Archivo de la categoría: Actualidad

El criterio de caja del IVA pensado sólo para microempresas

Mario Cantalapiedra – Economista

En el pasado Debate sobre el Estado de la Nación del mes de febrero, el presidente del Gobierno español anunció el establecimiento de un nuevo régimen especial en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el de criterio de caja, el cual habrá de permitir a un número determinado de pequeñas empresas no tener que liquidar a la Agencia Tributaria el IVA que repercuten en sus facturas de venta hasta que no lo hayan cobrado de sus clientes. Este régimen, que tendrá carácter voluntario para las empresas afectadas, en principio estará disponible a partir del año 2014.

Más allá de la complejidad técnica que se adivina para aplicar el criterio de caja en el IVA y hacerlo convivir con el ordinario del devengo, me gustaría incidir en el calado real de la medida en cuanto al conjunto de destinatarios finales de la misma. En principio, el presidente del Gobierno anunció que el nuevo régimen será de aplicación para aquellas pymes y aquellos autónomos que facturen menos de dos millones de euros, límite de facturación que coincide con el utilizado por la Unión Europa para catalogar a las compañías como microempresas, último estrato de tamaño dentro de las pymes, es decir, aquel que agrupa a las más pequeñas dentro de las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, si lo que se quiere es ayudar al mayor número de pymes que atraviesan problemas de liquidez por la morosidad de sus clientes, parece interesante atender iniciativas como la propuesta, a principios de este mes de marzo, en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Catalán, la cual busca extender el criterio de caja a las empresas catalogadas por el Impuesto sobre Sociedades como de reducida dimensión, en concreto, aquellas cuyo importe neto de cifra de negocios es inferior a los diez millones de euros. Sin tener la estadística delante, no es difícil suponer que habrá muchas empresas que facturen entre dos y diez millones de euros con graves problemas de tesorería, que agradecerían mucho tener la opción de liquidar el IVA de sus facturas cuando lo hubieran cobrado. Si finalmente se decide establecer algo tan complejo como el criterio de caja en la liquidación del IVA, parece conveniente que la medida tenga cierta dimensión y no sea un mero parche, que de eso, por desgracia, sabemos mucho en este país.

Modificado el tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2013

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor, el pasado 24 de febrero de 2013, del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se ha modificado el interés de demora que el deudor estará obligado a pagar por incumplimiento del plazo de pago, a falta de interés que se pacte en el contrato. Este interés de demora se obtendrá sumando al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo, a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, ocho puntos porcentuales. Luego lo que se hace ahora es elevar el coste en un punto porcentual sobre lo que consideraba el cálculo anterior.

Sigue manteniéndose que los intereses de demora surgirán automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo y que el acreedor tendrá derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que dicho deudor demuestre que no es responsable del retraso.

Tipo de interes de demora

En economía no hay ratoncitos de laboratorio: Cuatro supuestos básicos del modelo económico

Mario Cantalapiedra – Economista

Existen ciencias tales como la química o la medicina que para realizar sus experimentos utilizan determinados espacios físicos, laboratorios, en los que pueden realizar sus pruebas y ver los resultados que se obtienen. Un investigador médico puede suministrar un nuevo medicamento a un ratoncito y comprobar sus efectos antes de probarlo en humanos. Sin embargo, los economistas no tenemos laboratorios ni ratoncitos donde probar cómo pueden funcionar las medidas económicas, el laboratorio de la economía es ni más ni menos que el mundo real.

El problema es que la economía, como toda ciencia que se precie, tiene que tener un modelo con el que trabajar, el cual, en este caso, exigirá simplificar y abstraer la realidad. Por tanto, los modelos económicos podría decirse que vienen a ser representaciones simplificadas, preferentemente en términos matemáticos, del mundo real. Y para construir dichos modelos económicos es necesario utilizar supuestos, hipótesis de que algo es cierto, que si bien hacen perder realismo consiguen ganar en claridad y generalidad. Entre los más utilizados en economía se encuentran los cuatro siguientes:

1. Comportamiento racional de los individuos

Se basa en que los agentes económicos (consumidores, empresas, etcétera) toman las decisiones más efectivas para alcanzar sus propios objetivos. Implica que los individuos actúan de modo coherente con un conjunto sistemático de preferencias, por lo que sus acciones serán relativamente predecibles y se podrán estudiar las consecuencias que tendrán sobre ellas determinados cambios.

2. Búsqueda del interés individual

Los agentes económicos actúan por egoísmo y siempre tratan de maximizar alguna magnitud (salario, beneficio, valor, etcétera).

3. La Ley de los Grandes Números

Aunque es posible la existencia de comportamientos que se alejen de la media, estos tienden a compensarse entre sí. Esta ley es básica, por ejemplo, para determinar las primas de cobertura de riesgos en la industria del seguro. De tal modo que cuando se aplica sobre una muestra estadística lo suficientemente grande, permite conocer el grado de posibilidad de que se produzca un suceso determinado, como puede ser el siniestro de un automóvil, y fijar la prima de cobertura correspondiente.

4. Ceteris paribus (Todo lo demás permanece igual)

Esta expresión latina hace referencia al hecho de suponer que en un modelo económico, excepto las variables que se están estudiando, todas las demás permanecerán constantes. Es un supuesto bastante irreal, siempre varían, pero es necesario para abstraer y simplificar.

Aprobada una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

A través del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores que estará dotado con 2.600 millones de euros.

Los proveedores de Ayuntamientos y C.C.A.A. que se acojan al nuevo Plan de Pago a Proveedores tendrán hasta el 22 de marzo para comprobar si sus facturas, que han de ser anteriores al 1 de enero de 2012,  han sido comunicadas por su deudora al Ministerio de Hacienda ( pueden hacerlo a través de: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/20130222_Proveedores.aspx ) o, en caso contrario, para solicitar que se incluyan mediante una certificación individual de reconocimiento de la obligación  de pago emitida por la Administración deudora. Una vez tengan reconocido su derecho de cobro, recibirán el importe de la deuda antes del 15 de junio de 2013.

Como novedades del nuevo Plan de Pago a Proveedores podemos destacar:

  • Se podrán acoger al mismo entidades que quedaron fuera en la primera fase, como son las mancomunidades de municipios, la entidades locales del Pais Vasco y Navarra (previo convenio con la Administración del Estado).
  • También podrán acogerse municipios y C.C.A.A. ya acogidos en la primera fase para aquellas deudas que no fueron abonadas por corresponder a fórmulas contractuales excluidas del primer plan.
  • Se incluyen deudas procedentes de modalidades contractuales no contempladas en el primer Plan de Pago a Proveedores. Así, podrán incluirse deudas derivadas de derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Sin duda se trata de una gran noticia, aunque en muchos casos tardía,  puesto que supondrá un influjo de liquidez en el sistema y permitirá subsistir a muchas empresas ahogadas por la morosidad del sector público, tal como ocurrió con la primera fase de este plan de pago a proveedores.

Modificada la Ley de Morosidad: Se reduce el plazo máximo de pago a un máximo de 30 días ampliable a 60.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El 22 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo al emprendedor, estímulo al crecimiento y creación de empleo.

Entre las medidas comprendidas en la norma se incluye, en su artículo 33, una nueva modificación de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que ya fue modificada por la Ley 15/2010. La nueva reforma de la normativa patria en materia de morosidad y plazos de pago viene a incorporar la nueva Directiva Comunitaria en la materia con los siguientes cambios:

Cambia el plazo máximo de pago en operaciones comerciales

El plazo máximo de pago vigente a partir de 2013 (tras los plazos del período transitorio) era de 60 días como máximo a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Con la nueva norma el plazo máximo de pago en operaciones comerciales entre empresas y profesionales pasa a ser de 30 días, si bien ahora se admite su ampliación mediante pacto entre las partes siempre y cuando no se supere un máximo de 60 días.

Aumenta el tipo de interes de demora exigible

Continúamos pudiendo exigir el interés de demora devengado, de forma automática y sin necesidad de requerimiento al deudor, desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el efectivo pago, si bien el tipo interés aplicable pasa a ser el utilizado por el Banco Central Europeo en su última operación principal de financiación ampliado en 8 puntos porcentuales, en lugar de los 7 puntos que hasta ahora se aplicaban.

Se incluye una indemnización mínima de los gastos que el recobro del impagado genera a su acreedor

Así, por el mero hecho de haber incurrido en mora se podrá reclamar una cuantía mínima de 40 euros en concepto de gastos generados por el recobro sin necesidad de acreditar documentalmente el gasto. Esta cantidad podrá, por el mero hecho de haber incurrido en mora, añadirse sin más al principal reclamado.

Si los gastos generados superan esta cuantía podrán seguirse reclamando lo que puedan acreditarse y superen los 40 euros en los mismos términos previstos en la norma.

Se refuerza, además, la obligación de pago de esta indemnización ya que se define de forma clara y directa como cláusula abusiva, que puede ser declarada nula, aquella que suponga la renuncia a esta indemnización.

El Mapa Global de Riesgos 2012 (Global Risks Map) del Foro Económico Mundial

Economic Risk 2012

Economic Risk 2012

Ignacio Jiménez

El Mapa Global de Riesgos 2012 (Global Risks Map) del Foro Económico Mundial revela que hay cuatro grandes grupos de riesgo que juegan un papel importante y tienen fuertes conexiones entre ellos:

  • La fuerte disparidad de ingresos (económico)
  • Riesgo financiero sistémico (económica)
  • Imprevistas consecuencias negativas de la regulación (económica)
  • La extrema volatilidad en los precios de la energía y la agricultura (económico)

Las líneas más claras identifican aquellos los riesgos que tienen menos fuerza en las conexiones por parte de los encuestados. Las señales débiles son:

  • La vulnerabilidad a las tormentas geomagnéticas (medio ambiente)
  • La proliferación de los desechos orbitales (tecnológica)
  • Las consecuencias no intencionales de la nanotecnología (tecnología)
  • Las políticas antidrogas ineficaces (la sociedad)
  • La militarización del espacio (geopolítica)

Los riesgos que los encuestados identifican como de bajo impacto y la baja probabilidad muestran una significativa variación, sobre todo entre las distintas regiones.

Ver Informe de Riesgos Globales 2012 completo en www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdf

Economic Risk 2012

Economic Risk 2012

La colisión de derechos. El Derecho a la Protección de Datos y el Derecho a la Libertad de Expresión.

El reconocimiento del derecho a la Protección de Datos a nivel constitucional lo encontramos en el Artículo: 18. 1º y 4º CE y el reconocimiento del derecho a la Libertad de Expresión se encuentra igualmente reconocido en el Artículo 20, 1º a) y d) del mismo texto.

Ambos derechos disponen de una protección máxima por parte del legislador al disponer el Artículo 53 2º CE: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el Artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el Artículo 30”.

No obstante, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiende a otorgar una posición preferente al derecho a la Libertad de Expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre y cuando los hechos comunicados o informados se consideren de relevancia pública.

En esa confrontación de derechos, para que prime el de la Libertad de Información, se requiere que la información transmitida sea veraz, y relativa a asuntos públicos que sean de interés general por las materias de que traten y por las personas que en ellos intervienen. Todo ello contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la llamada “opinión pública”, esto último muy vinculado al ejercicio del “Pluralismo Político”, institución angular en un “estado social y democrático de derecho”.

Cabe proclamar que ningún ciudadano que no goce de la condición de personaje público ni sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a soportar que sus datos de carácter personal circulen por la red, por ejemplo, sin poder reaccionar ni corregir la inclusión ilegítima de los mismos.

Así, en esta misma dirección se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo de 26 de Junio 2008 al enjuiciar la publicación en una web de una relación o listado de imputados en actos de tortura, considerándola ilícita.

No es posible la publicación de un listado de presuntos agentes públicos (policías y políticos) imputados en actos de tortura, por una organización privada en internet puesto que está atribuido en exclusiva a la administración pública la creación de ficheros de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas de acuerdo con las respectivas normas reguladoras. Artículo 7.5 LOPD.

Añadir que según la referida sentencia, la publicidad de las actuaciones judiciales ha de interpretarse en su sentido justo, no quiere decir que cualquier persona tenga acceso a los datos relativos a un proceso sino requiere, por parte de quien invoca y ejercita el derecho a la información, la concurrencia de la condición de “interesado”, sin que la expresión “cualquier interesado” empleada por el art. 266.1 LOPJ lo contradiga: es interesado quien acredita una relación directa con el proceso. No existe dispensa del consentimiento en la publicación de una relación de personas imputadas en la comisión de delitos por el hecho de estar dicha información sub iudice.

El derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a su titular un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado.

Prevalecerá el derecho a la Libertad de Información ( comentando la  sentencia de la Audiencia Nacional de 8 Mayo 2009) a propósito de la denuncia a una productora de televisión por la publicación de una información personal, estableciendo que la protección que otorga la LOPD queda circunscrita a la información personal pero que no se hace extensiva a las opiniones de personas, las cuales pertenecen a quien las emite: “ El precepto protege a cualquier “información” concerniente a dichas personas físicas, no a cualquier “opinión” referente a dichas personas, pues las meras opiniones quedan al margen del ámbito protector de la LOPD “ se puede leer en la comentada sentencia. Sería objeto de protección en el orden penal como un posible delito de calumnias si se diera su supuesto de hecho por ejemplo.

El Derecho a la Libertad de Expresión tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, pero otorgando la jurisprudencia a este último de una suerte de privilegio por estar su reconocimiento en el mismísimo pilar de una sociedad democrática.

El Banco de España y la salud visual de la clientela bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Envueltos en la polémica y en ocasiones hasta el drama que ha llevado a muchos ciudadanos a invertir los ahorros de toda su vida en activos financieros cuyas condiciones reales sobre riesgo, rentabilidad y, sobre todo, liquidez parecían desconocer, el Banco de España ha estableciendo a través de la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, una serie de reglas para mejorar la información que se da a la clientela bancaria.

En base a la Norma sexta de esta Circular, “las entidades (de crédito) deberán facilitar de forma gratuita al cliente toda la información precontractual que sea precisa para que pueda comparar ofertas similares y pueda adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario. Esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa, y habrá de entregarse, en papel o en cualquier otro soporte duradero, con la debida antelación en función del tipo de contrato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente asuma cualquier obligación en virtud de dicho contrato u oferta”.  El Banco de España va más allá y regula los conceptos y datos específicos que deberán resaltarse en la información que se facilite, según sea el producto en cuestión. Por ejemplo, en el caso de depósitos a la vista y de ahorro, deberán resaltarse la duración del contrato, la circunstancia de que la retribución ofrecida se condicione a la contratación o uso de uno o varios servicios accesorios y cuales son, la tasa anual equivalente (en su caso) y el fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad si es diferente al creado por el Real Decreto-ley 16/2011 y que nos garantiza los famosos 100.000 euros por depositante, dicho sea de paso.

Como curiosidad, la Circular también regula el tamaño mínimo que en lo sucesivo deberá observar la letra pequeña de precontratos y contratos bancarios, que no podrá tener una altura inferior a un milímetro y medio. La pregunta que cabe hacerse es si esta medida es el inicio de una cruzada del supervisor contra los abusos bancarios cometidos a través de dicha letra pequeña o simplemente el reflejo de su preocupación por cuidar la salud visual de los clientes de las entidades bancarias.

 

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2012

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 26 de junio de 2011, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE de pasado 30 de junio de 2012, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2012 sea del 8 por 100, con lo que se mantiene invariado el tipo anterior.

Por tanto y a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

Tipo legal de interes de demora

Evolución del tipo legal de interés de demora

La relación detallada de riesgos por operaciones bancarias o “pool” bancario

Mario Cantalapiedra Economista

En más de una ocasión puede que los gestores de las entidades de crédito con las que trabajas te hayan solicitado lo que en su jerga denominan “pool” bancario, es decir, la relación detallada de riesgos por operaciones bancarias (préstamos, créditos, descuentos comerciales, arrendamientos financieros, etcétera) que mantienes en un momento determinado. En la misma suele incluirse el nombre de cada entidad financiera con la que se trabaja, los productos financieros concretos que le suponen riesgo y los límites concedidos en cada caso.

¿Y qué hace tu banco con dicha relación? Pues realmente la solicitan para conocer el volumen de riesgo que acumulas, así como el grado de concentración del mismo entre las distintas entidades competidoras. Estos datos se contrastan con los que pueden obtener a través de la consulta a la Central de Riesgos del Banco de España (CIRBE), para comprobar su veracidad. No obstante, hay que recordar que los bancos a través de esta base de datos oficial solo pueden conocer saldos disponibles y dispuestos agregados por tipo de operación, pero no tienen acceso ni al detalle de los importes por entidad financiera ni a las denominaciones concretas de estas. Solamente sabrán los bancos con los que trabajas si tú se lo comunicas de forma explícita. Lo mismo cabría decir de los precios negociados de los distintos productos con la competencia, solo los conocerán si tú les informas de ellos directamente De ahí que el “pool” bancario que entregues al banco pueda ser más o menos completo. Te adjunto un ejemplo de esta relación para una empresa que tiene contratada con tres entidades financieras pólizas de crédito y líneas de descuento comercial.

Pool Bancario

Otra acepción de la expresión “pool” bancario que es muy utilizada dentro del mundo financiero, hace referencia a la unión que realizan distintas entidades financieras para la gestión y concesión de créditos de importes elevados, como, por ejemplo, la que se ha realizado recientemente para financiar el pago a proveedores de los ayuntamientos españoles. En esta situación se dice que las entidades de crédito se asocian en un sindicato o “pool” bancario.

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