Archivo de la categoría: Cobros y recobros

Los post más interesantes del año 2011

A finales del año pasado, ya apuntábamos que 2011 iba a ser un año complicado, pero esperábamos una cierta mejoría que finalmente no se ha producido, generado un contexto donde la gestión de riesgos ha sido un elemento clave para la supervivencia de muchas organizaciones.

En unos días dejaremos atrás el que ha sido calificado como uno de los años más complicados de la historia económica reciente.  Un momento interesante para identificar qué contenidos del blog han despertado más interés entre las más de 150.000 visitas que hemos recibido durante el año.  

Hemos analizado los post más visitados, los más comentados y aquellos mejor valorados durante el 2011, y finalmente el equipo que gestiona gestoresderiesgo.com ha seleccionado los siguientes: 

 Legislación relacionada con la morosidad

 Gestión de los Riesgos Comerciales

 Varios

 

La intensa actividad que ha recogido gestoresderiesgo.com,  nos sitúa como el principal referente entre los blogs relacionados con la gestión de riesgos y morosidad, pero nos gustaría animaros a que sigáis sugiriendo temas y aportando comentarios que ayuden a personas que realizan funciones relacionadas con la gestión de riesgo a afrontar este difícil reto al que se enfrentan.

Esperamos que la situación económica mejore y aprovechamos para recordaros que en estos momentos  también existen muchas oportunidades para aquellos que saben verlas.

Os deseamos que paséis unas felices fiestas.

Análisis del Segundo Estudio del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Si en el mes de mayo me hacía eco en este mismo blog de los resultados del 1º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, ahora toca analizar los correspondientes a su 2ª edición, que han sido obtenidos en base a 292 entrevistas realizadas entre septiembre y octubre a profesionales involucrados con el credit management en España.

Resulta bastante desalentador comprobar como en este intervalo de tiempo la morosidad no solo no ha mejorado en nuestro país sino que incluso ha llegado a empeorar. De este modo, el 43 por 100 de las empresas españolas declara cobrar a más de 85 días, plazo máximo legal en vigor durante 2011, frente al 33 por 100 que lo hacía en mayo. Parece, por tanto, que el efecto de la Ley 15/2010 contra la morosidad está siendo bastante inocuo en lo que a mejorar los plazos de pago se refiere. De hecho, el 74 por 100 de los encuestados reconoce que esta Ley ha tenido efectos poco significativos para ellos. Tampoco parece que haya tenido mucho éxito hasta la fecha una de las medidas estrella de esta Ley para tratar de desincentivar a los morosos, como era la posibilidad de cobrar intereses de demora en los casos de incumplimiento. Más de la mitad de las empresas consultadas, el 53 por 100, reconoce no aplicarlos nunca.

Algo mejor se presenta el panorama para las empresas que reconocen haber sufrido alguna incidencia significativa de cobro este año, con un porcentaje que mejora desde el 56 por 100 anterior al 49 por 100 del estudio actual, así como en la utilización de criterios de solvencia para seleccionar nuevos clientes, que también aumenta desde el 59 al 68 por 100. Parece que las empresas se están tomando más en serio este aspecto, aunque realizando una minería en los datos se encuentran diferencias muy significativas al considerar el tamaño de las compañías, de tal modo que para muchas pequeñas empresas sigue siendo éste un tema tabú (solo el 21 por 100 de ellas utiliza criterios de solvencia frente al 49 por 100 de las medianas y el 81 por 100 de las grandes).

Un último dato que me gustaría destacar es el de que los informes comerciales son la herramienta de gestión de riesgos preferida por las empresas, seguidos de los seguros de crédito.

Ver el 2º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España (Catedra de Cash Management del IE Business School) completo.

Sin información, no hay clientes

Ignacio Jiménez. Iberinform

Encontrar información sobre la situación económica de las grandes empresas con las que hacemos negocios es relativamente sencillo. La gran mayoría cumple con la obligación de depositar sus cuentas y se preocupan de comunicar al Registro Mercantil hechos relevantes de su actividad, como ampliaciones de capital, nombramientos, o cambios de domicilio. Muchas de ellas, incluso, publican en su página web sus cuentas anuales o la memoria.

Internet ha abierto nuevas posibilidades. Es relativamente sencillo encontrar abundante información en la red de este tipo de empresas, desde las noticias de medios de comunicación hasta los foros donde se habla de ellas.

La información disponible sobre una empresa se va reduciendo a medida que decrece su tamaño. La línea roja está en lo que Europa define como microempresas, toda aquella que cumpla al menos dos de tres condiciones: tener menos de 10 empleados en plantilla, facturar menos de un millón de euros o contar con un balance inferior a los 500.000 euros.

El estudio que ha hecho Iberinform, indica que alrededor del 75% de las 1.300.000 empresas españolas encajan en esa definición. La información disponible sobre ellas en Internet es escasa o inexistente. Es la parte sumergida del iceberg, donde se multiplican los problemas a la hora de acceder a información fiable y tomar decisiones de negocio como aceptar vender a crédito a una empresa con la que no tenemos experiencia histórica.

La Unión Europea estudia desde 2009 la posibilidad de que estas pequeñas empresas queden exentas de la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. Teóricamente, una medida de este tipo debería reducir los costes y cargas administrativas que soportan las empresas. Sin embargo, un reciente estudio de Crédito y Caución e Iberinform pone en duda que exista una relación clara de causa – efecto. De cada diez directivos españoles vinculados a la gestión financiera, cuatro la ven, pero tres opinan justo lo contrario: las empresas no podrán eludir la necesidad de dar información financiera sobre su actividad a proveedores y entidades financieras para mantenerse en el mercado.

Por contra, hay muchísimo mayor acuerdo en que una medida de este tipo provocaría nuevas dificultades de acceso al crédito para las empresas eximidas de presentar cuentas: seis de cada diez directivos consultados en España así lo cree, frente a uno de cada diez que opina lo contrario. En Gran Bretaña, uno de los países que impulsa la medida, el Institute of Credit Management ya ha advertido de que “sin números auditados que generen confianza, los bancos no prestarán y los proveedores no darán crédito a sus clientes”. Así de simple.

El futuro de la medida, por sus posibles efectos secundarios, está ahora mismo en el aire. Frente a los países que apoyan esta propuesta, como Alemania y la mencionada Gran Bretaña, otros como Francia, Italia o Bélgica han puesto sobre la mesa el peso de los problemas de acceso al crédito, tanto financiero como comercial.

Para conocer a las empresas con las que hacemos negocios, si finalmente esta propuesta deriva en una normativa, deberíamos acudir a otras fuentes que nos ayudaran a disponer de información fiable sobre las pequeñas empresas españolas. En este sentido, una de las opciones será acudir directamente al cliente para pedirle información. En mi opinión, esta medida se puede antojar difícil de llevar a cabo en no pocos casos, especialmente en España, donde hay condicionantes adicionales. Frente a la cultura financiera que impera en otros países europeos, la nuestra no se distingue por la transparencia informativa con respecto a los estados financieros de las empresas. Si un proveedor solicita dicha información a su cliente, es difícil que la consiga.

De confirmarse el apagón informativo, sería muy complicado realizar el necesario control sobre la solvencia y del perfil de riesgo de estos clientes, ya que este se basa en el análisis e interpretación de información cuantitativa y cualitativa que sea fácilmente accesible y que dichos datos puedan ser considerados razonablemente veraces.

Es hora de analizar el posible impacto y prever soluciones que aseguren la continuidad de nuestro negocio y la gestión de la cartera de clientes. ¿Cómo llenaremos el vacío informativo si este llega a producirse? Personalmente, coincido con el 57% de los directivos consultados en el estudio que utilizarán proveedores externos que les aporten la información que necesitan sobre esa empresa para tomar sus decisiones.

Articulo publicado en Dossier Empresarial.

 Modelo reclamación bancaria

La PMCM propone multas de hasta 900.000 euros para las empresas morosas

Proponen un régimen sancionador con multas paran las empresas que incumplan la Ley de Contra la Morosidad

Pere J. Brachfield, profesor de Credit Management de EAE Business School y socio director de Morosología.

La “Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre”, entró en vigor el día 7 de julio de 2010, gracias a la iniciativa legislativa del grupo parlamentario de Convergència i Unió e impulsada por la PMCM Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad. La Ley 15/2010 de 5 de julio materializó un marco legislativo para que España se produzca un cambio estructural del sistema económico-financiero y que España no esté permanentemente en el furgón de cola de los plazos de pago. El objetivo de la Ley es posibilitar que en el futuro pasemos a ser un país competitivo en lo referente a los plazos de cobro, al situarlos a niveles similares de la mayoría de los países europeos.

No obstante más de un año después de su promulgación la nueva legislación no ha conseguido todas las aspiraciones de los empresarios y de la PMCM.  En gran parte es por la ausencia en la propia Ley 15/2010 de 5 de julio de un régimen sancionador para las empresas incumplidoras de los plazos de pago máximos establecidos por la Ley. En efecto cuando el legislador debatió el proyecto de ley, hubo una enmienda transaccional que no superó el trámite legislativo en la redacción definitiva de la Ley. Esta propuesta era la de introducir un  régimen general de infracciones y sanciones en la futura Ley. Esta enmienda pretendía crear el marco legal para que las administraciones públicas pudieran comprobar de oficio o a instancia de parte, el cumplimiento de lo previsto en la ley contra la morosidad, a cuyo fin podrían desarrollar las actuaciones inspectoras y sancionadoras en las empresas infractoras. Los políticos dejaron para más adelante el desarrollo de un Reglamento que implementara el régimen sancionador.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la reforma de la Ley contra la Morosidad 15/2010, ha presentado recientemente el estudio “Comparativa europea de plazos de pago en las transacciones comerciales. Según el informe, España es el tercer país de la UE-15 con plazos de pago más dilatados (99 días), por detrás de Grecia (110) y de Italia (103), y seguida de Portugal (92) (estos datos son los presentados en dicho estudio de la PMcM).

El portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, aclaró que “los plazos de pago de las administraciones públicas europeas presentan más dispersión que los pagos entre empresas”. En este ámbito público Finlandia es el país con mejores prácticas de pago (24 días), mientras que en el extremo opuesto, en el grupo de pagadores tardíos, despuntan cuatro países con pagos a más de 100 días. Se trata de Italia (180 días), Grecia (168 días), España (153 días) y Portugal (139 días). España es, por tanto, el tercer peor pagador.

En su opinión, “con este estudio se constata que los países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) son los que tienen más problemas en los plazos de pago, frente a los países centrales (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) que presentan una velocidad normal de pago, y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia), que son los que tienen mejores prácticas de pago.

Ante este hecho, la PMcM insta a que la lucha contra la morosidad se tome como “un proyecto de competitividad del país, porque dilatar los plazos de pago, como ocurre en España, genera importantes costes financieros que reducen la competitividad de las empresas, les obliga a tener una mayor capacidad financiera y es la principal causa del cierre de empresas, mientras que las compañías que desarrollan su actividad en países que pagan en plazos cortos juegan con ventaja competitiva”.

Para mejorar esta situación, la PMcM recomienda seguir “el ejemplo del exitoso caso francés, ya que se pasó de un plazo de pago entre empresas en 2006 de 57 días a 48 en 2010, estableciéndose como plazo obligatorio 45 días fin de mes o 60 días desde emisión de factura. Esta ley francesa, que permite la libertad de elección de las partes contratantes para escoger entre las dos opciones y contempla que el proveedor y el cliente puedan acordar un plazo de pago más corto, afecta a todas las empresas fabricantes, distribuidoras, comerciales, emprendedores, artesanos y profesionales, excluyendo a personas físicas no empresarios, comerciantes y profesionales, y ampara excepciones sectoriales por acuerdos hasta el 1 de enero de 2012.

Para Cañete, la ley francesa (LME) “es una apuesta más intervencionista, con mayor incidencia legal particularmente sobre el Código de Comercio y más compulsiva”, asegura Cañete”. La LME opera con “una instrumentación precisa que incluye un sistema de sanciones y la asignación de funciones de control a determinados organismos, además de contar con otros mecanismos como un sistema extrajudicial de comunicación de incumplimiento de pago y de aplicación de la ley (cobro), unos ágiles tribunales de comercio para la reclamación de impagos y la figura del mediador, de gran eficacia y, a decir de muchos, mayor que las propias medidas coercitivas”.

Para España concretamente, la PMcM propone medidas como la definición y aprobación de un reglamento y, sobre todo, de un régimen sancionador por incumplimiento que concrete los mecanismos de aplicación de la Ley 15/2010, porque “sin él la Ley constituye un marco normativo incompleto e ineficaz”, explica Cañete. Por ello, la PMcM ha elaborado esta Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen multas de entre 300.001 a 900.000 euros para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves, y de 6.000 a 30.000 euros para las leves. El Régimen Sancionador contempla que las Comunidades Autónomas puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en infracciones muy graves. Además, cuando la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento por los operadores comerciales lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves.

Dentro de la batería de medidas propuestas por la PMcM, también se ha planteado la necesidad de poner en marcha del Observatorio de la Morosidad, la introducción del criterio de caja en el pago del IVA frente al de devengo, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra retenciones), el impulso de figuras y mecanismos no coercitivos como los mediadores franceses, la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social en concordancia con los plazos de cobro habituales del mercado, la agilización de los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos entre otras medidas y el establecimiento de un plan de reducción de la deuda histórica con proveedores que mantienen las administraciones públicas y sus organismos dependientes, hasta la consecución de los plazos que establece la ley.

“En la lucha contra la morosidad en España tendrá un papel decisivo el equipo que gobierne a partir del 20N, con el que estaremos encantados de sentarnos para esbozar las medidas que se estimen oportunas, entre ellas la que sin duda que será un revulsivo en esta lacra, el régimen sancionador”, sentenció el presidente de la PMcM, Rafael Barón.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a una cuarentena de instituciones sectoriales de toda España, que en conjunto representan a más de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.

Para más información sobre el tema de la lucha contra la morosidad se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com o la web www.morosologia.com

Más dificultades impuestas por el Legislador para la reclamación de deudas de escasa cuantía

Gonzalo Quiroga Sardi

Más dificultades impuestas por el Legislador para la reclamación de deudas de escasa cuantía. Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Con la Ley 4/2011 se impuso que aquellas empresas que viniesen obligadas a liquidar la tasa judicial deberían hacerlo también al interponer reclamaciones monitorias, hasta ese momento exentas.

De ese modo, se inteponía una primera traba a la reclamación de deudas de escasa cuantía ya que, para reclamar pequeños importes (pensemos, por ejemplo, en facturas de telefonía, luz, gas…), la demandante se ve obligada a desembolsar el importe de la tasa, gasto que, además, no puede repercutir al demandado ni como gasto necesario para el recobro, ex artículo 8 Ley 3/2004 (modificada por Ley 15/2010), ni como parte de las costas en caso de que sean impuestas al contrario.

Con el Proyecto de Ley de Agilización Procesal, aún en proceso de aprobación, parece que el Legislador rectificaba el obstáculo previamente impuesto a la reclamación de estos pequeños importes, ya que en dicho texto se prevé que no haya que abonar tasa judicial para monitorios de reclamación inferior a 3.000 euros y que en caso de tener que abonar tasa por la reclamación monitoria, por encima de dicha cuantía, esta fuese una tasa fija de 50 euros. Prevé, también,  este Proyecto de Ley que el pago de la tasa pase a ser repercutible como parte de las costas procesales, lo cual también palía el coste en que hace incurrir al acreedor para reclamar su crédito.

Pues bien, dentro de la sangría legislativa que se está produciendo en la materia, el Legislador vuelve a contradecir sus intenciones y, a la par que se discute en el Senado el Proyecto de Ley de Agilización Procesal que paliaría el problema de la tasa, se evacúa el trámite parlamentario para la aprobación del Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Dicho Proyecto de Ley, sin perjuicio de entrar en valoraciones sobre su bondad en otros aspectos, supone una dificultad añadida para reclamar deudas de escasa cuantía, toda vez que para interponer demandas de reclamación de cantidad con una cuantía inferior a 6.000 euros será requisito imprescindible acreditar que  se ha acudido previamente a la figura del mediador para intentar alcanzar un acuerdo.

Esto, en la práctica, supondrá que para interponer una demanda de monitorio de una cuantía inferior a 6.000 euros, el acreedor deberá:

  •  Localizar al deudor, con la pérdida de tiempo que ello supone, y citarle a la mediación.
  • Incurrir en el coste de pagar a un mediador.
  • Dejar, en la mayoría de los casos, transcurrir dos meses para que pueda considerarse que no existe acuerdo en la mediación por no haber comparecido el moroso ante el órgano de mediación.

 En definitiva, si este Proyecto de Ley sale adelante, en mi opinión, supondrá un lastre para la reclamación de cantidad puesto que, por un lado, dejará sin sentido la reclamación monitoria, dado que con el plazo de espera de dos meses al que habría que sumar después el concedido en el requerimiento de pago resultaría antieconómico temporalmente hablando, y, por otro lado, supone un desembolso adicional a efectuar por el acreedor para poder exigir el pago de cuanto se le adeuda

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

 

Proyecto de ley de agilización procesal. Su aprobación supondrá importantes reformas en la reclamación monitoria

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado 28 de junio el texto de la Ley de Agilización Procesal, que ahora se está debatiendo en el Senado.

Desde el punto de vista de la reclamación de cantidad, la aprobación de este texto supondría, a mi entender, importantes y ventajosas novedades, especialmente en el procedimiento monitorio que es el más recurrente a la hora de exigir el pago de deudas comerciales.

En primer lugar, mediante la Ley 4/2011 se estableció la obligación de abonar tasas judiciales por la interposición del procedimiento monitorio. Esto supuso una limitación importante para la reclamación de impagados de escasa cuantía, ya que la interposición de la demanda supone el pago previo de una tasa judicial que no es susceptible de ser repercutida posteriormente al moroso.

Pues bien, en esta línea, la reforma contiene dos importantes previsiones:

  • Que la tasa judicial a abonar para interponer una demanda de reclamación monitoria sea de un importe fijo de 50  € para el caso de reclamaciones superiores a 3.000 €, cualquiera que sea su cuantía, no siendo necesario abonar tasa alguna cuando lo que se reclama sea inferior a dicha cantidad. 
  • Que la tasa judicial pase a ser considerada, mediante la modificación del artículo 241.1 L.E.C., como gasto procesale, lo que permitiría su repercusión al contrario. 

Otra importante modificación, en lo que al monitorio se refiere, consiste en la previsión de que deje de existir límite cuantitativo para poder reclamar una deuda por la vía del monitorio, de tal forma que si, en un principio, se podían reclamar deudas de hasta 30.000 euros y después pasaron a ser deudas de hasta 250.000 (con la Ley 13/2009), ahora se podría reclamar cualquier deuda que cumpla los requisitos establecidos por el artículo 812 L.E.C. independientemente de cuál fuese su cuantía.

En mi opinión, la aprobación de estas medidas supondría un paso hacia delante en cuanto a la reclamación de deuda comercial, ya que dejaría de ser antieconómica su reclamación en algunos casos, como ocurre en la actualidad debido al pago de la tasa, y se abriría el abanico de deuda reclamable por esta vía, más rápida sin duda que el proceidmiento declarativo.

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