Archivo de la categoría: Cobros y recobros

Aprobada una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

A través del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores que estará dotado con 2.600 millones de euros.

Los proveedores de Ayuntamientos y C.C.A.A. que se acojan al nuevo Plan de Pago a Proveedores tendrán hasta el 22 de marzo para comprobar si sus facturas, que han de ser anteriores al 1 de enero de 2012,  han sido comunicadas por su deudora al Ministerio de Hacienda ( pueden hacerlo a través de: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/20130222_Proveedores.aspx ) o, en caso contrario, para solicitar que se incluyan mediante una certificación individual de reconocimiento de la obligación  de pago emitida por la Administración deudora. Una vez tengan reconocido su derecho de cobro, recibirán el importe de la deuda antes del 15 de junio de 2013.

Como novedades del nuevo Plan de Pago a Proveedores podemos destacar:

  • Se podrán acoger al mismo entidades que quedaron fuera en la primera fase, como son las mancomunidades de municipios, la entidades locales del Pais Vasco y Navarra (previo convenio con la Administración del Estado).
  • También podrán acogerse municipios y C.C.A.A. ya acogidos en la primera fase para aquellas deudas que no fueron abonadas por corresponder a fórmulas contractuales excluidas del primer plan.
  • Se incluyen deudas procedentes de modalidades contractuales no contempladas en el primer Plan de Pago a Proveedores. Así, podrán incluirse deudas derivadas de derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Sin duda se trata de una gran noticia, aunque en muchos casos tardía,  puesto que supondrá un influjo de liquidez en el sistema y permitirá subsistir a muchas empresas ahogadas por la morosidad del sector público, tal como ocurrió con la primera fase de este plan de pago a proveedores.

Modificada la Ley de Morosidad: Se reduce el plazo máximo de pago a un máximo de 30 días ampliable a 60.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El 22 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo al emprendedor, estímulo al crecimiento y creación de empleo.

Entre las medidas comprendidas en la norma se incluye, en su artículo 33, una nueva modificación de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que ya fue modificada por la Ley 15/2010. La nueva reforma de la normativa patria en materia de morosidad y plazos de pago viene a incorporar la nueva Directiva Comunitaria en la materia con los siguientes cambios:

Cambia el plazo máximo de pago en operaciones comerciales

El plazo máximo de pago vigente a partir de 2013 (tras los plazos del período transitorio) era de 60 días como máximo a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Con la nueva norma el plazo máximo de pago en operaciones comerciales entre empresas y profesionales pasa a ser de 30 días, si bien ahora se admite su ampliación mediante pacto entre las partes siempre y cuando no se supere un máximo de 60 días.

Aumenta el tipo de interes de demora exigible

Continúamos pudiendo exigir el interés de demora devengado, de forma automática y sin necesidad de requerimiento al deudor, desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el efectivo pago, si bien el tipo interés aplicable pasa a ser el utilizado por el Banco Central Europeo en su última operación principal de financiación ampliado en 8 puntos porcentuales, en lugar de los 7 puntos que hasta ahora se aplicaban.

Se incluye una indemnización mínima de los gastos que el recobro del impagado genera a su acreedor

Así, por el mero hecho de haber incurrido en mora se podrá reclamar una cuantía mínima de 40 euros en concepto de gastos generados por el recobro sin necesidad de acreditar documentalmente el gasto. Esta cantidad podrá, por el mero hecho de haber incurrido en mora, añadirse sin más al principal reclamado.

Si los gastos generados superan esta cuantía podrán seguirse reclamando lo que puedan acreditarse y superen los 40 euros en los mismos términos previstos en la norma.

Se refuerza, además, la obligación de pago de esta indemnización ya que se define de forma clara y directa como cláusula abusiva, que puede ser declarada nula, aquella que suponga la renuncia a esta indemnización.

La reclamación de efectos comerciales antes de su vencimiento

Mario Cantalapiedra – Economista

Con los problemas de falta de liquidez que atraviesan las empresas se generalizan situaciones poco agradables para los departamentos financieros, como las que llevan a tener que reclamar un efecto comercial no vencido (letra, recibo, pagaré), en el que se haya instrumentado el pago de facturas por parte de un cliente, a la entidad financiera donde previamente ha sido descontado.

De este modo, un cliente que atraviesa dificultades financieras contacta con su proveedor para comunicarle que no puede hacer frente al pago de un efecto comercial de vencimiento próximo, invitándole a que lo reclame a la entidad financiera donde lo tiene descontado, de tal modo que no se produzca el impago. Lo normal es que, a cambio, proponga el envío de un nuevo efecto con fecha de vencimiento más alejada en el tiempo y se ofrezca a sufragar todos los gastos que la operación de renovación pueda acarrear.

El proveedor lo primero que debe saber es que no está obligado a aceptar la renovación del efecto comercial, pero en la medida que la relación con el cliente sea buena y en aras de evitar el impago, puede aceptar gestionarla. Para ello deberá tener seguridad que en la cuenta corriente bancaria correspondiente, existe suficiente saldo para cargar el efecto reclamado sin que suponga la aparición de un descubierto en cuenta. El banco ante esta petición tratará de averiguar el porqué de la misma, procediendo a recalcular la liquidación original del descuento comercial. Por un lado, abonará los intereses por el plazo de tiempo que reste hasta vencimiento, por otro, cargará gastos y comisiones por la gestión de la reclamación del efecto. Tanto el resultado neto de esta liquidación como la correspondiente al descuento del nuevo efecto que se emita han de ser repercutidas al cliente, a través de una nota de cargo, para que se abonen al contado. Cuestión aparte, es que se decida cargar al cliente intereses de demora por el retraso en el pago.

También se ha de tener en cuenta, que ante la reclamación de un efecto descontado, la entidad financiera con la que se trabaje puede decidir no descontar papel de ese mismo librado durante un tiempo, bien por miedo al impago, bien por la duda de que la operación pueda esconder detrás un problema mayor como es el de la presencia de papel de colusión o pelota.

Nueva tasa judicial en Cataluña

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

Desde el 1 de mayo de 2012 resulta de aplicación en toda Caluña la obligación de abonar una nueva tasa judicial o tasa que grava el ejercicio de la Acción Judicial ante los Tribunales de Justicia de esta Comunidad Autónoma.

Actualmente ya existe una tasa judicial estatal que, de momento, sólo ha de ser abonada por empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, aunque se está discutiendo un Anteproyecto de Ley orientado a que también tengan que abonarlas cualesquiera empresas y personas físicas que pretendan iniciar una acción judicial en cualquier Partido Judicial a lo largo de nuestra geografía.

Pues bien, la tasa autonómica catalana será independiente y acumulable a la tasa judicial estatal, de tal suerte que si iniciamos, por ejemplo, un procedimiento declarativo ordinario en Cataluña deberemos abonar la tasa autonómica y la tasa estatal (si somos sujetos obligados al pago de esta última).

Esta tasa judicial catalana, en la misma línea que lo que se prevé aprobar para la tasa estatal,  deberá ser abonada por cualquier sujeto que realice alguna de las actuaciones jurisdiccionales gravadas, ya sea empresa, de cualquier tamaño y facturación (quedan exentas las que lo estén de declarar impuesto de sociedades) o persona física (sólo exenta si tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita).

Los supuestos y cuantías de la tasa ya en vigor son los siguientes:

Seminario

En mi opinión, ésta medida lo único que hace es encarecer o dificultar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, constituyéndose en una traba o filtro para la interposición de demandas que, en el caso de los procedimientos de reclamación de cantidad, supondrá que en muchas ocasiones resulte anti económico reclamar judicialmente los legítimos derechos del acreedor.

Los números rojos en la cuenta de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Un aspecto fundamental a controlar sobre la cuenta de crédito es la aparición de los inoportunos descubiertos. No resulta extraño que las empresas en el momento actual de falta de liquidez atraviesen situaciones en las que cualquier mínimo retraso de algún cobro pueda motivarlos. Incluso, en muchas ocasiones, los excedidos se dan únicamente a efectos de fechas de valoración, lo que puede representar, una vez aplicados intereses de descubierto y comisiones de exceso, un importante quebranto económico para la empresa por estar un tiempo menor en números rojos. Por ejemplo, imagina que con el ingreso de un cheque librado en otra entidad bancaria distinta a la de la cuenta de crédito, que se valorará a los dos días hábiles del ingreso, se afronta el pago de un proveedor con vencimiento al día siguiente. Atendiendo a la fecha de valoración, se estaría en rojo un día, debiendo ser penalizado por ello. No obstante, siempre que el descubierto sea algo puntual y la relación con la entidad de crédito sea buena, si es que queda algo de eso, cabe la posibilidad de negociar la no penalización por el descubierto o la reducción de su coste total, argumentando que la provisión de fondos para el pago fue realizada antes del vencimiento, aunque no se valore hasta dos días después.

En ocasiones las entidades financieras adelantan el período de liquidación de intereses cuando se produce un descubierto, algo que debe quedar claramente especificado en el contrato de apertura del crédito y ser tenido muy en cuenta para evitar sorpresas desagradables. También se debe saber si la comisión de exceso sobre el mayor saldo producido se aplicará sobre fecha contable o sobre fecha valor. Aunque el Banco de España obliga en el caso de las cuentas corrientes a que se tome la fecha contable, nada dice con respecto a las de crédito, por lo que sería factible que el banco considerara la fecha valor.

Finalmente recordarte que el control periódico de la evolución de la cuenta, de los cargos y abonos, resulta muy importante, puesto que el descubierto puede no deberse únicamente a tensiones de liquidez de la empresa sino venir motivado en una actuación negligente de la entidad financiera que, por ejemplo, no abona correctamente un cheque en tu cuenta. En cuanto se detecte una irregularidad conviene comunicarla al banco para evitar males mayores.

Los Bancos comprarán las facturas impagadas por las administraciones autonómicas y locales

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El pasado 10 de marzo se publicó en el B.O.E. el Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo por el que se aprueba la creación del Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Se articula así el instrumento para que los acreedores de estas Administraciones Públicas puedan cobrar las facturas impagadas anteriores a enero de 2012.
Los pagos se harán en colaboración con el I.C.O. y a través de un crédito sindicado bancario de 35.000 millones de euros.

Las facturas impagadas serán abonadas directamente al proveedor por el Fondo de Financiación y no habrá obligación de realizar quitas, si bien quien se acoja a este sistema para cobrar sus facturas impagadas deberá renunciar al cobro de los intereses de demora.

Pues bien, las entidades bancarias ofrecerán la compra de estas facturas susceptibles de cobro a través del Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores, lo que posibilitará a los acreedores su cobro de forma inmediata.

El mecanismo es sencillo y funcionará de un modo similar al descuento de pagarés. Los bancos comprarán las facturas a sus titulares por el importe de su nominal reducido en un porcentaje que oscilará entre el 8 y el 10%. Después el banco comprador de la factura se subrogará en la posición del acreedor y la cobrará del citado Fondo de Financiación.

Será posible la reclamación de deudas inferiores a 600 Euros a través de la mediación por medios informáticos.

El pasado 7 de marzo de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
 
La norma regula la mediación como un modo alternativo a la solución de conflictos de carácter civil o mercantil, sean nacionales o transfronterizos, intentando que se alcance un acuerdo entre las partes y evitando el coste económico y temporal que supone la resolución judicial o arbitral del asunto.
 
Al final, la Ley difiere bastante del proyecto aprobado el pasado año y configura la mediación como un mecanismo voluntario, que dependerá siempre de que ambas partes quieran, de motu propio, someterse a la misma.
 
 La mediación no será más que una discusión o negociación entre las partes y deberán ser ellas mismas quienes perfilen y alcancen un acuerdo ante un mediador imparcial que no deberá intervenir en la solución alcanzada sino sólo moderar o intentar hacer que ambas partes se escuchen y atiendan a razones.
 
La mediación se iniciará por la solicitud de una o de ambas partes ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de ellas. Si una de las partes no acepta se entenderá terminada la mediación. Si ambas partes aceptan se celebrarán una serie de sesiones que se recogerán en actas. La mediación terminará cuando se alcance un acuerdo, cuando una o las dos partes decidan que ha terminado o cuando el mediador considere que las posturas de ambas son irreconciliables.
 
Si se alcanza un acuerdo éste se recogerá en un acta que deberá ser convalidada, bien mediante elevación a Escritura Pública o bien sometiéndola a homologación judicial. Este acuerdo será susceptible de ejecución judicial para exigir su cumplimiento, como si de una Sentencia se tratase.
 
La mediación puede suponer una fuente de soluciones a muchos problemas entre empresas, incluidos los relacionados con la reclamación de cantidad, logrando acuerdos de una forma rápida y económica.
 
En mi opinión, el procedimiento de mediación puede ser especialmente útil para la reclamación de pequeños adeudos. Así las deudas de escasa cuantía muchas veces ni se llegan a reclamar judicialmente por una cuestión de coste de oportunidad. Los gastos generados y el tiempo que llevaría reclamar judicialmente 200 euros hacen esa reclamación casi antieconómica.
 
Sin embargo, el texto legal al que ahora nos referimos prevé expresamente, en su artículo 24.2, que las reclamaciones de cantidad inferiores a 600 euros podrán sustanciarse con un intento de mediación tramitado por medios informáticos. De este modo muchas deudas cuya reclamación judicial desdeñaríamos por las razones antes expuestas podrían reclamarse mediante una mediación más sencilla y rápida si cabe obteniendo como resultado la satisfacción del adeudo o, en caso de negativa a la mediación, con un indicio más de que la deuda existe para hacerlo valer judicialmente.

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