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Iberinform es premiado como mejor proveedor de información para la gestión del riesgo cliente

El premio fue otorgado el 8 de junio por la Asociación de Gerentes de Crédito y la revista EcoFin conjuntamente tras los votos de sus asociados y lectores. Iberinform fue el único proveedor de información de gestión del riesgo premiado en el evento.

Fuente: Iberinform / Fecha: 10/06/2010

Iberinform fue premiada ayer como mejor empresa proveedora para el sector financiero por sus servicios de alertas, control de riesgo y auditoría de clientes. El Premio fue otorgado conjuntamente por la AGC (Asociación de Gerentes de Crédito) y la revista EcoFin, tras los votos obtenidos por sus asociados y sus lectores, respectivamente.

Iberinform es una compañía del Grupo Crédito y Caución con 35 años de experiencia en la gestión del riesgo cliente. Sus informes y valoraciones de empresas ayudan a las empresas en la toma de sus decisiones de negocio y en la gestión de sus riesgos con clientes y proveedores. En este sentido, uno de sus servicios más solicitados es la Valoración Iberinform, un bloque incluido en todos los informes de empresa (disponibles en www.iberinform.es ) que recoge un rating predictivo de morosidad, un rating de rentabilidad, un rating de solvencia y una opinión del crédito máximo que puede soportar esa empresa con todos sus proveedores.

De entre ellos, “el más valorado por nuestros clientes es el rating predictivo de morosidad, ya que mediante una calificación de 0 a 10 pueden saber la probabilidad que tiene una empresa de que incumpla con sus pagos en los próximos doce meses”, afirma su Director General, Andrés Ohlsson.

Valoracion

EXTERNALIZACION DE LA GESTION DE COBRO CON UN PROVEEDOR EFICAZ VS LEGACY

José Antonio Villegas www.solucionados.com  

A continuación mostraré, de forma objetiva, porqué creo en la externalización y, por tanto y porqué los gestores de cobros son sin lugar a dudas una solución, en general, mal valorada -con tanta razón como desatino, dadas las nuevas tendencias- Antes de entrar en el porqué de esa opinión, me gustaría terminar de centrar: para mi en este post:

Gestor de cobro = Empresa de recobro.

Legacy: Todos hemos creído que las empresas de gestión de cobro son empresas cuya acción erosiona la de mi empresa y en general dificulta mi dinámica comercial por cuanto actúan por libre y en muchos casos con métodos cuestionables.

La realidad es que esta actividad se ha vinculado siempre con una demonización del deudor. Ello es fácil de entender ya que el deudor es alguien que no ha cumplido -lo que no quiere decir su incumplimiento sea crónico- y que nos genera un problema. Por ello, con gran desacierto, la mayoría de los acreedores se han mostrado siempre muy negativos a la hora de encajar la morosidad -por razones ovbias- y las empresas de recobro se han aprovechado de esta negatividad para captar clientes. Una vez que el cliente está captado alimentando su motivación no queda más remedio que seguir en esa línea y actuar de forma cuestionable, ya que, a su vez esa negatividad hacia el deudor es el argumento de venta clave. Alguien podrá pensar que esas empresas son unas cuantas que no nombraré… y es cierto, pero, hagamos un ejercicio de memoria: la gente que trabajan en CALL CENTERS de gestión de cobro o en acciones de cobro interno, pensemos en los argumentarios de cobro que hemos tenido… ¿Lo tenemos? bien, estaréis de acuerdo en el impulso negativo que, por definición se ha usado para el cobro y el gran error que ha supuesto dada la erosión que ha generado -tanto en deudor; que al final, en la mayoría de los casos es un cliente que ha de volver a comprar, como en nuestro personal-, como, por ende, en el mercado y consecuentemente en la percepción que el mismo tiene sobre los gestores de cobro.

No puedo cerrar el comentario sin expresar aquello en lo que creemos en mi empresa y que aparte de crear un gran valor ponderable -los propios resultados- para el acreedor, genera otro imponderable incalculable que conlleva, incluso, la fidelización del deudor. Nosotros creemos que:

1) La gran mayoría de los deudores crean el la deuda de forma involuntaria y por tanto, quieren pagarla, al margen de cuáles sean sus circunstancias. La primera clave, aparte de locazar al deudor está en identificar su compromiso con la deuda y proyectarlo en el tiempo con las posibilidades reales del acreedor.

2) Basta una conversación con el deudor para saber si no quiere pagar, probablemente alguna más para saber si realmente quiere pagar, pero SOLO UNA CONVERSACION para saber si no quiere.

3) Puede ser que el deudor muestre resistencia al pago amparándose en sus circunstancias. En ese caso en un tono comercial hemos de mostrarle lo que le espera en caso de no pagar; demanda, embargo de bienes y/o nómina, incapacidad para poder gestionar crédito alguno, etc… Y motivándole con opciones -en el marco del requisito fijado con el acreedor- planes de pagos, quitas en el caso de cancelación total en un plazo cierto e inferior a una semana, retirada del activo (si es posible y/o lo hay) a cambio de aminoración de la deuda y renegociación de la misma.

4) Si persiste en resistirse al pago por activa o pasiva, se procede a mandar el expediente al departamento jurídico, sin traumas. Ya no hay nada que hacer más que esperar a que los abogados hagan su trabajo y generen sentencia a favor. Una vez tenemos sentencia buscamos bienes, hoy, mañana y dentro de 10 años..

Mi visión respecto a la valoración de las empresas de gestión de cobros es pesimista dado que hay muchos tópicos que son muy dificiles de vencer. La receta: trabajar bien todos los días y creer que hay otra forma de hacer las cosas.

 

Mejora de la Ley de Lucha contra la Morosidad – PMcM

NP PMCM Senado Votación Proposición Modificación Ley Lucha contra la Morosidad_09.06.10

La PMcM que se congratula de este cambio legal histórico en España, y agradece el apoyo tanto de las instituciones miembro como de los representantes de los Grupos Parlamentarios favorables a la modificación.

 

 

 

¡A girar más rápido la noria!

Mario Cantalapiedra – Economista

Las empresas podemos obtener rentabilidad a través de la aplicación de márgenes en el precio de nuestros productos o servicios, a través de la rotación de nuestro activo, o bien combinando los dos elementos anteriores.

La noria
La noria

La rotación del activo (= Ventas/Activo total) expresa la capacidad de una empresa para generar ventas con su inversión total. De este modo, la empresa más eficiente será aquella que, a igual activo o inversión, consiga un mayor volumen de ventas, su ratio de rotación del activo será mayor. Podremos aumentar el valor de esta rotación, dejando constante la inversión y elevando el nivel de ventas, logrando un aumento de las ventas mayor, en términos proporcionales, que el aumento de activo; o reduciendo el activo en una mayor proporción que lo que disminuyen las ventas.

Siempre me ha gustado la metáfora que equipara a la rotación del activo con una noria que, en función de las vueltas que dé, saca una cantidad determinada de agua de un pozo. De tal modo que si logramos aumentar el número de vueltas que da la noria por unidad de tiempo (se rota más rápidamente el activo en un período), la cantidad de agua extraída es muy superior (se aumentarán, de forma considerable, las ventas del período), logrando mayor eficiencia.

Por tanto, la rotación del activo es uno de los factores explicativos de la rentabilidad de una empresa, aunque como ya he apuntado no es el único, debemos tener también en cuenta el margen con el que vendemos. Un supermercado de alimentación establecerá un margen pequeño en el precio de los productos que comercializa, al mismo tiempo que rotará mucho la inversión (renovará constantemente sus existencias) para conseguir ser rentable. Sin embargo, una constructora que haga edificios rotará poco la inversión, aunque fijará un margen elevado en el precio de los edificios vendidos (si es que en la coyuntura actual consigue vender alguno, que eso ya es “harina de otro costal”). Entre estos dos extremos se situarán la mayoría de las empresas.

En una situación de crisis como la actual, si las empresas no podemos repercutir el incremento de nuestros costes en el precio de venta final, debemos tratar de ser más eficientes en la gestión del activo para seguir siendo rentables, es decir, ahora nos toca girar más rápido la noria, y nadie ha dicho que ésta sea una tarea fácil.

El calendario de las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Si en el anterior post os comentaba las modificaciones recientes producidas en los modelos de cuentas anuales a depositar en el Registro Mercantil este año, creo que es interesante repasar algunos conceptos generales sobre éstas ahora que se acerca el momento concreto de su presentación.

Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, la memoria y el estado de flujos de efectivo, este último voluntario para las Pymes, que os recuerdo son las empresas con un activo no superior a los 2.850.000 euros, una cifra de negocios anual no superior a 5.700.000 euros o un número medio de trabajadores no superior a los 50 trabajadores (basta con reunir dos de las tres circunstancias).

Realmente el propósito último de las cuentas anuales es suministrar información que permita tomar decisiones sobre la empresa tanto a usuarios externos como internos. Ya nos dice la normativa contable que los documentos que forman parte de las cuentas anuales son una unidad y que deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Por tanto, mucho cuidado con aspectos tales como presentar un resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias que no coincida con el que se muestra en el balance, o mostrar un balance cuya suma de activo no cuadre con la del pasivo y patrimonio neto, sí que, aunque parezca raro, yo ya he visto de todo.

Las cuentas anuales deben formularse por el empresario o los administradores en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de cierre del ejercicio, y tienen que expresar la fecha en la que se han formulado y estar firmadas por el empresario, por todos los socios ilimitadamente responsables por las deudas sociales (sociedad colectiva o comanditaria), o por todos los administradores en caso de sociedad anónima o limitada. Si falta la firma de alguno de ellos, deberemos indicar expresamente la causa en cada uno de los documentos donde no firme. Pensad que los firmantes, ya sean éstos empresarios, administradores o socios con responsabilidad ilimitada, son los responsables de la exactitud de las cuentas anuales presentadas.

Os adjunto un calendario indicativo del proceso temporal que siguen las cuentas anuales para sociedades que cierren el ejercicio a 31 de diciembre, el caso más habitual.

Calendario indicativo cuentas anuales:

  • 31 de marzo: Fecha límite formulación de las cuentas anuales por los administradores
  • 15 de junio: Fecha límite convocatoria de junta general ordinaria por los administradores
  • 30 de junio: Fecha límite aprobación cuentas anuales por la junta general ordinaria
  • 30 de julio: Fecha límite presentación cuentas anuales en el Registro Mercantil


Número de cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil:

Cuentas anuales depositadas en el registro mercantil

Entrevista al secretario general de Pimec, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa que ha impulsado la reforma de la ley contra la morosidad.

Es una decisión histórica. El sector público tendría que reducir los plazos de pago de sus facturas hasta situarse en un plazo máximo de 30 días a partir de 2013. Y las empresas harían lo propio hasta llegar a los 60 días. Estos son los dos grandes titulares que nos deja el nuevo Proyecto de Ley Contra la Morosidad.

El nuevo proyecto de Ley aprobado en el Congreso nace con la vocación de cambio. Y las compañías que no lo respeten tendrán que hacer frente a denuncias sectoriales y a elevados intereses de demora. Detrás de esta ley está la Patronal de las Pequeñas y Medianas Empresas de Cataluña [Pimec], que ha sido capaz de liderar, a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, a cerca de 1.100.000 compañías en pos de este nuevo escenario. Su secretario general, Antoni Cañete [Barcelona, 1963], viaja por la topografía de una reforma trascendental.

¿La morosidad es un problema que solo afecta a pequeñas y medianas empresas o también a las grandes? ¿Qué diferencia a la morosidad que sufren unas y otras?

La morosidad es un problema que afecta a todo el sector empresarial y en especial a las pymes y a los autónomos. Estamos frente a un desafío global pero que repercute de forma muy dura sobre las firmas de pequeño tamaño. ¿Por qué? Un 61% de las microempresas, por debajo de diez trabajadores, cumple con sus compromisos de pago mientras que este porcentaje en las firmas de gran tamaño es solo del 13%. ¿Moraleja? Cuanto mayor es la empresa menos se respetan los plazos.
¿De qué forma afecta la morosidad al tejido productivo español? ¿Hay alguna forma de cuantificar este efecto? ¿Qué consecuencias se pueden extraer de ello?

La morosidad repercute en el tejido productivo, pues genera problemas de solvencia lo cual pone en riesgo la viabilidad de la empresa y que esta sea menos competitiva. A lo que se suman los problemas de acceso al crédito, ya que la financiación bancaria a día de hoy es difícil. Y es que no hay que olvidar que España es, después de Grecia, el país de la Unión Europea que más tarda en pagar. Respecto al tiempo, en PIMEC hemos elaborado un estudio en el que revelamos que si los tiempos de pago pasaran de 98 días de media a 60 poniendo como ejemplo los plazos con los que trabajan las pymes en Cataluña se inyectarían al sistema 1.100 millones de euros. Si lo extrapolamos a nivel nacional, esta reducción supondría generar 300.000 puestos de trabajo e inyectar 10.000 millones de euros solo en el ámbito privado. Cifras de vértigo.

¿De qué manera resumiría las principales reivindicaciones de la PMCM destinadas a resolver este problema?

El resumen sería elaborar una ley que deje hacer a las empresas aquello para lo que están concebidas: desarrollar productos, comercializarlos, recibir un dinero por ello y prestar servicios. Por eso urge el cambio de la ley en vigor. La nueva normativa ha sacado del texto la cláusula salvo pacto en contrario, que permitía la posibilidad de acuerdo entre las partes para alargar los plazos de pago. El máximo inamovible son 60 días para las empresas. Además, los plazos comenzarán a computar desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio, sin tener en cuenta la fecha de emisión de la factura.

Es muy posible que la Administración haga suyas algunas de las iniciativas que ha planteado la Plataforma. ¿Cómo lo valoran? ¿Están satisfechos de la sensibilidad mostrada por los partidos políticos en este tema?

La Administración va a tener la obligación de asumir estas medidas. Tendrá que pagar a 30 días en vez de a 157 días de media, como ha estado sucediendo. En Europa, por hacer una comparación, este periodo medio es de 63 días. En cuanto a los apoyos, estamos muy satisfechos de la sensibilidad mostrada por todas las fuerzas políticas, gracias a ello se ha podido tomar una decisión histórica.
No es la primera vez que se desarrolla una legislación para tratar de acortar los plazos de pago en España. Ahí están los precedentes de la Ley de Comercio Minorista o la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, las cuales no produjeron cambios de calado.

¿Será diferente esta vez?
Lo será porque como país necesitamos esta ley. Nos hacen falta reformas estructurales. Posiblemente sea una de las medidas más importantes que podemos tomar para que no se cierren empresas y no se despidan trabajadores.

Los países del norte de Europa tienen plazos más cortos frente a los de, por ejemplo, la cuenca mediterránea. ¿A qué se debe esta diferencia?
Básicamente a la existencia de una cultura sobre el pago mucho más sólida. En Noruega, Dinamarca o Finlandia, por ejemplo, los plazos de abono están por debajo de 30 días.

En estos momentos, la Europa de los Veintisiete está revisando la Directiva de Lucha Contra la Morosidad. ¿Qué esperan de esta revisión? ¿De qué forma influirá en la normativa española?

La directiva europea de 2000 introduce elementos de competitividad y de ayuda a los cobros en los pagos comerciales, tal y como dice la Small Business Act. Esta última es una iniciativa europea a favor de las pymes cuyo lema es pensar primero a pequeña escala y que se enmarca dentro de la estrategia de Lisboa para conseguir una Europa más competitiva. De hecho, gracias a la Small Business Act se van a generar nueva leyes en Europa y por ende en España para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
En sus actos públicos, la Plataforma ha destacado el precedente legislativo en Francia. ¿Cómo está nuestra legislación frente al país galo? ¿Y en comparación con otros países europeos?
El 4 de agosto de 2008 Francia redactó la Ley de Modernización de la Economía, que establece que todas las empresas deben pagar en menos de 60 días. Hoy, en el país vecino, el tiempo medio es de 54 días. Creo que estas cifras contestan por sí solas.
La reducción de los tiempos de pago provocará, sin duda, una mejora en las necesidades de financiación de las empresas españolas. Sin embargo, pensando en el comercio internacional, ofertar unos plazos de cobro amplios supone una ventaja competitiva. ¿Cómo se puede conseguir el equilibrio entre estas dos circunstancias?
Son cosas diferentes. Cuando vas a un país tienes que adaptarte a sus tiempos de abono.

Pero utilizar los tiempos de pago o, mejor dicho, la diferencia en los tiempos de pago como si fuera un instrumento financiero es confundir lo que es una empresa con un banco.
¿Qué instrumentos tienen las empresas para luchar contra los riesgos de impago derivados de sus tiempos de pago?

Muy pocos. Con la ley anterior a la reforma, judicialmente era muy difícil demostrar el impago por lo que esta vía apenas se utilizaba. De hecho, el 81% de las empresas buscaban salidas amistosas y no judiciales.
¿Hasta qué punto el riesgo de impago condiciona en nuestros días el futuro de las empresas?
Lo hace de una forma directa. Si tienes problemas a la hora de acceder al crédito es difícil no solo crecer sino subsistir. El problema es que el impago pone en riesgo de supervivencia de una forma directa a la empresa.

¿Qué valoración hace del seguro de crédito como herramienta de lucha contra la morosidad?
Siempre he sido un gran prescriptor del seguro de crédito. En mi opinión, el valor no está tanto en la indemnización como en la información que estos seguros te aportan de tus clientes.

Una reflexión mirando a los días venideros: ¿cuándo y cómo saldremos de la crisis?

Es la pregunta del millón. Pero la única forma es siendo valientes. Hay que tomar decisiones y emprender las reformas estructurales que el país necesita: educativas, laborales, industriales Si lo hacemos saldremos reforzados de la crisis; si no, tendremos un futuro incierto como nación, que es lo peor que nos puede pasar.

Por último, de toda esta lucha por los derechos de los más débiles, en este caso, las pymes, ¿qué ha aprendido?
El enorme valor que tiene la unión y la sociedad civil como medio para cambiar las cosas. Al fin y al cabo, así es como nace la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

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Cambios recientes en los modelos de cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Nos estamos acercando al período en que los empresarios que revisten la forma jurídica de sociedad, además de seguir lidiando con sus problemas de liquidez y de viabilidad de negocio, ¡qué remedio les queda!, tienen que estar pendientes del depósito de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el año anterior, en el Registro Mercantil. Por tanto, creo que es interesante repasar algunos aspectos novedosos que afectan al depósito de cuentas de este año.

Conviene saber que los modelos de cuentas anuales vigentes anteriormente, se han visto modificados recientemente por la Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que ha sido publicada en el BOE de 7 de abril de 2010. La novedad está fundamentada en consultas efectuadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que recordemos actúa como organismo regulador contable, sobre la capitalización de los gastos financieros en el precio de adquisición y sobre el tratamiento contable de la aprobación de un convenio de acreedores. En base a las respuestas del ICAC a los dos temas referidos, se ha creado una nueva partida en la cuenta de pérdidas y ganancias, la cual forma parte del resultado financiero de la empresa, en los tres modelos de presentación previstos (normal, abreviado y pyme). La estructura del cambio en cada caso es la siguiente:

1. Modelos normal y abreviado (se crea una nueva partida en la cuenta de pérdidas y ganancias):

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero. 

a) Incorporación al activo de gastos financieros.

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.

c) Resto de ingresos y gastos.

2. Modelo pymes (de modo similar se crea una nueva partida en la cuenta de pérdidas y ganancias):

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.

 

a) Incorporación al activo de gastos financieros.

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.

c) Resto de ingresos y gastos.

Además se modifica el contenido de la memoria para las empresas que tengan partidas de naturaleza medioambiental, la cual deberá incluir un nuevo apartado, también en los tres modelos de presentación previstos, en el que se habrá de informar, en su caso, sobre los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

Esperemos que estos cambios, en una época donde ya estamos sufriendo demasiadas modificaciones de todo tipo, sirvan, además de para aumentar la carga de trabajo de las empresas, para mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados.

 

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IVA que cobro, IVA que pago

Mario Cantalapiedra – Economista

A la espera de que se apruebe finalmente la medida que permita a Pymes y autónomos no tributar por el IVA repercutido de las facturas que no hayan cobrado, todavía en el aire, de momento tenemos que conformarnos con la posibilidad de recuperar el IVA repercutido a un cliente moroso en dos supuestos, el de concurso de acreedores y el de créditos incobrables, con los requisitos y limitaciones que se establecen en el artículo 80 de la Ley del IVA y que al final lo que hacen, dicho sea de paso, es complicar bastante las cosas a la empresa que intenta recuperar parte de su crédito impagado.

En el primer caso, la base imponible puede reducirse cuando el cliente no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas de IVA siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte contra él auto de declaración de concurso. La reducción deberá hacerse únicamente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, del mencionado auto de declaración de concurso (plazo previsto para que los acreedores pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos). La justificación de este plazo tan corto viene dada porque si se supera el mismo, la Hacienda pública no podría hacer valer el crédito surgido como consecuencia de la modificación de base imponible frente al cliente en situación de concurso.

En el segundo caso, la Ley del IVA considera el crédito de una empresa total o parcialmente incobrable, permitiendo la reducción de la base imponible, cuando reúne las siguientes condiciones:

  • Ha transcurrido un año desde el devengo del IVA repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del IVA repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año. Este plazo se puede reducir a seis meses si el cliente moroso es un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no ha superado, durante el año natural inmediato anterior, los 6.010.121,04 euros.
  • La factura impagada, o documento sustitutivo, está registrada en el libro registro de facturas exigido a efectos de este impuesto.
  • El destinatario de la operación es empresario o profesional, o, en otro caso, la base imponible de la operación, excluido el IVA, supera los 300 euros.
  • La empresa ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo.

Una vez transcurrido el año, o los 6 meses, en su caso, desde el devengo del IVA repercutido sin cobro, la empresa dispondrá de tres meses, a contar desde dicho vencimiento, para reducir la base imponible impagada.

Tanto para el caso de concurso de acreedores como para el de crédito incobrable, no se podrá modificar la base imponible de los siguientes créditos y operaciones:

  • Créditos que disfruten de garantía real (bienes tangibles), en la parte garantizada.
  • Créditos afianzados por entidades de créditos o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.
  • Créditos entre personas o entidades vinculadas.
  • Créditos adeudados o afianzados por entes públicos.
  • Operaciones cuyos destinatarios no estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

Desde luego vemos que la legislación aplicable en la actualidad abusa de las excepciones y los plazos dilatados para solucionar un problema que está afectando a la liquidez de muchas empresas, sobre todo, de pequeña dimensión, y que sería deseable, si lo que se desea de verdad es ayudar a recuperar el tejido empresarial español, aplicar cuanto antes y a imagen de lo que se hace en otros países de nuestro entorno, el criterio de caja en la gestión de este impuesto, es decir, IVA que cobra el empresario, IVA que paga a la Administración.

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