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Gestión financiera en las pymes españolas frente a la crisis del “coronavirus” (parte 1)

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado martes 31 de marzo impartí el webinar “Las pymes españolas frente a la crisis del coronavirus ¿Cuál es la mejor manera de afrontarla desde el punto de vista financiero?” al que asistieron representantes de alrededor de 300 pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión traté de analizar los principales cambios que en la gestión financiera de las empresas nos está obligando a realizar la crisis del coronavirus, y de aportar algún consejo práctico que nos permita anticiparnos a los problemas de liquidez. En cuanto a las medidas emprendidas por el Gobierno, sobre todo hice referencia a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a los aplazamientos de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social que se han previsto.

Tal como comenté a los asistentes al webinar, deseo compartir en el blog las cuestiones analizadas que considero más reseñables, y aclarar algún aspecto que pudo quedar pendiente.

Cambios en la gestión financiera

En lo referente a los cambios en la gestión financiera de la empresa, entendiendo que esta consiste en adecuar las corrientes de cobros y pagos garantizando el nivel de liquidez necesario para el normal desarrollo de la actividad, considero que en este momento es fundamental:

  • Incidir en la reducción de costes, eliminando todo aquello que no se considere imprescindible y planteando la subcontrata de elementos no esenciales que permitan liberar recursos.
  • Asegurar la liquidez ajustando activos y pasivos a corto, por ejemplo, reduciendo los plazos en almacén y de cobro a clientes, incrementando los de pago a proveedores, o aplazando impuestos y cotizaciones sociales
  • Dar una importancia fundamental al control presupuestario que inclusive nos lleve a calcular el presupuesto de tesorería semanalmente y a tenerlo permanentemente actualizado.

Línea de avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para pymes

En primer lugar, comentar que las características de esta línea ya se encuentran publicadas en la web del ICO. Y en cuanto a las dudas que surgieron sobre ella en el webinar, señalar lo siguiente:

  • Aunque el importe previsto por el Gobierno alcanza los 100.000 millones de euros, realmente solo se han activado 20.000, de los cuales 10.000 van destinados a avalar préstamos y renovaciones que soliciten pymes y autónomos. Esta cantidad en mi opinión no será suficiente ante la generalización de problemas de liquidez que tienen las pymes y las informaciones sobre su demanda que me están llegando, por lo que estimo que habrá de ser aumentada.
  • El plazo de la operación puede ser hasta un máximo de 5 años con 12 meses de carencia en la devolución del capital.
  • El Estado garantiza para el caso de las pymes el 80 por ciento del principal de la operación (no garantiza ni el pago de intereses ni de comisiones).
  • El coste del aval estatal es asumido por las entidades financieras.
  • Los solicitantes no han de figurar en situación de morosidad en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. Tampoco pueden estar sujetos a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  • No es necesario que el empresario haya cesado la actividad para solicitar el préstamo que es avalado por el Estado.
  • La línea está prevista para empresas de cualquier sector de actividad que tengan hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o un total de activo inferior a 43 millones de euros.
  • Está disponible para operaciones suscritas desde el 18 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta que se agoten los fondos previstos por el Gobierno.
  • Aunque el ICO no lo señala la previsión es que los bancos ofrezcan los préstamos a tipo fijo (al ser operaciones a largo plazo, así se aseguran de conocer de antemano el interés que percibirán). En cualquier caso, las entidades financieras tienen la obligación de garantizar que los costes de estos préstamos para las empresas se mantendrán en línea con los que les cobraban antes del inicio de la crisis del coronavirus.

La crisis del “coronavirus” lleva a que empresas cotizadas celebren sus juntas por vía telemática

Mario Cantalapiedra – Economista

Las circunstancias excepcionales que vivimos con la crisis del coronavirus han llevado a que el Gobierno, al igual que en otros ámbitos, también flexibilice la celebración de las juntas generales de las sociedades cotizadas.

De este modo, el artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ahora permite que las sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea, puedan celebrar su junta general ordinaria de accionistas dentro de los 10 primeros meses de 2020, por lo que el mes de octubre es el nuevo límite que tienen para celebrarla. De igual modo, se permite que el consejo de administración de la sociedad cotizada prevea en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así como su celebración en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales.

En referencia a este tema, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el pasado 10 de marzo las siguientes consideraciones:

1. Se considera muy razonable en las actuales circunstancias, y acorde con las normas de derecho societario, estimular cuanto sea posible la asistencia de los accionistas a la junta general por representación en lugar de presencialmente. Se estima igualmente razonable maximizar la utilización de mecanismos de asistencia remota y voto a distancia de los accionistas, incluyendo mediante sistemas de telepresencia o conexión telemática en tiempo real o cualquier otro medio previsto en los estatutos o en el reglamento de la junta general de accionistas. Si estos medios están disponibles y resultan efectivos, puede incluso ser factible una junta general íntegramente telemática.

En este sentido, diversas compañías cotizadas han decidido no cursar este año invitaciones para asistir a empleados, proveedores y otras personas no accionistas, así como suprimir actividades sociales e incentivos menores que tradicionalmente fomentan la asistencia de accionistas o de invitados (cóctel o recepción previa o posterior, entrega de pequeños obsequios con ocasión de la junta, etc.).

2. La CNMV entiende que en las circunstancias actuales debe reconocerse el máximo margen de flexibilidad a los consejos de administración de las compañías cotizadas para adoptar medidas y soluciones que contribuyan a preservar la salud de las personas y a evitar la propagación del virus, aunque no estén expresamente contempladas en los estatutos, el reglamento de la junta o en las convocatorias realizadas, siempre que se garantice de modo efectivo el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto de los accionistas y la igualdad de trato entre aquellos que se hallen en la misma posición.

Por ejemplo, se considera razonable posibilitar la asistencia telefónica o por videoconferencia de los administradores u otras personas obligadas a estar presentes en la junta general que, por motivos de salud o eventuales restricciones de viaje, no puedan asistir personalmente”.

Mientras algunas empresas cotizadas han aplazado de momento la celebración de sus juntas, otras como Iberdrola o Ence han decidido hacerlas ya por vía telemática.

Flexibilización de los plazos de las cuentas anuales en España por el “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

La pregunta que me hacía en el post anterior sobre la posibilidad de que el Gobierno español retrasara el plazo de depósito de cuentas anuales debido a la crisis del coronavirus ya tiene respuesta, y esta es afirmativa.

De este modo, con respecto a las cuentas anuales se ha decidido flexibilizar sus plazos de formulación, auditoría, celebración de la junta general ordinaria en las que deben ser aprobadas y depósito en el Registro Mercantil. Y todo ello teniendo en cuenta la fecha de finalización del estado de alarma, que actualmente es el domingo 29 de marzo, pero que seguramente habrá de ser prorrogada.

En concreto, dentro del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17  de marzo, dedicado a establecer medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, podemos leer lo siguiente:

3. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales”.

Teniendo en cuenta el plazo actual del estado de alarma, los administradores de las sociedades mercantiles tendrán hasta finales de junio para formular las cuentas anuales, mientras que la junta general tendrá de plazo hasta finales de septiembre para aprobarlas. Por tanto, si el depósito en el Registro de Mercantil ha de realizarse en los 30 días naturales después de la aprobación, de momento las empresas podrán depositar sus cuentas del pasado ejercicio hasta finales de octubre de 2020. Las previsibles prórrogas del estado de alarma llevarían a que estos plazos aumentaran.

¿Podría retrasarse el plazo de depósito de cuentas anuales por el “coronavirus”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus está haciendo que se tambaleen las estructuras de las empresas, especialmente las de pequeñas y medianas que están sufriendo una situación que de prolongarse en el tiempo puede comprometer su viabilidad. En este escenario más propio de una película de ficción que de la realidad, toda ayuda que se preste a los segmentos más débiles del tejido empresarial puede parecer poca.

Y si bien es cierto que jamás puede venir bien una crisis de este tipo, en este caso además coincide con fechas especialmente sensibles para las empresas. Además de continuar con su actividad en medio de la incertidumbre y la parálisis de muchos sectores, se enfrentan en las próximas semanas a trámites mercantiles tales como la formulación de las cuentas anuales por parte de los administradores o la legalización de libros oficiales, que suelen ser más complejos para las empresas pequeñas.

En concreto, los administradores deben formular las cuentas anuales del pasado ejercicio antes de que finalice marzo (en el supuesto de cierre de ejercicio a 31 de diciembre de 2019). Asimismo, tienen de plazo para legalizar sus libros oficiales, en el mismo supuesto de cierre con el año natural, hasta el 30 de abril de 2020. Estos libros recuerdo que son los siguientes:

  • Libro de inventarios y Cuentas anuales.
  • Libro Diario.
  • Libro de actas de las Juntas generales y de los órganos colegiados de la sociedad.
  • Libro Registro de Acciones Nominativas (sociedades anónimas).
  • Libro Registro de Socios (sociedades de responsabilidad limitada).
  • Libro Registro de contratos (sociedades unipersonales).

Lo cierto es que muchas empresas suelen aplazar estos trámites para hacerlos coincidir con el depósito de cuentas anuales, en la confianza de que no les supondrá sanción alguna sino únicamente una reseña por parte del Registrador (en base a lo dispuesto en el artículo 333 del Registro Mercantil).

No obstante, los plazos para la aprobación de las cuentas anuales por la Junta (seis meses después de la fecha de cierre) y de depósito (30 días naturales desde dicha aprobación), es muy probable que también se vean afectados por la situación excepcional que vivimos. Por lo que se me ocurre, al igual que ya se ha solicitado desde ámbitos tales como la delegación de CEOE-CEPYME en Guadalajara, que entre las medidas a arbitrar por el Gobierno español se incluya este año un retraso en el plazo de depósito de las cuentas anuales. En concreto, para las de 2019, este trámite se podría retrasar hasta septiembre u octubre. Como decía al principio, toda ayuda que se preste a las empresas más modestas puede parecer poca.

 

¿Es una buena medida que las sociedades cotizadas dejen de publicar su información financiera trimestralmente?

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español quiere eliminar la exigencia que actualmente tienen las sociedades que cotizan en Bolsa de publicar informes financieros trimestrales. Es una de las medidas que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, cuya tramitación ha sido aprobada esta semana por el Consejo de Ministros.

Esta medida, de salir finalmente adelante, supondría la derogación del artículo 120 de la Ley de Mercado de Valores:

Artículo 120. Declaración intermedia de gestión.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, cuando España sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea harán público y difundirán con carácter trimestral durante el primero y segundo semestre del ejercicio una declaración intermedia de gestión que contenga, al menos:

 a) una explicación de los hechos y operaciones significativos que hayan tenido lugar durante el período correspondiente y su incidencia en la situación financiera del emisor y de sus empresas controladas, y

 b) una descripción general de la situación financiera y de los resultados del emisor y sus empresas controladas durante el período correspondiente.

2. No se exigirá la declaración intermedia de gestión a los emisores que publiquen informes financieros trimestrales”.

Desde el ejecutivo se considera que esta obligación, que no existe en la mayoría de los países de la Unión Europea donde solamente se publican las cuentas de mitad de año y cierre de ejercicio, puede incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones y tener un efecto perverso para el conjunto de la economía. El texto del Anteproyecto cita la existencia de numerosos estudios que indican como la presión por maximizar los resultados financieros en cada informe trimestral, tiene efectos (negativos) sobre el crecimiento económico, el empleo y la productividad del capital. De hecho, se dice que “la crisis financiera de 2008 es entre otros factores el resultado de una visión excesivamente cortoplacista de la economía. El modelo de crecimiento anterior a la crisis, al estar basado en la necesidad de generar beneficios en el corto plazo generó un modelo de negocio arriesgado y excesivamente apalancado”.

El debate que se abre aquí es el de si es preferible tener información de forma más recurrente sobre las empresas cotizadas antes de comprar o vender sus acciones, o es mejor no “presionarlas” con la obligación de información trimestral con el objetivo de potenciar su desarrollo sostenible.

No obstante, ya se anuncia que aquellas empresas que así lo deseen podrán seguir presentando su información financiera con carácter trimestral. Puede que seguir haciéndolo les conceda una interesante ventaja competitiva.

Las disoluciones de sociedades mercantiles crecen y se crean menos compañías en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En 2019 se crearon en España 93.943 sociedades mercantiles, un 1,2 por ciento menos que en 2018, según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, el número de sociedades disueltas fue de 23.288, lo que representa un 4 por ciento más que en 2018. Es decir, nacieron menos empresas y, sin embargo, murieron más en términos relativos. Otro síntoma más de la desaceleración económica a la que estamos asistiendo.

En cuanto a ampliaciones del capital, 30.454 sociedades las realizaron en 2019, un 2,5 por ciento menos que en 2018.

Sociedades mercantiles creadas, disueltas y que amplían capital en 2019SM_creadasFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

En lo que se refiere a la actividad económica, el porcentaje más elevado de sociedades creadas, el 19,9 por ciento del total, correspondió al comercio, seguido por inmobiliarias, financieras y seguros, con un 15,1 por ciento y por construcción, con un 13,8 por ciento. La actividad con menos creación de empresas el pasado ejercicio fue agricultura y pesca con un 2,6 por ciento.

% Sociedades mercantiles creadas en 2019 según actividad económica principalActividad_creadas_2019Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Por comunidades autónomas, solamente cinco (Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y La Rioja) reflejan una variación anual positiva en la creación de sociedades mercantiles en 2019, con el mejor comportamiento en La Rioja que tuvo un 9,4 por ciento más de empresas creadas. Melilla, Cantabria y Ceuta fueron los territorios que más empresas perdieron en términos relativos el pasado año.

Sociedades mercantiles creadas en 2019 por comunidad autónomaCCAA_2019Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Las “fintech” más cerca de poder probar sus negocios de forma controlada en España

Mario Cantalapiedra – Economista

De forma recurrente se alude a la dificultad que representa para el regulador legislar sobre aquellos negocios innovadores relacionados con el mundo digital que continuamente están apareciendo en el mercado. Van tan rápidos que es difícil seguirles la pista. Además no les queda otra que ir rápido, ya que la globalización lleva a que la competencia pueda venirles desde cualquier parte y hacer que pierdan su ventaja competitiva si se paran.

El problema que subyace aquí es el de ser capaces de aunar los intereses de las empresas que ofrecen productos y servicios innovadores a través de internet, los de los clientes que los contratan y los del legislador que tiene la tarea de supervisar y regular la transacción económica, entendiendo cómo funcionan estos negocios. Es muy difícil regular un zapato si nunca has visto uno. La solución parece estar en el llamado “sandbox” o entorno de pruebas controlado, que precisamente ayer fue aprobado por el Gobierno español, en concreto para que prueben dentro de él sus modelos de negocio las empresas que ofrecen innovaciones financieras de base tecnológica, es decir, las empresas “fintech”.

En principio, España debía ser uno de los países pioneros en la introducción de un sandbox para las fintech, pero la parálisis política que hemos sufrido en los últimos tiempos ha hecho que otros se nos adelanten. Lejos de nuestras latitudes encontramos ejemplos de estos entornos controlados en el sector financiero en Singapur o en Malasia, pero también los encontramos cerca de nuestras fronteras en Dinamarca, Países Bajos o Reino Unido.

El sandbox aprobado ayer, que ahora tiene que pasar el pertinente trámite parlamentario antes de verse reflejado en una ley, pretende introducir condiciones seguras en las que las fintech prueben sus productos y servicios con las máximas garantías para los usuarios. De este modo, los que participen en las pruebas tendrán que prestar su consentimiento expreso, los promotores de los proyectos deberán disponer de garantías para cubrir posibles daños o perjuicios y el proyecto deberá contar con el seguimiento y diálogo continuo con la correspondiente supervisor financiero, que dependiendo de la naturaleza del negocio fintech, podrá ser el Banco de España (BdE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

La previsión del Gobierno apunta a que los primeros proyectos de este entorno controlado puedan ver la luz antes de que finalice 2020. No es la mejor de las previsiones, pero después de la parálisis de la que venimos, no parece ser una mala noticia para el sector fintech español.

Ampliación del número de entidades que han de declarar sus riesgos a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos pública que recoge información de riesgos directos (préstamos, créditos) e indirectos (avales, garantías), mantenidos por las entidades de crédito y otras entidades declarantes con sus clientes. Cada mes y de forma agregada, la CIRBE facilitar a las entidades declarantes la información de las personas físicas o jurídicas cuyo riesgo acumulado supera los 9.000 euros. Básicamente esta información la utilizan las entidades para ver el nivel de endeudamiento de sus clientes. De igual modo, cualquier persona (física o jurídica) tiene derecho a conocer de forma gratuita los datos que figuran declarados a su nombre en la CIRBE.

Pues bien, la Circular 1/2020, de 28 de enero, del Banco de España, ha ampliado el número de entidades que han de declarar riesgos a la CIRBE, incluyendo entre ellas a los prestamistas inmobiliarios (personas físicas o jurídicas que, de manera profesional, conceden préstamos hipotecarios cuando el prestatario, fiador o garante es una persona física, y el préstamo tiene como garantía una hipoteca sobre un inmueble de uso residencial), así como a las entidades de crédito que operan en régimen de libre prestación de servicios (que son aquellas entidades de crédito extranjeras que ofrecen servicios bancario en España de forma puntual, sin contar con establecimientos de carácter permanente).

Tras esta modificación, las entidades que han de declarar riesgos a la CIRBE son las siguientes:

  • Las entidades de crédito, entre las que se incluyen el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito; los establecimientos financieros de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (que solamente han de declarar la operativa de sus oficinas en España).
  • Las sociedades de garantía recíproca y las de reafianzamiento.
  • La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (Sareb).
  • El Banco de España.
  • El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
  • La Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Las entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios, las cuales solo han de declarar la operativa realizada con residentes en España.
  • Y, por último, los prestamistas inmobiliarios, a los que se refiere la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que no estén incluidos en las categorías anteriores.

 

 

Más del 70 por ciento del crédito comercial en España se encuentra en situación de mora

Mario Cantalapiedra – Economista

En España desciende ligeramente la morosidad entre empresas, pero los plazos de pago siguen estando por encima de los 80 días, muy lejos del plazo legal de 60 días que establece la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Es un dato que se desprenden del último Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en colaboración con la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME), y referentes al segundo trimestre de 2019.

En concreto, el descenso de la morosidad se debe a una reducción de 2,7 días respecto del trimestre anterior en el período medio de pago a proveedores, que se sitúa ahora en 82,3 días.

Entre las cifras que proporciona el Boletín, llama poderosamente la atención que el porcentaje de crédito comercial que se encuentra en situación de mora, atendiendo a los plazos legales establecidos, sea del 70,6 por ciento del total de crédito comercial, y eso que descendió 0,2 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2019.

Por otro lado, la organización que representa a los pequeños y medianas empresarios cifra el coste financiero de la morosidad en 1.579 millones de euros, un 2,8 por ciento más que en el mismo período de 2018.

En cuanto al plazo de pago en función del tamaño de la empresa, se comprueba como aumenta en la medida en la que la dimensión de la compañía también es mayor. De este modo, las microempresas (aquellas que tienen entre 1 y 9 trabajadores) pagan a una media de 76,7 días; las pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores) abonan sus facturas a 82 días, y por último las medianas (entre 50 y 249 trabajadores) pagan a 86,2 días. Este  estudio no proporciona datos de las grandes empresas, aunque el sentido común sugiere que su plazo será todavía mayor. El pez grande se come al chico en cuanto a retrasar los pagos se refiere, su mayor poder de negociación marca la pauta.

Por sectores, el de la construcción y promoción mantiene el período medio de pago más alto con 94,7 días, seguido por plásticos (89,7) y sector textil (88,3). En el otro lado de la balanza, se sitúa la distribución alimentaria donde se paga a 71,3 días de media.

Período medio de pago por tamaño empresarial del deudor (días)Morosidad_Boletín_IIT19Fuente: Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial II Tri 2019. CEPYME – DGIPYME.

España cerró 2019 con una pérdida en el número de empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

En España a finales de 2019 existían 2.880.123 empresas, según el Informe “Cifras PYME” elaborado por la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME). Dentro de este dato se incluyen tanto las empresas de cualquier tamaño que tienen asalariados y que están inscritas en la Seguridad Social, como los autónomos que no tienen trabajadores a su cargo, y que sin embargo la DGIPYME cataloga como “empresas”.

En términos de variación anual, el pasado año España perdió un 0,58 por ciento de sus empresas, o 16.777 en datos absolutos, aunque la variación fue distinta según el tamaño de la compañía que se considere. De este modo, mientras las empresas de menor dimensión (autónomos sin asalariados y microempresas) sufrieron un retroceso, las pequeñas, medianas y grandes, vieron como sus cifras aumentaban. No obstante, las empresas de dimensión más modesta siguen siendo las más numerosas dentro del tejido empresarial español. Hasta el 93,5 por ciento de este se compone de autónomos sin asalariados y microempresas que no llegan a contar con 10 trabajadores en sus filas. Las 4.871 empresas grandes (con 250 o más trabajadores) solo representan el 0,17 por ciento del total, a pesar de que durante 2019 experimentaron un crecimiento cercano al 4 por ciento.

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las empresas españolas, destaca el de servicios (con el 72,39 por ciento del total), seguido por construcción (10,74), industria (6,10) y sector agrario (10,76). Todos los sectores menos la construcción sufrieron la pérdida de compañías durante 2019, resultando especialmente llamativo el descenso del 1,43 por ciento de empresas en la industria.

En definitiva, el sector servicios sigue acaparando a la mayor parte de las empresas de nuestro país, las cuales, por otro lado, se caracterizan por ser muy pequeñas.

Empresas por tamaño en España2019_empresas_tamañoFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYME. Diciembre 2019.

Empresas por sectores en España2019_empresas_sectorFuente: Elaboración propia a partir Cifras PYME. DGIPYMEDiciembre 2019.

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