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Obligación de informar sobre plazos de pago a proveedores en la memoria

Mario Cantalapiedra – Economista

Desde el ejercicio de 2010 existe la obligación para las sociedades de informar de forma expresa en las cuentas anuales que depositan en el Registro Mercantil, concretamente en un apartado de la memoria, de los plazos de pago a proveedores. Esta obligación, ya prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fue regulada posteriormente por una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 29 de diciembre de 2010. Resolución que es aplicable a todas las empresas españolas en la formulación de sus cuentas anuales individuales y consolidadas. En las primeras cuentas en las que se debió aplicar, las correspondientes a 2010, únicamente fue necesario informar sobre el saldo pendiente de pago a proveedores que a cierre del ejercicio superaba el plazo legal, siendo las cuentas correspondientes a 2011, en las que ahora andarán enfrascados los administradores que tienen el deber de formularlas antes de que finalice el mes de marzo, las primeras en las que habrá que suministrar una información más completa.

Si la compañía presenta en el Registro Mercantil el modelo normal de memoria, la información a incluir será el importe pagado fuera o dentro del plazo legal, el plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio y el saldo pendiente de pago a cierre de ejercicio que acumule un aplazamiento superior al legislado por la Ley 15/2010. Si por el contrario, la empresa puede elaborar la memoria en modo abreviado o aplica el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, no existe obligación de informar sobre el plazo medio ponderado excedido de pagos, es decir, a las pymes españolas se les exime de informar sobre el dato que comporta, a buen seguro, una mayor complejidad en su cálculo. La información solicitada deberá suministrarse como una nota más en la memoria en forma de cuadro y según sea, en cada caso, el modelo de presentación de las cuentas anuales.

El deber de información atañe a las operaciones comerciales de pago que realiza la empresa, es decir, a los acreedores comerciales que se incluyen en el correspondiente epígrafe del pasivo corriente del balance, no afectando a otros proveedores o acreedores como, por ejemplo, los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero, que pertenecen a distinto epígrafe.

Nuestra Pequeña Grecia

Francisco Marín Cano – Grupo Choice

El pasado sábado, el BOE publicaba el Real Decreto de obligaciones de información para un mecanismo de financiación para pago a proveedores de las entidades locales. Desde el día 21, en que se anunció esta acción legislativa, hemos estado esperando su concreción. Se nos anunciaba que “en semanas” habría una macro inyección de dinero (en algunos periódicos se llegó a hablar de líneas de hasta 50.000 millones). Pero ahora el resultado es agridulce. Más vale algo que nada, pero es bastante amargo de tragar.

Y no porque se hable de las deudas solo de entidades locales (¿y las deudas de las comunidades autónomas, dónde quedan?) sino porque solo de la lectura de la exposición de motivos, se entrevé una manera de gestionar que hace temer por una cierta inseguridad jurídica. ¿Un Decreto Ley pasa por delante de la Ley votada por las Cortes Generales? ¿Un Decreto Ley puede reducir derechos fijados en una Ley 3/2004 y 15/2010, por mucha circunstancia extraordinaria y de urgente necesidad que se quiera argumentar?

No es mi intención sacar de contexto ninguna frase, pero no puedo transcribir toda la norma, que adjuntamos. Y pido a priori excusas si alguien cree ver  alguna manipulación, que no es mi objetivo.

Ya solo en los dos primeros párrafos, hay una comprensión de la situación algo confuso. El primer párrafo dice “…la crisis económica ha generado…una fuerte bajada en la recaudación…” y en el segundo se añade “…siguen manteniéndose restricciones de acceso al crédito lo que unido a los retrasos mencionados dificulta la financiación de las empresas”. Es perverso.  Quien ha escrito esto supone que la dificultad de financiación  de las empresas la genera primero la falta de financiación, y solo después los retrasos. Es decir, casi se apunta a que si siguiera habiendo financiación para las empresas, los retrasos serían un problema menor, e incluso no considerable, pues la crisis todo lo justifica.

En los siguientes párrafos se apunta. “Se instrumentaron operaciones especiales de endeudamiento y una línea de avales del ICO … y una línea de crédito para la cancelación de deudas…” “la escasa eficacia de aquellas medidas….”. O sea, que se dio la herramienta para solventar los atrasos, y no se utilizaron. Ya lo recordamos. Los Municipios y Comunidades dijeron que “eran caros”. Como si a las empresas les resulte gratis o barato financiar la deuda pendiente de cobro.

Pero sigue el tema  “…el buen funcionamiento del mecanismo requiere de una información financiera fiable… que permitirá identificar el volumen real de deuda con sus proveedores”. Cuando las empresas, a día de hoy, ya han cerrado sus declaraciones de IVA del año 2011 (y ¡Ay de quien no lo haya hecho!) resulta que los entes locales hay que darles 20 días para que sepan qué deben. Teniendo en cuenta que la AEAT, cuando envía un escrito, da 10 días para cualquier tipo de aclaración, darles 20 días a los entes locales parece un trato de favor.

Tras estas ideas, la “exposición de motivos” entra ya en una relación de la estructura del articulado, del que cabe destacar cuatro  temas

1.- Solo se habla de  facturas entradas en Registro antes del 1 de enero de 2012. O sea, los gastos de las carrozas de  Reyes, o las luces de las fiestas de Navidad seguro que ya no entran. Hablamos solo de toda la deuda generada antes de esa fecha. A partir de ahí, se confía en la buena voluntad de la Entidad local.

2.- El timing que se deriva de la norma es bastante duro. El 15 de Marzo ha de presentarse las relaciones de deuda. El 31 de Marzo han de presentarse los planes de ajuste. En un plazo máximo de 30 días (ya es 30 de Abril) el Ministerio de Hacienda los valorará  (¿Cuántos entes locales hay en España? ¿En 30 días se pueden valorar todos los planes de ajuste? ).

Si no hay comunicación en ese plazo, se considerará como informe desfavorable y habrá que hacer un nuevo Plan. Y si es favorable, se entenderá autorizada la operación de endeudamiento, que podrá hacerse en fases sucesivas y hasta final de 2012. O sea que, como mínimo, hasta mediados de Mayo (135 días para las facturas de 31/12/11) no se estarán cobrando facturas de 2011 o anteriores no liquidadas por los entes locales. Pero es que ahora toca encontrar qué entidades se van a quedar con las facturas y van a abonar el dinero. Se habla de una “operación de endeudamiento a largo plazo según acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno”, pero los detalles no aparecen. Suena a “tengo la idea, pero aún no tengo el dinero”. Y aquí solo se habla de los documentos previos necesarios, de hecho como el título indica.

3.- El Plan de ajuste que pide el art 7 es sin duda necesario, pero supone de hecho hacer un Plan estratégico, a medio plazo, de las finanzas de los ayuntamientos. Exige prever ingresos plurianuales, definir nuevas tasas, reorganizar la estructura de la organización,… Y eso hay que hacerlo en 40 días. Para cualquier organización privada eso es imprescindible, se está acostumbrado a hacerlo porque si no, la organización muere. Pero muchos Ayuntamientos no tienen ni el hábito, ni el músculo intelectual (conocimientos y formación de sus miembros) para reinventarse, que es lo que se pide. Y en solo 40 días. Pero visto lo anterior, se puede llenar un papel, que no se autorice (o que nadie se lo mire porque no hay tiempo en 30 días) y seguir trabajando.

4.-El artículo 8 es para mí el más irritante. Los entes locales son tratados como  Grecia. Como no saben lo que deben, se les obliga a hacer un plan financiero, al que se llama plan de ajuste, como si solo se tuviera que planificar en situaciones difíciles y no de forma habitual, y se propone una QUITA, a la que se llama “criterios para prioridad de pago” que es mucho más elegante. Llega a plantearse un “descuento mínimo a ofertar”, y teniendo en cuenta que solo hablamos del principal de la obligación. En los periódicos aparecen declaraciones de fuentes empresariales del tipo: “que nos paguen el principal y luego hablaremos de los intereses”. Pues no, no hablaremos de nada, porque el art 9.3 dice claramente que el abono conlleva “la extinción de la deuda contraída… por el principal, los intereses, costas judiciales y cualquier otro gasto accesorio”. Adiós a cualquier atisbo de aplicar la Ley de Morosidad (Ley 15/2010 ), de los plazos acordados, de la imposibilidad de pacto entre partes o de los intereses de demora. Es casi un concurso de acreedores, con quita legalmente refrendada.

¿Hay una parte de culpa en los empresarios por haber llegado a esta situación? En parte, sí. El pasado sábado, en TVE, se informaba de esta noticia, y aparecía una empresaria que decía que tenía facturas pendientes de pago de su ayuntamiento de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Y yo me pregunto ¿por qué le siguió vendiendo?. ¿Porque era un cliente marginal? ¿Porque el margen era de tal nivel que compensaba el atraso? ¿Por buena fe? ¿Porque no había otro mercado?

Hace casi un año publicamos dos articulos (muy criticados, por cierto) donde decíamos que la Ley de Morosidad era un “brindis al sol” de los legisladores. Ahora tenemos el refrendo legal de nuestra afirmación.

Y por eso la sensación que me queda es agridulce. Algunas situaciones se van a resolver, y va a llegar algo de liquidez. Pero dejándonos en el camino dineros y derechos. Y me preocupan más los segundos que los primeros.

 

Consejos prácticos sobre el descuento comercial

Mario Cantalapiedra – Economista

En la operación de descuento de efectos comerciales (letras de cambio, pagarés, recibos negociables), la existencia de una serie de costes fijos para todo el período de anticipo eleva el coste efectivo a medida que aproximamos la fecha de descuento al día de vencimiento. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de la comisión bancaria, la cual, ya sea fija por efecto o consista en un porcentaje sobre el valor nominal, se cobrará al efectuar el descuento independientemente del número de días que se anticipe. También pasa con los gastos que en concepto de correo repercute la entidad financiera o con el timbre del efecto cuando éste se paga en la modalidad “a metálico”. Te recuerdo que los timbres representan el coste del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que marca la legislación vigente en los efectos que lo devengan, tales como los documentos en los que figure la cláusula “a la orden”, diciéndose que se pagan a metálico cuando es la propia entidad financiera la que los ingresa en la Administración Tributaria e imputa el coste correspondiente a la empresa que cede los efectos. Por ejemplo, se da en el caso de un pagaré a la orden que tengas de un cliente y lleves al descuento, no así en el de una letra de cambio donde el timbre ya lo pagas al adquirirla con independencia de que posteriormente la descuentes o la lleves al banco en gestión de cobro. Desde este punto de vista y en la medida en que pretendas aprovechar los costes fijos de la operación, timbres pagados a metálico incluidos, deberás llevar los efectos al descuento lo antes posible, siempre claro está que tengas suficiente línea disponible y los efectos que tengas en cartera sean del agrado de la entidad financiera, algo que ahora mismo y dependiendo de tu sector no será nada fácil.

Ya que he hablado de la comisión bancaria, creo que también resulta interesante que no centres la negociación de la operación de descuento comercial con la entidad financiera únicamente en los tipos de interés, puesto que las comisiones que te repercute pueden elevar considerablemente el coste efectivo de la operación. Una estrategia que puede resultar útil consiste en tratar de negociar que la comisión aplicada para los efectos de valor nominal pequeño consista en un porcentaje, mientras que para los de importes más elevados sea fija.

Hecha la ley… de morosidad, hecha la trampa

Mario Cantalapiedra – Economista

La legislación vigente sobre morosidad en España declara como nulas las cláusulas pactadas entre clientes y proveedores sobre fechas de pago que difieran del plazo legal cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, para lo cual habrá que valorar todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio comercializado, la prestación por parte del deudor de garantía adicionales y los usos habituales del comercio. Te recuerdo que el plazo legal de pago para 2012 está fijado en un máximo de 40 días naturales para las administraciones públicas y de 75 días naturales para las empresas, a contar desde la recepción de los bienes o servicios adquiridos.

 Para determinar si una cláusula referente al plazo de pago es abusiva, la legislación actual dice que “se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal, impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas”.

Al final lo que ocurre es que el encargado último de apreciar si una cláusula sobre condiciones de pago es o no abusiva es el juez y es ahí donde aparece la interpretación que distintos servicios jurídicos están haciendo sobre el asunto. Así los bufetes de abogados están considerando que, por ejemplo, no es abusivo el caso de una compañía que sufre el impago generalizado por parte de sus clientes y se ve obligada, por esta circunstancia, a sobrepasar el plazo legal de pago a sus proveedores. Tampoco consideran que se produzca abuso si el acreedor ofrece a sus deudores la alternativa de cobrar dentro del plazo legal si aceptan un pago confirmado de proveedores o confirming, con un coste financiero que esté en precio de mercado, o cobrar un poco más allá del plazo marcado por la ley si no se quiere afrontar el gasto financiero del anticipo. Se argumenta que el proveedor tiene, en este caso, la opción de elegir. Me imagino que aquellos que defiendan esta posibilidad estarán pensando en confirming que se ofrezca bajo la modalidad “sin recurso”, es decir, en el que la empresa proveedora que anticipe el cobro de sus facturas quede liberada de toda responsabilidad en caso de impago.

En cualquier caso, el debate está ahí y estos ejemplos vienen a confirmar aquello que se dice popularmente de que hecha la ley, hecha la trampa.

Tipo legal de interés de demora para 1º semestre 2012

Publicado el tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2012

Tipo Interes de demora

 

Mediante Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE de 2 de enero de 2012, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural del año 2012 sea del 8 por 100, con lo que se reduce en veinticinco puntos básicos el anterior tipo.

 

Por tanto y a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tendrá derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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