Archivo de la categoría: Gonzalo Quiroga Sardi

Abogado, Socio Director de Quiroga & Asociados Abogados y Presidente de la Comisión de Morosidad de ASSET, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TESOREROS Y FINANCIEROS DE EMPRESA

Ya está operativo el nuevo registro público concursal

Mediante el Real Decreto 892/2013 de 15 de noviembre se acordó la creación del nuevo Registro Público Concursal que ha empezado a funcionar en el mes de marzo de 2014

Esta  nueva herramienta viene a superar las deficiencias del ya existente Registro de Resoluciones Concursales, en funcionamiento desde 2005, cuyo principal problema era que la información de la concursada seguía dispersa entre Juzgados y Registros.

El nuevo Registro Público Concursal supondrá varias novedades, a mi modo de ver ventajosas, entre las que se encuentran:

1-      Unificará toda la información relativa al concursado, interconectando los datos del propio Registro Público Concursal con los de los Registros de la Propiedad, los del Juzgado y los Registros Mercantiles.

2-      En el podremos conocer no sólo las resoluciones que acuerden la declaración de concurso, sino también otras realidades previas y que producen efectos relevantes. Así, el nuevo Registro reflejará la publicación de:

a)      Resoluciones concursales, incluida la comunicación de iniciación de negociaciones previas al concurso previstas en el artículo 5 bis de la Ley Concursal que hasta ahora no era objeto de publicidad registral.

b)      El inicio de la tramitación del nuevo “acuerdo extrajudicial de pagos”, introducido por la ley de ayuda al emprendedor.

3-      Su acceso será más sencillo, universal y gratuito. Se podrá consultar por cualquiera y sin necesidad de demostrar un interés legítimo. El Registro será on – line, gestionado por el Ministerio de Justicia con la colaboración de los Juzgados y los Colegios de Registradores, para facilitar la mutua actualización de datos con los Registros Mercantiles, de la Propiedad y de Bienes Muebles.

En principio, y de cumplirse las previsiones del legislador, esta nueva regulación favorece a los acreedores o a cualquier tercero que pretenda contratar con una empresa o particular,  ya que de forma rápida, gratuita y completa ( sin necesidad de acudir a otros registros públicos) podrá conocer la situación del sujeto en cuestión.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Socio Agm Abogados – Presidente Comisión de Morosidad ASSET

A partir de ahora los socios de una mercantil podrán responder con su patrimonio de las deudas societarias no satisfechas en el concurso de acreedores.

El pasado viernes 7 de marzo se aprobó por el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley 4/2014 de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, por el que se viene a reformar, una vez más, la Ley Concursal para favorecer las posibilidades de refinanciación de empresas que, a pesar de tener problemas financieros que las avocan a una situación concursal, sean igualmente productivas y susceptibles de continuar funcionando en el mercado sin necesidad de proceder a su liquidación.

Este texto, además de reformar la legislación concursal para introducir nuevas fórmulas que faciliten la viabilidad financiera de la empresa y eviten la liquidación de la misma, introduce en la Ley Concursal una nueva redacción de los artículos 165.4,  172  y 172 bis que supone la vulneración de uno de los principios básicos del funcionamiento del sistema de sociedades de capital: la no responsabilidad de los socios por las deudas sociales.

Así, hasta la fecha:

  • La sociedad de capital respondía con sus bienes y derechos de las deudas de la sociedad.
  • El administrador de la sociedad, su liquidador o, en algunos casos, su apoderado general, podrían ser declarados como responsables, con carácter solidario y con su patrimonio personal, de las deudas de la sociedad. En aquellos casos en los que hubiesen incumplido sus obligaciones legales o cuando sus actos, contrarios a la Ley o los Estatutos, hubiesen sido causantes de la imposibilidad de la Sociedad para hacer frente a sus deudas.
  • Los socios sólo respondían hasta el límite del valor de sus acciones/participaciones, de forma que lo máximo que podían perder era el valor que habían invertido en la sociedad.

Sin embargo, la nueva redacción de los artículos 165, 172 y 172 bis de la Ley Concursal vienen a establecer que, declarado el concurso como culpable, puede declararse la responsabilidad personal respecto a las deudas sociales no cubiertas con el concurso de acreedores de aquellos socios que se hubiesen opuesto a la aprobación de un acuerdo de refinanciación consistente en una capitalización de créditos o en la emisión de obligaciones siempre que en dicho acuerdo se le ofreciese un derecho de adquisición preferente en una futura venta de esas acciones, participaciones o títulos valores emitidos con el acuerdo en cuestión.

A mi entender, dicha medida pone en riesgo la esencia misma del funcionamiento del sistema de sociedades de capital, aumentando inusitadamente el riesgo que asume el socio /inversor de una sociedad de capital y poniendo, con ello, en riesgo la inversión en este tipo de sociedades.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi – Socio de AGM ABOGADOS

Pago de las administraciones públicas en plazo de 30 días

APROBADA LA LEY ORGÁNICA 9/2013 DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO

El retraso en los pagos por parte de las Administraciones Públicas ha sido, y es, uno de los principales motivos del cese de actividad de medianas y pequeñas empresas, asfixiadas e impotentes sin poder hacer frente a sus pagos simple y llanamente porque la Administración Pública con la que habían contratado se demoraba en pagar meses, o años, a pesar de las sucesivas leyes de represión contra la morosidad publicadas y que han acabado fijando el plazo de pago en un máximo de 30 días.

Hasta ahora el problema se ha ido parcheando con los denominados Planes de Pago a Proveedores, mediante los cuales, obligando a sus acreedores a renunciar a los intereses y los gastos de la reclamación, se ha intentado poner a cero la mora en pago de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, en lugar de aprovechar esa puesta a cero para empezar a cumplir en plazo, las Administraciones han continuado, después de cada fase del Plan de Pago a Proveedores, incurriendo en mora a la hora de pagar sus facturas o créditos comerciales.

Pues bien, este viernes 20 de diciembre de 2013 se ha publicado en el B.O.E. la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el Sector Público, que pretende hacer que los pagos a los que las Administraciones Públicas se comprometen en sus operaciones comerciales  cumplan, con carácter general, el plazo máximo de 30 días establecido para el pago de estas Entidades o, como máximo, no superen los 60 días de pago máximos fijados por la normativa europea y su trasposición a nuestro Ordenamiento.

Las novedades introducidas por esta Ley, que reforma parcialmente la anterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consistirán en lo siguiente.

1-      Se obliga a todas las Administraciones Públicas a publicar el período medio de pago a proveedores en relaciones comerciales (PMP) a través de un plan de tesorería que garantice un plazo de 30 días y que será directamente controlado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2-      Si en dicho plan de tesorería el PMP se desvía del plazo de 30 días se producirán una serie de medidas progresivas orientadas a corregir esa desviación. De este modo:

a)      Si el PMP supera los 30 días: la actualización del plan de tesorería inmediatamente posterior debe incluir el im porte de los recursos que se va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir el plazo a 30 días, así como las medidas para generar la tesorería necesaria para cumplir el plazo legal.

b)      Si el PMP superase los 60 días se ponen en marcha las siguientes medidas:

  • De prevención: el Ministerio de Hacienda comunicará a la Administración en cuestión el importe que mensualmente a pagar a proveedores y las nuevas medidas del plan de tesorería para cumplir el PMC de 30 días.
  • De corrección: se adoptará un acuerdo de no disponibilidad por la misma cuantía y todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo deberán contar con la autorización de la Administración del Estado.

c)       Si el PMC supera los 30 días durante más de dos meses consecutivos:

  • El Ministerio de Hacienda podrá retener los importes y pagar directamente a los proveedores.
  • La Administración Pública en cuestión podrá responder de las sanciones de organismos Europeas que se impongan a España por el no cumplimiento de los plazos medios de pago de la Administración en la parte que proporcionalmente le corresponda.

La verdad es que si se empieza a aplicar de verdad todo lo antedicho y las Administraciones comienzan a pagar en plazo sería un gran paso para reducir los índices de morosidad y, en cualquier caso, un requisito casi indispensable para que el sector privado consiga empezar a cumplir los plazos legales, muchas veces retrasado por el retraso de la propia Administración.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Socio

AGM ABOGADOS

Mediación simplificada por medios informáticos para reclamar deudas de menos de 600 euros

El pasado 13/12/2013 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se vienen a desarrollar distintos aspectos pendientes de desarrollo del Real Decreto Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

En un artículo anterior de este foro  ya hablamos de la posibilidad que establecía el R.D.L. 5/2012 de acudir a un proceso simplificado de mediación que, a través de una tramitación on-line, permitiría la reclamación de deudas cuyo importe no superase los 600 euros.

Pues bien, el Real Decreto aprobado el 13/12/2013 desarrolla cuál ha de ser dicha tramitación que puede resumirse en los siguientes pasos:

1-      Medios informáticos: Las instituciones de mediación, y por ende el mediador, ha de contar con los medios que permitan la tramitación informática del expediente simplificado de mediación y constatar que ambas partes tengan acceso al dicho sistema informático de mediación, haciéndose además responsables de los datos y documentación alojados en el mismo.

2-      Solicitud de inicio de la mediación: se hará mediante un formulario de solicitud de mediación en el que se expondrán los motivos del adeudo, nunca superior a 600 euros, adjuntando la documentación que lo justifique.

3-      Ofrecimiento de inicio de la mediación: una vez recibida la solicitud, y en un plazo no superior a 2 días, el mediador hará a la parte solicitada de pago la oferta de acudir a la mediación, concediéndole un plazo de unos días para contestar si quiere o no acudir a la misma.

a)      Si contesta que no quiere mediar, se levanta acta dando por terminada la mediación.

b)      Si no contesta en el plazo concedido se entenderá, igualmente, como una negativa a iniciar la mediación, levantándose acta en idéntico sentido que en el apartado anterior.

c)      Si la respuesta es positiva se iniciará el expediente de mediación.

4-      Funcionamiento del expediente: comienza por el envío, a través del sistema informático, de una certificación del acta de inicio del expediente de mediación simplificada por parte del mediador, asignando un número de expediente.A partir de ese momento, y telemáticamente, las partes intentarán la mediación, teniendo como argumentos de la existencia de la deuda o de la oposición a la misma los contenidos en el formulario de solicitud o en la contestación a la misma emitida por la parte solicitada al pago.

La mediación informática simplificada no podrá durar más de un mes desde la solicitud, salvo que ambas partes consensuen la prórroga de dicho período.

Habrá que atender a la práctica para ver si este método resulta finalmente utilizado y, en ese caso, si su efectividad alcanza los niveles deseables de éxito. En cualquier caso opino que se trata de una alternativa interesante, un procedimiento económico en tiempo y dinero y, a la vez sencillo, para reclamar muchos adeudos que por su cuantía muchas veces se dejan de reclamar por una mera cuestión de coste de oportunidad, muchas veces reclamar 200 euros, por ejemplo, judicialmente resulta antieconómico.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

Socio AGM ABOGADOS – MADRID

Nuevo “Monitorio Notarial” o reclamación de deudas a través del notario

El pasado 31 de octubre de 2013 el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación del ANTEPROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA en el que, junto a otros muchos cambios, se regula una novedosa alternativa para la reclamación de deudas no contradichas ante notario.

Si se aprueba la Ley en los términos recogidos en el citado Anteproyecto, surgirá un procedimiento ALTERNATIVO a la reclamación judicial de deuda y que se tramitaría ante notario.

Su funcionamiento sería muy similar al Proceso Monitorio recogido en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que cuando tengamos una deuda presumiblemente cierta y que cumpla los requisitos exigidos actualmente para poder interponer un monitorio podremos optar por reclamarla a través del Juzgado o a través del notario. En este último caso:

1- El notario enviará un requerimiento de pago al deudor adjuntando la documentación que sirve de soporte a la deuda y concediendo un plazo de 20 días para pagar o manifestar los motivos de su oposición a la realidad o existencia del adeudo.

2- Si el deudor es localizado (incluso si se niega a recepcionar el requerimiento) comenzará a computarse el plazo para que pague o se oponga, como ocurre en el monitorio.

a) Si el deudor se opone se cierra el acta notarial y el deudor decide si acude a los Juzgados para reclamar su adeudo.

b) Si pagase, se cierra el acta notarial con dicho resultado.

c) Si no se produjese ni pago ni oposición el notario cerrará el acta con un documento notarial que servirá de título bastante para iniciar ante el Juzgado una ejecución de título extrajudicial pero SIN ABONAR LA TASA prevista para este tipo de demandas.

En mi opinión existen pros y contras en este nuevo modelo de reclamación a tener en cuenta a la hora de decidir:

A su favor, este modelo de reclamación notarial tiene:

  • En el caso de deudores fácilmente localizables puede ser más corto el plazo en el que obtengamos el título que reconozca la deuda. El requerimiento del notario será más rápido que esperar a que el Juzgado admita a trámite la demanda, libre el requerimiento de pago, éste se lleve a cabo por los servicios de notificación, sobrecargados de trabajo y, en definitiva, que la lenta maquinaria de la saturada administración de Justicia.

En su contra, la reclamación notarial cuenta con los siguientes hándicaps:

  • No es totalmente una alternativa al Juzgado, si el deudor se opone hemos de acudir al Juzgado y si no se opone ni paga ocurre lo mismo, la ejecución de la deuda habrá que hacerla a través de una demanda de ejecución de títulos no judiciales, si bien es cierto que estará exenta de tasa.
  • Puede ser más caro que acudir a la vía jurisdiccional. No sabemos cuánto cobrará un notario por tramitar este procedimiento. En cualquier caso, para deudas de menos de 3.000 euros (exentas de pago de tasa) ante el notario algo habrá que pagar.

Por otro lado, si el deudor se opone pagaremos al notario por el requerimiento y si decidimos seguir reclamando ante el Juzgado deberemos abonar además las tasas judiciales.

  • El notario no tiene medios de localización del deudor. En el monitorio, si no se encuentra al deudor el Juzgado puede librar Oficios para localizar su domicilio. El notario si no da con  el deudor en el domicilio que se le haya indicado carece de medios ni facultades para instrumentar la búsqueda de su paradero.

Por tanto, si se aprueba este tipo de reclamación de deuda el acreedor tendrá que, caso por caso, valorar los factores de tiempo/coste para decidir, según el monto reclamado y la facilidad de localizar al deudor, el tipo de reclamación que escoge.

Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados

Nueva modificación de los concursos de acreedores:

Se introduce la figura del mediador para aquellos casos en los que el pasivo no supere los 5 millones de euros. Nace el denominado “concurso sucesivo”.

Con la publicación de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se ha vuelto a modificar el texto de la Ley Concursal.

Así, Capítulo V de la Ley 14/2013, bajo el título de “Acuerdo extrajudicial de pagos” prevé que las personas naturales que tengan la condición de emprendedor, y cualquier otra persona jurídica, sea sociedad de capital o no, puedan sustituir la solicitud de pre concurso, contemplada por el artículo 5 bis L.C., por una solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos siempre que su pasivo sea inferior a 5 millones de euros y así lo acredite.

La solicitud de esta negociación previa al concurso se cursará ante el Notario o Registrador, según los casos, y tendrá las siguientes especialidades:

1- REQUISITOS:

Podrá formularlo cualquier persona física o jurídica (sea o no sociedad de capital) cuando el pasivo no exceda de 5 millones de euros y  siempre que:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

c) Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

d) Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago.

2- RESUMEN DE SU TRAMITACIÓN.

De una forma muy somera, y sin entrar en el prolijo detalle de requisitos, excepciones, plazos y demás detalles que podemos verificar en el texto legal, el acuerdo extrajudicial previsto para insolvencias en las que el pasivo no supere los 5 millones sería, en resumen, el siguiente:

  • El deudor solicita al Notario o Registrador el nombramiento de un Mediador Concursal para que se haga cargo de la negociación.
  • El Mediador comprobará los créditos y notificará la apertura de la negociación a los acreedores.
  • Se elaborará un plan de pagos. Este plan, que ha de acompañarse por un plan de viabilidad, no podrá suponer una espera de más de 3 años ni una quita de más de un 25%, teniendo un régimen especial los acreedores que tengan garantías reales. Cabe destacar que el plan de pagos puede prever la dación en pago de bienes.
  • Se convocará a los acreedores a una reunión enviándoles, con al menos veinte días de antelación a la celebración de la misma, la propuesta del acuerdo. Los acreedores que no manifestasen su aprobación u oposición al acuerdo dentro de los 10 días siguientes a su notificación podrán, aún así,  acudir a manifestarse a la reunión convocada por el mediador. El acreedor que no haya manifestado su oposición o aprobación de la propuesta y no hubiese acudido a la reunión verá, si finalmente se declara el concurso de acreedores, su crédito degradado a subordinado, es decir, el último en cobrar.
  • El plan de pagos deberá aprobarse por una mayoría de acreedores que represente al menos el 60% del pasivo, salvo cuando se trate de un plan que prevea la entrega en pago de bienes, que deberá contar con un 65% y la aprobación de los titulares de derechos reales sobre los bienes entregados.
  • Si el plan no se aprueba o si, aprobado, no se cumple, se acordará iniciar el CONCURSO SUCESIVO, que empezará con la liquidación y en el que se nombrará al propio mediador que intervino en la negociación como Administrador Concursal. En esta liquidación, si se cubren los créditos de derecho público y los créditos contra la masa se podrá acordar la remisión de los demás créditos, lo que se hace con la intención de dar al emprendedor una “segunda oportunidad”.

Si esta reforma resulta o no favorable para una mejor y más ágil gestión de las situaciones de insolvencia lo dirá su aplicación práctica. No obstante, a priori, a mí personalmente me parece que hay una serie de cosas que debemos tener en cuenta:

En primer lugar, el legislador (una vez más) aprovecha un texto legal, en este caso la Ley 14/2013 de emprendedores para regular el instituto concursal no sólo respecto a estos sujetos sino también extendiéndolo a personas físicas y jurídicas de toda clase.

Por otro lado, me parece que nombrar un mediador para llevar a cabo la negociación tendente a evitar el concurso puede ser acertado, puede agilizar el proceso notablemente. Lo que no veo tan claro es que el mediador, que por la propia regulación legal de su figura ha de guardar una estricta confidencialidad sobre los temas en los que intervenga (no pudiendo incluso ser testigo en procedimientos judiciales posteriores salvo que así se declare por sentencia penal), sea el encargado de:

1º) Decidir si es necesario declarar el concurso sucesivo.

2º) Sea nombrado Administrador de ese nuevo concurso.

En tercer lugar, habrá que estar pendiente del funcionamiento real de este instituto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el coste logístico que puede tener para grandes empresas tener que acudir a todas y cada una de las reuniones convocadas por el mediador concursal en los numerosos concursos de acreedores en los que, a lo largo de toda la geografía nacional, esa empresa resulta acreedora a lo largo del año.

Por último, y en cuanto a la posibilidad de que, una vez declarado el concurso sucesivo e iniciada la liquidación, se produzca la remisión de los créditos para dar una segunda oportunidad considero que, de un lado, debería estar limitada esta posibilidad al emprendedor y no a cualquier sujeto y, por otra parte, que es cuanto menos curioso que esa “segunda oportunidad” que evite la frustración del acreedor se haga a costa del crédito del acreedor ordinario, dejando bien a salvo el previo pago de las deudas de derecho público.

Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGMA Abogados

Aprobado el anteproyecto de ley de reforma del código penal: Buenas noticias para la recuperación de impagados

El pasado viernes 20 de septiembre de 2013 el  Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, remitiéndolo a las Cortes.

 El Texto contiene, en la materia que nos ocupa de recuperación de créditos impagados, una serie de preceptos que pueden dar un importante giro a la desoladora situación actual mediante el refuerzo de la posición del acreedor en la fase más importante de estos procedimientos, la ejecución judicial.

 Así, como primera medida, el Anteproyecto para la Reforma del Código Penal prevé un nuevo Capítulo que bajo el nombre de  DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN comprendería:

1. EL DELITO DE OCULTACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.

La ejecución dineraria comienza siempre (ex artículo 589.2 L.E.C.) por el requerimiento al deudor para que manifieste una relación de los bienes y derechos que integran su patrimonio y que pueden, por tanto, ser embargados para satisfacer el crédito.

Lo cierto es que en mis años de ejercicio dedicado a este tipo de procedimientos nunca, y no exagero al utilizar tal palabra, un deudor ha atendido al requerimiento de designar bienes.

Este incumplimiento generalizado es lógico si tenemos en cuenta que la única consecuencia que tiene para el deudor es, hasta la fecha, una ridícula multa que ni el Juzgado impone ni quienes nos dedicamos a  la ejecución solicitamos dada su nula influencia disuasoria.

Sin embargo, y simplemente con no obedecer su obligación de comunicar al Juzgado la relación de bienes y derechos embargables en su patrimonio, el deudor está retrasando, probablemente meses o años, o haciendo definitivamente imposible la efectividad de la ejecución. Obliga con esa ocultación a un tercero, su acreedor, a hacer un gran gasto en medios y tiempo únicamente con el fin de localizar bienes embargables en la esfera de su patrimonio.

Esto podría cambiar sustancialmente a partir de la Reforma del Código Penal, que en el nuevo artículo 258 contemplaría el delito de ocultación de elementos patrimoniales, castigado con penas de 3 meses a un año de prisión y que cometería aquel que siendo requerido por el Juzgado para aportar relación de bienes y derechos de su patrimonio:

a)   No atendiese al requerimiento efectuado por el Juzgado.

b)   Aportase una relación de bienes y derechos en la que hubiese ocultado elementos de su patrimonio para evitar su embargo.

2-   EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES.

Que ya existía hasta la fecha pero integrado dentro de los llamados Delitos de Insolvencia Punible.

El delito de alzamiento de bienes seguiría regulado por el artículo 257 C. Penal, castigado con penas de 1 a 4 años de prisión, consistiría en aquellas actividades que supongan:

a)   Actos de ocultación o disposición fraudulenta de bienes para evitar que sean trabados en una ejecución judicial existente o inminente.

b)   Actos tendentes a obstaculizar o dilatar los embargos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto, en lo tocante a b>LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES/u> da una nueva redacción al artículo 259 y siguientes del C.P., estableciendo de forma precisa y detallada una serie de conductas que, cometidas por el/los Administrador/es de una empresa que se encuentre en situación de insolvencia real o inminente (tanto si se ha declarado ya el concurso de acreedores como si no) implicarán la comisión de un delito de insolvencia punible, castigado con penas de 1 á 4 años.

Entre estas conductas del administrador que pasan a ser constitutivas de un delito de insolvencia punible podemos destacar las siguientes:

a)   Ocultar, destruir o causar daños en elementos patrimoniales que están o habrían de estar incluidos en la masa del concurso al iniciarse el mismo.

b)   Actos de disposición o asunción de deudas desproporcionadas a la situación económica de la empresa.

c)   Ventas o prestaciones de servicios a pérdida, por debajo de su coste económico.

d)   Simular créditos de terceros o reconocimientos de deuda ficticios.

e)   Cometer irregularidades relevantes en la contabilidad, llevar doble contabilidad o destruir u ocultar la existente.

f)   Ocultar o destruir la documentación que como empresario tiene la obligación legal de conservar.

g)   Cometer irregularidades al formular las cuentas anuales o no formularlas dentro de plazo.

La tipificación de estas conductas facilitará la persecución de la responsabilidad penal (que conlleva también el resarcimiento de la responsabilidad civil causada por el delito, es decir, el pago de nuestro crédito)  de los administradores societarios que las lleven a cabo y, sobre todo, será un elemento disuasorio para evitar que  éstos descapitalicen la empresa en fraude de los acreedores o que, mediante la destrucción u ocultación de elementos contables y fiscales hagan imposible la reconstrucción de la situación económico/financiera de la mercantil o simulen situaciones inexistentes para lograr sus fines ( V.gr: para forzar la declaración de concurso de acreedores).

Además de todo lo expuesto, la reforma prevé que se pueda exigir responsabilidad penal por la malversación de patrimonios de terceros por parte de aquellos a los que se ha encomendado su administración, abriendo la puerta a que esta administración desleal pueda ser imputada a los Administradores Concursales en el ejercicio de sus funciones.

En resumen, y a la vista de lo hasta ahora expuesto, si el texto definitivamente se aprueba en los términos que actualmente refleja el Anteproyecto se notará, sin duda alguna, una importante agilización y efectividad de los procedimientos judiciales de ejecución dineraria y desaparecerán muchas de las situaciones que, con la actual regulación, dificultan enormemente la recuperación de la deuda judicialmente reconocida.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Abogado

 

Aprobada una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

A través del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores que estará dotado con 2.600 millones de euros.

Los proveedores de Ayuntamientos y C.C.A.A. que se acojan al nuevo Plan de Pago a Proveedores tendrán hasta el 22 de marzo para comprobar si sus facturas, que han de ser anteriores al 1 de enero de 2012,  han sido comunicadas por su deudora al Ministerio de Hacienda ( pueden hacerlo a través de: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/20130222_Proveedores.aspx ) o, en caso contrario, para solicitar que se incluyan mediante una certificación individual de reconocimiento de la obligación  de pago emitida por la Administración deudora. Una vez tengan reconocido su derecho de cobro, recibirán el importe de la deuda antes del 15 de junio de 2013.

Como novedades del nuevo Plan de Pago a Proveedores podemos destacar:

  • Se podrán acoger al mismo entidades que quedaron fuera en la primera fase, como son las mancomunidades de municipios, la entidades locales del Pais Vasco y Navarra (previo convenio con la Administración del Estado).
  • También podrán acogerse municipios y C.C.A.A. ya acogidos en la primera fase para aquellas deudas que no fueron abonadas por corresponder a fórmulas contractuales excluidas del primer plan.
  • Se incluyen deudas procedentes de modalidades contractuales no contempladas en el primer Plan de Pago a Proveedores. Así, podrán incluirse deudas derivadas de derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Sin duda se trata de una gran noticia, aunque en muchos casos tardía,  puesto que supondrá un influjo de liquidez en el sistema y permitirá subsistir a muchas empresas ahogadas por la morosidad del sector público, tal como ocurrió con la primera fase de este plan de pago a proveedores.

Modificada la Ley de Morosidad: Se reduce el plazo máximo de pago a un máximo de 30 días ampliable a 60.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El 22 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo al emprendedor, estímulo al crecimiento y creación de empleo.

Entre las medidas comprendidas en la norma se incluye, en su artículo 33, una nueva modificación de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que ya fue modificada por la Ley 15/2010. La nueva reforma de la normativa patria en materia de morosidad y plazos de pago viene a incorporar la nueva Directiva Comunitaria en la materia con los siguientes cambios:

Cambia el plazo máximo de pago en operaciones comerciales

El plazo máximo de pago vigente a partir de 2013 (tras los plazos del período transitorio) era de 60 días como máximo a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Con la nueva norma el plazo máximo de pago en operaciones comerciales entre empresas y profesionales pasa a ser de 30 días, si bien ahora se admite su ampliación mediante pacto entre las partes siempre y cuando no se supere un máximo de 60 días.

Aumenta el tipo de interes de demora exigible

Continúamos pudiendo exigir el interés de demora devengado, de forma automática y sin necesidad de requerimiento al deudor, desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el efectivo pago, si bien el tipo interés aplicable pasa a ser el utilizado por el Banco Central Europeo en su última operación principal de financiación ampliado en 8 puntos porcentuales, en lugar de los 7 puntos que hasta ahora se aplicaban.

Se incluye una indemnización mínima de los gastos que el recobro del impagado genera a su acreedor

Así, por el mero hecho de haber incurrido en mora se podrá reclamar una cuantía mínima de 40 euros en concepto de gastos generados por el recobro sin necesidad de acreditar documentalmente el gasto. Esta cantidad podrá, por el mero hecho de haber incurrido en mora, añadirse sin más al principal reclamado.

Si los gastos generados superan esta cuantía podrán seguirse reclamando lo que puedan acreditarse y superen los 40 euros en los mismos términos previstos en la norma.

Se refuerza, además, la obligación de pago de esta indemnización ya que se define de forma clara y directa como cláusula abusiva, que puede ser declarada nula, aquella que suponga la renuncia a esta indemnización.

Aprobada la tasa judicial, desde este mismo mes de noviembre será más caro reclamar deudas judicialmente.

Precisamente en el momento en el que los índices de morosidad rozan límites históricos, asfixiando a cualquier empresa pero, en especial, a los autónomos y PYMES, y a pesar de que esta situación proviene en gran medida de la propia Administración Pública ( aún tras el plan de pago a proveedores la deuda vencida e impagada generada por las A.A.P.P. ya excede en sólo 6 meses de los 10.000 millones de euros) el Gobierno considera que la mejor opción es optar por una Ley de Tasas Judiciales que tras su aprobación por el Senado será publicada en el B.O.E. este mismo mes y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Se argumenta por el Ejecutivo, y así se recoge en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, que el pago de una tasa para ejercitar la potestad jurisdiccional (en el caso concreto  que nos ocupa el devengo de la tasa vendría determinado  por interponer una demanda para reclamar una cantidad adeudada, por solicitar la ejecución del título que reconoce la deuda, por oponerse a una demanda donde nos reclamen un impago…) no vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, ya que, y cito textualmente, “no ha de confundirse el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a una tutela judicial gratuita”. A mi modesto entender olvida el Sr. Gallardón y los miembros del Poder Legislativo que han dado vía libre a la aprobación de este Proyecto de Ley  que la Administración de Justicia, aún sin pago de tasas, no resulta en absoluto gratuita para el ciudadano ni para la empresa. Hasta donde mi conocimiento alcanza la Administración de Justicia ha venido nutriéndose del erario público, luego gratuita no nos resulta desgraciadamente.

Otro argumento esgrimido para camuflar el insultante afán recaudatorio de esta tasa ha sido el de agilizar y descongestionar el colapso del sistema público de Administración de Justicia, llegándose a afirmar que a lo largo del pasado año se interpusieron más de 120.000 recursos. No está mal reducir el número de recursos a través de una tasa disuasoria, si bien antes de acudir a este tipo de restricciones habría que tener en cuenta datos como el aportado por el propio Consejo General del Poder Judicial y según el cuál más de un 80% de esos recursos fueron estimados y, por tanto, eran necesarios.

Sea como fuere, lo cierto es que la tasa judicial ha sido aprobada, y dejando a un lado los otros miles de supuestos de auténtica injusticia que ya se han puesto de manifiesto a lo largo de estos días a través de los medios (tasa por recurrir en vía social el impago de una indemnización por despido, tasa por reclamar daños sufridos en un accidente de tráfico, etc…) no es menos injusto que las empresas vean limitado y encarecido su derecho a reclamar cuánto se les adeuda. No perdamos de vista que el mayor motivo de cierres empresariales en nuestro país desde hace más de dos años es la insolvencia producida por la falta de financiación acompañada del alto índice de impagados.

Pues bien, las principales consecuencias que la aprobación de la tasa tendrá para aquellas empresas que se ven obligadas a acudir a la vía judicial para reclamar cuánto se les debe por impagos y que, además, dependen en gran medida para su viabilidad del éxito de estas reclamaciones, son las siguientes:

A)    SE ENCARECE LA TASA PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE YA VENÍAN OBIGADAS A PAGARLA.

Hasta la fecha, y en atención a su músculo financiero y al mayor número de veces que acudían a la justicia, sólo habían de abonar una tasa para reclamar judicialmente una cantidad aquellas empresas que facturaban más de 8.000.000 de euros al año.

Estas empresas, obviamente, seguirán obligadas al pago del canon pero lo verán encarecido sustancialmente.

B)    SE IMPONE EL PAGO A PERSONAS FÍSICAS, AUTÓNOMOS Y PYMES QUE HASTA LA FECHA ESTABAN EXENTAS.

Así, cualquier persona empresario o empresa de reducida dimensión deberá, aún a pesar de carecer del músculo financiero suficiente para hacerle fácil el pago ( o incluso de carecer de tal músculo como consecuencia precisamente de los impagos sufridos)  abonar la tasa en idénticas condiciones a las grandes empresas si quiere acudir a la vía de la reclamación judicial.

De este modo, el panorama para las reclamaciones de cantidad formuladas contra particulares o empresas será el reflejado en el siguiente cuadro: 

PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Declarativo verbal y cambiario

90

150

Monitorio/ Monit europeo < 2.000 €

50

100

Declarativo ordinario

150

300

Ejecución extrajudicial

150

200

Oposición a la ejecución título judicial

150

200

Concurso necesario

150

200

Recurso de apelación 300

800

Recurso casación y de infracción procesal

600

1.200

No hay que perder de vista el escenario para el pago de tasas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que determinará la cantidad a abonar a la Administración para reclamar, paradójicamente, un adeudo de la propia Administración. Resulta curioso, sin embargo, ver que la Ley prevé que la Administración estará exenta del pago de tasa, probablemente para poder seguir, y en este caso sí que ocurre, dilatando injustificadamente mediante recursos infundados la firmeza de cualquier resolución que implique el pago de cuanto se le adeuda al administrado.

La situación de las tasas judiciales para este tipo de procedimientos Contencioso Administrativos, será la siguiente: 

PROCEDIMIENTO SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Procedimiento Abreviado

120

200

Procedimiento Ordinario

210

350

Apelación

300

800

Casación

600

1.200

 

 

 

 

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