Todas las entradas de: gestoresderiesgo

¿Cuándo se presentan los libros oficiales de contabilidad?

Mario Cantalapiedra – Economista

Uno de los comentarios al post que escribí sobre el calendario de las cuentas anuales me invitaba a hablar muy oportunamente, dicho sea de paso, sobre las fechas límites de legalización de los libros contables obligatorios, a las que me referiré a continuación.

Recordemos, en primer lugar, que el Código de Comercio, en su artículo 25, recoge los libros registros obligatorios que han de llevar los empresarios en materia contable: “Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su Empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balance e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.”

En el libro Diario se registrarán, día a día, todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa, aceptándose la anotación conjunta de las operaciones por períodos no superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros. En su estructura deberán figurar los siguientes datos: fecha de operación, número de apunte, número de asiento, concepto, código de cuenta y cargo o abono correspondiente.

Por su parte, en el libro de Inventarios y Cuentas anuales se registrarán el balance de situación inicial detallado de la empresa, los balances trimestrales de comprobación de sumas y saldos, el balance de cierre de ejercicio y las cuentas anuales. El balance de comprobación de sumas y saldos se compone de las sumas de todos los cargos por un lado, y abonos por otro, realizados en las cuentas con movimiento dentro del período correspondiente. El total de estas sumas ha de ser igual entre sí y coincidir con las sumas del libro Diario. Una vez que se han cuadrado las sumas de los apuntes, se calculan los saldos deudores y acreedores de las cuentas, debiendo coincidir, a su vez, la suma de todos los saldos deudores con la de todos los acreedores. Por tanto, este balance tiene por objeto controlar los apuntes contables realizados.

El libro Diario y el libro de Inventarios y Cuentas anuales son obligatorios para todas las sociedades mercantiles y para algunos empresarios individuales, dependiendo del régimen fiscal del IRPF que se les aplique, y deben ser legalizados en el Registro Mercantil. Si se llevan en soporte informático, lo habitual en nuestros días, se han de legalizar antes de que transcurran los cuatro meses siguientes desde la fecha de cierre de ejercicio. Es decir, si cerramos el 31 de diciembre, tendremos hasta el 30 de abril del año siguiente para hacerlo.

Por último, no querría dejar de referirme a un tema que suele generar controversia sobre las Cuentas anuales que hay que presentar dentro de los libros oficiales. Lógicamente si la fecha límite para los libros es el 30 de abril, las Cuentas anuales no podrán ser las definitivas aprobadas por la Junta que se celebrará en junio, sino las provisionales formuladas por los administradores que se someterán a posterior estudio y aprobación.

Producción y mercado determinan la solvencia empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se realiza el análisis de riesgo de cualquier empresa hay dos elementos que cobran un interés especial para el analista, como son la evolución previsible de la empresa en cuanto a sistema productivo de bienes o servicios se entiende, así como la del mercado en el que desarrolla su actividad. Producción y mercado determinan el potencial competitivo de una compañía, su posible rentabilidad y, en definitiva, la capacidad que tiene ésta de afrontar sus compromisos de pago.

En el estudio se incidirá en los productos o servicios ofertados por la empresa teniendo en cuenta su gama, estacionalidad, tecnología incorporada, innovación y desarrollo, conocimiento por parte del mercado, políticas de fijación de precios, comercialización y distribución, etcétera. También se estudiarán los ámbitos de mercado en los que actúa la empresa, ya sean locales, nacionales o internacionales. Es importante que el analista entienda bien el funcionamiento del negocio de la empresa, puesto que, si no lo hace, ello puede repercutir en una calificación negativa de su riesgo.

Cobra especial importancia conocer la posición relativa de la empresa frente a sus competidores, observando si se haya en fase de crecimiento, madurez o pérdida de cuota, al mismo tiempo que se evalúa la evolución previsible de todo el sector. Además, se tratará de examinar si la compañía se encuentra frente a sus clientes y proveedores en posición de fuerza, equilibrio o debilidad. En los análisis sobre el sector y el mercado, la entidad que realiza el análisis podrá tener en cuenta consideraciones similares a las siguientes:

  • Un sector seguro representa menores porcentajes de impagos.
  • Un sector con muchos clientes supone una mayor diversificación del riesgo.
  • La dependencia excesiva de una materia prima con fuertes oscilaciones en precio o disponibilidad puede condicionar la actividad de la empresa.
  • Si en el conjunto del sector existe exceso de oferta, las posibilidades de éxito de la empresa serán menores. Por el contrario, un exceso de demanda aumenta las posibilidades de éxito empresarial, que se lo digan al fabricante de banderas de España con el recientemente finalizado Mundial de fútbol (por cierto, mi felicitación y orgullo por el triunfo de la selección española).
  • La aparición de un producto sustitutivo al ofertado por la empresa puede comprometer su marcha futura.
  • Se preferirá el negocio con países que posean un menor riesgo relativo.
  • Se preferirán empresas que vendan a precios relativamente estables, es decir, que  no sufran fuertes oscilaciones.
  • Los sucesos internacionales, los cambios en la política nacional, las novedades legislativas pueden afectar al desarrollo de la empresa.

Otros articulos relacionados:


Herramienta de cálculo de costes de aplazamiento y morosidad

Herramienta Excel para calcular los Costes de aplazamiento y morosidad

 

Gustavo Sousa – Director territorial Centro Iberinform 

Como continuación al post del profesor Pere J. Brachfield sobre los costes de la morosidad, propongo una sencilla herramienta Excel para calcular los costes que la morosidad genera a las empresas.

 

Herramienta calculo costes morosidad

Esta herramienta tiene en cuenta:

 Los costes financieros en función de los días de aplazamiento.

  • Gastos de gestión tanto internos como externo.
  • IPC anual
  • Los gastos de descuento comercial
  • Gastos de póliza de crédito 
  • Gastos de devolución de efectos impagados

 

Con ello y aparte de darnos el coste final del aplazamiento o impagado, y en función del margen bruto, nos indica: 

  • El coste de la venta fallida
  • Volumen de ventas necesario para recuperar los costes del fallido o aplazamiento
  • El beneficio (o pérdida) neto real de la venta

  

Morosidad empresas
Morosidad empresas

Otra información relacionada:

Guía para gestionar un concurso de acreedores

Ignacio JiménezIberinform

Los 1.477 procesos concursales del segundo trimestre confirman la estabilización en el entorno de los 1.500 procesos trimestrales, muy lejos de los 250 que marcan el nivel medio a largo plazo.
 
Si su empresa está entre las que debe hacer frente a la insolvencia de un cliente,  es importante conocer el procedimiento concursal (antigua suspensión de pagos) para intentar recuperar la mayor cantidad posible de su crédito impagado.
 
La Guía de actuación de la empresa ante el concurso de acreedores – suspension de pago del Registro de Economistas Forenses explica a empresarios y a gestores de empresa como gestionar un concurso. Es un documento de fácil lectura, que aporta información muy útil tanto a los acreedores como a las empresas en concurso.
 
De hecho, el concurso puede ser un medio eficaz para reestructurar la empresa y hacerla nuevamente viable o para liquidarla de forma ordenada, pero en última instancia, su solicitud es obligatoria para la empresa insolvente, y el incumplimiento de esta obligación puede generar graves responsabilidades a los administradores.

Una gestión inteligente del Riesgo Comercial

Ignacio JiménezIberinform

La situación económica y financiera ha forzado a las empresas a modificar de forma radical su estrategia comercial. En el año 2006, en pleno momento de crecimiento económico del país, la estrategia más habitual consistía en “crecer, crecer y crecer”, sin preocuparnos cómo. Es decir, sin apenas analizar los nuevos clientes ni hacer un adecuado seguimiento de aquellos que ya tenían en cartera. Un año más tarde, los descensos de ventas sufridos por muchas empresas se percibieron mayoritariamente como una “tormenta pasajera”. De hecho, hasta el 2008 o 2009 muchos directivos no entendieron que necesitaban cambiar su estrategia de captación de nuevos clientes para adaptarse al nuevo contexto económico: Lo importante ya no es tener clientes sino clientes que tengan capacidad para atender a sus compromisos de pago.

gestion del riesgo comercial departamento financiero comercial y marketing

Con estos antecedentes, la estrategia de cara a los próximos meses, donde la situación financiera de gran parte de las empresas continúa siendo delicada (el 12,1% tiene alto riesgo de impagar durante este año*), es la de buscar clientes rentables en los que centrar nuestras estrategias de fidelización a largo plazo. Es, en definitiva, la de una segmentación inteligente de clientes.

La primera pregunta que debemos hacernos a la hora de valorar si estamos gestionando de una forma inteligente el riesgo de impago de nuestra cartera de clientes es saber si disponemos de información suficiente para hacer una segmentación rigurosa de nuestros clientes y de si tenemos herramientas que anticipen la evolución de los mismos. En este sentido, podemos observar a través del siguiente cuadro que la realidad de la empresa suele ser, en ocasiones, muy diferente a lo planteado en una adecuada estrategia comercial:

 Pero, ¿cómo debe gestionar una empresa la implantación de una gestión inteligente de clientes?  Lo primero que debemos tener en cuenta es que no todos los clientes potenciales nos interesan como clientes de nuestra empresa. Una segmentación de clientes basada en un buen análisis de cartera nos ayudará a conocer la diferente necesidad de calidad y cantidad de información que necesitamos:

  • Probabilidad de impago en los próximos 12 meses
  • Rating de solvencia
  • Cuentas anuales y memoria
  • Incidencias de pago y RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas)
  • Información actualizada
  • Crédito máximo asumible
  • Administradores, vinculaciones, accionistas y empresas participadas
  • Directivos funcionales
  • Comparativa del cliente con su sector
  • Alertas sobre cambios

Esta nueva segmentación de la cartera de los clientes, en la que debemos incluir la variable del riesgo de impago nos ayudará a:

  • Centrar nuestras acciones de comunicación en los clientes rentables y solventes
  • Minimizar la exposición de los clientes de alto riesgo, gestionando incluso en ciertos casos su salida de la compañía.
  • Integrar la calificación de mis clientes y seguimiento en mi CRM.

Y en los clientes potenciales a:

  • Centrar las acciones de captación en las empresas rentables y solventes.
  • Eliminar de las campañas las empresas con alto riesgo de  impago, lo que mejorará la eficacia centrándome en los “buenos” prospectos.

En definitiva, la utilización de herramientas basadas en análisis del riesgo de crédito de nuestra cartera de clientes permitirá a los departamentos de marketing, comercial y financiero encontrar una nueva vía para limitar gastos, como puedan ser la disminución de personal o el recorte de presupuesto. Y en la mayoría de las ocasiones, obtener una mejor tasa de retorno en las acciones de marketing.

*Estudio Iberinform en base al rating predictivo de morosidad de 695.933 empresas (datos de enero 2010). 

 

Analisis de riesgo Cartera de clientes
Analisis de riesgo Cartera de clientes

¿Qué ocurre cuando no coinciden datos contables y fiscales?

Mario Cantalapiedra – Economista

En el anterior post repasé algunos de los controles concretos que realizan las entidades que se dedican a analizar la información contable de la empresa, para comprobar que lo que en ella se muestra es verídico. Siguiendo en esta línea, me gustaría comentar los aspectos que se analizan, sobre todo por parte de los bancos, cuando le llegan balances de una empresa internos, desarrollados a partir de la contabilidad de la empresa con carácter previo a los ajustes de tipo fiscal, y oficiales, que se presentan ante la Administración Tributaria una vez ajustados extracontablemente.

Las diferencias que puedan producirse, en su caso, entre datos contables internos y oficiales o fiscales normalmente se analizarán de forma detallada, comprobando si se deben al diferente tratamiento otorgado a algunas partidas entre la legislación fiscal y la contable o, por el contrario, persiguen ocultar alguna información relevante sobre la empresa. Ni que decir tiene que, en el primer caso, no debería haber problema, mientras que en el segundo, el analista desconfiará de lo que la empresa le presenta con lo que ello puede acarrear. Los datos contables serán de confianza para el analista en la medida que se ajusten a los criterios de contabilidad aceptados. Y con respecto a los ajustes, en los siguientes cuatro casos las diferencias entre datos contables y fiscales podrán estar justificadas:

  • Gastos que se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa, pero que fiscalmente no se consideran deducibles, como puede ser el pago de una multa o de una sanción, o los gastos que representan retribución de los fondos propios de la empresa.
  • Desgravaciones de tipo fiscal que modifican la base imponible del impuesto pero no así el resultado contable, como es el caso de una deducción fiscal a la que tengamos derecho por algún tipo de inversión realizada.
  • Gastos que se contabilizan antes de que puedan computarse fiscalmente, como ocurre con una dotación contabilizada para la cobertura del riesgo derivado de la posible insolvencia de un cliente, que no es deducible por no cumplirse los plazos previstos en la legislación fiscal.
  • Gastos que se declaran fiscalmente antes de que sean contabilizados, como ocurre en el caso de la amortización fiscal acelerada que se permite a los bienes objeto de leasing o arrendamiento financiero.

 Las diferencias por tanto deben estar motivadas y explicadas con total claridad. En este sentido, los ajustes extracontables, además de incluirse en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, deberán detallarse dentro de la memoria de las cuentas anuales, de ahí que los analistas de la información de la empresa también revisen este documento para cerciorarse de que todo está correcto.

Ley 15/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Núm. 163 Martes 6 de julio de 2010

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


PREÁMBULO

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, incorporó a nuestro derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales, esta legislación ha de adaptarse a los cambios que se han producido en el entorno económico y modificarse para que sea ampliamente aplicable, tanto en el ámbito de las empresas españolas, como en el del sector público.

Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual.

Con este objetivo, resulta particularmente importante en la presente Ley, suprimir la posibilidad de «pacto entre las partes», la cual a menudo permitía alargar significativamente los plazos de pago, siendo generalmente las Pymes las empresas más perjudicadas.

La reforma tiene por objeto corregir desequilibrios y aprovechar las condiciones de nuestras empresas con el fin de favorecer la competitividad y lograr un crecimiento equilibrado de la economía española, que nos permita crear empleo de forma estable, en línea con una concepción estratégica de la economía sostenible.

En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, se reduce a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor. Por otra parte, se propone un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos, y se establecen mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.

En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se establece un plazo máximo de pago de 60 días por parte de empresas para los pagos a proveedores. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago. A este efecto se establece un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de 2013. Por otra parte, se refuerza el derecho a percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos.

Los plazos de pago establecidos en esta Ley se adecuan con lo preceptuado en la Directiva Europea. El régimen general previsto en el apartado 1 del artículo 3 de la misma se aplica a los pagos efectuados por las administraciones públicas, así como a los de productos de alimentación frescos y perecederos, mientras que se establece en 60 días el plazo de pago de las operaciones comerciales entre empresas conforme al apartado 2 del mismo artículo, con objeto de recortar las elevadas demoras en los cobros en sectores básicos.

Artículo primero. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Uno. Se modifica el artículo 2 que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 2. Definiciones.

A los efectos regulados en esta Ley, se considerará como:

a) Empresa, a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.

b) Administración, a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Morosidad, el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago.

d) Plazo de pago, se referirá a todos los días naturales del año, y serán nulos y se tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales.»

Dos. Se modifica el artículo 3, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:

a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores.

b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras.

c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial.»

Tres. Se modifica el artículo 4 que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 4. Determinación del plazo de pago.

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:

a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.

b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.

c) Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura antes de finalizar el período para realizar dicha aceptación, el plazo de pago que debe cumplir el deudor se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos y no podrá prolongarse más allá de los sesenta días contados desde la fecha de entrega de la mercancía.

2. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.

3. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.

4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los 60 días desde esa fecha.»

Cuatro. Se modifica el artículo 8 que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 8. Indemnización por costes de cobro.

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste. En la determinación de estos costes de cobro se aplicarán los principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda principal. La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.

2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.»

Cinco. Se modifica el artículo 9 que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 9. Cláusulas abusivas.

1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el apartado 1 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7 respectivamente, así como las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías adicionales y los usos habituales del comercio. No podrá considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de plazos abusivos. Para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora dispuesto en el artículo 4.1 y en el artículo 7.2 respectivamente. Asimismo, para determinar si una cláusula es abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.

2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia.

3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de la contratación según lo dispuesto en el apartado 1.

4. Las acciones de cesación y de retracción en la utilización de las condiciones generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercitadas, conforme a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, por las siguientes entidades:

a) Las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.

b) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

c) Los colegios profesionales legalmente constituidos.

Estas entidades podrán personarse, en nombre de sus asociados, en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes para solicitar la no aplicación de tales cláusulas o prácticas, en los términos y con los efectos dispuestos por la legislación comercial y mercantil de carácter nacional. Las denuncias presentadas por estas entidades ante las autoridades de competencia tendrán carácter confidencial en los términos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.»

Seis. Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 9, con la siguiente redacción:

«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades mencionadas en dicho apartado también podrán personarse en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes y asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de retracción en defensa de los intereses de sus asociados frente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los períodos de pago previstos en esta Ley, en los contratos que no están incluidos en el ámbito de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.»

Siete. Se añade un artículo 11 con la siguiente redacción:

«Artículo 11. Transparencia en las buenas prácticas comerciales.

Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, las Administraciones Públicas promoverán la elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.»

Artículo segundo. Seguimiento de la evolución de la morosidad y resultados de la eficacia de la Ley.

En el marco de los instrumentos técnicos, consultivos y de participación sectorial de que dispone el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para efectuar el análisis y la evolución de la actividad de los diferentes sectores económicos, se realizará un seguimiento específico de la evolución de los plazos de pago y de la morosidad en las transacciones comerciales así como de los resultados de la práctica y eficacia de la presente Ley, con la participación de las asociaciones multisectoriales de ámbito nacional y autonómico así como la plataforma multisectorial contra la morosidad. Con periodicidad anual, el Gobierno remitirá un informe a las Cortes Generales sobre la situación de los plazos de pago que permita analizar la eficacia de la presente Ley. Este informe será igualmente publicado en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Artículo tercero. Modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 200 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 200 bis. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 200.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.»

Tres. Se añade una nueva disposición transitoria octava con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.

El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.

Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»

Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas.

1. El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de la Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

2. Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta Ley.

3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

Artículo quinto. Registro de facturas en las Administraciones locales.

1. La Entidad local dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

2. Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a cargo de la Entidad local, deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación económica.

3. Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento justificativo sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención o el órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad requerirá a dicho órgano gestor para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

Disposición adicional primera. Régimen especial para productos agroalimentarios.

1. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso de 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.

Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquéllos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.

2. Con relación a los productos de alimentación que no sean frescos o perecederos los aplazamientos de pago no excederán en ningún caso de 60 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.

3. Los destinatarios de las correspondientes entregas quedarán obligados a documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con mención expresa de su fecha.

Del mismo modo, los proveedores deberán indicar en su factura el día del calendario en que debe producirse el pago.

Las facturas deberán hacerse llegar antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías.

Disposición adicional segunda. Distribución de libros.

El Gobierno, reglamentariamente, podrá determinar un régimen especial de pagos para el sector del libro que tenga en cuenta las especiales circunstancias del sector en relación a los ciclos de explotación, la rotación de stocks y el específico régimen de depósito de libros.

Disposición adicional tercera. Deber de información.

Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a incorporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las correspondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados en esta Ley.

Disposición adicional cuarta. Nueva línea de crédito ICO-morosidad Entes Locales.

El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial, instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010.

La línea de crédito se cancelará y satisfará, caso por caso, siempre que no haya sido amortizada con carácter previo, en un plazo concertado con posterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma del sistema de financiación de los Entes Locales y será instrumentada con independencia a los recursos provenientes de la PIE y vinculada a las obligaciones reconocidas a los proveedores del sector privado.

Disposición transitoria primera. Aplicación a los contratos.

Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Calendario al que se refiere el artículo primero apartado Tres.

Los plazos a los que se refieren el apartado tres del artículo primero de esta Ley, correspondiente al artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y la disposición adicional única sobre el régimen especial para productos agroalimentarios, en relación a los productos de alimentación que no sean frescos o perecederos, se ajustarán progresivamente, para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados, de acuerdo con el siguiente calendario:

– Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, serán de 85 días.

– Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, serán de 75 días.

– A partir del 1 de enero de 2013, serán de 60 días.

Lo dispuesto en la presente disposición transitoria no será de aplicación a los productos de alimentación frescos y perecederos, para los cuales el plazo de pago a 30 días tendrá efectos inmediatos.

Disposición transitoria tercera. Plazos máximos de pago en los contratos de obra con las Administraciones Públicas.

Las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones Públicas, con carácter excepcional, y durante dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de pago, de conformidad con el siguiente calendario de aplicación:

– 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.

– 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.

– 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Sin que puedan existir pactos entre las partes por encima de dichos plazos y fechas.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley, a excepción de aquellas que, en relación a la determinación del plazo de pago, resulten más beneficiosas para el acreedor.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 5 de julio de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

cve: BOE-A-2010-10708

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 – ISSN: 0212-033X

Leer artículos anteriores: Pág. Anterior 1 2 3 ... 87 ... 92 93 94 Pág. Siguiente