Archivo de la categoría: Colaboradores

Relación actualizada de declarantes y consultantes a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos que alimentan y utilizan las entidades de crédito para analizar el endeudamiento de sus clientes. Básicamente, informa de los riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantía) que el conjunto de entidades mantiene con su clientela.

No obstante, las entidades de crédito no son las únicas obligadas a suministrar información.

La relación de entidades que están obligadas a declarar a la CIRBE se ha ido incrementando con el paso del tiempo, de tal modo que, tras los cambios introducidos este mismo año por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, queda de la siguiente manera:

  • Banco de España.
  • Entidades de crédito españolas (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito e Instituto de Crédito Oficial).
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en nuestro país).
  • Sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento.
  • Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios (son entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancarios en territorio español de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente, y que solamente han de declarar la operativa que realicen con residentes en España).
  • Prestamistas inmobiliarios (que no estén incluidos en las categorías anteriores).
  • Entidades de pago que concedan préstamos (tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021 en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).
  • Entidades de dinero electrónico que concedan préstamos (igualmente, tendrán que declarar a partir del 27 de enero de 2021, en base a lo dispuesto por la Orden ETD/699/2020).

Entidades que tienen derecho a consultar la CIRBE

Por otro lado, todas las entidades declarantes relacionadas en el apartado anterior pueden consultar la CIRBE, y además lo pueden hacer los intermediarios de crédito inmobiliario (cuya actividad principal consiste en poner en contacto a personas físicas con prestamistas a cambio de una remuneración).

Tanto las entidades declarantes como los intermediarios de crédito inmobiliario, pueden consultar la CIRBE de cualquier persona física o jurídica que mantenga con ellos algún tipo de riesgo, o les haya solicitado un préstamo o cualquier otra operación de riesgo, o figure como obligada al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación les haya sido solicitada.

De igual modo, cualquier titular de riesgos declarables a la CIRBE, sea persona física o jurídica, tiene derecho a obtener su informe de riesgos.

Problemas contables en las pymes españolas debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pandemia está afectando a las estructuras de muchas empresas, especialmente a las de las más pequeñas, en un país como España donde cerca del 94 por ciento del tejido empresarial se compone de autónomos y microempresas que no llegan a los 10 trabajadores en plantilla.

Los problemas con el coronavirus están afectando a las áreas funcionales, entre ellas a las que se ocupan de la gestión contable. Conozco casos de empresas que ante el cierre temporal de sus negocios han dejado, por ejemplo, de llevar su contabilidad actualizada, y esto a la larga puede acrecentar sus dificultades. Hay que tener en cuenta que con la contabilidad, como medio de prueba admitido en derecho que es, se puede demostrar que las diferentes medidas que se están adoptando no se realizan de forma fraudulenta sino motivadas por la situación excepcional de crisis que vivimos.

Inclusive en las empresas que siguen llevando su contabilidad al día, se observan errores que pueden llegar a afectar a la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados.

Entre ellos, me gustaría destacar el error de no contabilizar las subvenciones que se están recibiendo desde los diferentes organismos públicos como ingresos del ejercicio. Por ejemplo, las bonificaciones de las cotizaciones a cargo de la empresa a la Seguridad Social de los ERTE se han de considerar como una subvención de explotación, que se contabilizan generalmente como un ingreso. Solamente se podrán contabilizar como menor gasto si su importe es poco significativo, en base a lo dispuesto por la consulta n.º 5 del BOICAC 94 de junio de 2013.

Otro error contable importante que suelen realizar las pymes en épocas de crisis como la actual debida al coronavirus, es el de no deteriorar los activos (existencias, inmovilizados, clientes, etcétera), ante su pérdida de valor, puntual y reversible. La evaluación de esta pérdida de valor ha de realizarse como mínimo al cierre del ejercicio, y contabilizarse en su caso como un gasto. Es un proceso que difícilmente olvidan las pocas compañías que están sometidas a auditoría en España, pero sí de forma generalizada las demás.

Para muchas empresas resulta complicado mantener sus obligaciones al día en el escenario de gran incertidumbre que hoy nos toca vivir. No obstante, hay que pensar que la contabilidad más allá de ser un requisito legal, también es una herramienta de gestión fundamental a la hora de tomar decisiones. Al mismo tiempo, el escenario post-COVID va a exigir que las empresas que sobrevivan sean más transparentes y generen mayor confianza en los públicos con los que se relacionan, algo que ha de pasar necesariamente por presentar una información contable completa y de calidad.

El Gobierno concede más tiempo a las empresas para que devuelvan los préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

Existe mucho miedo tanto en la banca como en el Gobierno a que las empresas españolas, ante la prolongación de la pandemia y de sus consecuencias económicas, no sean capaces de afrontar sus deudas financieras en los próximos meses. Especialmente se teme que el año próximo no puedan hacer frente a los vencimientos de los préstamos avalados por el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

A estos efectos, y tratando de adelantarse a los problemas financieros de las empresas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, por el que se amplían los plazos de concesión, vencimiento y carencia de los préstamos avalados por el ICO. Se trata de conceder “más tiempo” a las empresas para que recuperen su actividad y puedan devolver estos préstamos.

En palabras de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estas medidas protegerán especialmente “a los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, de industria textil y moda y el comercio al por menor, que concentran casi un tercio de las operaciones con aval del ICO”.

Con el Real Decreto-ley 34/2020, por un lado, se amplía el plazo de concesión de la dos líneas ICO (liquidez e inversión) hasta el 30 de junio de 2021. Recuerdo que las mismas han sido dotadas con 100.000 millones (liquidez) y 40.000 millones de euros (inversión), respectivamente.

Por otro lado, las empresas y autónomos podrán ampliar (previa petición a la entidad financiera prestamista) el vencimiento de los préstamos de la línea de liquidez 3 años más, con un máximo de 8 años, desde los 5 actuales. Hay que señalar que, según los datos disponibles por el ICO hasta 31 de octubre, más del 73 de las operaciones concedidas con cargo a esta línea se han firmado a un plazo de entre 4 y 5 años.

De igual modo, y previa petición a la entidad de crédito, se podrá ampliar el plazo de carencia de las dos líneas ICO en la devolución del principal desde los 12 meses actuales hasta los 24.

Para que las empresas y autónomos puedan ampliar estos plazos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

  • Presentar la solicitud a la entidad financiera antes del 15 de mayo de 2021.
  • La operación avalada por el ICO y el resto de operaciones contratadas con la entidad de crédito no estén en mora.
  • No aparecer en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
  • La entidad financiera no haya comunicado al ICO ningún impago de la operación avalada en la fecha de formalización de la extensión.
  • No estar sujeto a procedimiento concursal.
  • La financiación avalada se haya formalizado antes de la publicación del Real Decreto-ley 34/2020 en el BOE.
  • Se cumplan los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

Las entidades financieras tendrán un plazo máximo de 30 días para responder a las solicitudes de ampliación. Por otro lado, deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, y no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés por la ampliación ni exigir la contratación de productos vinculados, como, por ejemplo, seguros.

Asimismo, el Gobierno ha decidido reducir los aranceles notariales y registrales que se cobrarán por estas operaciones de ampliación en un 50 por ciento.

¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis?

Mario Cantalapiedra – Economista

El intercambio de puntos de vista y de información entre diferentes áreas de la empresa antes de tomar la decisión de conceder crédito comercial a los clientes, suele incrementarse en épocas de crisis económica. En algunas empresas dicho intercambio se produce en el seno de estructuras de gestión del riesgo de crédito comercial, que genéricamente se conocen como “comités de riesgos”.

En base a los datos de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform, la presencia en las empresas de estos comités de riesgo está aumentando. De este modo, el 26 por ciento de las empresas encuestadas en otoño declaran tenerlos, frente al 25 por ciento que decían tenerlos en primavera, y el 22 por ciento de 2019. Suele ocurrir así habitualmente, en épocas de crisis estas estructuras aumentan y cuando llega la bonanza se olvidan.

Comité

 

Los comités de riesgos revisan, recomiendan y aprueban los límites de crédito a los clientes, controlando la evolución en el tiempo de su cartera, y en ellos exponen y debaten sus puntos de vista diferentes departamentos de la empresa.

Según lo declarado por las empresas, el departamento que suele estar más presente en estas estructuras es el financiero (69 por ciento), seguido de cerca por la dirección general (66), y a mayor distancia por los departamentos comercial (39) y de riesgos (26). En el último caso, el del departamento de riesgos, es muy habitual que las empresas de dimensión más modesta (recordemos que en España cerca del 94 por ciento de la compañías son autónomos y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas), agrupen sus funciones en la persona o personas que se encargan del área financiera.

Departamentos

Contar con estructuras definidas en las empresas para gestionar el riesgo de crédito comercial, inclusive en las pequeñas, se me antoja que puede ser algo eficaz, y hasta eficiente, en cualquier coyuntura del mercado, no solamente en épocas de crisis económica.

En estos comités, los responsables financieros y comerciales que suelen tener posturas diferenciadas sobre los clientes (el financiero sobre todo quiere cobrar, el comercial sobre todo quiere vender), pueden compartir información y debatir acerca de las posibilidades reales de pago para llegar a acuerdos sobre los límites de riesgo. Esta forma estructurada de proceder puede minimizar muchos de los problemas de morosidad de las empresas.

El miedo y la incertidumbre llevan a los depósitos bancarios a cifras récord en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los depósitos bancarios en manos de hogares y empresas residentes en España alcanzaron los 1,1894 billones de euros en septiembre, tras aumentar en 5.700 millones con respecto al mes anterior, según los datos que acaba de proporcionar el Banco de España (BdE). Esta cifra representa un nuevo récord.

Los hogares e ISFLSH (instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, tales como sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro, etcétera) aumentaron sus depósitos en 800 millones de euros en septiembre, con un crecimiento interanual del 7,2 por ciento. A finales de este mes mantienen depositados en las entidades de crédito, 893.000 millones de euros, récord histórico.

Por su parte, los depósitos bancarios de las empresas crecieron en septiembre 4.900 millones de euros, con un incremento interanual del 14,2 por ciento. Representan un saldo de 296.400 millones de euros, también el máximo de la serie histórica.

Hogares y empresas mantienen gran parte de su dinero en depósitos, a pesar de la muy baja o nula rentabilidad en el caso de las familias, y hasta negativa en el caso de las empresas. Esto que a simple vista puede parecer poco racional, se explica si se enfoca desde el miedo y la incertidumbre que nos rodean en la actual coyuntura económica.

Se suele decir que la incertidumbre es el peor enemigo que tiene la inversión, de tal modo que para muchos es preferible tener el dinero “parado” en el banco antes que buscar alternativas que ahora mismo, y mientras la pandemia siga sin controlarse, llevan asociadas un riesgo muy elevado. Mejor no ganar nada o hasta perder un poco, que perder mucho más. El problema es que esta falta de inversión en productos alternativos a los depósitos, más allá de representar un problema en la economía financiera, tiene su efecto pernicioso en la economía real, la cual sufre la falta de dinero que financie nuevos proyectos que generen empleo y crecimiento.

Por desgracia, se hace difícil pronosticar un cambio de tendencia en la situación descrita hasta que no tengamos mejores noticias en la lucha contra la COVID-19.

Evolución de depósitos en manos de sociedades no financieras y hogares e ISFLSH durante 2020 (Datos en millones de euros)

Depósitos_septiembre_2020Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BdE.

El 63 por ciento de las empresas cobran por encima del plazo legal en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, las empresas deben cobrar sus facturas como máximo a los 60 días naturales desde la fecha de recepción de las mercancías o de prestación de los servicios. Pues bien, este plazo no se cumple para el 63 por ciento de las empresas que venden bienes o prestan servicios en España.

Es una de las conclusiones de la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Aunque el dato ha mejorado algo con respecto al anterior realizado en primavera, sigue siendo muy alto el número de empresas que declaran no cobrar sus facturas dentro del plazo legal. No parece que la situación económica actual debida a la pandemia sea la más propicia para corregir un problema enquistado hace mucho tiempo en nuestra economía.

Estudio_otoño_plazo_medio

Hasta un 79 por ciento de las empresas consultadas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados, siendo llamativo el crecimiento negativo experimentado por el colectivo de pymes (el 54 por ciento de las empresas consultadas, cuatro puntos más que en primavera, declaran tener que aceptar el cobro de sus clientes pymes más tarde de lo deseado).

Las pequeñas y medianas empresas están siendo muy golpeadas por la COVID-19, especialmente en determinados sectores, y ello se ha de reflejar de un modo u otro en demoras en sus pagos.

Estudio_otoño_aceptar_plazos

Lo difícil de la situación actual también se comprueba con el incremento significativo del retraso intencionado como causa explicativa de la demora en los pagos (del 45 por ciento en primavera pasa a ser el 52 por ciento ahora en la consulta de otoño). Es la segunda causa argumentada por las empresas consultadas, pero está muy cerca ya de la primera, la indisponibilidad de fondos.

Estudio_otoño_Razones

Veremos si la situación de deterioro que se describe en estas gráficas no empeora cuando finalicen los ERTE y los estímulos actuales. Mucho me temo que de no cambiar radicalmente nuestro entorno empresarial, en 2021 lo datos relacionados con el pago entre empresa puedan sufrir un grave deterioro.

Nubarrones negros se ciernen sobre el PIB y la facturación de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejadas en su último informe de “Perspectivas de la economía mundial”, España se convertirá en la economía avanzada que sufra un mayor retroceso de su producto interior bruto (PIB) en 2020. En concreto, este organismo internacional prevé que la caída del PIB sea nada más y nada menos que del 12,8 por ciento.

Muchas economías van a terminar 2020 en negativo. De hecho el FMI prevé un retroceso del 4,4 por ciento para el producto mundial, y del 5,8 por ciento para las economías avanzadas, de entre las cuales España es la que más cae.

Para nuestro país supone la mayor caída en su indicador de producción desde la Guerra Civil. Nos queda la esperanza de que nuestro producto sea de los que más crezcan en 2021. De hecho, el FMI estima que se incrementará un 7,2 por ciento, pero claro está, no será un nivel suficiente a efectos de recuperar la caída de 2020 (para recuperarla tendría que aumentar un 14,6 por ciento, teniendo en cuenta aquello del diferente comportamiento de los porcentajes en las bajadas y en las subidas).

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)

FMI_octubre_2020

Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Octubre 2020.

Y al final estas proyecciones macroeconómicas tienen su fiel reflejo en las previsiones que también realizan los empresarios españoles.

Si atendemos ahora a las conclusiones de la segunda oleada del Estudio del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 61 por ciento de las empresas esperan una caída de su facturación en 2020. A pesar de todo, hay cierta mejora con respecto a la anterior oleada de este estudio de primavera de 2020. Entonces eran hasta un 72 por ciento de empresas las que creían que su facturación iba a menguar este año. El que no se consuela es porque no quiere.

14º_Estudio_Gestión_Riesgo_de_Crédito_Iberinform

Aumenta la creación de sociedades mercantiles en España a pesar del “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto de este año se crearon en España 5.747 sociedades mercantiles, lo que supone un 7,1 por ciento más que hace justo un año. En medio de la crisis debida al “coronavirus” resulta llamativo que la creación de sociedades haya vuelto a tasas interanuales positivas, algo que no se veía en nuestro país desde diciembre de 2019.

A pesar de la incertidumbre que define a la actual situación socioeconómica, hay empresarios que han detectado oportunidades en el mercado y se han lanzado a tratar de aprovecharlas. Al menos, la valentía no se les puede negar.

Las comunidades autónomas con mayor número de sociedades mercantiles dadas de alta en agosto fueron, por este orden, la Comunidad de Madrid (1.228), Andalucía (1.044) y Cataluña (1.030). En términos de variación interanual, el ranking lo encabezó Baleares (66,4 por ciento más de empresas creadas), Cantabria (45,2 por ciento) y Andalucía (22,1 por ciento).

Por sectores de actividad principal, el 21,6 por ciento de las sociedades mercantiles que fueron creadas en agosto pertenecen al comercio, mientras que el 16,5 por ciento se adscriben al sector de inmobiliarias, financieras y seguros.

En cuanto al dato de sociedades mercantiles disueltas tampoco se puede considerar malo en las actuales circunstancias. 1.123 sociedades fueron disueltas en agosto, lo que representa en términos relativos un 3,8 por ciento menos que en agosto de 2019. No obstante, hay que recordar que muchas empresas se están “financiando” actualmente con los ERTE previstos por el Gobierno, y habrá que ver cuántas de ellas sobreviven cuando el programa excepcional de ayudas termine. De momento, su vigencia está prevista hasta finales de enero de 2021. Sólo entonces será posible calibrar el verdadero descalabro del tejido empresarial en España.

Evolución sociedades mercantiles creadas en España 2019-2020Empresas_creadas_agostoFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

REFORMA DE LA LEY DE MOROSIDAD: UNA DE SUS MEDIDAS SERÁ PALIAR EL GRAVAMEN QUE PARA EL ACREEDOR SUPONE ADELANTAR EL IMPORTE DEL I.V.A.

 

 

En cualquier circunstancia, pero mucho más en una coyuntura económica como la que nos ha dejado el COVID 19, uno de los principales gravámenes que se deriva para el empresario cuando no le pagan una factura es la obligación fiscal que tiene de adelantar el importe del I.V.A. a Hacienda en el mismo momento en que emite la factura.

Este sistema, duramente criticado desde hace años por ilógico y antieconómico, genera un perjuicio incalculable a la empresa acreedora que ve atacada su liquidez y, con ello, sus expectativas de viabilidad y funcionamiento en un doble ámbito cada vez que sufre un impagado.

Por un lado, al producirse el impagado, el acreedor ve como deja de percibir el pago que necesitaba para tener tesorería, dejando de ingresar tanto el importe de los gastos y costes que le supuso generar el bien o servicio facturado como el margen de beneficio que su venta implicaba. Este efecto ya merma su liquidez notablemente pero es que, a mayores, ve como, por otro lado, aunque no le han abonado el importe de la factura girada se ve obligado a buscar dinero debajo de las piedras si fuere menester para conseguir el 21% del importe impagado e ingresarlo en Hacienda como si fuese un I.V.A. que ya ha cobrado. Este segundo efecto resulta demoledor para su tesorería que no solo no percibe el ingreso de cuanto le adeudan sino que, además, tiene que mermar sus reservas monetarias para adelantar a Hacienda un dinero que no ha percibido y ver impotente como ese dinero que le adelanta a la Agencia Tributaria no podrá intentar recuperarlo hasta que haya transcurrido un año desde que se giró la factura en cuestión.

Este gravamen que el adelanto del I.V.A. supone para el acreedor puede llegar a determinar la desaparición de su empresa, especialmente en momentos en los que, como actualmente, el índice de facturas impagadas se dispara como consecuencia de la recesión económica.

Pues bien, en el texto de la Proposición de Ley de Reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad cuya tramitación parlamentaria se acordó iniciar el pasado 22 de septiembre de 2020 se prevé por primera vez tomar medidas para paliar este efecto negativo de la obligación de adelantar el importe del I.V.A. de facturas que luego resultan impagadas. Así, el texto de la Proposición de Ley incluye entre las medidas de reforma en materia de morosidad y plazos de pago la reforma del artículo 80 de la vigente Ley del I.V.A. de forma que el acreedor que adelante el I.V.A. de una factura que resulta impagada pueda solicitar la devolución del importe adelantado pasados 30 días desde el impago de la factura en cuestión, en lugar de tener que esperar un año para poder solicitar a la Agencia Tributaria la devolución o compensación del importe del impuesto adelantado.

De las enmiendas y votaciones sobre el texto en su tramitación parlamentaria dependerá que se apruebe o no la medida propuesta, lo que no es fácil porque supondría una importante merma de las partidas recaudadas por el Estado, pero en caso de aprobarse supondría, sin duda, un importante balón de oxígeno para los empresarios españoles, en especial para pymes y autónomos, que tendrían una mayor liquidez para poder continuar con su actividad empresarial a pesar de aumentar el nivel de impagos en operaciones comerciales.

  

 Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Presidente Comisión de Morosidad ASSET

Socio Director Quiroga & Asociados Abogados

La morosidad bancaria está contenida en España… de momento

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado mes de julio la tasa de morosidad bancaria sufrió su primer repunte desde que comenzó la crisis del coronavirus hasta situarse en el 4,72 por ciento, según los datos publicados por el Banco de España (BdE).

Esta tasa se obtiene dividiendo el saldo vivo de créditos dudosos (57.837 millones de euros a finales de julio) entre el saldo vivo del total de crédito concedido (1,226 billones de euros). Ambos saldos se han reducido con respecto al mes anterior, pero el de créditos dudosos lo ha hecho en una menor proporción.

Según se puede ver en la tabla adjunta, a pesar del aumento de la tasa en julio, la morosidad bancaria sigue bastante contenida en España, y muy lejos de la cota máxima que alcanzó en diciembre de 2013 (13,62 por ciento). No obstante, el problema puede venir, como ya se apunta desde el propio BdE, cuando finalicen los programas de apoyo a familias y empresas que están vigentes en la actualidad. Fundamentalmente cuando acaben las moratorias al pago de hipotecas y de préstamos personales que han concedido las entidades financieras a las familias, así como los períodos de carencia en los avales otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir parte del riego de la financiación a empresas y autónomos.

Es decir, la morosidad bancaria está contenida en España porque nuestra economía está “dopada” con medidas excepcionales, pero si éstas terminan de golpe el estallido de la morosidad puede llevarnos a las cifras de 2013 y además hacerlo de una forma muy rápida.

Morosidad_bancaria_07_20

Leer artículos anteriores: 1 2 3 4 ... 88 89 90 Pág. Siguiente