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Abogado, Socio de AGM Abogados Madrid, Responsable del Departamento de Procesal Civil y Recuperación de Impagados.

Solo queda un año para reclamar las facturas impagadas anteriores a 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente llegado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Ello supone que en poco más de un año habremos perdido la posibilidad de reclamar las facturas impagadas anteriores al 7 de octubre de 2015, lo que hemos de tener muy en cuenta para que no se nos pase el plazo y perdamos el derecho a exigir el pago de cuanto se nos adeuda.

Así, aunque el mes de octubre de 2020 parece muy lejano lo cierto es que es un plazo más bien corto para toda la labor que requiere preparar la reclamación de estas facturas, que implica estudiar cuales son las deudas nacidas antes de 2015 que no hemos reclamado, la viabilidad o conveniencia de reclamar su pago judicialmente, la búsqueda de la documentación para aportar a la demanda, la elección de letrado, el otorgamiento de poderes para pleitos y la preparación y presentación de la demanda.

Toda esta labor lleva bastante tiempo realizarla, sobre todo al tratarse de deudas antiguas que tenemos que rescatar, estudiar y documentar y ello paralelamente a desempeñar el trabajo diario y normal de la empresa.

Por ello, especialmente en las grandes empresas, el plazo de un año no es demasiado para rescatar los impagados anteriores a 2015 y montar el expediente para que la demanda pueda interponerse antes de octubre de 2020, de tal forma que o empezamos a estudiar y valorar cuáles son las deudas que vamos a reclamar o nos quedaremos, probablemente, sin la posibilidad de hacerlo porque no tengamos suficiente tiempo para tener todo preparado antes de que prescriba la obligación.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

Cambio de criterios para condenar al pago de las costas procesales. Sus efectos sobre las demandas de reclamación de deudas

El pasado 15 de noviembre de 2017 el Congreso acordó, por amplia mayoría de votos, la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el P.S.O.E. y dirigida a cambiar los criterios de la imposición de costas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de forma que empieza la tramitación parlamentaria que puede acabar en la aprobación como Ley de esta Proposición.

El espíritu u objetivo primordial de esta Proposición de Ley es el de cambiar el criterio para imponer a uno de los litigantes el pago de las costas procesales de la parte contraria y sustituirlo por otro criterio que consideran más justo.

CRITERIO ACTUAL – VENCIMIENTO OBJETIVO: actualmente es el criterio aplicable y consiste en que aquel que vence el pleito y ve como la Sentencia reconoce todas y cada una de sus peticiones tiene derecho a que se condene en costas al otro litigante, recuperando así el dinero que tuvo que gastarse para litigar y conseguir el reconocimiento judicial de sus derechos.

NUEVO CRITERIO PROPUESTO – MALA FE O TEMERIDAD: la Proposición de Ley apuesta por este nuevo criterio, que implicará que aunque una de las partes gane el pleito y vea reconocidas todas sus pretensiones la parte contraria sólo será condenada en costas si el Juzgador considera que ha actuado, al demandar o contestar a la demanda, con mala fe o temeridad. De no ser así, aunque pierda el pleito, no tendrá que abonar al litigante contrario las costas procesales.

Se justifica, en el texto de la Proposición de Ley, el cambio de criterio en base a que el vigente criterio del vencimiento objetivo supone para el administrado un obstáculo para hacer valer sus derechos,  ya que muchas veces no se interpone demanda para reclamar nuestro derecho por miedo a ser condenados en costas.

Sin embargo, quien suscribe considera la imposición de costas solo en caso de mala fe o temeridad propuesto  como nuevo criterio es, en lo que atañe a los procedimientos de reclamación judicial de impagados , injusto y discriminatorio para el acreedor pues:

  • El deudor es quien nos obliga a incurrir en gasto para demandar pero no tendrá que indemnizarnos por ello.

Es el deudor, que incumple su parte del contrato y no paga los bienes o servicios contratados, el que hace que el acreedor se vea obligado a interponer demanda para intentar recuperar la deuda. Es injusto, a mi entender, que el coste de dicha reclamación no sólo tenga que adelantarlo (como ya hace) el acreedor sino que, además, no haya de ser indemnizado por el demandado en forma de costas judiciales.

 A fin de cuentas, el gasto en abogados, procuradores y tasas judiciales es un perjuicio causado por el incumplimiento contractual del deudor, un gasto que he de hacer por culpa de su impago y, por tanto, si me dan la razón en el Juzgado ese gasto debería de ser indemnizado.

  • El no poder recuperar los gastos necesarios para reclamar judicialmente supondrá en muchos casos que se decida no demandar por resultar antieconómico.

Si ya de antemano sabe el acreedor que no va a poder recuperar el importe de los gastos que ha de desembolsar para reclamar judicialmente la deuda, lo más probable es que ese factor le frene, ese gasto irrecuperable determinará  que vea coartada o imposibilitada la reclamación judicial de sus derechos.

Así, el nuevo criterio de imposición de costas sería un obstáculo o impedimento para demandar, el hecho de saber que no se recuperarán los gastos o costas judiciales determinará que no compense reclamar judicialmente cuanto nos corresponde en Derecho.

En resumen, con este nuevo criterio se genera una situación de dificultad de acceso a la Justicia igual a la que alega la Proposición de Ley respecto al criterio del vencimiento anticipado pero con el agravante de que en el caso del nuevo criterio el no demandar por el hecho de no poder recuperar los gastos que la reclamación judicial implica a quien favorece es al deudor, al que ha incumplido la Ley, que verá como no sólo no nos ha pagado sino que, además, nadie le va a reclamar judicialmente lo adeudado por resultar antieconómico.

Según esto, por ejemplo, si una empresa ve como un cliente ha dejado de pagar 10.000 euros y quiere reclamarlos judicialmente se encontrará, a la hora de tomar la decisión de reclamar o no, conque tendrá que gastarse unos 2.300 euros entre abogado y procurador si quiere demandar y que estas cantidades, a cuyo gasto le ha obligado el incumplimiento del deudor, no las podrá recuperar. Es decir, para intentar recuperar judicialmente (sin garantías de éxito) 10.000 euros tiene que asumir un gasto, que nadie le indemnizará, de 2.300 euros, de tal suerte que en el mejor de los supuestos, saliendo el pleito bien y consiguiendo embargar bienes para cubrir la deuda, resulta que sólo podrá recuperar 7.700 euros, y eso, insistimos, en el mejor de los casos.

  • Con este nuevo criterio, si el incurrir en unos gastos irrecuperables determina que decidamos no demandar, el único beneficiado es el deudor, el que incumplió el contrato y contravino la Ley.

Este carácter antieconómico que implica el nuevo criterio de imposición de costas llevará al acreedor, en muchos casos, a no reclamar judicialmente sus derechos, que es lo mismo que la Proposición de Ley consideraba perjudicial del criterio del vencimiento objetivo.

La diferencia, a mi entender, que determina que sea más justo el criterio del vencimiento objetivo que el criterio que pretenden imponer de la mala fe y temeridad es la siguiente:

  1. Criterio vencimiento objetivo: tiene de malo que el miedo a ser condenados a pagar las costas del contrario nos haga no acudir a reclamar nuestros derechos judicialmente. Sin embargo, con este criterio quien paga las costas es quien, según el Juez, no tiene la razón. En el caso de las reclamaciones de cantidad, las costas las paga el que ha incumplido sus obligaciones y con ello ha obligado al otro a gastarse dinero para reclamar judicialmente.
  2. Criterio de mala fe o temeridad: tiene de malo que el saber que los gastos en los que he de incurrir para demandar nadie me los va a reintegrar determine que decida no demandar. En este caso el beneficiado es el deudor, que además de contravenir el contrato y la Ley no pagando cuanto debe ve como, además, no se lo reclaman judicialmente por no incurrir en más gastos.

 

Veremos en qué queda finalmente esta Proposición de Ley tras su tramitación pero, a priori, si se aprobase tal como se ha presentado, considero que se perjudicará y discriminará injustamente al acreedor, que verá limitada su posibilidad de reclamar judicialmente cuanto se le adeuda.

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

 

EL CONSTITUCIONAL DEROGA PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES Y CON ELLO ABARATA LA DECISIÓN DE INICIAR EL RECOBRO JUDICIAL.

Como todos sabemos, mediante la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, hace ya cuatro años que se establecieron las polémicas tasas judiciales bajo el mandato del entonces Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón.

 

En lo que al recobro judicial se refiere dichas tasas supusieron un notable encarecimiento a tener en cuenta en la decisión de iniciar la reclamación judicial de una deuda pues implicaban una cuota fija que ascendía, según el procedimiento, a las siguientes cuantías:

 

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A esta tasa fija había que añadir una cuota variable de un 0,5% sobre la cantidad reclamada hasta 1 millón de euros, aplicándose a partir de dicha cuantía un porcentaje de 0,25% con un tope máximo de 10.000 euros.

 

Aunque se operó una reforma de la citada Ley, por la cual se erradicó la obligación de abonar tasas judiciales por parte de los particulares, lo cierto es que en nada afectó al pago de la tasa por parte de las personas jurídicas, que son el principal sujeto demandante en los procesos de reclamación de cantidad.

 

Pues bien, estimando parcialmente el recurso que contra la Ley de Tasas interpuso en su día el Grupo Parlamentario Socialista, el Tribunal Constitucional, en Sentencia dictada en el Pleno de 21 de julio de 2016 y publicada el día 29 del mismo mes, DEROGA PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES y, en lo que toca a los procedimientos de reclamación judicial de deuda podemos destacar:

 

  • TASAS FIJAS QUE ELIMINA.

Las cuotas fijas que, en cuanto afectan a procesos de reclamación de cantidad, han sido erradicadas por obra de la referida Sentencia son las correspondientes al recurso de apelación (800 euros), al recurso de casación (1.200 euros) y al recurso extraordinario por infracción procesal (1.200 euros).

En mi opinión debiera haberse erradicado la cuota fija también o, cuanto menos, haber establecido un sistema de cálculo proporcional a la cuantía reclamada, pues con este sistema pagaremos 300 euros por un ordinario tanto si reclamamos 6.002, 00 euros como si reclamamos 6 millones.

En cualquier caso, y en contra de lo que ocurría al establecerse las tasas por la Ley 10/2012, la cuota fija la podremos incluir como una partida más de la tasación de costas procesales y, de este modo, cabe la posibilidad de recuperar el citado importe.

 

 

  • CUOTAS VARIABLES QUE ELIMINA.

Elimina por completo la cuota variable en los procedimientos civiles y mercantiles (los que se utilizan para reclamar cantidades), lo que supone un notable ahorro en la reclamación de cantidad, especialmente en el caso de reclamación de grandes saldos, ejecuciones hipotecarias, declaraciones de concursos necesarios, etc… en cuyos casos muchas veces se pagaban hasta 10.000 euros de cuota variable para poder acceder al ejercicio de la potestad jurisdiccional.

 

 

  • CARÁCTER NO RETROACTIVO DE LA DEROGACIÓN.

Quizás lo más criticable es que la declaración como inconstitucionales de las tasas que han resultado derogadas sólo surtirá efecto para los procedimientos que se inicien a partir de la fecha de la Sentencia, no siendo aplicable a los procedimientos iniciados con anterioridad y dejando, así, cerrada la puerta a recobrar los importes ya abonados en los años anteriores a pesar de tratarse de una tasa que ha sido declarada inconstitucional.

 

Fdo : Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión de Morosidad ASSET – Socio AGM ABOGADOS

Disolución de una mercantil y responsabilidad de los administradores respecto a las deudas sociales

Muchos son los casos en los que al comprobar que una empresa deudora ha publicado en el Registro Mercantil los acuerdos de disolución y liquidación damos por perdido nuestro crédito y procedemos a regularizarlo en la creencia de que la sociedad en cuestión ha cerrado su actividad correctamente y ya no es posible reclamar nuestra deuda.

Sin embargo, esto no es así. La sociedad, al acordar la disolución y liquidación, debe nombrar un liquidador y este ha de elaborar un plan de liquidación, similar al de los del concurso de acreedores, en el que el propio liquidador debe recopilar los adeudos y hacer un inventario de los bienes a liquidar para después plantear una propuesta de reparto de lo poco o mucho que tenga la sociedad entre sus acreedores, propuesta que en última instancia ha de ser judicialmente aprobada.

Por ello, lo primero que debemos hacer es, por un lado, estudiar si existía causa de disolución en la mercantil más de dos meses antes de acordarse la misma y, por otro lado, remitir una comunicación fehaciente a quien resulte nombrado como liquidador para comunicarle nuestro crédito y solicitarle nos informe del activo y pasivo y de cuáles serán las propuestas de liquidación. Nos encontraremos en más ocasiones de las que a simple vista pueda parecer en supuestos en los que, a pesar del acuerdo de disolución, los administradores de la mercantil deudora han de responder con su propio patrimonio de las deudas sociales. Así, podremos exigir la responsabilidad de los administradores en los siguientes supuestos:

1-   Cuando la causa de disolución existiese con una anterioridad de más de dos meses al acuerdo disolutorio. Se puede exigir la responsabilidad personal de los administradores respecto a las deudas sociales posteriores a la causa de disolución cuando al conocer la existencia de misma tardan más de dos meses en cumplir las obligaciones que la ley les impone, es decir, corregir la causa de disolución o acordar la disolución en sí.

Muchas veces damos por cumplido este requisito al ver que se ha acordado la disolución y liquidación sin verificar que, por ejemplo, la sociedad podría llevar más de un ejercicio en causa de disolución sin que los administradores cumpliesen sus obligaciones legales, haciéndolo de forma extemporánea para crear la falsa apariencia de haberlo hecho.

 

 

2-   Cuando el acuerdo de disolución y liquidación no venga seguido de una verdadera actividad liquidatoria, constituyendo una mera simulación del cumplimiento de las obligaciones legales que atañen a los administradores societarios. Muchas veces, los administradores de la deudora, a sabiendas de las responsabilidades patrimoniales a las que a título personal pueden ser condenados, acuerdan la disolución y liquidación, nombrando un liquidador e inscribiendo tales acuerdos en el Registro Mercantil dentro del plazo de los dos meses desde que concurre la causa de disolución, cumpliendo con ello, al menos en apariencia, sus obligaciones legales.

Sin embargo, son innumerables los supuestos en los que luego no existe absolutamente ninguna actividad liquidatoria, por lo que el derecho de los acreedores a un proceso ordenado en el que se reparta lo mucho o poco que queda a la mercantil entre todos ellos se ve totalmente vulnerado.

Para detectar, e incluso para probar judicialmente, estos casos basta con enviar un burofax o telegrama a quien resulte designado liquidador solicitando nos informe si ha incluido nuestro crédito, cuáles son la masa activa y la pasiva y cuáles las propuestas de liquidación. Si no obtenemos respuesta estaremos ante una simulación de liquidación o liquidación fraudulenta.

En estos casos de simulación de liquidación podremos reclamar no sólo la responsabilidad patrimonial del administrador/ores societarios inmediatamente anteriores al acuerdo de disolución sino también la de quien resulte designado como liquidador, en caso de que sea persona distinta del propio administrador societario.

 

Gonzalo Quiroga Sardi                                     

Responsable de la Comisión de Morosidad ASSET                                                             

Socio AGM ABOGADOS

Si no puedo controlar a diario el B.O.E perderé derechos y dinero en el concurso de acreedores de mis deudores

Hace años, antes de que operase la reforma de la Ley Concursal instrumentada mediante la Ley 38/2011, si uno de nuestros clientes se declaraba en concurso de acreedores recibíamos la comunicación de la existencia del procedimiento concursal del Administrador del Concurso, comenzando a partir de ese momento a contar el plazo para comunicar nuestro crédito.

Desde la citada reforma se modificaron los artículos 23, 85 y 21 de la Ley Concursal de tal manera que el plazo para comunicar un crédito comienza desde el día en que se publica en el B.O.E. el auto admitiendo a trámite el concurso e, igualmente, comienza a computarse desde dicha publicación oficial el plazo para solicitar a la Agencia Tributaria la devolución del I.V.A. de las facturas que resultaron impagadas por la concursada.

Algunos Administradores Concursales, desde dicha reforma, ni siquiera envían la comunicación del inicio del concurso a los acreedores. Otros lo hacen pero cuando recibimos la carta de la Administración concursal ya se ha consumido en todo o en parte nuestro plazo de 1 mes para comunicar nuestro crédito en el procedimiento concursal.

Esto, como he tenido la oportunidad de comprobar con varios clientes, genera una serie de graves problemas para nuestra empresa que son:

1-      Si se nos pasa el plazo para comunicar el crédito corremos el riesgo de que el mismo no sea reconocido en el concurso o de que lo sea pero con el carácter de crédito subordinado, los últimos en cobrar en la prelación de cobros de la Ley Concursal.

2-      Si se nos pasa el plazo para reclamar la devolución del I.V.A. de las facturas que han resultado impagadas no tendremos otra oportunidad, perderemos el importe del I.V.A que hemos adelantado y que hoy por hoy asciende a un 21% de la factura, una quinta parte de nuestro crédito que dejamos de recuperar sólo por no haber controlado el B.O.E.

Sin embargo, el evitar los dos riesgos hasta ahora descritos genera un tercer problema a nuestra empresa, tener que controlar a diario el B.O.E. sobre todos y cada uno de nuestros clientes para verificar si han sido declarados o no en concurso de acreedores lo que, en empresas de gran envergadura, supondría contratar a un número considerable de personas sólo para desempeñar esta ardua tarea, debido al gran número de clientes que verificar cada mañana.

Ciertamente roza un poco en lo absurdo que sea una obligación del acreedor de la concursada, ya suficientemente perjudicado por la declaración en concurso, el tener que controlar a diario si alguno de sus clientes entra en concurso de acreedores pero, absurdo o no, así es en la cruda realidad.

El consejo que normalmente doy a mis clientes al respecto consiste en contratar herramientas informáticas de inteligencia de negocio con alertas enfocadas a la gestión del riesgo de crédito, hay algunas muy buenas y que cada mañana nos dan toda la información y novedades que atañen a todos y cada uno de nuestros clientes, incluyendo en esa información la aparición o no en el B.O.E. de su declaración de concurso, evitando con ello que perdamos la inclusión de nuestro crédito o el derecho a recuperar el I.V.A. adelantado en su momento.

                                                                                                    Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión Morosidad ASSET

                                                                                                      Socio AGM ABOGADOS

INSIGHTCABECERA

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil: El nuevo plazo para poder exigir el pago de deudas es de 5 años en lugar de 15

Hoy se ha publicado en el B.O.E. la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre otras reformas de calado, quizás la que más afecta al recobro de cantidades es la que se establece en su Disposición Final Primera, que modifica el artículo 1964 del Código Civil en su apartado segundo, que a partir de ahora tendrá la siguiente redacción:

“2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.”

De este modo, el plazo para poder reclamar un pago, en cuanto a obligación, se reduce a 5 años en lugar de los 15 años que constituían el plazo de prescripción hasta esta reforma.

Este nuevo plazo será solamente de aplicación a las obligaciones que nazcan con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, las que se hubiesen constituido con fecha anterior seguirán teniendo un plazo de prescripción de 15 años, pues la propia norma prevé, en su disposición transitoria quinta, que a las obligaciones anteriores a su entrada en vigor se aplique el artículo 1939 del Código Civil.

Ello ha dulcificado la reforma, que en un primer borrador del proyecto de Ley preveía que el nuevo plazo se aplicase a todas las obligaciones, anteriores o posteriores a la Ley, lo que hubiese supuesto la necesidad de reclamar de golpe todas las deudas pendientes so pena de perder la posibilidad de hacerlo.

También se ha suavizado el texto inicial del borrador en el sentido de que el plazo de prescripción es susceptible de ser interrumpido por los mismos medios que hasta la fecha, posibilidad que en un primer momento se quiso erradicar.

En definitiva, después de esta reforma, nada cambia salvo la reducción del plazo que hemos de tener en cuenta para iniciar la reclamación de las obligaciones pendientes para evitar que prescriba nuestra acción para hacerlo.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi – Presidente Comisión Morosidad ASSET – Socio de AGM ABOGADOS

SE ENDURECE DE NUEVO EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ADMINISTRADORES POR DEUDAS SOCIALES

Aviso a navegantes: Se vuelve a endurecer el régimen de responsabilidad patrimonial de los administradores respecto a las deudas sociales.

Uno de los supuestos más habituales en los que el administrador o consejero de una sociedad, anónima o limitada, puede verse obligado a responder personalmente de las deudas sociales se produce cuando existen pérdidas contables constitutivas de causa de disolución, (aquellas que hacen que el patrimonio neto sea inferior a la mitad del capital social escriturado) y, aun a pesar de conocer este hecho, deja transcurrir más de dos meses sin cumplir sus obligaciones legales, a saber: convocar junta de accionistas en la que se acuerde subsanar la causa de disolución o, alternativamente, acordar la disolución y liquidación de la sociedad o la declaración de concurso. Además de esto, si la Junta no acordase ninguno de estos acuerdos deberá ponerlo en conocimiento del Juzgado para que sea el órgano jurisdiccional quien decida sobre si procede o no la disolución societaria.

En caso de no cumplir esta obligación en el plazo de dos meses, y a modo de sanción civil, se establece, sin tener en cuenta cuál era la intención del administrador o si existía dolo o culpa en su incumplimiento, se establece directamente la responsabilidad patrimonial personal de éste respecto a las cantidades impagadas por la sociedad con posterioridad a la causa de disolución.

En el año 2008, ante la acometida de la crisis económica y sobre todo ante la repentina depreciación de los bienes inmuebles, con el pretexto de dotar de mayor liquidez a las empresas pero con la finalidad de evitar que un alto porcentaje de las compañías mercantiles de este país se viesen inmersas en causa de disolución derivada de la citada devaluación inmobiliaria se estableció mediante Real Decreto Ley 10/2008 se estableció que a los efectos de determinar si existen pérdidas contables determinantes de causa de disolución de la sociedad “no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar.”

 

 

 

 

Este precepto, aprobado inicialmente con carácter anual, ha sido revalidado anualmente todos los años desde entonces hasta el año 2015, en el que se ha decidido que la citada Disposición Adicional Única no continúe siendo aplicable. De este modo, los administradores o consejeros de sociedades mercantiles han de revisar si dejando de aplicar los criterios del R.D.L. 10/2008 sus compañías se encuentran o no en causa contable de disolución.

 

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

         Socio AGM ABOGADOS

Responsable Comisión de Morosidad ASSET

Reforma del código penal: el nuevo delito de ocultación de elementos patrimoniales incrementara la efectividad del recobro judicial de deudas.

El pasado 31 de marzo de 2015 se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del  Código Penal.

Dicha reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio del presente año, tiene entre sus novedades la creación de un nuevo tipo penal, el delito de ocultación de elementos patrimoniales que recogerá el nuevo artículo 258 del Código Penal.

Así, el artículo 136 de la L.O. 1/2015 establece que el artículo 258 del Código Penal quedará redactado del siguiente modo:

Ciento treinta y seis. Se modifica el artículo 258, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación

suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.»

Este nuevo delito supone un gran avance para la efectividad de las ejecuciones judiciales en reclamación de cantidad.

Hasta la fecha, cuando se despachaba ejecución contra un demandado para conseguir cobrar las cantidades adeudadas por éste  en virtud de resolución judicial se le hacía al ejecutado un requerimiento, ex artículo 589 L.E.Civil, para que manifestase los bienes y derechos de su propiedad susceptibles de embargo bajo la amenaza de la imposición de una multa en caso de no atender dicho requerimiento.

En la práctica ni el deudor/ejecutado indicaba al Juzgado relación de bienes alguna – a mí personalmente en más de 10 años dedicado al recobro no ha habido más de dos o tres ejecutados que hayan manifestado bienes susceptibles de embargo – ni el Juzgado imponía la multa ni la parte ejecutante exigía que se impusiese, dado que su escasa cuantía y difícil cobro hacían de esa supuesta sanción un elemento poco contundente para obligar al deudor a manifestar bienes.

La falta de contestación del deudor supone un verdadero problema para el ejecutante o acreedor, que se ve obligado a invertir tiempo y dinero en la búsqueda de elementos patrimoniales propiedad del ejecutado susceptibles de embargo, búsqueda que con el refuerzo de la normativa protectora de los datos personales se hace cada  vez más difícil.

Con este nuevo delito, sin embargo, una vez que el Juzgado nos reconoce la existencia de una deuda se despachará ejecución y, como antes, se hará el requerimiento ex artículo 589 L.E.Civil al deudor para que manifieste bienes susceptibles de embargo.

El deudor, ante este requerimiento deberá:

a) Entregar una relación completa de sus bienes y derechos, describiendo sus cargas y gravámenes. Esto nos evita tener que buscar bienes de su titularidad en Registros, a través de Oficios a Hacienda, informes privados de investigación patrimonial y reducir notablemente las cantidades de dinero y tiempo invertido en localizar bienes con los que cobrarnos la deuda.

b) Indicar, igualmente, la relación de los bienes que utiliza sin que le pertenezcan, indicando el título en virtud del cual los disfruta. Esto nos facilita notablemente el rastrear si, para evitar que sus bienes fuesen embargados, ha procedido a cambiar la titularidad de los mismos, ya que si, por ejemplo, vive en una casa que no es de su propiedad tendrá que explicar cuál es el título en virtud del cual la disfruta. Puede que se trate de un arrendamiento simplemente, pero también puede que ese título haga salir a la luz que ese inmueble le pertenecía hasta antes de la ejecución judicial y que ha sido transmitido a un pariente o amigo, por poner un supuesto.

Pero la mayor novedad viene dada por el hecho de que el ejecutado cometerá un delito de ocultación de elementos patrimoniales, previsto en ese nuevo artículo 258 C. Penal y castigado con penas de 4 meses a un año de prisión. El delito lo cometerá:

a) Cuando la relación de bienes antes descrita no sea entregada.

b) Cuando tras entregarla se descubra por algún medio que era incompleta o engañosa.

De este modo, el deudor, si no quiere incurrir en un delito sancionado con penas de privación de libertad deberá aportarnos una imagen fiel de su patrimonio.

En mi opinión, este elemento intimidatorio hará que aumente notablemente la efectividad de las reclamaciones judiciales de deuda, toda vez que la parte más complicada de la ejecución judicial, localizar bienes embargables en el patrimonio del ejecutado, se verá, sin duda, facilitada por la cooperación forzosa del deudor so pena de incurrir en esta nueva conducta delictiva.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset

Ya es obligatorio publicar en la página web de la empresa el período medio de pago a proveedores.

Desde el 1 de enero de 2015, fecha en la que entró en vigor la Ley 31/2014 de 4 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, es aplicable la nueva redacción del artículo 539.2 L.S.C. que establece que:

2. Las sociedades anónimas cotizadas deberán disponer de una página web para atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores. Asimismo, las sociedades anónimas cotizadas publicarán en dicha página web el periodo medio de pago a sus proveedores, y, en su caso, las medidas a que se refiere el último párrafo del artículo 262.1.

En virtud de lo establecido en la norma, las sociedades anónimas cotizadas en bolsa y aquellas empresas que, aún sin cotizar, no presenten cuentas anuales abreviadas deberán obligatoriamente publicar en la web de la empresa el período medio de pago a proveedores del ejercicio y, si este fuese superior al de 30 días establecido por la Ley 15/2010 (que modifica a la Ley 3/2004) de Medidas de Lucha contra la Morosidad, las medidas a adoptar para corregir dicha desviación del plazo legal a lo largo del siguiente ejercicio.

No establece la norma cómo ha de llevarse a cabo dicha publicación. Dentro de los ejemplos que hemos podido examinar parece que lo más correcto es hacerlo dentro de la Información Corporativa contenida en la página web de la compañía, añadiendo una pestaña que puede titularse “otra información financiera” y, dentro de esta pestaña, haciendo constar expresamente que se hace en cumplimiento de la Ley 31/2014 de 4 de diciembre, permitir el acceso independiente a: 1 – La memoria anual; 2 – El período medio de pago a proveedores.

En mi opinión, esta medida puede ser un instrumento útil para lograr el cumplimiento efectivo de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad ya que lo cierto es que, casi cinco años después de su publicación, los plazos medios de pago a proveedores distan aún bastante del plazo legalmente establecido con carácter imperativo.

 

 

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

                                                                               Socio AGM ABOGADOS

                                                               Responsable COMISIÓN DE MOROSIDAD ASSET 

El anteproyecto de Ley del Código Mercantil establece un sistema de liquidación de la sociedad por falta de activos que dificulta la reclamación de responsabilidad patrimonial de los administradores societarios

El día 30 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que pretende sustituir el vigente Código de Comercio, que data del Siglo XIX, y refundirlo con la más reciente Ley de Sociedades de Capital y parte de la Ley Concursal, de suerte que el texto aborde una regulación integral de la extensa y prolija relación de relaciones mercantiles/societarias.

Dentro de su articulado, el texto del Anteproyecto establece un nuevo régimen de liquidación de la sociedad denominado liquidación por falta de activos y que consistirá, en caso de promulgarse la Ley, en lo siguiente:

  1. Si los administradores de una sociedad de capital detectan la existencia de causa de disolución por falta de activos podrán otorgar una escritura notarial de liquidación, en la que habrán de incluir un informe sobre la actividad de los últimos dos años, los créditos satisfechos en dicho período y los créditos pendientes y las operaciones de liquidación.
  2. El notario procederá a la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil y a partir de ese momento no será posible instar el concurso ni exigir la responsabilidad patrimonial de los administradores societarios por parte de accionistas ni acreedores.
  3. Transcurrido un mes desde la publicación de la escritura de liquidación se declarará extinguida la sociedad por el Registrador, lo que supondrá la extinción de los créditos no satisfechos aunque no de las garantías personales y avales prestadas por los administradores.
  4. Dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la escritura de liquidación cualquier persona legitimada (accionistas o acreedores) podrá solicitar el nombramiento de un experto que determine si es correcta y legal la liquidación efectuada la escritura. El experto ha de ser un economista, auditor o letrado que cumpla los requisitos para ser administrador concursal. Sus honorarios correrán de cuenta del solicitante y le serán abonados o no dependiendo del resultado positivo o negativo de su labor de investigación sobre la incorrección de la escritura de liquidación.
  5. En caso de que el informe sea positivo se remitirá al Juzgado el informe y la escritura de liquidación como documentos suficientes para abrir el concurso voluntario de acreedores en el que el perito que elaboró el informe habrá de ser nombrado Administrador Concursal.

En mi opinión esta normativa, amén de entrar en cierto modo en colisión con la figura de la mediación mercantil previa al concurso de acreedores aprobada hace apenas 4 meses, dificulta, encarece y limita las posibilidades del acreedor de exigir la responsabilidad patrimonial de aquellos administradores societarios que han incumplido las obligaciones inherentes a su cargo, ya que hace estas obligaciones mucho más laxas.

Entre otras cosas, incluso para poner en duda una liquidación arbitraria o que no se corresponda con la realidad y poder exigir ya no la responsabilidad personal de los administradores sino un concurso de acreedores en el que se proceda a la liquidación ordenada de los bienes, el acreedor, para evitar ver cómo su crédito se esfuma por una simple escritura elaborada unilateralmente por el deudor y que en muchos casos podrá estar falseada, deberá, por un lado, estar pendiente de todos y cada uno de sus clientes a fin de evitar que se le pasen los 20 días desde que se haya publicado la escritura de liquidación y, por otro, desembolsar anticipadamente los gastos del nombramiento de un experto que determine si la liquidación es correcta o no lo es y ha de sustanciarse el concurso.

En mi opinión este régimen, en caso de que se apruebe la Ley en estos términos, facilita notablemente las posibilidades del administrador societario de eludir las responsabilidades patrimoniales en que haya incurrido y ello en una coyuntura económica en la que desaparecen empresas por falta de activos cada día.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset

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