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Desaparece la obligación de registrar las tarifas máximas por comisiones bancarias

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 29 de abril entró en vigor parte de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (BOE de 29 de octubre), por la que desaparece una obligación histórica que, en materia de comisiones, tenían las entidades de crédito que operan en España. En concreto, hasta la fecha, venían obligadas a elaborar un folleto de tarifas de comisiones cobradas por los servicios que prestan, el cual era registrado en el Banco de España y podía ser consultado libremente a través de su web por cualquier interesado, que podía comparar los costes repercutidos por cada entidad.

En este folleto de tarifas lo que se comunicaban eran las cantidades máximas por comisiones a cobrar, las cuales no podían ser sobrepasadas por las entidades bancarias, a excepción de aquellos casos donde las comisiones se registraban de un modo orientativo al depender su importe real de las características finales de la operación contratada, como, por ejemplo, las correspondientes a garantías crediticias tipo aval o las que las entidades financieras repercuten por el factoring en su modalidad sin recurso. En opinión del Banco de España “puede” que las entidades financieras de forma libre mantengan el registro de dichos folletos, pero en este caso ya no tendrán la obligación de darles un carácter de máximas y podrán registrarlas a efectos meramente informativos.

La nueva Orden referida al principio del post, únicamente establece la obligación de que las entidades de crédito pongan a disposición de sus clientes no empresariales, es decir, consumidores, los tipos de interés y comisiones que habitualmente apliquen a los servicios que presten con una mayor frecuencia. Por tanto, a partir de ahora no existirá ninguna limitación al importe que pueda cobrar un banco en concepto de comisión, salvo que de forma particular y expresa se introduzca por alguna disposición legal. No sé a ti, pero a mi me parece que los clientes de las entidades de crédito con esta nueva norma perdemos parte de nuestros derechos ante ellas y más en el contexto en el que nos estamos moviendo en la actualidad. No parece muy lógico que se establezca una legislación por la que se limitan las operaciones en efectivo, lo que al final llevará a que se “trabaje” más con los bancos, no nos engañemos y, por otro lado, se elimine la exigencia de comunicar unos precios máximos para las comisiones bancarias.

Cinco diferencias entre “forfaiting” y “factoring”

Mario Cantalapiedra – Economista

Forfaiting es un término anglosajón utilizado para referirse a un sistema de financiación de las exportaciones que se ofrece sin recurso. En esta operación financiera la entidad de crédito anticipa al exportador efectos comerciales generados en el comercio internacional a cargo del importador, por regla general, pagarés o letras de cambio, asumiendo el riesgo total de impago. En España también se conoce como descuento sin recurso, para diferenciarlo precisamente del descuento comercial simple, que es una operación siempre con recurso y, por tanto, bastante más barata.

El forfaiting te puede servir para cobrar las operaciones que realices con clientes radicados en países que, bien por su falta de desarrollo, bien por su inestabilidad política o económica, tengan un elevado riesgo. Debido a dicho riesgo, la entidad de crédito que anticipa los efectos te exigirá normalmente que los mismos vayan avalados por el banco del importador u otra entidad financiera.

El forfaiting suele confundirse con el factoring, sobre todo con el que se ofrece en su modalidad de exportación, cuando hay varios elementos que los diferencian en la práctica, como son los siguientes:

1. Ámbito de la operación

El forfaiting está previsto para operaciones de exportación.

El factoring se prevé tanto para ventas nacionales como internacionales (factoring de exportación).

2. Soporte documental

El forfaiting suele soportarse en letras de cambio o pagarés, medios de pago que son aceptados internacionalmente.

El factoring se soporta en facturas de venta.

3. Servicios adicionales

El forfaiting únicamente incluye el anticipo de la venta, es decir, la financiación.

El factoring, aparte de la opción de financiación, ofrece otros servicios adicionales como la investigación comercial de los clientes o la administración y control contable de las facturas cedidas.

4. Plazo

En el forfaiting se pueden anticipar letras o pagarés con un plazo largo de vencimiento, que inclusive puede llegar hasta los cinco años. Los plazos de pago, en cualquier caso, deberán estar en consonancia con la naturaleza del bien o servicio que se exporta, más cortos para bienes de consumo, más largos para bienes de equipo.

El factoring es difícil que se acepte para vencimientos de facturas que superen los seis meses.

5. Cobertura del riesgo de impago

El forfaiting siempre se realiza bajo la modalidad sin recurso, luego el riesgo de impago está cubierto al cien por cien.

El factoring puede realizarse con o sin recurso, pudiendo negociarse en el segundo de los casos coberturas inferiores al cien por cien que abaraten el coste de la operación.

Insistencia en el error

La consistencia en el error, dentro de lo malo, tiene un elemento positivo, y es que te permite prever una situación futura, matizándola en ese grado de error. Pero la insistencia en el error es siempre negativa. Y eso es lo que se ha producido con la resolución de 13 de Abril para pago a proveedores de Comunidades Autónomas. Se han vuelto a repetir (de hecho a copiar casi literalmente)los errores del Real Decreto 4/2012 para pagos a entidades locales. Ya al dar nuestra opinión sobre este Real Decreto en el post anterior NUESTRA PEQUEÑA GRECIA hablábamos de que si bien había una indudable entrada de liquidez para las compañías que, por fin, cobrarían sus deudas, había ciertos elementos discordantes. Y al ver la resolución de 13 de Abril vemos que el letrado del Ministerio se ha limitado a hacer un “corta y pega” de la normativa anterior.

Y por resumir las incidencias, serían

1.- Cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que una Ley votada por las Cortes tiene más peso jurídico que un Real Decreto y no digamos ya que una Resolución firmada por un Secretario General. Pues en este país, dada la “grave situación económica”, un Real Decreto y una Resolución pasan por delante de Ley de Morosidad (esas leyes que se publicaron en el BOE precedidas del famoso “ A todos los que la presente vieren y entendieren SABED que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar…”).Un Parlamento dice que “los intereses de demora son innegociables….” .Y un gobierno y un secretario dicen que ni intereses, ni gastos de cobro ni gastos judiciales. ¿A eso se llama seguridad jurídica?

2.- Con los tiempos del proceso requerido para saber cuanto debe cada Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, nos vamos a plazos de morosidad adicional. No es ya que solo hablemos de deudas vencidas y exigibles hasta 31/12/2011, sino que, con los procedimientos “inventados” de informar, conformar, aceptar y financiar, difícilmente antes de la segunda quincena de mayo se empezaran a cobrar esas facturas. O sea, casi 150 días de atraso. Y la de las Comunidades Autónomas, más aún, pues solo el 13 de Abril han empezado a “ponerse las pilas”. Eso teniendo en cuenta que en el caso de los Ayuntamientos no se fija un plazo cierto para que se apruebe la formalización de las operaciones de crédito pertinente.

3.- El plazo de los acreedores, que llevan algunos años esperando, para poder aceptar las facturas es el más corto de todos. Solo va del 2 de Abril al 22 de Abril. Y esa información de plazos, eminentemente relevante, debe encontrarse en una simple “Nota informativa de la AEAT sobre procedimiento de pago a proveedores”. Tanto Real Decreto y tanta reunión para esconderlo todo en una página WEB. Y el que llegue tarde ¿Qué? Las grandes empresas no perderán comba, pero ¿Y las PYMES?

4.- El famoso “Descuento ofertado”. El Real decreto dice que lo hay, el Ministro dice públicamente que no lo habrá, la resolución sobre Comunidades Autónomas lo vuelve a incluir, y en la WEB de la AEAT para aceptar este proceso de cobro se habla de “descuento acordado”. ¿Acordado con quién? ¿Ofertado por quién? Al acceder a la WEB, el acreedor debe colocar su descuento, como si fuera una subasta, esperando que le guste a quien lo lea después. Y lo mejor: La AEAT no lo incluye como uno de los criterios para la prelación de pagos. Claro que a estas alturas, ya no se sabe que tiene más peso jurídico, si una nota informativa, una resolución, un Ministro, un Real Decreto o el Parlamento

5.- Lo que nadie dice es como tratará la AEAT ese descuento. Al no haber situación jurídicamente relevante (sentencia judicial o similar), y ser una propuesta libremente planteada por el acreedor, ese descuento puede ser perfectamente considerado como una liberalidad. Y por lo tanto no ser considerado su IVA como deducible, ni deducible la pérdida a efectos de IRS o IRPF. ¿Debe de generarse una factura rectificativa ¿ ¿Con qué concepto? Está claro que como descuento por pronto pago no. Y esto no lo explican en ninguna WEB o nota informativa que haya podido localizar

6.- Hay ayuntamientos que teniendo deuda por 10 han pedido ayudas por 6. ¿Y los otros 4? ¿No cobran? ¿Su plan de ajuste explica cómo se pondrán al día? Esperemos que las nuevas normas de transparencia resuelvan esto de alguna manera coherente. Porque doy por supuesto que todas las facturas de enero, febrero y marzo se están pagando a su vencimiento ¿O no?

7.- “Los muertos no se cuentan” .Como en el título de este libro, los caídos por la crisis o por la morosidad de quien ahora recibirá dinero para pagar, no podrán ir a reclamar su deuda. ¿Informarán los ayuntamientos de cuantas facturas no deberán atender porque nadie las reclama? ¿Las publicará el Ministerio, pues tiene la relación, teóricamente exhaustiva, y podrá decir quién no ha ido a cobrar, porque ya no existe? Será una buena terapia para darnos cuenta de las “bestialidades” que a veces se han hecho

8.- Algunas compañías tiene en sus políticas de crédito la norma de no trabajar con clientes que hayan generado pérdida a la compañía. Se suele ser “laxo” con este criterio, porque no se suele incluir el coste de la morosidad o los costes de recobro como pérdida. Pero si hay una quita con una entidad local o comunidad autónoma. ¿Se cambiaran esos criterios de la política de riesgo? Dado que estas normativas están poniendo a la luz el hecho de que las entidades públicas ya no solo tienen riesgo de atraso, sino que tienen incluso riesgo de insolvencia (aunque sea parcial) deberían especificarse los límites y las operativas de aceptación de riesgos con este tipo de entidades a futuro.

Y 3 conclusiones:

Unos 27.000 millones, menos quitas ,que las empresas le tenían prestados a ayuntamientos y comunidades van a volver a las empresas, y de ahí, en gran parte, a los bancos , para cubrir las financiaciones que esas mismas deudas generaron. Es un círculo más  vicioso que virtuoso, porque seguramente su siguiente paso será tapar el agujero de los bancos, y no tanto volver a las empresas. Esta siendo un proceso lento, farragoso, y con demasiadas dudas. Demasiado voluntarista para la preparación que se supone en nuestros gestores públicos

Papa Estado no se puede quejar. De los 27.000 millones (menos quitas) que paga ahora, unos 4.800 millones ya los había cobrado vía IVA de los acreedores que ahora se ponen en cola. Buen momento para recordar aquella promesa de que, en PYMES, el IVA no se pague (ni se deduzca) hasta que la factura se cobre( o se pague). La AEAT ha demostrado que tiene conocimiento, tecnología y capacidad para gestionar este tema. Eso sí que sería una buena inyección de crédito a la economía nacional.

Y final: dicen los manuales que las frustraciones se generan cuando hay  expectativas que no se cumplen. Con este tema hemos ido, poco a poco, reduciendo la expectativa. Al final, lo que llegue será bienvenido. No era lo que pensábamos al principio, pero es liquidez. Y en estos momentos, es lo que más escasea.

La mediación en asuntos civiles o mercantiles ( incluidos los asuntos transfronterizos )

Ignasi Frigola – Abogado

El Gobierno promulgó el pasado 2 de Marzo el Real Decreto-ley 5/2012 de 5 de Marzo de “mediación en asuntos civiles y mercantiles” con el que da cumplimiento a lo contenido en la directiva 2008/52/CE de 21 de Mayo de 2008 incorporándola al derecho interno español.

A continuación se pretende apuntar unas pocas ideas sobre las novedades que esta norma ha supuesto para nuestro derecho.

Ciertamente con la regulación de la institución de la mediación se trata de devolver la capacidad de resolver los propios conflictos a sus protagonistas, desjudicializándolos: simplemente porque son las partes quienes mejor sabrán resolverlos.

Me gusta describir la mediación, como aquel proceso con intervención de tercero con el que se pretende separar y desgajar del conjunto del conflicto existente, el problema jurídico por una parte, del problema personal o sentimental, por otra; dicho de otro modo, separamos el problema del sentimiento.
Según el Real decreto aprobado, la mediación se basa en la voluntariedad y la libre decisión de las partes, Artículo 6, desapareciendo la obligatoriedad de acudir a un proceso mediador en determinados supuestos como habían establecido propuestas legislativas anteriores.

Son principios que inspiran el proceso: la igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores, su neutralidad, y la confidencialidad, protegiéndose esta última, desde un punto de vista legal estableciendo que a quienes participen como mediadores se les “impide declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o arbitraje que se celebre” en un futuro.

El comienzo del proceso mediador suspenderá la prescripción o la caducidad de las acciones. Esta suspensión se prolongará durante el tiempo que medie hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación, o se produzca su terminación según las causas previstas en la ley.

En el artículo 15 se aborda el tema del coste de la mediación, tema de capital importancia, a saber: “1.- El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.”

Me parece interesante apuntar que la norma en absoluto establece plazos de duración del proceso mediador, su artículo 20 dispone:”La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones”.

El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediación, y las partes intervinientes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras el procedimiento de mediación; el acuerdo de mediación se presentará ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación alcanzada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación.- Artículo 25.4.

Dos apuntes muy breves para terminar: en primer lugar, la presente regulación se circunscribe al ámbito de las competencias del Estado en materia mercantil, procesal y civil sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. Hay que citar por su modernidad, la ley catalana 15/ 2009 de 22 de Julio de “mediación en el ámbito del derecho privado” que regula para Cataluña el tema estrella de “la mediación familiar”, fundamentalmente.

En este punto pueden surgir problemas derivados de la existencia del Derecho Civil, foral y propio de algunos territorios pero que se tratarán de resolver, muchas veces, alegando la exclusividad competencial del Estado en materia de legislación sobre el proceso civil, siendo la mediación un procedimiento al fin y al cabo, y en otras ocasiones acudiendo a la materia regulada, atribuyendo dicha competencia a la Comunidad Autónoma.

La reforma aborda la facultad de las partes de disponer sobre sus propios asuntos, sometiéndolos a mediación, y será fundamental la actuación de los jueces “invitando” a los litigantes a llegar a acuerdos, informando a los justiciables de las ventajas de acudir a una mediación.
No terminaré sin dejar bien claro que con el desarrollo de esta institución la función del abogado no debe verse amenazada de ninguna manera: habrán temas que deberán ser resueltos por medio de la mediación, y otros asuntos, que precisarán para su solución de una contienda entre partes a través de un proceso judicial.

Los Bancos comprarán las facturas impagadas por las administraciones autonómicas y locales

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El pasado 10 de marzo se publicó en el B.O.E. el Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo por el que se aprueba la creación del Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Se articula así el instrumento para que los acreedores de estas Administraciones Públicas puedan cobrar las facturas impagadas anteriores a enero de 2012.
Los pagos se harán en colaboración con el I.C.O. y a través de un crédito sindicado bancario de 35.000 millones de euros.

Las facturas impagadas serán abonadas directamente al proveedor por el Fondo de Financiación y no habrá obligación de realizar quitas, si bien quien se acoja a este sistema para cobrar sus facturas impagadas deberá renunciar al cobro de los intereses de demora.

Pues bien, las entidades bancarias ofrecerán la compra de estas facturas susceptibles de cobro a través del Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores, lo que posibilitará a los acreedores su cobro de forma inmediata.

El mecanismo es sencillo y funcionará de un modo similar al descuento de pagarés. Los bancos comprarán las facturas a sus titulares por el importe de su nominal reducido en un porcentaje que oscilará entre el 8 y el 10%. Después el banco comprador de la factura se subrogará en la posición del acreedor y la cobrará del citado Fondo de Financiación.

Entrevista a José Manuel González Páramo – Un crecimiento fuerte depende de las reformas estructurales

La entrevista íntegra del miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, José Manuel González Páramo, en la que analiza el entorno económico europeo por Crédito y Caución. 

entrevista a Jose Manuel González Páramo

 

Cuando se agolpan las preguntas es fundamental saber quién tiene las respuestas. José Manuel González-Páramo [Madrid, 1958] es un defensor de la ortodoxia, tan criticada por unos como alabada por otros, del Banco Central Europeo [BCE]. Miembro del Comité Ejecutivo de esta institución, es el español que ocupa una posición más relevante en el seno de un organismo económico internacional. Su opinión cuenta, influye en mercados y gobiernos. Un pensamiento realista [`la crisis de deuda soberana evidencia que el saneamiento de las finanzas públicas es urgente´] pero a la vez esperanzado [`saldremos fortalecidos si no nos abandonamos a la inacción´]. En esta bipolaridad sitúa la lectura de los acontecimientos que vivimos. Una época con tantos interrogantes como desafíos, cuya solución comienza por algo tan sencillo, y al tiempo difícil, como hacerles frente.

 

La PMCM propone multas de hasta 900.000 euros para las empresas morosas

Proponen un régimen sancionador con multas paran las empresas que incumplan la Ley de Contra la Morosidad

Pere J. Brachfield, profesor de Credit Management de EAE Business School y socio director de Morosología.

La “Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre”, entró en vigor el día 7 de julio de 2010, gracias a la iniciativa legislativa del grupo parlamentario de Convergència i Unió e impulsada por la PMCM Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad. La Ley 15/2010 de 5 de julio materializó un marco legislativo para que España se produzca un cambio estructural del sistema económico-financiero y que España no esté permanentemente en el furgón de cola de los plazos de pago. El objetivo de la Ley es posibilitar que en el futuro pasemos a ser un país competitivo en lo referente a los plazos de cobro, al situarlos a niveles similares de la mayoría de los países europeos.

No obstante más de un año después de su promulgación la nueva legislación no ha conseguido todas las aspiraciones de los empresarios y de la PMCM.  En gran parte es por la ausencia en la propia Ley 15/2010 de 5 de julio de un régimen sancionador para las empresas incumplidoras de los plazos de pago máximos establecidos por la Ley. En efecto cuando el legislador debatió el proyecto de ley, hubo una enmienda transaccional que no superó el trámite legislativo en la redacción definitiva de la Ley. Esta propuesta era la de introducir un  régimen general de infracciones y sanciones en la futura Ley. Esta enmienda pretendía crear el marco legal para que las administraciones públicas pudieran comprobar de oficio o a instancia de parte, el cumplimiento de lo previsto en la ley contra la morosidad, a cuyo fin podrían desarrollar las actuaciones inspectoras y sancionadoras en las empresas infractoras. Los políticos dejaron para más adelante el desarrollo de un Reglamento que implementara el régimen sancionador.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la reforma de la Ley contra la Morosidad 15/2010, ha presentado recientemente el estudio “Comparativa europea de plazos de pago en las transacciones comerciales. Según el informe, España es el tercer país de la UE-15 con plazos de pago más dilatados (99 días), por detrás de Grecia (110) y de Italia (103), y seguida de Portugal (92) (estos datos son los presentados en dicho estudio de la PMcM).

El portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, aclaró que “los plazos de pago de las administraciones públicas europeas presentan más dispersión que los pagos entre empresas”. En este ámbito público Finlandia es el país con mejores prácticas de pago (24 días), mientras que en el extremo opuesto, en el grupo de pagadores tardíos, despuntan cuatro países con pagos a más de 100 días. Se trata de Italia (180 días), Grecia (168 días), España (153 días) y Portugal (139 días). España es, por tanto, el tercer peor pagador.

En su opinión, “con este estudio se constata que los países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) son los que tienen más problemas en los plazos de pago, frente a los países centrales (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) que presentan una velocidad normal de pago, y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), que son los que tienen mejores prácticas de pago.

Ante este hecho, la PMcM insta a que la lucha contra la morosidad se tome como “un proyecto de competitividad del país, porque dilatar los plazos de pago, como ocurre en España, genera importantes costes financieros que reducen la competitividad de las empresas, les obliga a tener una mayor capacidad financiera y es la principal causa del cierre de empresas, mientras que las compañías que desarrollan su actividad en países que pagan en plazos cortos juegan con ventaja competitiva”.

Para mejorar esta situación, la PMcM recomienda seguir “el ejemplo del exitoso caso francés, ya que se pasó de un plazo de pago entre empresas en 2006 de 57 días a 48 en 2010, estableciéndose como plazo obligatorio 45 días fin de mes o 60 días desde emisión de factura. Esta ley francesa, que permite la libertad de elección de las partes contratantes para escoger entre las dos opciones y contempla que el proveedor y el cliente puedan acordar un plazo de pago más corto, afecta a todas las empresas fabricantes, distribuidoras, comerciales, emprendedores, artesanos y profesionales, excluyendo a personas físicas no empresarios, comerciantes y profesionales, y ampara excepciones sectoriales por acuerdos hasta el 1 de enero de 2012.

Para Cañete, la ley francesa (LME) “es una apuesta más intervencionista, con mayor incidencia legal particularmente sobre el Código de Comercio y más compulsiva”, asegura Cañete”. La LME opera con “una instrumentación precisa que incluye un sistema de sanciones y la asignación de funciones de control a determinados organismos, además de contar con otros mecanismos como un sistema extrajudicial de comunicación de incumplimiento de pago y de aplicación de la ley (cobro), unos ágiles tribunales de comercio para la reclamación de impagos y la figura del mediador, de gran eficacia y, a decir de muchos, mayor que las propias medidas coercitivas”.

Para España concretamente, la PMcM propone medidas como la definición y aprobación de un reglamento y, sobre todo, de un régimen sancionador por incumplimiento que concrete los mecanismos de aplicación de la Ley 15/2010, porque “sin él la Ley constituye un marco normativo incompleto e ineficaz”, explica Cañete. Por ello, la PMcM ha elaborado esta Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen multas de entre 300.001 a 900.000 euros para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves, y de 6.000 a 30.000 euros para las leves. El Régimen Sancionador contempla que las Comunidades Autónomas puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en infracciones muy graves. Además, cuando la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento por los operadores comerciales lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves.

Dentro de la batería de medidas propuestas por la PMcM, también se ha planteado la necesidad de poner en marcha del Observatorio de la Morosidad, la introducción del criterio de caja en el pago del IVA frente al de devengo, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra retenciones), el impulso de figuras y mecanismos no coercitivos como los mediadores franceses, la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social en concordancia con los plazos de cobro habituales del mercado, la agilización de los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos entre otras medidas y el establecimiento de un plan de reducción de la deuda histórica con proveedores que mantienen las administraciones públicas y sus organismos dependientes, hasta la consecución de los plazos que establece la ley.

“En la lucha contra la morosidad en España tendrá un papel decisivo el equipo que gobierne a partir del 20N, con el que estaremos encantados de sentarnos para esbozar las medidas que se estimen oportunas, entre ellas la que sin duda que será un revulsivo en esta lacra, el régimen sancionador”, sentenció el presidente de la PMcM, Rafael Barón.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a una cuarentena de instituciones sectoriales de toda España, que en conjunto representan a más de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.

Para más información sobre el tema de la lucha contra la morosidad se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com o la web www.morosologia.com

Aumenta el tipo legal de interés de demora

Mario Cantalapiedra – Economista

A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, mediante Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2011 sea del 8,25 por 100, con lo cual se rompe a alza, exactamente en 25 puntos básicos, la estabilidad que el índice venía manteniendo en la cota del 8 por ciento desde el segundo semestre de 2009, tal como podemos observar en el cuadro adjunto.

Os recuerdo que éste será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga al vencimiento sin necesidad de aviso ni requerimiento previo y el acreedor tiene derecho a ellos cuando haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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