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El ICO abre el primer tramo para avalar nueva inversión de empresas y autónomos

Mario Cantalapiedra – Economista

La semana pasada se ha puesto en marcha el primer tramo de la Línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar las nuevas inversiones en España de autónomos y empresas. Una vez distribuidos los 100.000 millones de euros que fueron destinados a financiar necesidades de liquidez de la anterior Línea, el Gobierno cree que es momento de apoyar la inversión.

Esta nueva Línea, aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, prevé 40.000 millones para financiar nueva inversión empresarial, de los cuales ya están disponibles 8.000, con el siguiente desglose:

  • Pymes y autónomos: 5.000 millones de euros (el aval estatal cubrirá como máximo el 80 por ciento del principal de la operación).
  • Resto de empresas: 3.000 millones de euros (el aval cubrirá como máximo el 70 por ciento del principal).

En concreto, la Línea avalará financiación que empresas y autónomos obtengan para:

  • Inversión nueva en España (activos de primer uso o de segunda mano), incluyendo gastos corrientes y de capital vinculados a la inversión.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o renovación de las capacidad productivas o de servicios.
  • Inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al reinicio o desarrollo de la actividad.
  • Gastos corrientes y de capital destinados a la adquisición, alquiler, leasing o renting de elementos (equipos, maquinarias, etcétera) relacionados con la inversión y/o actividad.
  • Necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias.

Las empresas o autónomos solicitantes tendrán la obligación de realizar la inversión en los 24 meses siguientes a la firma de la operación de financiación, la cual deberá realizarse siempre después del 29 de julio de 2020.

Al igual que ocurría con la anterior Línea ICO liquidez, los solicitantes no podrán figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019, ni estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Tampoco se permitirá en esta ocasión que los bancos que suscriban el acuerdo con el ICO condicionen la operación a la contratación de otros productos como, por ejemplo, seguros de vida, ni que los costes de los nuevos préstamos beneficiados por el aval sean superiores a los cargados antes del inicio de la crisis de la COVID-19.

El plazo del aval emitido coincidirá con el de la operación, hasta un máximo de 8 años, y en principio, esta Línea ICO inversión estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2020.

 

Cambios en la CIRBE para mejorar el análisis de la solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el fin de mejorar la información de la que disponen las entidades financieras a la hora de evaluar la solvencia de sus clientes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha modificado determinados requisitos de la Central del Información del Riesgos del Banco de España (CIRBE), aunque estos cambios no entrarán en vigor de manera inmediata.

La CIRBE es una base de datos que recoge información sobre riesgos directos que contraen las entidades financieras declarantes con los primeros obligados al pago (préstamos, créditos), e indirectos, contraídos con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento del titular. Esta información, que recoge la situación existente en el último día del mes al que se refiere, es utilizada por parte de las entidades declarantes para ver el nivel de endeudamiento total que tienen sus clientes en el circuito bancario antes de concederles financiación.

En este sentido, la Orden ETD/699, de 24 de julio (publicada en el BOE del pasado 27 de julio), entre otros cambios, ha introducido las siguientes dos novedades que afectan a la CIRBE:

  • Las entidades tendrán que informar de los riegos acumulados por sus clientes que sean superiores a los 1.000 euros (en la actualidad, este umbral se sitúa en los 9.000 euros). El cambio es significativo, puesto que permitirá conocer mejor la situación de endeudamiento de aquellos clientes que suelen acumulan préstamos de baja cuantía entre varias entidades. Hasta ahora, un cliente podía repartir su deuda entre varios bancos, estar “sobreendeudado”, y siempre que no superara los 9.000 euros en cada entidad, el sistema no podía reconocerla.
  • Asimismo, se amplían las entidades declarantes a la CIRBE, y que, por tanto, pueden consultar los datos que son declarados por el resto, a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, en ambos casos siempre que concedan préstamos a sus clientes.

Como comentaba al principio, estos dos cambios no se producirán de forma inmediata, debiendo tanto el Banco de España como las entidades declarantes ajustar sus sistemas, por lo que entrarán en vigor el próximo 27 de enero de 2021.

Entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, ha entrado en vigor la nueva Ley Concursal con el objeto de refundir, regularizar, aclarar y armonizar una legislación que ha sufrido tal cantidad de reformas desde su fecha de promulgación que resulta muy difícil de interpretar. Es uno de los problemas que siempre se atribuyen a España, donde el exceso de normativa y de reformas, llega a generar incertidumbre e inclusive inseguridad jurídica a los distintos actores económicos.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, pretende ordenar la legislación concursal existente en España en los siguientes tres libros:

Libro primero

Es el más extenso de los tres, y hace referencia al concurso de acreedores propiamente dicho. Entre los 14 títulos que incluye están, por ejemplo, los dedicados a los órganos del concurso (juez y administración concursal), a las masas activa y pasiva; al informe de la administración concursal, o al pago de los créditos a los acreedores.

Libro segundo

 En este caso, es un libro dedicado al derecho preconcursal, el cual se divide en cuatro títulos independientes. El primero tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo se ocupa de los acuerdos de refinanciación; el tercero hace referencia a los acuerdos extrajudiciales de pago, y el último se refiere a las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, o a un acuerdo extrajudicial de pagos.

Libro tercero

Por último, en este libro se incluyen las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, que deberán aplicarse tanto al concurso de acreedores, como a los acuerdos de refinanciación y a los extrajudiciales de pagos.

Hay que recordar que esta nueva Ley va a coincidir en el tiempo con las medidas concursales extraordinarias relacionadas con la COVID-19 y aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, tal como ya comenté en el blog.

Por otro lado, esta reordenación, clarificación y armonización de la legislación concursal que entra en vigor hoy, ha de verse afectada por la transposición pendiente a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, en principio prevista para 2021. Por tanto, el proceso de reforma del derecho de la insolvencia en España no puede darse por finalizado.

Esperemos que las nuevas reformas ayuden a que más concursos no terminen en la liquidación de la empresa, que por desgracia es donde habitualmente terminan.

 

Prohibición de repartir dividendos a sociedades mercantiles acogidas a ERTE por COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha prohibido temporalmente el reparto de dividendos a las sociedades mercantiles acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor vinculada al COVID-19, y que tengan 50 o más trabajadores.

De este modo, el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo establece lo siguiente:

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. (…)

 “Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social”.

En cuanto al año fiscal al cual se refiere la limitación anterior, a partir de una consulta efectuada por el Consejo General de Economistas de España, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital ha contestado lo siguiente:

En la interpretación de ese Ministerio, el artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, al establecer que no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, determina límites al reparto de dividendos correspondientes a 2020 (ejercicio en el que se aplican los expedientes de regulación de empleo) y que se distribuirán, consecuentemente, en el ejercicio 2021“.

Por tanto, las sociedades mercantiles acogidas a ERTE por fuerza mayor debido al COVID-19, con 50 o más trabajadores, no podrán repartir dividendos correspondientes a 2020, salvo que previamente abonen el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

Entiendo que, a pesar de que la exoneración de las cuotas sociales en la mayoría de los casos servirá para que las pérdidas de las empresas sean menores en este aciago ejercicio, el Gobierno pretende evitar situaciones donde hipotéticos beneficios basados en el ahorro de costes por los ERTE y no en la actividad de la empresa, lleven al reparto de dividendos, sin antes devolver las ayudas recibidas.

En cualquier caso, si me gustaría compartir contigo mi preocupación al comprobar cómo esta crisis ha sorprendido a muchas empresas con niveles escasos de capital y pocas reservas. La política de ordeñar sistemáticamente a las empresas en épocas de bonanza, pasa factura cuando vienen mal dadas.

El endeudamiento empresarial continúa reduciéndose a pesar de la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La deuda de empresas y hogares españoles se situó en el 129,9 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2020, 3,7 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado hace justo un año, según informa el Banco de España (BdE). En base a este dato, y a pesar de los primeros efectos de la COVID-19, de momento no se observa un incremento en el nivel de endeudamiento privado.

La deuda consolidada de las sociedades no financieras y de los hogares y de las ISFLSH (instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, tales como las organizaciones no gubernamentales o las entidades religiosas) alcanzó los 1,610 billones de euros a finales de marzo. De esta cifra, 905.000 millones correspondieron a las empresas, mientras que 705.000 millones fueron la deuda de hogares e ISFLSH.

Centrándonos en las empresas, en relación al PIB, su deuda representó el 73,1 por ciento a finales de marzo, 2,1 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace un año. Hay que señalar que en el importe total de la deuda se incluyen los préstamos y valores representativos de deuda, pero se excluyen los importes frente al propio sector (es decir, no se incluyen los préstamos que las empresas no financieras realizan entre sí). El ratio se elevaría al 93,7 por ciento si incluyéramos dicha deuda interempresarial.

En cualquier caso, las empresas han hecho un esfuerzo importante por reducir su nivel de deuda en los últimos años, tal como puedes comprobar en el cuadro adjunto, tanto en términos brutos (incluyendo deuda interempresarial) como netos (sin incluirla). Habrá que ver ahora cómo evoluciona este nivel de endeudamiento con los efectos de la pandemia, según vayamos conociendo nuevos datos.

Evolución deuda sociedades no financieras en EspañaDeuda_IT_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos BdE. CFEE I trimestre de 2020.

Más de 600 mil préstamos avalados por la Línea ICO COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español ha hecho balance de la Línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) arbitrada para garantizar la liquidez de empresas y autónomos en la crisis debida a la COVID-19, una vez que ha sido liberado en su totalidad el importe previsto inicialmente de 100.000 millones de euros.

Esta Línea fue aprobada el 17 de marzo, tras declararse el estado de alarma en España, y desde entonces se ha distribuido en los cinco tramos que puedes ver en la tabla adjunta.

ICO_liquidez

La distribución por beneficiarios del importe avalado por el ICO ha sido la siguiente:

  • A pymes y autónomos: 67.500 millones de euros.
  • A pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas: 2.500 millones de euros.
  • Al resto de empresas: 25.000 millones de euros.
  • A empresas y autónomos para adquirir o arrendar vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional: 500 millones de euros.
  • A emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF): 4.000 millones de euros.
  • A la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA): 500 millones de euros.

Con datos a 1 de julio, el Gobierno declara que se han aprobado un total de 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros. El mayor volumen de operaciones y financiación se ha concentrado en pymes y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados y un importe avalado de 46.777 millones de euros. Según el Ejecutivo español esto ha permitido canalizar a este colectivo 58.525 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante (hay que recordar que el aval del ICO en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80 por ciento del principal tanto de las nuevas operaciones de financiación como de las renovaciones).

El resto de empresas (grandes) han sido avaladas con 17.843 millones de euros, lo que les ha permitido recibir 26.493 millones de euros en financiación. En este caso, el aval público cubre el 70 por ciento del principal en las nuevas operaciones de préstamo y el 60 por ciento en las renovaciones.

El pasado viernes 3 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros, pero en este caso no se destinará a liquidez sino a financiar nuevos proyectos de inversión de autónomos y empresas. Todavía no conocemos sus características concretas, por lo que habrá que estar muy atentos a las próximas reuniones del Consejo donde previsiblemente serán aprobadas.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2020 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

A estos efectos, la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el primer semestre de 2020 ha tenido lugar el 22 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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Cómo reflejar el efecto de la COVID-19 en las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

Puede que seas administrador de una empresa que todavía no haya formulado las cuentas anuales de 2019, cuyo plazo se ha extendido hasta el 31 de agosto, y te preocupe si has de reflejar en ellas el efecto del coronavirus y, en su caso, cómo hacerlo.

Pues bien, teniendo en cuenta que la declaración del estado de alarma se produjo en España el pasado 14 de marzo, se puede considerar que la crisis debida al coronavirus es un hecho posterior al cierre de 2019, el cual deberás reflejar en tus cuentas anuales ateniéndote a lo que dispone la normativa contable en vigor.

En este sentido, la norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 23.ª (22.ª en el caso del Plan de Pymes) distingue los siguientes supuestos:

  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que ya existían al cierre de ejercicio, los cuales en función de su naturaleza motivarán en las cuentas anuales un ajuste (una provisión con cargo a resultados), información en la memoria o ambos. No parece que sea el caso que nos ocupa, puesto que los efectos del COVID-19 se han empezado a sentir en las empresas bien entrado 2020.
  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio, los cuales no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, si son tan importantes que si no se informa sobre ellos puede distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas, se deberá incluir en la memoria información respecto a su naturaleza con estimación de su efecto, o en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Entiendo que éste ha de ser el caso más general para nuestras empresas, donde lo que habrá que hacer será incluir en las memorias de 2019 información sobre el coronavirus y su grado de afectación al negocio, sin tener que reformular balances y cuentas de pérdidas y ganancias.
  • En todo caso, en la formulación de las cuentas debe tenerse en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento (por el que se considera que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible), de tal modo que no se formularán sobre la base de dicho principio si se tiene la intención de liquidar la empresa o cesar su actividad, o si no existe una alternativa más realista que hacerlo, algo que por desgracia estará valorando más de un empresario en la actualidad. De este modo, si debido a los efectos de la COVID-19 tu empresa va a cerrar, deberás formular las cuentas anuales de 2019 conforme a lo dispuesto en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LA INFORMACIÓN DE NUESTROS DEUDORES – LA ÚNICA FÓRMULA PARA CONCEDER CRÉDITO EN EL NUEVO ESCENARIO DE MOROSIDAD GENERADO POR EL COVID 19

Gonzalo Quiroga – Abogado 

Es del todo latente que entre las graves consecuencias que sobre la economía está arrojando el nuevo escenario impuesto por el Covid19 se encuentra la de un aumento alarmante de la morosidad y de los impagos.

Como he mantenido siempre, el retraso e incumplimiento de los pagos es una problemática que hay que evitar o paliar desde un primer momento ya que es un factor determinante de la desaparición e inviabilidad de muchísimas empresas, incluso de aquellas que podrían sobrevivir porque consiguen mantener un nivel de actividad y ventas que las haría rentables pero que, al cobrar tarde o no cobrar, acaban “muriendo de éxito”, es decir, trabajando de forma idónea pero sin liquidez para afrontar el día a día, lo que las lleva a la disolución o el concurso.

A este incremento, y cada vez más preocupante y creciente, aumento de los retrasos e incumplimientos de pago hemos de añadir que la situación económica que se nos viene encima, la famosa “nueva normalidad” nos depara un escenario desconocido y difícil de pronosticar, por lo que nuestros actuales criterios y protocolos para estudiar el riesgo de impago y conceder crédito no son ya una herramienta útil, siendo necesario que cambiemos radicalmente nuestro modus operandi en la materia.

El principal cambio que hemos de adoptar consiste en CONTAR CON HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DEUDORES QUE NOS PERMITAN RENOVAR SUS DATOS CONSTANTEMENTE y casi para cada nueva operación de venta a crédito.

Así, es muy habitual que tengamos clientes históricos en nuestra empresa a los que inicialmente, y hace años, se analizó y se les concedió una cantidad máxima de crédito adecuada a su perfil. Luego, con el paso de los años y ante su buen comportamiento de pago se les fue aumentando el límite de crédito hasta que, por mera inercia, esos clientes ya no los estudiamos cuando vamos a vender a crédito, consideramos que tienen un límite establecido y que no hay necesidad de ponerlo en duda.

Este criterio, sin embargo, no es válido en una situación de crisis e incertidumbre como la que se nos avecina. De hecho, los mayores “batacazos” o incidencias de impago que sufren las empresas en épocas de recesión como la que se avecina suelen venir dados por conceder crédito en demasía a clientes históricos sin tener en cuenta ni estudiar su  actual situación y realidad. (Imaginemos quien un año antes del concurso de acreedores de Pescanova, por ejemplo, le seguía concediendo crédito con límites fijados en base a la realidad de esa compañía 5 años antes…)

Por tanto, es indispensable que cambiemos nuestro criterio y que antes de conceder crédito a estos clientes históricos podamos analizar con el mayor detalle posible todos los aspectos e informaciones sobre su situación actual y hacerlo casi antes de cada operación o período de tiempo corto.

Esta necesidad se hace latente también para conceder crédito a nuevos clientes.

Así, tengamos en cuenta que hasta el día de hoy concedemos crédito a un nuevo cliente basándonos en la información que obtenemos del mismo a través, fundamentalmente, de sus cuentas anuales. Esto hace que realmente estemos concediendo crédito hoy en base a la realidad que esa empresa tenía en el ejercicio 2018 que es el que reflejan las cuentas anuales que depositó en 2019.

Es decir, para conceder crédito a nuevos clientes estábamos tomando decisiones mirando por el retrovisor, atendiendo a como estaba esa empresa hace dos años y no a cuál es su situación y capacidad de pago a día de hoy.

Con una crisis como la que se avecina, es muy probable que los cambios en las  empresas sean muy bruscos y que la información de las cuentas anuales del 2018 no tengan nada que ver con la realidad de nuestra deudora a día de hoy ni, por tanto, puedan servir como criterio para concederles crédito.

Ello se agrava si tenemos en cuenta que la regulación legal impuesta por el Covid19 ha establecido que se amplía el plazo para formular las cuentas anuales de 2019 (que deberían depositarse en este mes)  y que se concede prórroga para solicitar la declaración de disolución o concurso de las mercantiles insolventes.

De este modo, es necesario que para cada nueva venta a crédito a nuestros clientes, históricos o de nueva relación, analicemos la situación real y actual de la eventual deudora y que para ello contemos con sistemas, informes, aplicaciones informáticas y mecanismos de todo tipo que nos permitan tener una información totalmente al día y actualizada que no se base solo en los datos que obran en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Estas herramientas nos deben permitir conocer, casi al día, además de los datos de las cuentas societarias otras realidades importantes como pueden ser:

1. Comportamiento en sus pagos, conociendo si aparecen reflejadas en ficheros de impagados, si nuestra aseguradora de caución y crédito nos ha alertado sobre posibles incidencias, etc.

2. Si existen incidencias con Administraciones Públicas: en la mayoría de informes de solvencia se intenta reflejar la existencia de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil pero lo cierto es que, dada la lentitud con la que los órganos jurisdiccionales comunican los datos, muchas veces el deudor aparece sin ninguna incidencia judicial en contra cuando en realidad existen varios procesos en curso.

Sin embargo, lo que sí es fácil de detectar, tanto a través de información de solvencia como a través del propio internet es si la deudora tiene impagos o ejecuciones abiertas frente a Hacienda o Tesorería de la Seguridad Social. Si es así es un dato a tener en cuenta pues denota la inminente existencia de dificultades.

3.  Si existen procedimientos de negociación pre concursal o, directamente, concurso de acreedores tramitándose ante los Juzgados de lo Mercantil. Siendo este dato fácil de verificar a través del Registro Público de Resoluciones Concursales al que podemos acceder en la web pública existente y, además, suele venir recogido en los informes de solvencia si los pedimos actualizados cada vez que estudiemos conceder crédito.

4.  Otros datos que debemos recabar y conservar nosotros mismos en nuestra relación del día a día con el cliente y que pueden ser determinantes de cambios en la capacidad de pago, indiciarios de desaparición inminente de la mercantil en cuestión e, incluso, datos útiles y determinantes para que en caso de que haya que reclamar judicialmente la deuda nuestra demanda consiga su objetivo de cobrar lo adeudado.

Entre estos datos a detectar se encuentran los siguientes:

A. Si nuestro cliente ha cambiado de número de teléfono, de dirección postal, de banco , etc…

El cambio de instalaciones o de datos de contacto suele ser un intento de reducir costes y debemos tenerlo en cuenta y anotarlo porque si llega el caso de reclamar judicialmente ganaríamos muchísimo tiempo frente a los demás acreedores porque nos permitiría dirigir la demanda al domicilio real de la empresa y no al que figura aún en el Registro Mercantil.

B.  Si empieza a devolver nuestros recibos pero inmediatamente se ofrece a regularizar el pago y los abona desde una cuenta bancaria distinta a la habitual.

Cuando la empresa empieza a ir mal tiene que elegir qué paga y que no atiende. Si deja que pasen los recibos por la cuenta habitual se pagaran por orden de llegada, no por orden de importancia para la empresa. Al devolverlos todos y utilizar una nueva cuenta consigue pagar lo más indispensable para su actividad y desatender los que considera más prescindibles o de segundo orden.

Detectar esto no solo nos sirve para ver que la empresa empieza a tener problemas sino también para ganar ventaja frente a otros acreedores si tenemos que reclamar judicialmente, pues podremos pedir el embargo de la única cuenta en la que hay dinero y que los demás no han tenido en cuenta.

C. Si empieza a haber movimientos extraños en los ceses y nombramientos de los órganos de administración.

Así, si una empresa llamada “Hermanos Sanchez” ha tenido desde su constitución hace 30 años como administradores a Don Pedro y Don Manuel Sánchez y, de la noche a la mañana, estos cesan y nombran un nuevo administrador sin vínculos con la familia o la empresa probablemente estemos ante un hombre de paja o testaferro y ante un indicio claro de la inminente desaparición de la mercantil.

En definitiva, ante la nueva situación de morosidad que se avecina hemos de cambiar el chip y estudiar minuciosamente y casi para cada operación de venta a crédito a todos nuestros clientes, históricos o recién llegados, y contar para ello con herramientas y recursos que nos proporcionen información actualizada y al día relativa a todos los aspectos posibles y no ceñida únicamente a la información mercantil.

Ante los nuevos cambios y como dice el viejo dicho “más vale prevenir que curar” y en este caso prevenir es más sencillo de lo que parece, basta con analizar la información de que disponemos y, sobre todo, tener actualizada esa información en todo momento, ser el primero en detectar los cambios o defectos a los que hemos hecho referencia supone una ventaja impagable a la hora de evitar la concesión de crédito a sociedades que, en el momento de pedirlo, ya están abocadas a no pagar.

La crisis del “coronavirus” dispara la deuda pública en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus ha disparado la deuda pública española hasta situarla en 1.224 millones de euros, según datos publicados por el Banco de España (BdE). En términos relativos, el ratio de deuda pública sobre PIB alcanzó el 98,9 por ciento, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Inclusive la previsión del Gobierno es que a cierre de ejercicio este ratio se sitúe, nada más y nada menos, que en el 115,5 por ciento del PIB… terrible.

Este dato de la deuda pública se mide según el denominado “Protocolo de Déficit Excesivo” (PDE), concepto de endeudamiento que habitualmente se utiliza en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en el que se incluyen tanto los pasivos de las administraciones públicas que están materializados en efectivo y depósitos, como los valores representativos de deuda y préstamos, valorados por sus importes nominales y excluidos los pasivos que han emitido unas administraciones y que están en poder de otras (lo que se técnicamente se conoce como consolidación).

Si analizamos los distintos subsectores en los que se puede dividir la deuda pública en España, se observa como en términos interanuales su saldo ha aumentado en casi todos ellos. De este modo, ha crecido el saldo de la Administración Central (2,7 por ciento), el de las Administraciones de Seguridad Social (27,8 por ciento) y el de las Comunidades Autónomas (0,3 por ciento), siendo las Corporaciones Locales las únicas que han disminuido el saldo de su deuda con respecto hace un año (-11,9 %). En lo que respecta al crecimiento tan llamativo de la Seguridad Social, el BdE señala que se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General  de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos, al tratarse de financiaciones entre administraciones, no computan a efectos del total de la deuda pública.

Deuda_pública_III_20

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