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Solo queda un año para reclamar las facturas impagadas anteriores a 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente llegado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Ello supone que en poco más de un año habremos perdido la posibilidad de reclamar las facturas impagadas anteriores al 7 de octubre de 2015, lo que hemos de tener muy en cuenta para que no se nos pase el plazo y perdamos el derecho a exigir el pago de cuanto se nos adeuda.

Así, aunque el mes de octubre de 2020 parece muy lejano lo cierto es que es un plazo más bien corto para toda la labor que requiere preparar la reclamación de estas facturas, que implica estudiar cuales son las deudas nacidas antes de 2015 que no hemos reclamado, la viabilidad o conveniencia de reclamar su pago judicialmente, la búsqueda de la documentación para aportar a la demanda, la elección de letrado, el otorgamiento de poderes para pleitos y la preparación y presentación de la demanda.

Toda esta labor lleva bastante tiempo realizarla, sobre todo al tratarse de deudas antiguas que tenemos que rescatar, estudiar y documentar y ello paralelamente a desempeñar el trabajo diario y normal de la empresa.

Por ello, especialmente en las grandes empresas, el plazo de un año no es demasiado para rescatar los impagados anteriores a 2015 y montar el expediente para que la demanda pueda interponerse antes de octubre de 2020, de tal forma que o empezamos a estudiar y valorar cuáles son las deudas que vamos a reclamar o nos quedaremos, probablemente, sin la posibilidad de hacerlo porque no tengamos suficiente tiempo para tener todo preparado antes de que prescriba la obligación.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

Cambio de criterios para condenar al pago de las costas procesales. Sus efectos sobre las demandas de reclamación de deudas

El pasado 15 de noviembre de 2017 el Congreso acordó, por amplia mayoría de votos, la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el P.S.O.E. y dirigida a cambiar los criterios de la imposición de costas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de forma que empieza la tramitación parlamentaria que puede acabar en la aprobación como Ley de esta Proposición.

El espíritu u objetivo primordial de esta Proposición de Ley es el de cambiar el criterio para imponer a uno de los litigantes el pago de las costas procesales de la parte contraria y sustituirlo por otro criterio que consideran más justo.

CRITERIO ACTUAL – VENCIMIENTO OBJETIVO: actualmente es el criterio aplicable y consiste en que aquel que vence el pleito y ve como la Sentencia reconoce todas y cada una de sus peticiones tiene derecho a que se condene en costas al otro litigante, recuperando así el dinero que tuvo que gastarse para litigar y conseguir el reconocimiento judicial de sus derechos.

NUEVO CRITERIO PROPUESTO – MALA FE O TEMERIDAD: la Proposición de Ley apuesta por este nuevo criterio, que implicará que aunque una de las partes gane el pleito y vea reconocidas todas sus pretensiones la parte contraria sólo será condenada en costas si el Juzgador considera que ha actuado, al demandar o contestar a la demanda, con mala fe o temeridad. De no ser así, aunque pierda el pleito, no tendrá que abonar al litigante contrario las costas procesales.

Se justifica, en el texto de la Proposición de Ley, el cambio de criterio en base a que el vigente criterio del vencimiento objetivo supone para el administrado un obstáculo para hacer valer sus derechos,  ya que muchas veces no se interpone demanda para reclamar nuestro derecho por miedo a ser condenados en costas.

Sin embargo, quien suscribe considera la imposición de costas solo en caso de mala fe o temeridad propuesto  como nuevo criterio es, en lo que atañe a los procedimientos de reclamación judicial de impagados , injusto y discriminatorio para el acreedor pues:

  • El deudor es quien nos obliga a incurrir en gasto para demandar pero no tendrá que indemnizarnos por ello.

Es el deudor, que incumple su parte del contrato y no paga los bienes o servicios contratados, el que hace que el acreedor se vea obligado a interponer demanda para intentar recuperar la deuda. Es injusto, a mi entender, que el coste de dicha reclamación no sólo tenga que adelantarlo (como ya hace) el acreedor sino que, además, no haya de ser indemnizado por el demandado en forma de costas judiciales.

 A fin de cuentas, el gasto en abogados, procuradores y tasas judiciales es un perjuicio causado por el incumplimiento contractual del deudor, un gasto que he de hacer por culpa de su impago y, por tanto, si me dan la razón en el Juzgado ese gasto debería de ser indemnizado.

  • El no poder recuperar los gastos necesarios para reclamar judicialmente supondrá en muchos casos que se decida no demandar por resultar antieconómico.

Si ya de antemano sabe el acreedor que no va a poder recuperar el importe de los gastos que ha de desembolsar para reclamar judicialmente la deuda, lo más probable es que ese factor le frene, ese gasto irrecuperable determinará  que vea coartada o imposibilitada la reclamación judicial de sus derechos.

Así, el nuevo criterio de imposición de costas sería un obstáculo o impedimento para demandar, el hecho de saber que no se recuperarán los gastos o costas judiciales determinará que no compense reclamar judicialmente cuanto nos corresponde en Derecho.

En resumen, con este nuevo criterio se genera una situación de dificultad de acceso a la Justicia igual a la que alega la Proposición de Ley respecto al criterio del vencimiento anticipado pero con el agravante de que en el caso del nuevo criterio el no demandar por el hecho de no poder recuperar los gastos que la reclamación judicial implica a quien favorece es al deudor, al que ha incumplido la Ley, que verá como no sólo no nos ha pagado sino que, además, nadie le va a reclamar judicialmente lo adeudado por resultar antieconómico.

Según esto, por ejemplo, si una empresa ve como un cliente ha dejado de pagar 10.000 euros y quiere reclamarlos judicialmente se encontrará, a la hora de tomar la decisión de reclamar o no, conque tendrá que gastarse unos 2.300 euros entre abogado y procurador si quiere demandar y que estas cantidades, a cuyo gasto le ha obligado el incumplimiento del deudor, no las podrá recuperar. Es decir, para intentar recuperar judicialmente (sin garantías de éxito) 10.000 euros tiene que asumir un gasto, que nadie le indemnizará, de 2.300 euros, de tal suerte que en el mejor de los supuestos, saliendo el pleito bien y consiguiendo embargar bienes para cubrir la deuda, resulta que sólo podrá recuperar 7.700 euros, y eso, insistimos, en el mejor de los casos.

  • Con este nuevo criterio, si el incurrir en unos gastos irrecuperables determina que decidamos no demandar, el único beneficiado es el deudor, el que incumplió el contrato y contravino la Ley.

Este carácter antieconómico que implica el nuevo criterio de imposición de costas llevará al acreedor, en muchos casos, a no reclamar judicialmente sus derechos, que es lo mismo que la Proposición de Ley consideraba perjudicial del criterio del vencimiento objetivo.

La diferencia, a mi entender, que determina que sea más justo el criterio del vencimiento objetivo que el criterio que pretenden imponer de la mala fe y temeridad es la siguiente:

  1. Criterio vencimiento objetivo: tiene de malo que el miedo a ser condenados a pagar las costas del contrario nos haga no acudir a reclamar nuestros derechos judicialmente. Sin embargo, con este criterio quien paga las costas es quien, según el Juez, no tiene la razón. En el caso de las reclamaciones de cantidad, las costas las paga el que ha incumplido sus obligaciones y con ello ha obligado al otro a gastarse dinero para reclamar judicialmente.
  2. Criterio de mala fe o temeridad: tiene de malo que el saber que los gastos en los que he de incurrir para demandar nadie me los va a reintegrar determine que decida no demandar. En este caso el beneficiado es el deudor, que además de contravenir el contrato y la Ley no pagando cuanto debe ve como, además, no se lo reclaman judicialmente por no incurrir en más gastos.

 

Veremos en qué queda finalmente esta Proposición de Ley tras su tramitación pero, a priori, si se aprobase tal como se ha presentado, considero que se perjudicará y discriminará injustamente al acreedor, que verá limitada su posibilidad de reclamar judicialmente cuanto se le adeuda.

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

 

EL CONSTITUCIONAL DEROGA PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES Y CON ELLO ABARATA LA DECISIÓN DE INICIAR EL RECOBRO JUDICIAL.

Como todos sabemos, mediante la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, hace ya cuatro años que se establecieron las polémicas tasas judiciales bajo el mandato del entonces Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón.

 

En lo que al recobro judicial se refiere dichas tasas supusieron un notable encarecimiento a tener en cuenta en la decisión de iniciar la reclamación judicial de una deuda pues implicaban una cuota fija que ascendía, según el procedimiento, a las siguientes cuantías:

 

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A esta tasa fija había que añadir una cuota variable de un 0,5% sobre la cantidad reclamada hasta 1 millón de euros, aplicándose a partir de dicha cuantía un porcentaje de 0,25% con un tope máximo de 10.000 euros.

 

Aunque se operó una reforma de la citada Ley, por la cual se erradicó la obligación de abonar tasas judiciales por parte de los particulares, lo cierto es que en nada afectó al pago de la tasa por parte de las personas jurídicas, que son el principal sujeto demandante en los procesos de reclamación de cantidad.

 

Pues bien, estimando parcialmente el recurso que contra la Ley de Tasas interpuso en su día el Grupo Parlamentario Socialista, el Tribunal Constitucional, en Sentencia dictada en el Pleno de 21 de julio de 2016 y publicada el día 29 del mismo mes, DEROGA PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES y, en lo que toca a los procedimientos de reclamación judicial de deuda podemos destacar:

 

  • TASAS FIJAS QUE ELIMINA.

Las cuotas fijas que, en cuanto afectan a procesos de reclamación de cantidad, han sido erradicadas por obra de la referida Sentencia son las correspondientes al recurso de apelación (800 euros), al recurso de casación (1.200 euros) y al recurso extraordinario por infracción procesal (1.200 euros).

En mi opinión debiera haberse erradicado la cuota fija también o, cuanto menos, haber establecido un sistema de cálculo proporcional a la cuantía reclamada, pues con este sistema pagaremos 300 euros por un ordinario tanto si reclamamos 6.002, 00 euros como si reclamamos 6 millones.

En cualquier caso, y en contra de lo que ocurría al establecerse las tasas por la Ley 10/2012, la cuota fija la podremos incluir como una partida más de la tasación de costas procesales y, de este modo, cabe la posibilidad de recuperar el citado importe.

 

 

  • CUOTAS VARIABLES QUE ELIMINA.

Elimina por completo la cuota variable en los procedimientos civiles y mercantiles (los que se utilizan para reclamar cantidades), lo que supone un notable ahorro en la reclamación de cantidad, especialmente en el caso de reclamación de grandes saldos, ejecuciones hipotecarias, declaraciones de concursos necesarios, etc… en cuyos casos muchas veces se pagaban hasta 10.000 euros de cuota variable para poder acceder al ejercicio de la potestad jurisdiccional.

 

 

  • CARÁCTER NO RETROACTIVO DE LA DEROGACIÓN.

Quizás lo más criticable es que la declaración como inconstitucionales de las tasas que han resultado derogadas sólo surtirá efecto para los procedimientos que se inicien a partir de la fecha de la Sentencia, no siendo aplicable a los procedimientos iniciados con anterioridad y dejando, así, cerrada la puerta a recobrar los importes ya abonados en los años anteriores a pesar de tratarse de una tasa que ha sido declarada inconstitucional.

 

Fdo : Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión de Morosidad ASSET – Socio AGM ABOGADOS

Reforma del código penal: el nuevo delito de ocultación de elementos patrimoniales incrementara la efectividad del recobro judicial de deudas.

El pasado 31 de marzo de 2015 se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del  Código Penal.

Dicha reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio del presente año, tiene entre sus novedades la creación de un nuevo tipo penal, el delito de ocultación de elementos patrimoniales que recogerá el nuevo artículo 258 del Código Penal.

Así, el artículo 136 de la L.O. 1/2015 establece que el artículo 258 del Código Penal quedará redactado del siguiente modo:

Ciento treinta y seis. Se modifica el artículo 258, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación

suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.»

Este nuevo delito supone un gran avance para la efectividad de las ejecuciones judiciales en reclamación de cantidad.

Hasta la fecha, cuando se despachaba ejecución contra un demandado para conseguir cobrar las cantidades adeudadas por éste  en virtud de resolución judicial se le hacía al ejecutado un requerimiento, ex artículo 589 L.E.Civil, para que manifestase los bienes y derechos de su propiedad susceptibles de embargo bajo la amenaza de la imposición de una multa en caso de no atender dicho requerimiento.

En la práctica ni el deudor/ejecutado indicaba al Juzgado relación de bienes alguna – a mí personalmente en más de 10 años dedicado al recobro no ha habido más de dos o tres ejecutados que hayan manifestado bienes susceptibles de embargo – ni el Juzgado imponía la multa ni la parte ejecutante exigía que se impusiese, dado que su escasa cuantía y difícil cobro hacían de esa supuesta sanción un elemento poco contundente para obligar al deudor a manifestar bienes.

La falta de contestación del deudor supone un verdadero problema para el ejecutante o acreedor, que se ve obligado a invertir tiempo y dinero en la búsqueda de elementos patrimoniales propiedad del ejecutado susceptibles de embargo, búsqueda que con el refuerzo de la normativa protectora de los datos personales se hace cada  vez más difícil.

Con este nuevo delito, sin embargo, una vez que el Juzgado nos reconoce la existencia de una deuda se despachará ejecución y, como antes, se hará el requerimiento ex artículo 589 L.E.Civil al deudor para que manifieste bienes susceptibles de embargo.

El deudor, ante este requerimiento deberá:

a) Entregar una relación completa de sus bienes y derechos, describiendo sus cargas y gravámenes. Esto nos evita tener que buscar bienes de su titularidad en Registros, a través de Oficios a Hacienda, informes privados de investigación patrimonial y reducir notablemente las cantidades de dinero y tiempo invertido en localizar bienes con los que cobrarnos la deuda.

b) Indicar, igualmente, la relación de los bienes que utiliza sin que le pertenezcan, indicando el título en virtud del cual los disfruta. Esto nos facilita notablemente el rastrear si, para evitar que sus bienes fuesen embargados, ha procedido a cambiar la titularidad de los mismos, ya que si, por ejemplo, vive en una casa que no es de su propiedad tendrá que explicar cuál es el título en virtud del cual la disfruta. Puede que se trate de un arrendamiento simplemente, pero también puede que ese título haga salir a la luz que ese inmueble le pertenecía hasta antes de la ejecución judicial y que ha sido transmitido a un pariente o amigo, por poner un supuesto.

Pero la mayor novedad viene dada por el hecho de que el ejecutado cometerá un delito de ocultación de elementos patrimoniales, previsto en ese nuevo artículo 258 C. Penal y castigado con penas de 4 meses a un año de prisión. El delito lo cometerá:

a) Cuando la relación de bienes antes descrita no sea entregada.

b) Cuando tras entregarla se descubra por algún medio que era incompleta o engañosa.

De este modo, el deudor, si no quiere incurrir en un delito sancionado con penas de privación de libertad deberá aportarnos una imagen fiel de su patrimonio.

En mi opinión, este elemento intimidatorio hará que aumente notablemente la efectividad de las reclamaciones judiciales de deuda, toda vez que la parte más complicada de la ejecución judicial, localizar bienes embargables en el patrimonio del ejecutado, se verá, sin duda, facilitada por la cooperación forzosa del deudor so pena de incurrir en esta nueva conducta delictiva.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset

El anteproyecto de Ley del Código Mercantil establece un sistema de liquidación de la sociedad por falta de activos que dificulta la reclamación de responsabilidad patrimonial de los administradores societarios

El día 30 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que pretende sustituir el vigente Código de Comercio, que data del Siglo XIX, y refundirlo con la más reciente Ley de Sociedades de Capital y parte de la Ley Concursal, de suerte que el texto aborde una regulación integral de la extensa y prolija relación de relaciones mercantiles/societarias.

Dentro de su articulado, el texto del Anteproyecto establece un nuevo régimen de liquidación de la sociedad denominado liquidación por falta de activos y que consistirá, en caso de promulgarse la Ley, en lo siguiente:

  1. Si los administradores de una sociedad de capital detectan la existencia de causa de disolución por falta de activos podrán otorgar una escritura notarial de liquidación, en la que habrán de incluir un informe sobre la actividad de los últimos dos años, los créditos satisfechos en dicho período y los créditos pendientes y las operaciones de liquidación.
  2. El notario procederá a la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil y a partir de ese momento no será posible instar el concurso ni exigir la responsabilidad patrimonial de los administradores societarios por parte de accionistas ni acreedores.
  3. Transcurrido un mes desde la publicación de la escritura de liquidación se declarará extinguida la sociedad por el Registrador, lo que supondrá la extinción de los créditos no satisfechos aunque no de las garantías personales y avales prestadas por los administradores.
  4. Dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la escritura de liquidación cualquier persona legitimada (accionistas o acreedores) podrá solicitar el nombramiento de un experto que determine si es correcta y legal la liquidación efectuada la escritura. El experto ha de ser un economista, auditor o letrado que cumpla los requisitos para ser administrador concursal. Sus honorarios correrán de cuenta del solicitante y le serán abonados o no dependiendo del resultado positivo o negativo de su labor de investigación sobre la incorrección de la escritura de liquidación.
  5. En caso de que el informe sea positivo se remitirá al Juzgado el informe y la escritura de liquidación como documentos suficientes para abrir el concurso voluntario de acreedores en el que el perito que elaboró el informe habrá de ser nombrado Administrador Concursal.

En mi opinión esta normativa, amén de entrar en cierto modo en colisión con la figura de la mediación mercantil previa al concurso de acreedores aprobada hace apenas 4 meses, dificulta, encarece y limita las posibilidades del acreedor de exigir la responsabilidad patrimonial de aquellos administradores societarios que han incumplido las obligaciones inherentes a su cargo, ya que hace estas obligaciones mucho más laxas.

Entre otras cosas, incluso para poner en duda una liquidación arbitraria o que no se corresponda con la realidad y poder exigir ya no la responsabilidad personal de los administradores sino un concurso de acreedores en el que se proceda a la liquidación ordenada de los bienes, el acreedor, para evitar ver cómo su crédito se esfuma por una simple escritura elaborada unilateralmente por el deudor y que en muchos casos podrá estar falseada, deberá, por un lado, estar pendiente de todos y cada uno de sus clientes a fin de evitar que se le pasen los 20 días desde que se haya publicado la escritura de liquidación y, por otro, desembolsar anticipadamente los gastos del nombramiento de un experto que determine si la liquidación es correcta o no lo es y ha de sustanciarse el concurso.

En mi opinión este régimen, en caso de que se apruebe la Ley en estos términos, facilita notablemente las posibilidades del administrador societario de eludir las responsabilidades patrimoniales en que haya incurrido y ello en una coyuntura económica en la que desaparecen empresas por falta de activos cada día.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset

Sobre el consentimiento previo al pago de cada adeudo directo SEPA B2B

Mario Cantalapiedra – Economista

Comentaba en un post anterior como la nueva modalidad de adeudo directo SEPA B2B, que puede ser utilizada únicamente para pagos entre empresas, podría servir de ayuda en la gestión del riesgo de crédito y la morosidad del acreedor, debido fundamentalmente a la renuncia del deudor a su derecho de devolución una vez que el cargo está autorizado y efectuado en cuenta. Solamente se permite la devolución de un adeudo B2B dos días hábiles posteriores a su vencimiento por motivos bancarios, es decir, por falta de saldo. Por tanto, esta modalidad de adeudo permite una mayor seguridad en el cobro para la empresa acreedora en cuanto a plazo temporal se refiere.

No obstante, conviene precisar la complejidad que puede tener su operativa en la práctica dependiendo de cómo actúe tanto la entidad bancaria del deudor como el cliente. Para ello debemos acudir a las características de estos adeudos y de su operativa contempladas en los cuadernos de la Asociación Española de Banca (AEB):

  • El adeudo directo B2B puede definirse como un servicio de pago destinado a efectuar un cargo en la cuenta de pago del deudor, en el que la operación de pago es iniciada por el acreedor sobre la base del consentimiento dado por el deudor al acreedor y transmitido por éste a su proveedor de servicios de pago.
  • El deudor tendrá que ser obligatoriamente un no consumidor que domicilia pagos relativos a sus transacciones comerciales mediante el servicio de adeudos directos B2B.
  • Es requisito que las entidades en las que el acreedor y el deudor mantienen sus cuentas de pago, estén adheridas al esquema de adeudos directos B2B.
  • Los adeudos directos B2B serán en euros y se emitirán con destino a países de la zona SEPA. Corresponderán bien a cobros puntuales o a cobros recurrentes.
  • Los adeudos directos B2B deberán acompañarse de ciertos datos de la orden de domiciliación o mandato, donde el deudor haya prestado su consentimiento a ese Adeudo directo. En el caso de que se modifiquen los datos de la orden de domiciliación original, deberá también indicarse que se ha producido una modificación y consignar el dato que se ha modificado.
  • La entidad del deudor recabará de su cliente, en cada uno de los adeudos, el consentimiento previo al pago.

Es precisamente la última característica la que puede complicar más su operativa, puesto que supone que la entidad financiera del deudor cuente con la autorización expresa de cada adeudo B2B antes de efectuar el cargo en cuenta. Para subsanar esta situación, en principio, la empresa deudora debería entregar en su banco copia del mandato que autoriza el adeudo y cuyo original firmado se ha entregado al acreedor, obligado a su custodia. Esto supone que es el cliente, y no el acreedor, el que deberá estar pendiente de este trámite para evitar la devolución del adeudo B2B.

Actualizando los códigos IBAN entre turrones y polvorones

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado mes de noviembre se cumplían cuatro años de mi vinculación con el proyecto de Gestores de Riesgo y Morosidad, por lo que me atrevo a decir, a expensas de parecer presuntuoso, que el blog ha conseguido consolidarse en este apasionante y vertiginoso mundo de internet, el cual nos permite comunicarnos de modo diferente. Dicho esto, se acaba 2013 y, como ya viene siendo habitual, deseo dedicar el último “post” del año a repasar contigo algunos de los temas tratados en los últimos doce meses:

  • En un contexto donde cada vez más empresas españolas apuestan por la exportación como salida a la crisis, enumeré allá por el mes de febrero cuatro decisiones complejas que, en mi opinión, no pueden dejar de evaluar los que se plantean esta aventura.
  • Con posterioridad me hice eco de uno de los fenómenos a los que estamos asistiendo a raíz del proceso de integración bancaria en España, como es el de la pérdida de interés de los nuevos grupos bancarios que se están formando en el desarrollo empresarial a nivel regional y local, el cual era negocio nuclear de las entidades predecesoras que han sido absorbidas.
  • Cuando se utiliza el término de eficiencia, tan de moda en nuestros días, por lo general nos referimos a la eficiencia de tipo económico, basada en el menor coste, pero existe otro tipo de eficiencia, la técnica, que hace referencia al uso de los factores de producción de un modo técnico. En el blog traté de explicar la diferencia entre uno y otro término a través de un ejemplo práctico.
  • Déficit público y deuda pública son dos términos con los que nos hemos acostumbrado a vivir y que nos acompañarán durante mucho tiempo, me temo. Están íntimamente relacionados pero no son lo mismo, como trate de explicarte allá por el mes de junio.
  • En un blog dedicado en gran parte a la gestión del riesgo de crédito comercial y la morosidad, no podían faltar los posts recurrentes dedicados a estas materias. Lo cierto es que, aparte de los cambios legislativos que hemos ido conociendo y sobre los que te he ido informando puntualmente, me gustaría destacar el debate que sigue abierto y generando controversia como es el de la conveniencia o no de establecer un régimen sancionador de la Ley contra la morosidad.
  • La última parte del año la he dedicado, sobre todo, a darte información, lo más actualizada posible, sobre los cambios que nos trae la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), cuya entrada en vigor la tendremos el próximo 1 de febrero de 2014, casi sin que nos de tiempo para digerir los dulces navideños.

Confío que mientras actualizas los códigos IBAN de clientes, proveedores y demás, te de tiempo a disfrutar algo de las fiestas navideñas y coger las fuerzas necesarias para afrontar 2014, que a todos nos van a hacer mucha falta. Eso si, no te olvides de seguir acompañándome en el blog…

Mandatos adaptados a los adeudos directos SEPA

Mario Cantalapiedra – Economista

Uno de los elementos fundamentales que tienen que cuidar las empresas emisoras de adeudos directos SEPA para el cobro de sus facturas, es el de gestionar adecuadamente las órdenes de domiciliación o mandatos, los cuales sirven tanto para autorizar la emisión del adeudo al cliente como para que su entidad bancaria atienda el pago.

Con respecto a la situación actual existente en España, la gestión de los mandatos adaptados a los adeudos directos SEPA difiere según hablemos de adeudos básicos o B2B. En el primer caso, en el de los básicos, los mandatos que ya se tengan de los clientes seguirán siendo válidos, debiendo conservarse, así como sus modificaciones, para justificar la autorización. En cambio, para los nuevos adeudos B2B, resulta preciso gestionar nuevos mandatos en los que los clientes acepten su renuncia al derecho de devolución más allá de los dos días hábiles interbancarios posteriores al vencimiento. Igualmente éstos y sus modificaciones habrán de ser conservados por el acreedor.

Los mandatos han de emitirse en papel o en formato digital y han de ser firmados por el cliente de forma manual o digital. Si tienes dudas a la hora de confeccionarlos, te recomiendo que utilices los modelos normalizados simplificados de mandatos básico y B2B previstos por el Folleto nº 50 (Orden de domiciliación o mandato para adeudos directos SEPA. Esquemas “Básico” y “B2B”) de la Asociación Española de Banca (AEB).

En cualquier caso, los mandatos deberán contener como mínimo los datos siguientes:

  • Referencia de la orden de domiciliación: Permite identificar cada mandato firmado por el deudor, debiendo ser única para cada mandato.
  • Identificador del acreedor: Código asignado al acreedor por la entidad bancaria con la que se colabore para la emisión de adeudos.
  • Nombre del acreedor.
  • Dirección completa del acreedor.
  • Nombre del deudor.
  • Dirección completa del deudor.
  • Código BIC de la entidad del deudor: Puede contener entre 8 y 11 caracteres e identifica a la entidad bancaria internacionalmente.
  • Código IBAN de la cuenta del deudor: Puede contener hasta 34 caracteres dependiendo del país e identifica a la cuenta bancaria a nivel internacional. Para las cuentas abiertas en España consta de 24 caracteres, donde los dos primeros (alfabéticos) son siempre “ES”.
  • Tipo de pago: Indica si el mandato responde a una operación de pago único o de tipo recurrente.
  • Lugar y fecha de firma.
  • Firma(s).

Nuevo “Monitorio Notarial” o reclamación de deudas a través del notario

El pasado 31 de octubre de 2013 el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación del ANTEPROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA en el que, junto a otros muchos cambios, se regula una novedosa alternativa para la reclamación de deudas no contradichas ante notario.

Si se aprueba la Ley en los términos recogidos en el citado Anteproyecto, surgirá un procedimiento ALTERNATIVO a la reclamación judicial de deuda y que se tramitaría ante notario.

Su funcionamiento sería muy similar al Proceso Monitorio recogido en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que cuando tengamos una deuda presumiblemente cierta y que cumpla los requisitos exigidos actualmente para poder interponer un monitorio podremos optar por reclamarla a través del Juzgado o a través del notario. En este último caso:

1- El notario enviará un requerimiento de pago al deudor adjuntando la documentación que sirve de soporte a la deuda y concediendo un plazo de 20 días para pagar o manifestar los motivos de su oposición a la realidad o existencia del adeudo.

2- Si el deudor es localizado (incluso si se niega a recepcionar el requerimiento) comenzará a computarse el plazo para que pague o se oponga, como ocurre en el monitorio.

a) Si el deudor se opone se cierra el acta notarial y el deudor decide si acude a los Juzgados para reclamar su adeudo.

b) Si pagase, se cierra el acta notarial con dicho resultado.

c) Si no se produjese ni pago ni oposición el notario cerrará el acta con un documento notarial que servirá de título bastante para iniciar ante el Juzgado una ejecución de título extrajudicial pero SIN ABONAR LA TASA prevista para este tipo de demandas.

En mi opinión existen pros y contras en este nuevo modelo de reclamación a tener en cuenta a la hora de decidir:

A su favor, este modelo de reclamación notarial tiene:

  • En el caso de deudores fácilmente localizables puede ser más corto el plazo en el que obtengamos el título que reconozca la deuda. El requerimiento del notario será más rápido que esperar a que el Juzgado admita a trámite la demanda, libre el requerimiento de pago, éste se lleve a cabo por los servicios de notificación, sobrecargados de trabajo y, en definitiva, que la lenta maquinaria de la saturada administración de Justicia.

En su contra, la reclamación notarial cuenta con los siguientes hándicaps:

  • No es totalmente una alternativa al Juzgado, si el deudor se opone hemos de acudir al Juzgado y si no se opone ni paga ocurre lo mismo, la ejecución de la deuda habrá que hacerla a través de una demanda de ejecución de títulos no judiciales, si bien es cierto que estará exenta de tasa.
  • Puede ser más caro que acudir a la vía jurisdiccional. No sabemos cuánto cobrará un notario por tramitar este procedimiento. En cualquier caso, para deudas de menos de 3.000 euros (exentas de pago de tasa) ante el notario algo habrá que pagar.

Por otro lado, si el deudor se opone pagaremos al notario por el requerimiento y si decidimos seguir reclamando ante el Juzgado deberemos abonar además las tasas judiciales.

  • El notario no tiene medios de localización del deudor. En el monitorio, si no se encuentra al deudor el Juzgado puede librar Oficios para localizar su domicilio. El notario si no da con  el deudor en el domicilio que se le haya indicado carece de medios ni facultades para instrumentar la búsqueda de su paradero.

Por tanto, si se aprueba este tipo de reclamación de deuda el acreedor tendrá que, caso por caso, valorar los factores de tiempo/coste para decidir, según el monto reclamado y la facilidad de localizar al deudor, el tipo de reclamación que escoge.

Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados

Europa debe apostar por la calidad de los productos que fabrica

Mario Cantalapiedra – Economista

Para los economistas hay un concepto básico muy presente en los análisis que realizamos y que no es otro que el de la eficiencia económica. De hecho definimos el problema económico como la asignación eficiente de recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de la sociedad. Y dicha asignación eficiente supone, ni más ni menos que, utilizar al mínimo los recursos que están disponibles, es decir, hacer las cosas al menor coste posible.

Con el proceso de globalización de la economía mundial vivido en las últimas décadas, las posibilidades de encontrar lo más eficiente se han multiplicado. En la actualidad el sistema de producción que consigue fabricar al menor coste puede ubicarse en cualquier parte del mundo. En esta tesitura Europa y sus grandes corporaciones empresariales se han embarcado en una espiral de búsqueda de mayor eficiencia a costa de deslocalizar sus procesos fabriles, de irse de aquí para instalarse en el exterior, con el foco asiático como destino preferente. El problema es que para las empresas que todavía mantienen sus fabricas instaladas en el viejo continente se hace imposible competir con el coste de mano de obra que los países asiáticos pueden ofrecer, con China a la cabeza, paradigma mundial de la producción barata, el país más eficiente, el que parece que va a marcar el devenir de la economía global en los próximos años. Lo cierto es que sería interesante también analizar las circunstancias concretas que hacen que la mano de obra asiática sea tan barata, pero me temo que ante una búsqueda casi obsesiva de la eficiencia económica este aspecto ha quedado relegado a un segundo plano.

Por mucho que Europa, instalada en su profunda crisis, se empeñe en abaratar el coste de su mano de obra no parece que pueda rivalizar a corto plazo con Asia. Si no se reacciona a tiempo y se buscan nuevos canales para competir, el riesgo de que el continente europeo pase a convertirse en un mero balneario al que los ricos asiáticos vengan a pasar sus temporadas de holganza está presente. La pregunta es que si los procesos fabriles radicados en Europa no pueden mejorar la cantidad, el coste que China y los países de su entorno ofrecen, ¿qué pueden hacer entonces? Se me ocurre que pueden aventajarlos en la calidad de los productos fabricados, ahí Europa puede y debe ganar la partida.

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