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Negociación bancaria de las empresas en época de crisis

Mario Cantalapiedra  – Economista 

La negociación bancaria de las empresas ha pasado a ser una dura y ardua tarea que ha de ser enfrentada con firmeza y determinación.

 A nadie le queda ya la duda de que en la coyuntura económica actual muchas empresas tienen dificultades tanto para renovar los créditos concedidos por los bancos en el pasado como para acceder a nueva financiación bancaria, algo que puede llegar a colapsar su actividad, y proyecta una nueva perspectiva sobre el proceso de negociación bancaria. Las entidades de crédito no son proclives a prestar fondos y lo cierto es que, como en casi todo problema que se llegue a plantear, este comportamiento parece responder a diversos factores que deben ser analizados.

 En primer lugar, pienso que los bancos no conceden crédito a las empresas por sus propios problemas de vencimientos de deuda. En España con los fuertes crecimientos de la actividad en los ejercicios económicos previos a la crisis que demandaban financiación, sobre todo en el sector inmobiliario, y una vez que el grifo del préstamo nacional se agotó, hubo de recurrirse a los prestamistas internacionales y ese dinero, ahora que el ciclo ha cambiado, debe ser devuelto a sus propietarios de forma prioritaria.

En segundo lugar, los bancos no dan crédito a las empresas porque piensan que éstas no van a poder devolvérselos debido a su falta de actividad, y a los problemas que ello acarrea en cuanto a su viabilidad como proyecto económico. Al final se trata de un círculo vicioso que nos conduce a la situación que estamos viviendo.

Con este panorama la negociación bancaria es un proceso que presenta una complejidad extraordinaria convirtiéndose, más que nunca, en un factor estratégico para la empresa. Fundamentalmente la gestión en esta materia deber ir encaminada a asegurar la liquidez en la compañía que permita su normal desarrollo. Ante los proveedores de crédito y en todo el proceso de negociación bancaria hemos de mostrar visibilidad de solvencia, es decir, tratar de demostrar, en la medida de lo posible, que nuestra empresa sobrevivirá a la crisis. Para ello resulta muy importante la cantidad y calidad de la información que se presenta al banco y la forma en que se entrega (con transparencia, sin retrasos cuando la petición sea razonable, etcétera). Debemos pensar que la información aportada influye tanto en el volumen de crédito que puede obtenerse como en su precio. En este sentido,  la obtención del riesgo crediticio en el proceso de negociación bancaria es prioritaria, quedando la negociación de su coste en un plano secundario. No estoy diciendo que nuestra gestión no vaya encaminada a tratar de lograr el mejor precio, algo que como la valentía en el soldado se da por hecho, sin embargo, debemos tener presente que obtener el crédito del banco ahora es lo fundamental.

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Prácticas irregulares en el descuento comercial

Mario Cantalapiedra – Economista 

Como sabemos el descuento comercial es una operación tradicional de financiación utilizada por las empresas donde una entidad financiera adelanta el importe nominal de un efecto comercial no vencido, por ejemplo, una letra de cambio o un pagaré, a cambio del cobro de intereses y comisiones. El descuento comercial, muy popular en el pasado reciente, va siendo relegado a un segundo plano por otras modalidades financieras como el confirming o el factoring, no obstante, todavía se sigue utilizando, sobre todo por parte de las pequeñas y medianas empresas, y en determinados sectores económicos.

Uno de los problemas asociados al descuento comercial y que se acentúa en épocas de crisis, como la que vivimos, es el hecho de que los efectos comerciales cedidos por la empresa a la entidad financiera para su descuento aparenten corresponder a operaciones comerciales de venta de bienes o prestación de servicios y, sin embargo, se instrumenten únicamente con el objetivo de conseguir la financiación proporcionada por el descuento comercial a partir de una connivencia entre deudor y acreedor. Es lo que se conoce como “papel de colusión” o “pelota”, también denominado “papel verde” en el seno de algunas entidades financieras. Para los bancos pueden ser indicadores de esta artimaña, entre otros, los siguientes elementos:

  • Las relaciones estrechas entre librado y librador, como, por ejemplo, el hecho de que tengan los mismos propietarios.
  • Los plazos de pago diferentes a los que son habituales para la empresa que descuenta.
  • La presentación de efectos comerciales distintos a los que se utilizan habitualmente en el sector.
  • La concentración de giros en una o en pocas plazas de pago.
  • Los plazos de los efectos ajustados al límite temporal máximo de la línea o clasificación de descuento negociada con la empresa.
  • La aparición en los efectos descontados de librados desconocidos o no habituales.
  • Los efectos con importes elevados y redondeados.
  • El aumento no justificado del volumen de descuento.
  • Los movimientos de transferencias o ingresos en cuenta de importes similares a los descontados.

 Debemos saber que las entidades financieras vigilarán estos elementos y otros similares que despierten su sospecha antes de autorizar la operación de descuento comercial, sobre todo en las etapas iniciales de relación con la empresa, y, como apuntaba anteriormente, en los momentos en que la empresa o el sector donde compite ésta atraviesen períodos de crisis.

A veces el desconocimiento o la necesidad pueden empujar a una empresa a la tentación de emitir y descontar este tipo de papel, pero evidentemente por muchos problemas financieros que se puedan llegar a tener, la emisión y descuento de papel pelota es una actividad contraria a la legalidad y absolutamente desaconsejable.

 

Los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, prevé el cobro de intereses de demora en el caso de que se superen los plazos de pago previstos. Estos plazos pueden ser, si existe un contrato firmado, los que acuerden libremente las partes (regla general), y en el supuesto de que no exista relación contractual, a los 30 días de la recepción de la factura por el deudor (regla legal subsidiaria).

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El acreedor tendrá derecho a cobrar intereses de demora cuando haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y no hay recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso, surgiendo de forma automática sin necesidad de aviso ni requerimiento. El tipo de interés de demora a aplicar es publicado semestralmente en el BOE para los seis meses siguiente a su fijación, y su cálculo se basa en el último interés publicado por el BCE para sus operaciones principales de financiación antes del primer día del semestre natural que se trate, al cual se añaden 7 puntos. El 1 de enero se ha publicado el tipo que debe aplicarse durante el primer semestre de 2010, que se cifra en el 8%. En el cuadro podemos ver la evolución sufrida por dicho índice desde el inicio de 2007.

Evidentemente estos intereses de demora resultan tan elevados que deberían surtir un efecto disuasorio en el deudor moroso. No obstante, muchas empresas no se atreven a aplicarlos, ni siquiera a comentarlos a sus clientes por la posición dominante de éstos en la relación comercial; el miedo a perder el comprador y que éste se traslade a la competencia siempre existe, si se le “aprieta” con estos temas, aunque se tenga derecho a ellos. En cualquier caso, mi recomendación personal es tratar de recoger en los contratos que se firmen con el cliente una cláusula referente al cobro de intereses de demora si se produce el retraso en el pago de las facturas, y según la cobertura legal prevista; un “aviso a navegantes” a tiempo puede evitarnos algún disgusto serio.

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Relación entre departamentos comercial y financiero ¿Es una venta si no se cobra?

 Mario Cantalapiedra – Economista

La relación entre los departamentos comerciales y financieros de las empresas no siempre es sencilla y se puede resumir en una pregunta, ¿es una venta si no se cobra? Seguramente, hace unos años, dependiendo de a quién preguntáramos, comercial o financiero, encontraríamos diferentes respuestas. Poco a poco los objetivos de ambos departamentos han de acercarse, gracias a la situación actual.

Hasta la fecha parece haber sido tendencia dominante en la mayoría de las compañías establecer la retribución variable de sus responsables comerciales en función de las cifras de ventas obtenidas, independientemente de que al final éstas se cobraran o no. Lo cierto es que, a pesar de que este comportamiento pueda carecer de cierta lógica empresarial, tiene su justificación en un entorno de crecimiento económico donde prácticamente todo lo que vendían las empresas se cobraba, de forma generalizada. Sin embargo, con la crisis económica parece útil y adecuado tratar de vincular los emonumentos de tipo variable de los comerciales a la cifra de ventas cobradas. A pesar de la presión que existe actualmente para mantener las ventas, se ha de entender que una venta que no se cobra no se puede considerar como tal, y eso es algo que deben tener presente todos los integrantes de la organización empresarial más allá de que ocupen responsabilidades financieras o comerciales en la misma. En este sentido, hemos de recuperar el concepto de empresa como coalición de intereses encaminados a la consecución de un mismo objetivo de rentabilidad, en otras palabras, una organización en la que todos tiran del carro en la misma dirección sin entrar en disputas internas entre financieros y comerciales que no conducen a nada, más aún en la situación actual. Lo importante es que los distintos responsables se presten la máxima ayuda e información que permita minimizar el riesgo de impago de la posible venta, es decir, se conviertan en “facilitadores” del trabajo del compañero, porque su bien particular será igual al bien común. En mi experiencia como director financiero no he conocido ningún colega de labor que no desee que su compañía venda todo lo que pueda, eso sí, siempre tratando de minimizar el riesgo de impago. Del mismo modo, me resulta difícil creer que exista algún responsable comercial que sólo se preocupe en vender sin importarte si al final se vaya a cobrar su venta. Luego si el caldo de cultivo se encuentra en la propia genética de la compañía, lo que se trata es de arbitrar las medidas adecuadas para que se desarrolle convenientemente, y entre ellas parece apropiado la de posibilitar la retribución variable del personal comercial en función de las ventas cobradas.

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Empresas de recobro de facturas impagadas

Mario Cantalapiedra – Economista

En aquellas ocasiones que observamos que las gestiones encaminadas, desde nuestra propia empresa, al cobro de la factura de un cliente moroso se hacen inútiles y no conseguimos lograr nuestro objetivo, contamos con la posibilidad de acudir al servicio de una empresa especializadas en el recobro de facturas de entre la oferta existente en el mercado.

Este tipo de compañías poseen equipos con una formación específica en la problemática del recobro, así como conocimientos del mercado y de la legislación vigente que les permite, al mismo tiempo que tratan de cobrar la deuda, cuidar la relación comercial con nuestro cliente tratando de no comprometer las posibles operaciones futuras que puedan llegar a realizarse con él (en muchas ocasiones, no sólo perseguiremos el cobro de una factura que ha quedado pendiente sino también trataremos de mantener la relación comercial con el cliente).

Con respecto a los plazos medios que pueden durar los procesos judiciales, este tipo de servicios de recobro gozan de una rapidez relativa en la solución de los créditos morosos (la vía judicial suele resultar demasiado lenta para una empresa que se ve acuciada por el impago de sus clientes). También puede contemplarse como una de las ventajas que aporta la subcontratación de una empresa de recobro, la reducción de los costes administrativos soportados a nivel interno en la gestión del impagado, desde el coste del personal involucrado en dicha gestión, al de las llamadas telefónicas, el correspondiente al envío de avisos, etcétera.

 Por regla general, las empresas de recobro suelen perciben una comisión sobre la cantidad que recuperan, de tal modo que, si no consiguen el recobro de ningún importe del crédito, no suelen suponen coste para la compañía. No obstante, acostumbran a exigir provisiones de fondos, por adelantado, a descontar de sus honorarios finales una vez que recuperan la deuda, aspecto debe quedar claramente delimitado a la hora de contratar sus servicios (de este modo, si la provisión no se considera reintegrable y se entrega a fondo perdido, debe quedar especificado en la firma del contrato).

En el caso de que la empresa de recobro no consiga recuperar la deuda, lo habitual es que nos ofrezca dos alternativas distintas; por un lado, la de iniciar acciones legales contra el cliente moroso bajo presupuesto y previa aprobación por nuestra parte; por otro, la de cerrar el expediente y olvidarse del tema. En esta segunda opción debe especificarse, de nuevo desde el momento inicial de la relación, si se realiza sin coste alguno o, por el contrario, conlleva algún tipo de gastos.

A pesar de que pudiera parecer que casi todo lo que ofrecen estas empresas es ventajoso, conviene tener cuidado a la hora de elegir una entidad de recobro concreta, puesto que no todas ellas tienen el mismo tipo de comportamiento en el desarrollo de su actividad. Debemos tener garantías de que la entidad finalmente elegida va a actuar dentro de la legalidad, y de forma ética, tanto en el proceso de reclamación de las deudas al cliente moroso como en el momento de entregarnos las cantidades cobradas.  

 

El seguro de crédito: comparar el coste de cobrar con el de no hacerlo

Mario Cantalapiedra – Economista

El seguro de crédito tiene una utilidad clara como herramienta de protección ante el impago de nuestros clientes, y es una de las opciones a valorar dentro de la gestión del riesgo de crédito en la empresa, que evidentemente cobra mayor protagonismo en épocas de vacas flacas. Conviene recordar que la regulación legal del seguro de crédito se recoge en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, concretamente en sus artículos 69 al 72. En dicha legislación se señala que “por el seguro de crédito el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado las pérdidas finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores”.

Cabe preguntarse qué entiende esta Ley por insolvencia definitiva de los deudores, y la respuesta a esta pregunta la encontramos en su artículo 70, en el que se recogen los distintos supuestos que marcan dicha insolvencia, en concreto, los siguientes cuatro:

· La declaración en quiebra del deudor mediante resolución judicial firme.
· La aprobación judicial de un convenio en el que se establezca una condonación del importe.
· La ausencia de suficientes bienes para el pago tras un mandamiento de ejecución o apremio al deudor.
· El común acuerdo entre asegurado y asegurador por el que consideren que el crédito resulta incobrable.

No obstante, en ese mismo artículo, se regula como “transcurridos seis meses desde el aviso del asegurado al asegurador del impago del crédito, éste abonará a aquél el cincuenta por ciento de la cobertura pactada, con carácter provisional y a cuenta de ulterior liquidación definitiva”, aspecto clave a tener en cuenta a la hora de estudiar la alternativa del seguro de crédito.

Para fijar la cuantía de la indemnización se trabaja con un porcentaje, que debe estar establecido en el contrato que se firma entre asegurado y asegurador, de la pérdida final resultante de añadir al crédito impagado los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos procesales y cualesquiera otros que se pacten de forma expresa. La regulación legal del seguro de crédito define que este porcentaje no podrá incluir el beneficio del asegurado, ni ser inferior al cincuenta por ciento de la pérdida final.

En los momentos actuales de crisis el seguro de crédito, siempre que podamos acceder al mismo en función de cuáles sean nuestras circunstancias particulares, léase sector de actividad en el que compitamos, tipología de los clientes con los que trabajemos, características del producto vendido, etcétera, debe plantearse en términos de “coste de oportunidad”; es decir, más allá del gasto que representa en términos absolutos, puede suponer, en muchos casos, comparar el coste de cobrar con el de no hacerlo. Evidentemente pensar de esta forma, en términos relativos, añade una nueva dimensión al proceso de evaluación y decisión sobre la contratación de un seguro de crédito que, desde aquí, os recomiendo tener muy en cuenta.

Perder el miedo a negociar una operación de “factoring”

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con las operaciones de financiación que pueden ayudarnos a mitigar los efectos de la crisis que nos toca vivir, me gustaría hablar de la operación de factoring, en la cual lo que hacemos es ceder las facturas generadas por nuestras ventas de bienes o servicios a una compañía especializada (la mayoría de las entidades financieras existentes en el mercado ofrecen este producto a través de filiales) para que se ocupe de su gestión de cobro, a cambio del cobro de una comisión por los servicios de carácter administrativo y unos intereses por la financiación, en el supuesto de que se solicite un pago anticipado.

No se puede negar que es una fórmula financiera que tiene cierta complejidad, lo que hace que muchas empresas, fundamentalmente de tamaño pequeño y mediano, no la contemplen entre sus opciones de financiación, y en la que además resulta fundamental negociar con detalle las distintas cláusulas del contrato que se firme, en su caso, con el factor. Si finalmente se llega un acuerdo, el contrato deberá incorporará una “cláusula de cesión” de facturas por la que se autoriza al factor a cobrarlas, circunstancia que se notificará a los clientes obligados al pago. Como se ha indicado, las condiciones pactadas habrán de establecer con claridad los servicios que el factor va a prestar, entre los que pueden incluirse la gestión de cobro de los créditos comerciales, el pago anticipado de las facturas, la investigación comercial y clasificación de los clientes, el control contable de las facturas y la cobertura del riesgo por insolvencia. Este último aspecto, permite pactar dos tipos de factoring diferentes; el factoring “con recurso” (donde el factor no asume el riesgo por insolvencia del cliente, pudiendo actuar contra la empresa cedente en caso de impago de las facturas), y el factoring “sin recurso” (donde el factor se hace cargo del riesgo por insolvencia del cliente, no pudiendo actuar contra la empresa cedente en caso de impago). Lo cierto es que si se pacta una cobertura total del riesgo de impago, la operación de factoring se encarece enormemente, por lo que es habitual que se establezca la posibilidad de negociar coberturas inferiores (además, desde la perspectiva bancaria, plantear las operaciones “sin recurso” ahora mismo es un tema delicado, como vimos en el anterior post al tratar el tema del confirming). También puede pactarse no adelantar el total de la facturación del cliente sino sólo un porcentaje (por ejemplo, el sesenta por ciento) y dejar el resto para que se abone a vencimiento de las facturas. Estos ejemplos nos dan la idea de que el factoring goza de cierta flexibilidad a la hora de negociar sus condiciones. Como requisitos adicionales exigidos habitualmente por el factor están los de exclusividad y globalidad.

El primero significa que la empresa no puede realizar un factoring sobre el mismo cliente con dos factores distintos (cuando la facturación es muy elevada puede llegar a pactarse un factoring sindicado). Por el segundo, la empresa cede la totalidad de las facturas del cliente, aunque es posible matizarlo y sólo ceder las facturas de una zona geográfica determinada o de un tipo de producto. Decíamos anteriormente que existe cierto recelo a plantear este tipo de operación por parte de las empresas con dimensión más modesta, no obstante, debemos tener en cuenta que el elemento fundamental que se analizará para conceder la financiación por esta vía será la solvencia de nuestros clientes. De este modo, una pyme que trabaje con clientes solventes podría acceder a este producto de financiación, por lo que parece una opción que al menos conviene plantearse.

A pesar de ello, también es justo resaltar que existen determinadas ventas, como las relacionadas con productos de tipo perecedero, o las que tienen vencimientos lejanos en el tiempo (más de seis meses), para las que el factoring no suele aceptarse.

Confirming: ¿con o sin recurso?

Mario Cantalapiedra –  Economista

Entre los mecanismos que existen para mejorar la gestión de cobro de nuestras facturas de clientes se encuentra el confirming, también llamado pago confirmado de proveedores, confirmación de pagos o factoring de proveedores, el cual, siempre que se articule del modo que veremos a continuación, puede llegar a resultar muy interesante en épocas donde la falta de confianza en el buen fin de las operaciones preside las relaciones cliente-proveedor.

Me explico; en primer lugar, debemos recordar que en esta operación una entidad de crédito actúa como gestor en los pagos aplazados de un cliente a sus proveedores, pudiendo además, a elección de estos últimos, anticiparles el importe de las facturas pendientes de cobro tras deducirles intereses y comisiones. Por tanto, contempla las figuras del cliente o emisor del confirming, el cual busca fundamentalmente simplificar y optimizar la gestión de sus pagos, del gestor del pago de las facturas (la entidad de crédito) y del proveedor o beneficiario del confirming. Habitualmente el emisor suele ser una empresa de tipo grande o mediano con un volumen importante de pagos, de carácter periódico, y destinados a un amplio número de proveedores. Por su parte, para la empresa proveedora que recibe la oferta de financiación supone un indicio de la buena consideración del cliente por parte de la entidad bancaria, al haber obtenido de ella la línea de confirming correspondiente. El proveedor puede solicitar el anticipo del importe pendiente de cobro a la entidad bancaria, o esperar al vencimiento para recibir el abono correspondiente, debiendo tenerse muy presente que si se opta por esta segunda opción, la entidad bancaria no se encuentra comprometida a transferir los fondos correspondientes a la factura si en la cuenta del cliente correspondiente no existe saldo suficiente.

Normalmente la opción de financiación se instrumenta a través de la firma de un contrato-respuesta que supone una cesión de crédito a favor del banco. En dicho contrato deben aparecer especificadas las condiciones relativas a la operación, entre ellas el tipo de interés aplicado y su forma de revisión, la comisión bancaria a aplicar, el período limite para solicitar el anticipo y la operativa a seguir para anticipar el cobro (correo, fax, etcétera).

Además, debe clarificar si la operación se considera “con recurso” o “sin recurso” al financiado, y aquí radica la cuestión fundamental que apuntábamos al inicio del post. Aunque tradicionalmente la operación se articulaba en la fórmula “sin recurso” (lo cual significaba, ni más ni menos, que el proveedor que optaba por anticipar el importe podía dar de baja la deuda de su partida de clientes obteniendo seguridad en el cobro y además sin consumir su propio riesgo bancario), el deterioro de la confianza entre empresas y entidades financieras está haciendo que estas últimas ofrezcan la operación en la modalidad con recurso, por la que, llegado el vencimiento, si el cliente no atienda el importe, éste será cargado en la cuenta del proveedor que lo anticipó, es decir, se elimina la seguridad en el cobro y se hace que la operación se asemeje a otras fórmulas financieras menos seguras como el descuento comercial. Por tanto, es una operación muy interesante en estos momentos para el proveedor siempre que se ofrezca en la modalidad “sin recurso”, y se opte por anticipar el importe (no se espere a vencimiento), como me dijeron el otro día en una conferencia en Sevilla, entonces la operación es “jabugo, jabugo”; si es confirming “con recurso” ya sabemos el riesgo que se corre, por lo que a leer la letra pequeña de los contratos toca.

 

El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) y su función en la gestión de riesgos

Mario Cantalapiedra – Economista

El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) es un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias de titularidad privada constituido por información relativa a impagos efectuados por personas jurídicas.

Aunque antaño el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) recogía también datos de personas físicas, hoy en día ya no lo hace,  al ser declarado ilegal por Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 8 de febrero de 2005. En este sentido, el RAI siempre ha estado envuelto en polémica sobre su legalidad, inclusive para el caso de personas jurídicas, de ahí que exista quien piense que tarde o temprano llegará a desaparecer, pero mientras ello se decide, debemos tener en cuenta que hoy por hoy nuestra empresa puede aparecer en él si impaga un efecto comercial aceptado.

El Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) surge a raíz del interés de las entidades financieras en controlar las devoluciones de efectos comerciales y dotar de mayor seguridad su descuento, y para ello viene a recoger los impagos de cuantía igual o superior a trescientos euros producidos en documentos en los que conste la firma del deudor reconociendo la deuda, es decir, documentos que estén “aceptados”. Estos documentos pueden ser letras de cambio, pagarés cambiarios, cheques de cuenta corriente y pagarés de cuenta corriente, que sean de uso en masa en el sistema bancario y tengan fuerza ejecutiva. También se incluyen los recibos que suplen a las letras de cambio en los que conste la aceptación del deudor con su firma, aunque no cuenten con fuerza ejecutiva.

El RAI recoge para una persona jurídica el número total de efectos impagados, el importe total de los mismos y la fecha de la última incidencia registrada, siendo el plazo actual de permanencia de la información de treinta meses, con lo cual comprobamos que el rastro del impago permanece bastante tiempo después de que éste se produce. La consulta al RAI puede dar resultado positivo (la empresa consultada tiene impagados sin subsanar en los últimos treinta meses), negativo (la empresa no tiene impagados en el período) o cero (la empresa ha tenido impagados en el período que han sido subsanados). A continuación podemos ver un ejemplo de cómo se muestra la información en una consulta con resultado positivo al fichero RAI:

Los datos que aparcen en el Registro de Aceptaciones Impagadas son aportados por las entidades de depósito, en concreto por bancos, cajas de ahorro, cajas rurales y cooperativas de crédito. Por tanto, estamos ante un fichero de titularidad y financiación privadas que, a pesar de que nació con la idea de ser de uso exclusivo para las entidades adscritas al mismo, ahora puede ser consultado en Internet, previo pago, por acreedores que tengan un crédito concedido o solicitado por una persona jurídica o por empresas cuya actividad consista en proporcionar informes de solvencia, siendo, por tanto, una herramienta accesible en la gestión de riesgos de clientes.

Históricamente los informes del RAI han sido utilizados por las entidades de crédito al estudiar el riesgo de un cliente como paso previo a la concesión de un crédito. Desde la perspectiva de la entidad bancaria, la aparición continua en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) de una compañía en calidad de deudora indica que tiene o ha tenido problemas de liquidez. En este sentido, el responsable de una compañía debe aclarar y justificar ante el banco los apuntes en el RAI en su contra, detallando sus causas y acreditando su pago posterior o resolución. Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las apariciones en el RAI pueden deberse, por ejemplo, a desavenencias comerciales entre empresas y no sólo a problemas de liquidez (por ejemplo, y aunque ello nunca sea aconsejable, se puede producir la devolución de una letra a un proveedor que no ha cumplido sus obligaciones de suministro pactadas en la venta y no atiende a solucionar el conflicto de buena manera).

 

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