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Empresas de recobro de facturas impagadas

Mario Cantalapiedra – Economista

En aquellas ocasiones que observamos que las gestiones encaminadas, desde nuestra propia empresa, al cobro de la factura de un cliente moroso se hacen inútiles y no conseguimos lograr nuestro objetivo, contamos con la posibilidad de acudir al servicio de una empresa especializadas en el recobro de facturas de entre la oferta existente en el mercado.

Este tipo de compañías poseen equipos con una formación específica en la problemática del recobro, así como conocimientos del mercado y de la legislación vigente que les permite, al mismo tiempo que tratan de cobrar la deuda, cuidar la relación comercial con nuestro cliente tratando de no comprometer las posibles operaciones futuras que puedan llegar a realizarse con él (en muchas ocasiones, no sólo perseguiremos el cobro de una factura que ha quedado pendiente sino también trataremos de mantener la relación comercial con el cliente).

Con respecto a los plazos medios que pueden durar los procesos judiciales, este tipo de servicios de recobro gozan de una rapidez relativa en la solución de los créditos morosos (la vía judicial suele resultar demasiado lenta para una empresa que se ve acuciada por el impago de sus clientes). También puede contemplarse como una de las ventajas que aporta la subcontratación de una empresa de recobro, la reducción de los costes administrativos soportados a nivel interno en la gestión del impagado, desde el coste del personal involucrado en dicha gestión, al de las llamadas telefónicas, el correspondiente al envío de avisos, etcétera.

 Por regla general, las empresas de recobro suelen perciben una comisión sobre la cantidad que recuperan, de tal modo que, si no consiguen el recobro de ningún importe del crédito, no suelen suponen coste para la compañía. No obstante, acostumbran a exigir provisiones de fondos, por adelantado, a descontar de sus honorarios finales una vez que recuperan la deuda, aspecto debe quedar claramente delimitado a la hora de contratar sus servicios (de este modo, si la provisión no se considera reintegrable y se entrega a fondo perdido, debe quedar especificado en la firma del contrato).

En el caso de que la empresa de recobro no consiga recuperar la deuda, lo habitual es que nos ofrezca dos alternativas distintas; por un lado, la de iniciar acciones legales contra el cliente moroso bajo presupuesto y previa aprobación por nuestra parte; por otro, la de cerrar el expediente y olvidarse del tema. En esta segunda opción debe especificarse, de nuevo desde el momento inicial de la relación, si se realiza sin coste alguno o, por el contrario, conlleva algún tipo de gastos.

A pesar de que pudiera parecer que casi todo lo que ofrecen estas empresas es ventajoso, conviene tener cuidado a la hora de elegir una entidad de recobro concreta, puesto que no todas ellas tienen el mismo tipo de comportamiento en el desarrollo de su actividad. Debemos tener garantías de que la entidad finalmente elegida va a actuar dentro de la legalidad, y de forma ética, tanto en el proceso de reclamación de las deudas al cliente moroso como en el momento de entregarnos las cantidades cobradas.  

 

El seguro de crédito: comparar el coste de cobrar con el de no hacerlo

Mario Cantalapiedra – Economista

El seguro de crédito tiene una utilidad clara como herramienta de protección ante el impago de nuestros clientes, y es una de las opciones a valorar dentro de la gestión del riesgo de crédito en la empresa, que evidentemente cobra mayor protagonismo en épocas de vacas flacas. Conviene recordar que la regulación legal del seguro de crédito se recoge en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, concretamente en sus artículos 69 al 72. En dicha legislación se señala que “por el seguro de crédito el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado las pérdidas finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores”.

Cabe preguntarse qué entiende esta Ley por insolvencia definitiva de los deudores, y la respuesta a esta pregunta la encontramos en su artículo 70, en el que se recogen los distintos supuestos que marcan dicha insolvencia, en concreto, los siguientes cuatro:

· La declaración en quiebra del deudor mediante resolución judicial firme.
· La aprobación judicial de un convenio en el que se establezca una condonación del importe.
· La ausencia de suficientes bienes para el pago tras un mandamiento de ejecución o apremio al deudor.
· El común acuerdo entre asegurado y asegurador por el que consideren que el crédito resulta incobrable.

No obstante, en ese mismo artículo, se regula como “transcurridos seis meses desde el aviso del asegurado al asegurador del impago del crédito, éste abonará a aquél el cincuenta por ciento de la cobertura pactada, con carácter provisional y a cuenta de ulterior liquidación definitiva”, aspecto clave a tener en cuenta a la hora de estudiar la alternativa del seguro de crédito.

Para fijar la cuantía de la indemnización se trabaja con un porcentaje, que debe estar establecido en el contrato que se firma entre asegurado y asegurador, de la pérdida final resultante de añadir al crédito impagado los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos procesales y cualesquiera otros que se pacten de forma expresa. La regulación legal del seguro de crédito define que este porcentaje no podrá incluir el beneficio del asegurado, ni ser inferior al cincuenta por ciento de la pérdida final.

En los momentos actuales de crisis el seguro de crédito, siempre que podamos acceder al mismo en función de cuáles sean nuestras circunstancias particulares, léase sector de actividad en el que compitamos, tipología de los clientes con los que trabajemos, características del producto vendido, etcétera, debe plantearse en términos de “coste de oportunidad”; es decir, más allá del gasto que representa en términos absolutos, puede suponer, en muchos casos, comparar el coste de cobrar con el de no hacerlo. Evidentemente pensar de esta forma, en términos relativos, añade una nueva dimensión al proceso de evaluación y decisión sobre la contratación de un seguro de crédito que, desde aquí, os recomiendo tener muy en cuenta.

Perder el miedo a negociar una operación de “factoring”

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con las operaciones de financiación que pueden ayudarnos a mitigar los efectos de la crisis que nos toca vivir, me gustaría hablar de la operación de factoring, en la cual lo que hacemos es ceder las facturas generadas por nuestras ventas de bienes o servicios a una compañía especializada (la mayoría de las entidades financieras existentes en el mercado ofrecen este producto a través de filiales) para que se ocupe de su gestión de cobro, a cambio del cobro de una comisión por los servicios de carácter administrativo y unos intereses por la financiación, en el supuesto de que se solicite un pago anticipado.

No se puede negar que es una fórmula financiera que tiene cierta complejidad, lo que hace que muchas empresas, fundamentalmente de tamaño pequeño y mediano, no la contemplen entre sus opciones de financiación, y en la que además resulta fundamental negociar con detalle las distintas cláusulas del contrato que se firme, en su caso, con el factor. Si finalmente se llega un acuerdo, el contrato deberá incorporará una “cláusula de cesión” de facturas por la que se autoriza al factor a cobrarlas, circunstancia que se notificará a los clientes obligados al pago. Como se ha indicado, las condiciones pactadas habrán de establecer con claridad los servicios que el factor va a prestar, entre los que pueden incluirse la gestión de cobro de los créditos comerciales, el pago anticipado de las facturas, la investigación comercial y clasificación de los clientes, el control contable de las facturas y la cobertura del riesgo por insolvencia. Este último aspecto, permite pactar dos tipos de factoring diferentes; el factoring “con recurso” (donde el factor no asume el riesgo por insolvencia del cliente, pudiendo actuar contra la empresa cedente en caso de impago de las facturas), y el factoring “sin recurso” (donde el factor se hace cargo del riesgo por insolvencia del cliente, no pudiendo actuar contra la empresa cedente en caso de impago). Lo cierto es que si se pacta una cobertura total del riesgo de impago, la operación de factoring se encarece enormemente, por lo que es habitual que se establezca la posibilidad de negociar coberturas inferiores (además, desde la perspectiva bancaria, plantear las operaciones “sin recurso” ahora mismo es un tema delicado, como vimos en el anterior post al tratar el tema del confirming). También puede pactarse no adelantar el total de la facturación del cliente sino sólo un porcentaje (por ejemplo, el sesenta por ciento) y dejar el resto para que se abone a vencimiento de las facturas. Estos ejemplos nos dan la idea de que el factoring goza de cierta flexibilidad a la hora de negociar sus condiciones. Como requisitos adicionales exigidos habitualmente por el factor están los de exclusividad y globalidad.

El primero significa que la empresa no puede realizar un factoring sobre el mismo cliente con dos factores distintos (cuando la facturación es muy elevada puede llegar a pactarse un factoring sindicado). Por el segundo, la empresa cede la totalidad de las facturas del cliente, aunque es posible matizarlo y sólo ceder las facturas de una zona geográfica determinada o de un tipo de producto. Decíamos anteriormente que existe cierto recelo a plantear este tipo de operación por parte de las empresas con dimensión más modesta, no obstante, debemos tener en cuenta que el elemento fundamental que se analizará para conceder la financiación por esta vía será la solvencia de nuestros clientes. De este modo, una pyme que trabaje con clientes solventes podría acceder a este producto de financiación, por lo que parece una opción que al menos conviene plantearse.

A pesar de ello, también es justo resaltar que existen determinadas ventas, como las relacionadas con productos de tipo perecedero, o las que tienen vencimientos lejanos en el tiempo (más de seis meses), para las que el factoring no suele aceptarse.

Confirming: ¿con o sin recurso?

Mario Cantalapiedra –  Economista

Entre los mecanismos que existen para mejorar la gestión de cobro de nuestras facturas de clientes se encuentra el confirming, también llamado pago confirmado de proveedores, confirmación de pagos o factoring de proveedores, el cual, siempre que se articule del modo que veremos a continuación, puede llegar a resultar muy interesante en épocas donde la falta de confianza en el buen fin de las operaciones preside las relaciones cliente-proveedor.

Me explico; en primer lugar, debemos recordar que en esta operación una entidad de crédito actúa como gestor en los pagos aplazados de un cliente a sus proveedores, pudiendo además, a elección de estos últimos, anticiparles el importe de las facturas pendientes de cobro tras deducirles intereses y comisiones. Por tanto, contempla las figuras del cliente o emisor del confirming, el cual busca fundamentalmente simplificar y optimizar la gestión de sus pagos, del gestor del pago de las facturas (la entidad de crédito) y del proveedor o beneficiario del confirming. Habitualmente el emisor suele ser una empresa de tipo grande o mediano con un volumen importante de pagos, de carácter periódico, y destinados a un amplio número de proveedores. Por su parte, para la empresa proveedora que recibe la oferta de financiación supone un indicio de la buena consideración del cliente por parte de la entidad bancaria, al haber obtenido de ella la línea de confirming correspondiente. El proveedor puede solicitar el anticipo del importe pendiente de cobro a la entidad bancaria, o esperar al vencimiento para recibir el abono correspondiente, debiendo tenerse muy presente que si se opta por esta segunda opción, la entidad bancaria no se encuentra comprometida a transferir los fondos correspondientes a la factura si en la cuenta del cliente correspondiente no existe saldo suficiente.

Normalmente la opción de financiación se instrumenta a través de la firma de un contrato-respuesta que supone una cesión de crédito a favor del banco. En dicho contrato deben aparecer especificadas las condiciones relativas a la operación, entre ellas el tipo de interés aplicado y su forma de revisión, la comisión bancaria a aplicar, el período limite para solicitar el anticipo y la operativa a seguir para anticipar el cobro (correo, fax, etcétera).

Además, debe clarificar si la operación se considera “con recurso” o “sin recurso” al financiado, y aquí radica la cuestión fundamental que apuntábamos al inicio del post. Aunque tradicionalmente la operación se articulaba en la fórmula “sin recurso” (lo cual significaba, ni más ni menos, que el proveedor que optaba por anticipar el importe podía dar de baja la deuda de su partida de clientes obteniendo seguridad en el cobro y además sin consumir su propio riesgo bancario), el deterioro de la confianza entre empresas y entidades financieras está haciendo que estas últimas ofrezcan la operación en la modalidad con recurso, por la que, llegado el vencimiento, si el cliente no atienda el importe, éste será cargado en la cuenta del proveedor que lo anticipó, es decir, se elimina la seguridad en el cobro y se hace que la operación se asemeje a otras fórmulas financieras menos seguras como el descuento comercial. Por tanto, es una operación muy interesante en estos momentos para el proveedor siempre que se ofrezca en la modalidad “sin recurso”, y se opte por anticipar el importe (no se espere a vencimiento), como me dijeron el otro día en una conferencia en Sevilla, entonces la operación es “jabugo, jabugo”; si es confirming “con recurso” ya sabemos el riesgo que se corre, por lo que a leer la letra pequeña de los contratos toca.

 

El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) y su función en la gestión de riesgos

Mario Cantalapiedra – Economista

El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) es un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias de titularidad privada constituido por información relativa a impagos efectuados por personas jurídicas.

Aunque antaño el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) recogía también datos de personas físicas, hoy en día ya no lo hace,  al ser declarado ilegal por Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 8 de febrero de 2005. En este sentido, el RAI siempre ha estado envuelto en polémica sobre su legalidad, inclusive para el caso de personas jurídicas, de ahí que exista quien piense que tarde o temprano llegará a desaparecer, pero mientras ello se decide, debemos tener en cuenta que hoy por hoy nuestra empresa puede aparecer en él si impaga un efecto comercial aceptado.

El Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) surge a raíz del interés de las entidades financieras en controlar las devoluciones de efectos comerciales y dotar de mayor seguridad su descuento, y para ello viene a recoger los impagos de cuantía igual o superior a trescientos euros producidos en documentos en los que conste la firma del deudor reconociendo la deuda, es decir, documentos que estén “aceptados”. Estos documentos pueden ser letras de cambio, pagarés cambiarios, cheques de cuenta corriente y pagarés de cuenta corriente, que sean de uso en masa en el sistema bancario y tengan fuerza ejecutiva. También se incluyen los recibos que suplen a las letras de cambio en los que conste la aceptación del deudor con su firma, aunque no cuenten con fuerza ejecutiva.

El RAI recoge para una persona jurídica el número total de efectos impagados, el importe total de los mismos y la fecha de la última incidencia registrada, siendo el plazo actual de permanencia de la información de treinta meses, con lo cual comprobamos que el rastro del impago permanece bastante tiempo después de que éste se produce. La consulta al RAI puede dar resultado positivo (la empresa consultada tiene impagados sin subsanar en los últimos treinta meses), negativo (la empresa no tiene impagados en el período) o cero (la empresa ha tenido impagados en el período que han sido subsanados). A continuación podemos ver un ejemplo de cómo se muestra la información en una consulta con resultado positivo al fichero RAI:

Los datos que aparcen en el Registro de Aceptaciones Impagadas son aportados por las entidades de depósito, en concreto por bancos, cajas de ahorro, cajas rurales y cooperativas de crédito. Por tanto, estamos ante un fichero de titularidad y financiación privadas que, a pesar de que nació con la idea de ser de uso exclusivo para las entidades adscritas al mismo, ahora puede ser consultado en Internet, previo pago, por acreedores que tengan un crédito concedido o solicitado por una persona jurídica o por empresas cuya actividad consista en proporcionar informes de solvencia, siendo, por tanto, una herramienta accesible en la gestión de riesgos de clientes.

Históricamente los informes del RAI han sido utilizados por las entidades de crédito al estudiar el riesgo de un cliente como paso previo a la concesión de un crédito. Desde la perspectiva de la entidad bancaria, la aparición continua en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) de una compañía en calidad de deudora indica que tiene o ha tenido problemas de liquidez. En este sentido, el responsable de una compañía debe aclarar y justificar ante el banco los apuntes en el RAI en su contra, detallando sus causas y acreditando su pago posterior o resolución. Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las apariciones en el RAI pueden deberse, por ejemplo, a desavenencias comerciales entre empresas y no sólo a problemas de liquidez (por ejemplo, y aunque ello nunca sea aconsejable, se puede producir la devolución de una letra a un proveedor que no ha cumplido sus obligaciones de suministro pactadas en la venta y no atiende a solucionar el conflicto de buena manera).

 

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