Archivo de la categoría: Gonzalo Quiroga Sardi

Abogado, Socio Director de Quiroga & Asociados Abogados y Presidente de la Comisión de Morosidad de ASSET, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TESOREROS Y FINANCIEROS DE EMPRESA

Modificada la Ley de Morosidad: Se reduce el plazo máximo de pago a un máximo de 30 días ampliable a 60.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El 22 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo al emprendedor, estímulo al crecimiento y creación de empleo.

Entre las medidas comprendidas en la norma se incluye, en su artículo 33, una nueva modificación de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que ya fue modificada por la Ley 15/2010. La nueva reforma de la normativa patria en materia de morosidad y plazos de pago viene a incorporar la nueva Directiva Comunitaria en la materia con los siguientes cambios:

Cambia el plazo máximo de pago en operaciones comerciales

El plazo máximo de pago vigente a partir de 2013 (tras los plazos del período transitorio) era de 60 días como máximo a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Con la nueva norma el plazo máximo de pago en operaciones comerciales entre empresas y profesionales pasa a ser de 30 días, si bien ahora se admite su ampliación mediante pacto entre las partes siempre y cuando no se supere un máximo de 60 días.

Aumenta el tipo de interes de demora exigible

Continúamos pudiendo exigir el interés de demora devengado, de forma automática y sin necesidad de requerimiento al deudor, desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el efectivo pago, si bien el tipo interés aplicable pasa a ser el utilizado por el Banco Central Europeo en su última operación principal de financiación ampliado en 8 puntos porcentuales, en lugar de los 7 puntos que hasta ahora se aplicaban.

Se incluye una indemnización mínima de los gastos que el recobro del impagado genera a su acreedor

Así, por el mero hecho de haber incurrido en mora se podrá reclamar una cuantía mínima de 40 euros en concepto de gastos generados por el recobro sin necesidad de acreditar documentalmente el gasto. Esta cantidad podrá, por el mero hecho de haber incurrido en mora, añadirse sin más al principal reclamado.

Si los gastos generados superan esta cuantía podrán seguirse reclamando lo que puedan acreditarse y superen los 40 euros en los mismos términos previstos en la norma.

Se refuerza, además, la obligación de pago de esta indemnización ya que se define de forma clara y directa como cláusula abusiva, que puede ser declarada nula, aquella que suponga la renuncia a esta indemnización.

Aprobada la tasa judicial, desde este mismo mes de noviembre será más caro reclamar deudas judicialmente.

Precisamente en el momento en el que los índices de morosidad rozan límites históricos, asfixiando a cualquier empresa pero, en especial, a los autónomos y PYMES, y a pesar de que esta situación proviene en gran medida de la propia Administración Pública ( aún tras el plan de pago a proveedores la deuda vencida e impagada generada por las A.A.P.P. ya excede en sólo 6 meses de los 10.000 millones de euros) el Gobierno considera que la mejor opción es optar por una Ley de Tasas Judiciales que tras su aprobación por el Senado será publicada en el B.O.E. este mismo mes y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Se argumenta por el Ejecutivo, y así se recoge en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, que el pago de una tasa para ejercitar la potestad jurisdiccional (en el caso concreto  que nos ocupa el devengo de la tasa vendría determinado  por interponer una demanda para reclamar una cantidad adeudada, por solicitar la ejecución del título que reconoce la deuda, por oponerse a una demanda donde nos reclamen un impago…) no vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, ya que, y cito textualmente, “no ha de confundirse el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a una tutela judicial gratuita”. A mi modesto entender olvida el Sr. Gallardón y los miembros del Poder Legislativo que han dado vía libre a la aprobación de este Proyecto de Ley  que la Administración de Justicia, aún sin pago de tasas, no resulta en absoluto gratuita para el ciudadano ni para la empresa. Hasta donde mi conocimiento alcanza la Administración de Justicia ha venido nutriéndose del erario público, luego gratuita no nos resulta desgraciadamente.

Otro argumento esgrimido para camuflar el insultante afán recaudatorio de esta tasa ha sido el de agilizar y descongestionar el colapso del sistema público de Administración de Justicia, llegándose a afirmar que a lo largo del pasado año se interpusieron más de 120.000 recursos. No está mal reducir el número de recursos a través de una tasa disuasoria, si bien antes de acudir a este tipo de restricciones habría que tener en cuenta datos como el aportado por el propio Consejo General del Poder Judicial y según el cuál más de un 80% de esos recursos fueron estimados y, por tanto, eran necesarios.

Sea como fuere, lo cierto es que la tasa judicial ha sido aprobada, y dejando a un lado los otros miles de supuestos de auténtica injusticia que ya se han puesto de manifiesto a lo largo de estos días a través de los medios (tasa por recurrir en vía social el impago de una indemnización por despido, tasa por reclamar daños sufridos en un accidente de tráfico, etc…) no es menos injusto que las empresas vean limitado y encarecido su derecho a reclamar cuánto se les adeuda. No perdamos de vista que el mayor motivo de cierres empresariales en nuestro país desde hace más de dos años es la insolvencia producida por la falta de financiación acompañada del alto índice de impagados.

Pues bien, las principales consecuencias que la aprobación de la tasa tendrá para aquellas empresas que se ven obligadas a acudir a la vía judicial para reclamar cuánto se les debe por impagos y que, además, dependen en gran medida para su viabilidad del éxito de estas reclamaciones, son las siguientes:

A)    SE ENCARECE LA TASA PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE YA VENÍAN OBIGADAS A PAGARLA.

Hasta la fecha, y en atención a su músculo financiero y al mayor número de veces que acudían a la justicia, sólo habían de abonar una tasa para reclamar judicialmente una cantidad aquellas empresas que facturaban más de 8.000.000 de euros al año.

Estas empresas, obviamente, seguirán obligadas al pago del canon pero lo verán encarecido sustancialmente.

B)    SE IMPONE EL PAGO A PERSONAS FÍSICAS, AUTÓNOMOS Y PYMES QUE HASTA LA FECHA ESTABAN EXENTAS.

Así, cualquier persona empresario o empresa de reducida dimensión deberá, aún a pesar de carecer del músculo financiero suficiente para hacerle fácil el pago ( o incluso de carecer de tal músculo como consecuencia precisamente de los impagos sufridos)  abonar la tasa en idénticas condiciones a las grandes empresas si quiere acudir a la vía de la reclamación judicial.

De este modo, el panorama para las reclamaciones de cantidad formuladas contra particulares o empresas será el reflejado en el siguiente cuadro: 

PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Declarativo verbal y cambiario

90

150

Monitorio/ Monit europeo < 2.000 €

50

100

Declarativo ordinario

150

300

Ejecución extrajudicial

150

200

Oposición a la ejecución título judicial

150

200

Concurso necesario

150

200

Recurso de apelación 300

800

Recurso casación y de infracción procesal

600

1.200

No hay que perder de vista el escenario para el pago de tasas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que determinará la cantidad a abonar a la Administración para reclamar, paradójicamente, un adeudo de la propia Administración. Resulta curioso, sin embargo, ver que la Ley prevé que la Administración estará exenta del pago de tasa, probablemente para poder seguir, y en este caso sí que ocurre, dilatando injustificadamente mediante recursos infundados la firmeza de cualquier resolución que implique el pago de cuanto se le adeuda al administrado.

La situación de las tasas judiciales para este tipo de procedimientos Contencioso Administrativos, será la siguiente: 

PROCEDIMIENTO SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Procedimiento Abreviado

120

200

Procedimiento Ordinario

210

350

Apelación

300

800

Casación

600

1.200

 

 

 

 

Solicitar guía antimorosidad

Nueva tasa judicial en Cataluña

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

Desde el 1 de mayo de 2012 resulta de aplicación en toda Caluña la obligación de abonar una nueva tasa judicial o tasa que grava el ejercicio de la Acción Judicial ante los Tribunales de Justicia de esta Comunidad Autónoma.

Actualmente ya existe una tasa judicial estatal que, de momento, sólo ha de ser abonada por empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, aunque se está discutiendo un Anteproyecto de Ley orientado a que también tengan que abonarlas cualesquiera empresas y personas físicas que pretendan iniciar una acción judicial en cualquier Partido Judicial a lo largo de nuestra geografía.

Pues bien, la tasa autonómica catalana será independiente y acumulable a la tasa judicial estatal, de tal suerte que si iniciamos, por ejemplo, un procedimiento declarativo ordinario en Cataluña deberemos abonar la tasa autonómica y la tasa estatal (si somos sujetos obligados al pago de esta última).

Esta tasa judicial catalana, en la misma línea que lo que se prevé aprobar para la tasa estatal,  deberá ser abonada por cualquier sujeto que realice alguna de las actuaciones jurisdiccionales gravadas, ya sea empresa, de cualquier tamaño y facturación (quedan exentas las que lo estén de declarar impuesto de sociedades) o persona física (sólo exenta si tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita).

Los supuestos y cuantías de la tasa ya en vigor son los siguientes:

Seminario

En mi opinión, ésta medida lo único que hace es encarecer o dificultar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, constituyéndose en una traba o filtro para la interposición de demandas que, en el caso de los procedimientos de reclamación de cantidad, supondrá que en muchas ocasiones resulte anti económico reclamar judicialmente los legítimos derechos del acreedor.

Anteproyecto de modificación de las tasas judiciales. ¿copago en la Justicia?

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El Ministro de Justicia presentó recientemente ante el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de reforma sistema de tasas judiciales.

El pago de una tasa judicial para poder ejercitar la potestad jurisdiccional, es decir, para poder promover un procedimiento judicial está vigente en España desde el año 2002 y se encuentra regulado  por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden fiscal.

Según su actual regulación, sólo deberán abonar, como requisito previo a promover un proceso, las denominadas tasas judiciales aquellas empresas cuya facturación exceda de los 8 millones de euros anuales.

Tasas judiciales

La reforma propuesta por el Ministerio de Justicia supone una ampliación del espectro de la tasa judicial en dos ámbitos:

a) En cuanto a su cuantía, ya que la tasa a abonar aumentará en las siguientes cuantías.
b) En cuanto a los sujetos obligados.

Según el Anteproyecto, vendrán obligados a pagar las tasas judiciales para poder demandar no sólo las empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, como hasta la fecha, sino también cualquier otra  empresa (incluidas PYMES y autónomos) y cualquier particular que pretenda promover un procedimiento judicial o hacer valer su derecho a recurrir en apelación o casación.

c) En cuanto a las Jurisdicciones a las que resulta aplicable.

Ya que ahora resultarán aplicables también a la jurisdicción social si bien sólo en la segunda instancia.

Desde el Ministerio de Justicia se busca justificación a esta ampliación de cuantías y sujetos obligados en la necesidad de “evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los Juzgados”.

Sin embargo, con esta medida y otras adoptadas en el pasado (necesidad de constituir depósito económico para poder recurrir, aumentar a 600.000 euros la cuantía mínima de un procedimiento para que sea susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, etc…) más bien parece que lo que se pretenda sea descolapsar los Juzgados a base de de establecer un precio de acceso a los mismos tan caro que resulte coercitivo, de tal suerte que se corre el peligro de que dejemos de interponer un proceso judicial, es decir, de acceder a la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución nos garantiza simplemente porque resulte demasiado caro o, en algunos casos antieconómico hacerlo. Piénsese en muchas PYMES que tienen que afrontar los gastos de decenas de reclamaciones de cantidad: no les pagan sus clientes y les sale más caro todavía reclamar su adeudo.

Desde el propio Ministerio y desde algunas instituciones, como el propio Consejo General del Poder Judicial, se niega este extremo argumentando que la Constitución reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva pero no a que el acceso a dicha tutela sea gratuito. Parecen olvidarse al esgrimir este argumento que el acceso a la tutela judicial efectiva nunca ha sido gratuito y que la Administración de Justicia se sustenta ya con fondos públicos, constituyendo las tasas judiciales un “copago” o mejor dicho “repago” de lo que ya sostenemos con nuestros tributos.

Los Bancos comprarán las facturas impagadas por las administraciones autonómicas y locales

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El pasado 10 de marzo se publicó en el B.O.E. el Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo por el que se aprueba la creación del Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Se articula así el instrumento para que los acreedores de estas Administraciones Públicas puedan cobrar las facturas impagadas anteriores a enero de 2012.
Los pagos se harán en colaboración con el I.C.O. y a través de un crédito sindicado bancario de 35.000 millones de euros.

Las facturas impagadas serán abonadas directamente al proveedor por el Fondo de Financiación y no habrá obligación de realizar quitas, si bien quien se acoja a este sistema para cobrar sus facturas impagadas deberá renunciar al cobro de los intereses de demora.

Pues bien, las entidades bancarias ofrecerán la compra de estas facturas susceptibles de cobro a través del Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores, lo que posibilitará a los acreedores su cobro de forma inmediata.

El mecanismo es sencillo y funcionará de un modo similar al descuento de pagarés. Los bancos comprarán las facturas a sus titulares por el importe de su nominal reducido en un porcentaje que oscilará entre el 8 y el 10%. Después el banco comprador de la factura se subrogará en la posición del acreedor y la cobrará del citado Fondo de Financiación.

Será posible la reclamación de deudas inferiores a 600 Euros a través de la mediación por medios informáticos.

El pasado 7 de marzo de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
 
La norma regula la mediación como un modo alternativo a la solución de conflictos de carácter civil o mercantil, sean nacionales o transfronterizos, intentando que se alcance un acuerdo entre las partes y evitando el coste económico y temporal que supone la resolución judicial o arbitral del asunto.
 
Al final, la Ley difiere bastante del proyecto aprobado el pasado año y configura la mediación como un mecanismo voluntario, que dependerá siempre de que ambas partes quieran, de motu propio, someterse a la misma.
 
 La mediación no será más que una discusión o negociación entre las partes y deberán ser ellas mismas quienes perfilen y alcancen un acuerdo ante un mediador imparcial que no deberá intervenir en la solución alcanzada sino sólo moderar o intentar hacer que ambas partes se escuchen y atiendan a razones.
 
La mediación se iniciará por la solicitud de una o de ambas partes ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de ellas. Si una de las partes no acepta se entenderá terminada la mediación. Si ambas partes aceptan se celebrarán una serie de sesiones que se recogerán en actas. La mediación terminará cuando se alcance un acuerdo, cuando una o las dos partes decidan que ha terminado o cuando el mediador considere que las posturas de ambas son irreconciliables.
 
Si se alcanza un acuerdo éste se recogerá en un acta que deberá ser convalidada, bien mediante elevación a Escritura Pública o bien sometiéndola a homologación judicial. Este acuerdo será susceptible de ejecución judicial para exigir su cumplimiento, como si de una Sentencia se tratase.
 
La mediación puede suponer una fuente de soluciones a muchos problemas entre empresas, incluidos los relacionados con la reclamación de cantidad, logrando acuerdos de una forma rápida y económica.
 
En mi opinión, el procedimiento de mediación puede ser especialmente útil para la reclamación de pequeños adeudos. Así las deudas de escasa cuantía muchas veces ni se llegan a reclamar judicialmente por una cuestión de coste de oportunidad. Los gastos generados y el tiempo que llevaría reclamar judicialmente 200 euros hacen esa reclamación casi antieconómica.
 
Sin embargo, el texto legal al que ahora nos referimos prevé expresamente, en su artículo 24.2, que las reclamaciones de cantidad inferiores a 600 euros podrán sustanciarse con un intento de mediación tramitado por medios informáticos. De este modo muchas deudas cuya reclamación judicial desdeñaríamos por las razones antes expuestas podrían reclamarse mediante una mediación más sencilla y rápida si cabe obteniendo como resultado la satisfacción del adeudo o, en caso de negativa a la mediación, con un indicio más de que la deuda existe para hacerlo valer judicialmente.

La regulación del monitorio ha supuesto en la práctica un nuevo escollo para la aplicación de la Ley de Morosidad

Gonzalo Quiroga Sardi. Abogado

La Ley 04/2011 introdujo en el articulado que regula el procedimiento monitorio, y más concretamente su admisión a trámite y requerimiento de pago, un nuevo artículo 815.3 L.E.C. que reza del siguiente modo:

“3. Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el secretario judicial dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.

En la propuesta, se deberá informar al peticionario de que, si en un plazo no superior a diez días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se le tendrá por desistido.”

La finalidad de este artículo es la de agilizar o facilitar la continuidad del proceso monitorio en aquellos casos en los que parte de la deuda no cumple los requisitos para ser reclamada por esta vía. Como sabemos, la deuda que se reclame por vía monitoria ha de ser una deuda suficientemente documentada, de tal forma que pueda apreciarse, a priori, como presumiblemente existente y cierta a salvo, obviamente, de la posibilidad de oposición por el deudor.

Hasta ahora, si dentro de una deuda reclamada existía alguna partida que el Juzgado consideraba que no cumplía con los requisitos necesarios para poder ser reclamada por vía monitoria se producía la inadmisión de la demanda, invitándonos a interponer el procedimiento declarativo correspondiente.

Con la introducción de este artículo, sin embargo, se pretende que si parte de la deuda cuyo cobro pretendemos no cumple los requisitos para ser reclamada por este tipo de procedimiento se nos invite a poder reclamar por esta vía sólo aquella parte de deuda que sí cumple los citados requisitos, facilitando la continuación del monitorio aunque sea a costa de renunciar a reclamar, al menos en el mismo procedimiento, el resto de partidas.

Sin embargo, en la práctica, se está dando un alto porcentaje de casos en los que el artículo 815.3 es utilizado para impedir reclamar las partidas que la Ley 15/2010 de Medidas contra la Morosidad establece con carácter obligatorio y, precisamente, como medidas de disuasión a los deudores encaminadas a hacerles ver que ya no les resultará rentable financiarse a costa de los acreedores, como en muchos casos se venía haciendo.

Así, son demasiados los casos en los que reclamamos el pago de una deuda que cumple los requisitos de la reclamación monitoria y añadimos al principal las partidas impuestas con carácter imperativo por la Ley 15/2010 (los intereses de demora devengados desde la fecha de vencimiento de la factura calculados a Euribor + 7 puntos y la indemnización por los costes de reclamación extrajudicial del impago) y el Juzgado emite una resolución, en virtud del 815.3 L.E.C., por la que considera no acreditadas estas partidas, a pesar de que vienen impuestas “ex lege”, y nos invita a admitir la demanda y hacer el requerimiento de pago sólo por el principal reclamado o, de no aceptarlo, a tenernos por desistidos, lo que equivale a remitirnos a un procedimiento declarativo mucho más largo y costoso.

Parece increíble que sean los propios Juzgados los que consideren como no acreditadas o como no susceptibles de reclamación monitoria partidas que vienen impuestas obligatoriamente, definidas y determinadas por un texto legal pero lo cierto es que así sucede y que, de continuar en esta línea, las medidas adoptadas por la Ley de Morosidad para intentar reducir el índice de impagos (uno de los principales problemas actuales) se quedarán en un brindis al sol, puesto que si los Juzgados no aplican las citadas medidas no servirán más que como meras declaraciones de buenas intenciones del Legislador.

Aprobada la Ley de Medidas de Agilización Procesal: ¿Cómo afectará esta norma a los procedimientos para reclamación de deuda?

El pasado 22 de septiembre DE 2011 el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Medidas de Agilización Procesal.

Este nuevo texto normativo tendrá importantes y, a mi juicio, favorables consecuencias en los procedimientos de reclamación de cantidad.

Junto a otras muchas reformas, la nueva Ley opera cambios determinantes para este tipo de procedimientos.

En primer lugar, la Ley 4/2011 había introducido la necesidad de que las empresas que venían obligadas a abonar tasas judiciales para poder interponer demandas lo hubiesen de hacer también al interponer reclamaciones monitorias, hasta ese momento exentas del pago de la tasa.

Esto supuso una dificultad añadida para la reclamación de deudas, especialmente para la reclamación de débitos de escasa cuantía (piénsese en empresas de gran distribución que han de reclamar pequeños recibos, como energéticas, telefónicas, etc…), ya que el pago de la tasa suponía un gasto desproporcionado en relación con la cuantía a reclamar y que, además, no era susceptible de ser repercutido al deudor por la vía de la imposición de costas procesales.

Pues bien, la nueva Ley establece que aquellos sujetos obligados al pago de la tasa judicial no deberán liquidarla cuando interpongan reclamaciones monitorias de una cuantía inferior a 3.000 euros.
Cuando lo que reclamen a través del procedimiento monitorio sea superior a 3.000 euros sólo deberán abonar una tasa de 50 euros.

Por otro lado, el importe de la tasa podrá incluirse en la tasación de costas para, de este modo, repercutir su importe al deudor, ya que pasa a ser considerado como un gasto necesario para interponer la demanda.

Otro cambio favorable a la reclamación de la deuda a través del procedimiento monitorio, más rápido y económico que el procedimiento declarativo, viene dado porque la nueva norma elimina el límite cuantitativo para interponer este tipo de demandas.

Así, en un principio sólo podían interponerse demandas monitorias para reclamar deudas cuyo importe no superase los 30.000 euros. Este mismo año se elevó dicha cuantía hasta los 250.000 euros.

Pues bien, la nueva Ley elimina el límite de deuda a reclamar, de tal forma que podrá reclamarse a través del procedimiento monitorio cualquier deuda que cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, independientemente del monto reclamado.

Un último cambio introducido en los procedimientos de reclamación de deuda consiste en que se otorgan a los contratos de leasing las mismas protecciones y garantías que a los contratos de renting, incluyendo la afectación del bien arrendado.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Más dificultades impuestas por el Legislador para la reclamación de deudas de escasa cuantía

Gonzalo Quiroga Sardi

Más dificultades impuestas por el Legislador para la reclamación de deudas de escasa cuantía. Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Con la Ley 4/2011 se impuso que aquellas empresas que viniesen obligadas a liquidar la tasa judicial deberían hacerlo también al interponer reclamaciones monitorias, hasta ese momento exentas.

De ese modo, se inteponía una primera traba a la reclamación de deudas de escasa cuantía ya que, para reclamar pequeños importes (pensemos, por ejemplo, en facturas de telefonía, luz, gas…), la demandante se ve obligada a desembolsar el importe de la tasa, gasto que, además, no puede repercutir al demandado ni como gasto necesario para el recobro, ex artículo 8 Ley 3/2004 (modificada por Ley 15/2010), ni como parte de las costas en caso de que sean impuestas al contrario.

Con el Proyecto de Ley de Agilización Procesal, aún en proceso de aprobación, parece que el Legislador rectificaba el obstáculo previamente impuesto a la reclamación de estos pequeños importes, ya que en dicho texto se prevé que no haya que abonar tasa judicial para monitorios de reclamación inferior a 3.000 euros y que en caso de tener que abonar tasa por la reclamación monitoria, por encima de dicha cuantía, esta fuese una tasa fija de 50 euros. Prevé, también,  este Proyecto de Ley que el pago de la tasa pase a ser repercutible como parte de las costas procesales, lo cual también palía el coste en que hace incurrir al acreedor para reclamar su crédito.

Pues bien, dentro de la sangría legislativa que se está produciendo en la materia, el Legislador vuelve a contradecir sus intenciones y, a la par que se discute en el Senado el Proyecto de Ley de Agilización Procesal que paliaría el problema de la tasa, se evacúa el trámite parlamentario para la aprobación del Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Dicho Proyecto de Ley, sin perjuicio de entrar en valoraciones sobre su bondad en otros aspectos, supone una dificultad añadida para reclamar deudas de escasa cuantía, toda vez que para interponer demandas de reclamación de cantidad con una cuantía inferior a 6.000 euros será requisito imprescindible acreditar que  se ha acudido previamente a la figura del mediador para intentar alcanzar un acuerdo.

Esto, en la práctica, supondrá que para interponer una demanda de monitorio de una cuantía inferior a 6.000 euros, el acreedor deberá:

  •  Localizar al deudor, con la pérdida de tiempo que ello supone, y citarle a la mediación.
  • Incurrir en el coste de pagar a un mediador.
  • Dejar, en la mayoría de los casos, transcurrir dos meses para que pueda considerarse que no existe acuerdo en la mediación por no haber comparecido el moroso ante el órgano de mediación.

 En definitiva, si este Proyecto de Ley sale adelante, en mi opinión, supondrá un lastre para la reclamación de cantidad puesto que, por un lado, dejará sin sentido la reclamación monitoria, dado que con el plazo de espera de dos meses al que habría que sumar después el concedido en el requerimiento de pago resultaría antieconómico temporalmente hablando, y, por otro lado, supone un desembolso adicional a efectuar por el acreedor para poder exigir el pago de cuanto se le adeuda

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

 

Proyecto de ley de agilización procesal. Su aprobación supondrá importantes reformas en la reclamación monitoria

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado 28 de junio el texto de la Ley de Agilización Procesal, que ahora se está debatiendo en el Senado.

Desde el punto de vista de la reclamación de cantidad, la aprobación de este texto supondría, a mi entender, importantes y ventajosas novedades, especialmente en el procedimiento monitorio que es el más recurrente a la hora de exigir el pago de deudas comerciales.

En primer lugar, mediante la Ley 4/2011 se estableció la obligación de abonar tasas judiciales por la interposición del procedimiento monitorio. Esto supuso una limitación importante para la reclamación de impagados de escasa cuantía, ya que la interposición de la demanda supone el pago previo de una tasa judicial que no es susceptible de ser repercutida posteriormente al moroso.

Pues bien, en esta línea, la reforma contiene dos importantes previsiones:

  • Que la tasa judicial a abonar para interponer una demanda de reclamación monitoria sea de un importe fijo de 50  € para el caso de reclamaciones superiores a 3.000 €, cualquiera que sea su cuantía, no siendo necesario abonar tasa alguna cuando lo que se reclama sea inferior a dicha cantidad. 
  • Que la tasa judicial pase a ser considerada, mediante la modificación del artículo 241.1 L.E.C., como gasto procesale, lo que permitiría su repercusión al contrario. 

Otra importante modificación, en lo que al monitorio se refiere, consiste en la previsión de que deje de existir límite cuantitativo para poder reclamar una deuda por la vía del monitorio, de tal forma que si, en un principio, se podían reclamar deudas de hasta 30.000 euros y después pasaron a ser deudas de hasta 250.000 (con la Ley 13/2009), ahora se podría reclamar cualquier deuda que cumpla los requisitos establecidos por el artículo 812 L.E.C. independientemente de cuál fuese su cuantía.

En mi opinión, la aprobación de estas medidas supondría un paso hacia delante en cuanto a la reclamación de deuda comercial, ya que dejaría de ser antieconómica su reclamación en algunos casos, como ocurre en la actualidad debido al pago de la tasa, y se abriría el abanico de deuda reclamable por esta vía, más rápida sin duda que el proceidmiento declarativo.

Leer artículos anteriores: Pág. Anterior 1 2 3 4 Pág. Siguiente