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El crédito moroso en el Impuesto sobre Sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando sufrimos el retraso en el pago del crédito por parte de uno de nuestros clientes, además del problema directo de tesorería que puede surgir, se nos presentan una serie de inconvenientes indirectos entre los que se encuentran las dudas sobre el tratamiento fiscal que podemos dar a esta situación. En principio, sería lógico pensar que la pérdida por deterioro de créditos por operaciones comerciales” (la que antiguamente conocíamos como “provisión por insolvencias), motivada por la morosidad del deudor, sería deducible a efectos fiscales, algo que nos facilitaría bastante las cosas sin embargo, para poder efectuar su deducción existen una serie de preceptos legales que es preciso cumplir, y que debemos recordar.

De este modo, la pérdida de valor reflejada en nuestra contabilidad será deducible fiscalmente, siempre que se cumplan las circunstancias siguientes exigidas por el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en concreto en su artículo 12.2:

  • Hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la obligación.
  • El cliente esté declarado en situación de concurso.
  • El cliente esté procesado por delito de alzamiento de bienes.
  • La deuda haya sido reclamada judicialmente, o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Bastará con que se cumpla alguna de las situaciones anteriores para que la empresa pueda deducir el gasto contable originado por el crédito moroso. A pesar de ello, la legislación sobre el Impuesto sobre Sociedades también regula una serie de excepciones en las que no se podrán deducir las pérdidas por deterioro de créditos, salvo que éstos sean objeto de procedimiento arbitral o judicial que trate sobre su existencia o cuantía:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público.
  • Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.
  • Créditos garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención, excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la garantía.
  • Créditos garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución.
  • Créditos objeto de renovación o prórroga expresa.

 Tampoco el Impuesto sobre Sociedades considera deducibles las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades vinculadas a la empresa (aspecto que podemos englobar dentro de la tendencia a controlar exhaustivamente, por parte de la Administración Tributaria, las operaciones realizadas entre empresas del mismo grupo); sólo se permite una excepción para poder deducirlas, y es que exista una declaración judicial de insolvencia detrás.

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Y por qué no montar nuestro propio banco

Mario Cantalapiedra – Economista

Las pequeñas y medianas se quejan, no sin razón en muchas ocasiones, de que las entidades bancarias no les conceden el crédito necesario para desarrollar su actividad. Ya puestos y visto lo visto, por qué no plantearse la alternativa de fundar un banco como proyecto empresarial, de tal modo que “si no puedes con el enemigo, únete a él”.

Los bancos como sabemos operan con ánimo de lucro, algunos dirían que mucho, captando recursos ajenos mediante depósitos y préstamos y concediendo crédito a sus clientes. Su actividad está basada en el uso y posesión de los fondos captados, pero no en su propiedad, aspecto que a veces parece olvidarse con facilidad. Además gestionan el flujo monetario de cobros y pagos que se producen en la economía, percibiendo a cambio el cobro de comisiones, de nuevo, algunos dirían que excesivas.

Independientemente de la viabilidad o no que se le pueda conceder a la idea de crear un banco, aquel que se embarque en un proyecto de este tipo, ha de conocer los requisitos que son exigidos para desarrollar la actividad bancaria en España, en concreto, los siguientes:

  • Ser autorizado por el Ministerio de Economía, previo informe del Banco de España.
  • Inscribirse en el Registro Mercantil y en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España.
  • Constituirse como sociedad anónima.
  • Tener un capital social mínimo de dieciocho millones de euros (aquí no vale aquello de empezar la actividad constituyendo una sociedad limitada con un capital de 3.005,06 euros), desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.
  • Limitar su objeto social a las actividades propias de una entidad de crédito.
  • Asegurar la honorabilidad comercial y profesional de los titulares de participaciones significativas (entendiéndose por tales las que alcanzan el cinco por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad).
  • Contar con un consejo de administración formado por al menos cinco miembros, todos ellos de reconocida honorabilidad, conocimientos y experiencia.
  • Contar con una buena organización administrativa y contable, así como procedimientos de control interno adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad.
  • Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, en territorio nacional.
  • Cumplir determinadas normativas sobre solvencia, valoración contable y de régimen de información al BE.

Después de estudiar esta exhaustiva lista es lógico que muchos queden desanimados con el proyecto, no obstante, si otros antes lo hicieron…

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