tan rápido que al legislador le cuesta mucho entenderlo, y si no lo entiende, difícilmente puede regularlo adecuadamente.

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Según informa el Ministerio de Economía y Empresa, el acceso al sandbox se realizaría a través de un sistema de ventanilla única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación u otros promotores. Los proyectos deberán encontrarse suficientemente avanzados y demostrar que aportan valor añadido en aspectos tales como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la cliente, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

El Anteproyecto aprobado incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, para garantizar que los requisitos exigidos son proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando igualdad de trato a todos los promotores.

En cuanto a la duración prevista para el sandbox en principio será de un año, tal como se desprende de las palabras pronunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “en este campo de pruebas estaremos un año y a partir de ahí se evaluarán los resultados”.

Foto: palichka

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