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¿Qué tipos de fraudes pueden afectar a una empresa?

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Real Academia Española, con el término fraude se hace referencia a la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, o bien al “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. Por su parte, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), principal organización antifraude a nivel mundial, entiende por fraude “cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales”.

Siguiendo la tipología que propone ACFE, puede distinguirse entre fraudes que comprometen a empresas y otros que afectan a personas. En el primer caso, a su vez se puede diferenciar entre fraudes de tipo interno, donde la compañía se ve comprometida por sus empleados, directivos o propietarios, y de tipo externo, donde los que comprometen a la empresa son externos con los que se relaciona, tales como clientes, proveedores u otras partes.

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Por tanto, el fraude interno se produce cuando un empleado, un ejecutivo o un gerente comete fraude en contra de su empleador, y puede incluir una o varias de las siguientes categorías (la casuística es muy amplia, por lo que he optado por incluir algunos de los ejemplos que me parecen más llamativos en cada caso):

  • Corrupción: conflictos de interés (que se dan cuando un empleado, ejecutivo o gerente tiene un interés personal y económico oculto relacionado con una operación de compra o de venta, la cual es perjudicial para los intereses de la empresa o de sus accionistas); regalos ilegales; sobornos o extorsiones de tipo económico.
  • Apropiación de bienes: robo de efectivo, suministros (aquí el material de oficina es todo un “clásico”) o de equipos; apropiación de datos o empleados que cobran una nómina sin trabajar realmente en la empresa.
  • Cuentas fraudulentas: aunque también puede afectar a información no financiera, fundamentalmente incluye el fraude relacionado con los estados financieros (maquillaje contable) por el que se sobrevaloran (o infravaloran) activos, pasivos, ingresos o gastos.

Por su parte, dentro del fraude externo, se pueden incluir prácticas tales como facturaciones a la empresa por parte de proveedores por bienes o servicios que no se prestan, o el pago de facturas por parte de clientes con cheques librados sin fondos. También comprende el robo de información confidencial o de propiedad intelectual y la piratería.

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¿Debo vender a un cliente inactivo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se analiza el riesgo de crédito de un cliente una situación que puede aparecer es la de su inactividad, es decir, la de cese de actividad de modo temporal, aunque el cliente siga existiendo, mantenga su personalidad jurídica y su antigüedad, y pueda retomar su actividad empresarial en cualquier momento.

Ante una situación desfavorable del negocio, los dueños de una empresa pueden decidir dejarla inactiva a la espera de que el panorama cambie o tratando de evitar los costes que implica su disolución y liquidación, teniendo en cuenta lo caro que resulta en España “cerrar” una empresa. Para ello, en el caso de las sociedades mercantiles, se puede convocar una junta general de socios o accionistas donde los administradores propongan la inactividad y los socios o accionistas decidan al respecto. No obstante, hay que señalar que la decisión de dejar inactiva una sociedad no puede tener carácter permanente, de hecho no puede ir más allá de un año, según lo que establece la Ley de Sociedades de Capital. En concreto, su artículo 363.1 a) señala como la sociedad de capital deberá disolverse “por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año”. Esta causa legal de disolución debe ser tenida muy en cuenta por los administradores, quienes desde el momento en el que se cumple el año de inactividad cuentan con dos meses para convocar la junta general de socios o accionistas en la que se adopte, en su caso, el acuerdo de disolución. Si los administradores incumplen esta obligación, pasan a responder solidariamente de las obligaciones contraídas por la sociedad a partir de dicha fecha.

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Desde el punto de vista de las facturas, durante el período que dure su inactividad el cliente como es lógico no podrá emitir ningún tipo de factura de venta. Y si lo analizamos desde el punto de vista del proveedor, la empresa inactiva tampoco podrá recibir facturas de proveedores que no estuvieran pendientes antes del momento de cese de la actividad. Si las recibiera, no serían deducibles. Por tanto, lo aconsejable si tienes un cliente inactivo es paralizar tus ventas al mismo durante el tiempo que dure su inactividad. No siempre es sencillo saber si el cliente está o no inactivo, de ahí que ante la duda sea recomendable consultar a empresas especializadas en suministrar información de tipo comercial.

La “coopetición” entre “fintech” y banca en el nuevo ecosistema financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

El término “coopetición”, acuñado por los autores Adam Brandenburger y Barry Nalebuff en 1996, se utiliza para designar la combinación de las ventajas de la competencia y de la cooperación en una nueva dinámica de gestión empresarial, la cual puede utilizarse tanto para generar más beneficios como para cambiar la naturaleza del entorno empresarial a favor de los que la practican.

Coopetición es un término que se está utilizando mucho para describir el nuevo ecosistema financiero que está surgiendo con la entrada en el mercado de las fintech, empresas de nueva creación con fuerte base tecnológica que, en principio, vienen a disputar el mercado a las entidades financieras tradicionales. Lo que ocurre es que a estas startups que en su ADN llevan implantada la orientación al cliente, les faltan precisamente los clientes que atesoran las entidades tradicionales desde hace años. Igualmente, estos emprendedores que se caracterizan por la sencillez y transparencia en sus operaciones todavía son poco conocidos por la gran masa, y no han tenido tiempo de generar la confianza que muchos depositan en la banca tradicional, establecida en base a una relación prolongada en el tiempo. Por otro lado, a la banca le puede venir muy bien el conocimiento tecnológico y la cultura del cambio que aportan las fintech, por lo que la complementariedad parece posible. Inclusive aparece un tercer actor, como es el regulador, que alcanza claramente a la banca pero al que le cuesta entender a las fintech. Luego dentro de este ecosistema financiero en plena transformación, parece que cobra sentido la coopetición entre banca, fintech, e inclusive regulador, con el fin de establecer las nuevas reglas del juego financiero. Banca y fintech tienen seguramente más por construir y compartir que por enfrentarse en la captación de clientes.

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Esta idea general de colaboración cuenta ya con ejemplos concretos en el mercado. Recientemente una de las principales plataformas de crowdlending (financiación participativa a través de préstamos) registrada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha llegado a un acuerdo con un banco español mediante el cual este le deriva clientes bajo determinadas circunstancias. Por política interna, la entidad de crédito no puede acumular riesgos (créditos, préstamos, etcétera) con un cliente por encima del 25 por ciento de su CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España, en la que se registran los riesgos que las entidades financieras acumulan con sus clientes), es decir, aunque el cliente muestre capacidad de devolución de los fondos prestados, el límite no se supera. En este caso, la entidad financiera deriva el cliente que le solicita más financiación a la plataforma fintech colaboradora, con lo cual se le da una solución.

Foto: Tumisu

 

Amazon a nivel mundial y Zara a nivel español, las marcas más valiosas

Mario Cantalapiedra – Economista

La consultora británica de estrategia y valoración de marca Brand Finance acaba de publicar su informe “Global 500 2019”, el cual recoge el ranking de las 500 marcas más valiosas del mundo, encabezado por Amazon y en el que figuran las ocho marcas españolas siguientes: Zara (distribución), Santander (banca), BBVA (banca), Movistar (telecomunicaciones), El Corte Inglés (distribución), Repsol (energía), Caixabank (banca) e Iberdrola (energía).

Amazon tiene un valor, según la consultora británica, de 187.905 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 166.305 millones de euros), mientras que la primera marca española de la clasificación, Zara, propiedad de Inditex, se valora en 18.424 millones de dólares (lo que equivale a cerca de 16.306 millones de euros). En el “top ten” encontramos siete empresas estadounidenses, una coreana (Samsung) y dos empresas chinas. Por su parte, las cinco primeras marcas pertenecen todas a ellas a empresas tecnológicas. De hecho, el sector tecnológico acumula el 23,7 por ciento del valor total de las marcas representadas en el ranking, seguido por la banca con el 13,6 por ciento del valor total. Por países, Estados Unidos concentra casi la mitad del valor total (45,4 por ciento), seguido por China con el 19 por ciento.

Por tanto, el valor de marca empresarial en el mundo se está concentrando en el sector tecnológico y en Estados Unidos, la pregunta a hacerse aquí es si no lo estará haciendo demasiado…

 

Ranking marcas más valiosas del mundo (2019)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Brand Finance Global 500 2019.

Solo queda un año para reclamar las facturas impagadas anteriores a 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente llegado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Ello supone que en poco más de un año habremos perdido la posibilidad de reclamar las facturas impagadas anteriores al 7 de octubre de 2015, lo que hemos de tener muy en cuenta para que no se nos pase el plazo y perdamos el derecho a exigir el pago de cuanto se nos adeuda.

Así, aunque el mes de octubre de 2020 parece muy lejano lo cierto es que es un plazo más bien corto para toda la labor que requiere preparar la reclamación de estas facturas, que implica estudiar cuales son las deudas nacidas antes de 2015 que no hemos reclamado, la viabilidad o conveniencia de reclamar su pago judicialmente, la búsqueda de la documentación para aportar a la demanda, la elección de letrado, el otorgamiento de poderes para pleitos y la preparación y presentación de la demanda.

Toda esta labor lleva bastante tiempo realizarla, sobre todo al tratarse de deudas antiguas que tenemos que rescatar, estudiar y documentar y ello paralelamente a desempeñar el trabajo diario y normal de la empresa.

Por ello, especialmente en las grandes empresas, el plazo de un año no es demasiado para rescatar los impagados anteriores a 2015 y montar el expediente para que la demanda pueda interponerse antes de octubre de 2020, de tal forma que o empezamos a estudiar y valorar cuáles son las deudas que vamos a reclamar o nos quedaremos, probablemente, sin la posibilidad de hacerlo porque no tengamos suficiente tiempo para tener todo preparado antes de que prescriba la obligación.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

TIPS: El nuevo servicio de transferencias inmediatas del BCE

Mario Cantalapiedra – Economista

Desde finales de noviembre de 2018 se encuentra disponible el nuevo servicio de liquidación de pagos inmediatos TIPS (Target Instant Payment Settlement), el cual ha sido puesto en marcha por el Banco Central Europeo (BCE). TIPS permite la liquidación de transferencias inmediatas entre entidades de crédito a nivel europeo, facilitando que empresas y particulares puedan efectuar pagos en tiempo real, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El importe de estas transferencias se encuentra limitado a 15.000 euros, recibiéndose el dinero en menos de 10 segundos, de ahí lo de “inmediatas”.

Curiosamente el servicio TIPS se inauguró “oficialmente” desde España el pasado 30 de noviembre de 2018, con el envío de efectivo desde una cuenta domiciliada en Caixabank a otra domiciliada en el banco francés Natixis, en una operación que tardó únicamente 3 segundos en completarse.

En España ya teníamos operativa desde febrero de 2018 una infraestructura interbancaria nacional de pagos inmediatos, gestionada de forma privada por la Sociedad Española de Sistemas de Pago (Iberpay), la cual ha sido conectada con este nuevo servicio del BCE, de tal modo que las entidades financieras españolas ya pueden emitir y recibir transferencias inmediatas con otras entidades europeas participantes en TIPS. Si la infraestructura gestionada por Iberpay es una iniciativa de tipo privado, TIPS tiene carácter público, pudiendo las entidades financieras optar por utilizar una u otra vía, sin que sus clientes, en principio, perciban la diferencia.

En cualquier caso, las transferencias inmediatas son voluntarias para las entidades financieras, por lo que habrá que consultar en cada caso si las ofrecen o no, y en caso afirmativo el coste que repercuten por este servicio, teniendo en cuenta que cada entidad es libre para decidirlo.

Según los últimos datos de Iberpay, en 2018 se realizaron 24.627.248 transferencias inmediatas, que representaron el 4,1 por ciento del total de transferencias realizadas. Y en lo que se refiere al importe transferido, se superaron los 18.500 millones de euros, lo que supone el 1,5 por ciento del importe total.

 

Transferencias realizadas en España en 2018qFuente: Elaboración propia a partir datos Iberpay.

Modificado el artículo que permite la separación de los socios si no se reparten dividendos

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, con entrada en vigor el 30 de diciembre de 2018, ha modificado el polémico artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), el cual permite la separación de un socio de la sociedad en caso de falta de distribución de dividendos. La nueva redacción del artículo es la siguiente:

Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder.

2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.

3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.

5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.

c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.

e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas”.

Con respecto a la redacción anterior, los principales puntos a destacar son:

  • Como novedad más significativa, se permite a las sociedades que en sus estatutos establezcan la no aplicación del derecho de separación.
  • Se clarifica que el derecho nace transcurrido el quinto ejercicio desde la inscripción en el Registro Mercantil.
  • Asimismo se clarifica el concepto de beneficio a repartir (“beneficios obtenidos que sean legalmente distribuibles” frente al anterior “beneficios propios de la explotación del objeto social”).
  • Por otro lado, el reparto legal mínimo se fija en el 25 por ciento de beneficio obtenido, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. No obstante, no habrá derecho a la separación cuando los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivalgan al 25 por ciento de los beneficios distribuibles en dicho período.
  • Se amplía la no aplicación del artículo a otro tipo de sociedades además de a las cotizadas, como, por ejemplo, a las que se han declarado en concurso o a las sociedades anónimas deportivas.

Tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar en las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2019 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el segundo semestre de 2018 ha tenido lugar el 18 de diciembre a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y a los efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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El crédito comercial es el instrumento financiero más utilizado por las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

El VII Informe “La financiación de la pyme en España” elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), muestra como el crédito comercial, es decir, aquel que surge automáticamente al aplazar el pago de las facturas a los proveedores, es el instrumento financiero más utilizado por las pymes españolas. Hasta el 56,1 por ciento de ellas declaran haberlo utilizado en los últimos seis meses.

El Informe de CESGAR presenta los principales resultados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena”, que se realiza con una periodicidad semestral, en los meses de marzo y septiembre. En este caso, la encuesta se refiere a septiembre de 2018 y ha sido realizada a responsables financieros de empresas de 0 a 250 empleados pertenecientes a todos los sectores de la actividad y a todas las comunidades autónomas, incluyendo también a los autónomos.

Tras el crédito comercial, el instrumento financiero más utilizado por las pymes es la línea de crédito o descuento bancario, seguido por los préstamos bancarios, el leasing o arrendamiento financiero, los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los avales y otras garantías, el confirming, renting y otros y, por último, el factoring y similares. En este sentido, me gustaría precisar que entre los instrumentos financieros que recoge la encuesta de CESGAR pueden distinguirse fuentes de financiación propiamente dichas (crédito comercial, línea de crédito o descuento bancario, leasing, crédito ICO, confirming y factoring), instrumentos que “ayudan” a las empresas a conseguir la financiación sin que puedan considerarse fuentes financieras (avales u otras garantías) y elementos como el renting, que consiste en un contrato mercantil no financiero de alquiler a largo plazo el cual permite utilizar un bien sin endeudarse ni realizar desembolso alguno, salvo el pago de las correspondientes cuotas periódicas y, habitualmente, el depósito de una fianza en el momento de formalizar la operación.

 

Nivel de utilización de los distintos instrumentos financieros en los últimos 6 meses

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Fuente: VII Informe “La financiación de la pyme en España”. CESGAR.

Seis tareas que deben realizarse antes del cierre del ejercicio contable

Mario Cantalapiedra – Economista

Nos aproximamos al 31 de diciembre, fecha que suele coincidir con la de cierre del ejercicio contable de la mayoría de las empresas, en la que se determina el resultado del año y la situación final del balance. Para poner fin al ejercicio hay que realizar el que se denomina asiento de cierre, el cual supone saldar todas las cuentas abiertas (dejarlas a cero), para lo que se cargan las que presentan saldo acreedor, y se abonan las de saldo deudor. No obstante, antes de confeccionar el asiento de cierre es importante realizar y/o comprobar las seis tareas siguientes:

1. Reclasificación de deudas y créditos

En los préstamos concedidos por terceros que estén pendientes de pago habrá que reclasificar del largo al corto plazo, la deuda a pagar en los 12 meses siguientes. De igual modo, habrá que proceder con los créditos pendientes de cobro.

2. Periodificación de gastos e ingresos

En función del principio de devengo contable, según el cual los gastos e ingresos se han de imputar al ejercicio con independencia de cuál sea su fecha de pago o de cobro, la empresa habrá de comprobar o ajustar, en su caso, la contabilización de:

  • Gastos pagados por anticipado (por ejemplo, una prima de seguro anual que se paga a mitad de ejercicio).
  • Ingresos cobrados por anticipado (por ejemplo, el cobro por adelantado a un tercero del alquiler de unas oficinas propiedad de la empresa).
  • Gastos devengados y no pagados (por ejemplo, los intereses devengados de un préstamo concedido a la empresa por un banco y que se pagarán al ejercicio siguiente).
  • Ingresos devengados y no cobrados (por ejemplo, los intereses devengados de un préstamo concedido a otra empresa y que se cobrarán al ejercicio siguiente).

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3. Amortizaciones

La amortización de los elementos del activo no corriente que conserva la empresa al final del ejercicio, deberá realizarse en función de la depreciación por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, debiéndose valorar, en su caso, la obsolescencia técnica o comercial que haya podido afectarlos.

4. Deterioros

Habrá que reflejar como gasto la pérdida de valor de cualquier activo de la empresa cuando su valor contable sea superior a su valor recuperable, y esta pérdida de valor tenga carácter reversible, es decir, pueda recuperarse en el futuro. Por ejemplo, el  gasto por deterioro puede deberse a las dudas razonables que existan a la fecha de cierre sobre el cobro pendiente de una factura.

5. Regularización de existencias

Habrán de registrarse las variaciones entre las existencias finales e iniciales, por un lado, de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, y, por otro, de productos en curso y productos terminados. De este modo, el balance de la empresa reflejará el saldo final de las distintas existencias, y la cuenta de pérdidas y ganancias recogerá los ingresos y gastos correspondientes a las variaciones registradas durante el ejercicio.

6. Regularización de ingresos y gastos

Por último, antes de realizar el asiento de cierre, se deberán saldar todas las cuentas de ingresos y gastos, llevando su diferencia a la cuenta (129) Resultado del ejercicio, que recoge el beneficio o pérdida durante el período.

Foto: cpastrick

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