Archivo de la categoría: Gonzalo Quiroga Sardi

Abogado, Socio Director de Quiroga & Asociados Abogados y Presidente de la Comisión de Morosidad de ASSET, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TESOREROS Y FINANCIEROS DE EMPRESA

Nueva tasa judicial en Cataluña

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

Desde el 1 de mayo de 2012 resulta de aplicación en toda Caluña la obligación de abonar una nueva tasa judicial o tasa que grava el ejercicio de la Acción Judicial ante los Tribunales de Justicia de esta Comunidad Autónoma.

Actualmente ya existe una tasa judicial estatal que, de momento, sólo ha de ser abonada por empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, aunque se está discutiendo un Anteproyecto de Ley orientado a que también tengan que abonarlas cualesquiera empresas y personas físicas que pretendan iniciar una acción judicial en cualquier Partido Judicial a lo largo de nuestra geografía.

Pues bien, la tasa autonómica catalana será independiente y acumulable a la tasa judicial estatal, de tal suerte que si iniciamos, por ejemplo, un procedimiento declarativo ordinario en Cataluña deberemos abonar la tasa autonómica y la tasa estatal (si somos sujetos obligados al pago de esta última).

Esta tasa judicial catalana, en la misma línea que lo que se prevé aprobar para la tasa estatal,  deberá ser abonada por cualquier sujeto que realice alguna de las actuaciones jurisdiccionales gravadas, ya sea empresa, de cualquier tamaño y facturación (quedan exentas las que lo estén de declarar impuesto de sociedades) o persona física (sólo exenta si tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita).

Los supuestos y cuantías de la tasa ya en vigor son los siguientes:

Seminario

En mi opinión, ésta medida lo único que hace es encarecer o dificultar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, constituyéndose en una traba o filtro para la interposición de demandas que, en el caso de los procedimientos de reclamación de cantidad, supondrá que en muchas ocasiones resulte anti económico reclamar judicialmente los legítimos derechos del acreedor.

Anteproyecto de modificación de las tasas judiciales. ¿copago en la Justicia?

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El Ministro de Justicia presentó recientemente ante el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de reforma sistema de tasas judiciales.

El pago de una tasa judicial para poder ejercitar la potestad jurisdiccional, es decir, para poder promover un procedimiento judicial está vigente en España desde el año 2002 y se encuentra regulado  por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden fiscal.

Según su actual regulación, sólo deberán abonar, como requisito previo a promover un proceso, las denominadas tasas judiciales aquellas empresas cuya facturación exceda de los 8 millones de euros anuales.

Tasas judiciales

La reforma propuesta por el Ministerio de Justicia supone una ampliación del espectro de la tasa judicial en dos ámbitos:

a) En cuanto a su cuantía, ya que la tasa a abonar aumentará en las siguientes cuantías.
b) En cuanto a los sujetos obligados.

Según el Anteproyecto, vendrán obligados a pagar las tasas judiciales para poder demandar no sólo las empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, como hasta la fecha, sino también cualquier otra  empresa (incluidas PYMES y autónomos) y cualquier particular que pretenda promover un procedimiento judicial o hacer valer su derecho a recurrir en apelación o casación.

c) En cuanto a las Jurisdicciones a las que resulta aplicable.

Ya que ahora resultarán aplicables también a la jurisdicción social si bien sólo en la segunda instancia.

Desde el Ministerio de Justicia se busca justificación a esta ampliación de cuantías y sujetos obligados en la necesidad de “evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los Juzgados”.

Sin embargo, con esta medida y otras adoptadas en el pasado (necesidad de constituir depósito económico para poder recurrir, aumentar a 600.000 euros la cuantía mínima de un procedimiento para que sea susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, etc…) más bien parece que lo que se pretenda sea descolapsar los Juzgados a base de de establecer un precio de acceso a los mismos tan caro que resulte coercitivo, de tal suerte que se corre el peligro de que dejemos de interponer un proceso judicial, es decir, de acceder a la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución nos garantiza simplemente porque resulte demasiado caro o, en algunos casos antieconómico hacerlo. Piénsese en muchas PYMES que tienen que afrontar los gastos de decenas de reclamaciones de cantidad: no les pagan sus clientes y les sale más caro todavía reclamar su adeudo.

Desde el propio Ministerio y desde algunas instituciones, como el propio Consejo General del Poder Judicial, se niega este extremo argumentando que la Constitución reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva pero no a que el acceso a dicha tutela sea gratuito. Parecen olvidarse al esgrimir este argumento que el acceso a la tutela judicial efectiva nunca ha sido gratuito y que la Administración de Justicia se sustenta ya con fondos públicos, constituyendo las tasas judiciales un “copago” o mejor dicho “repago” de lo que ya sostenemos con nuestros tributos.

Los Bancos comprarán las facturas impagadas por las administraciones autonómicas y locales

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El pasado 10 de marzo se publicó en el B.O.E. el Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo por el que se aprueba la creación del Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Se articula así el instrumento para que los acreedores de estas Administraciones Públicas puedan cobrar las facturas impagadas anteriores a enero de 2012.
Los pagos se harán en colaboración con el I.C.O. y a través de un crédito sindicado bancario de 35.000 millones de euros.

Las facturas impagadas serán abonadas directamente al proveedor por el Fondo de Financiación y no habrá obligación de realizar quitas, si bien quien se acoja a este sistema para cobrar sus facturas impagadas deberá renunciar al cobro de los intereses de demora.

Pues bien, las entidades bancarias ofrecerán la compra de estas facturas susceptibles de cobro a través del Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores, lo que posibilitará a los acreedores su cobro de forma inmediata.

El mecanismo es sencillo y funcionará de un modo similar al descuento de pagarés. Los bancos comprarán las facturas a sus titulares por el importe de su nominal reducido en un porcentaje que oscilará entre el 8 y el 10%. Después el banco comprador de la factura se subrogará en la posición del acreedor y la cobrará del citado Fondo de Financiación.

Será posible la reclamación de deudas inferiores a 600 Euros a través de la mediación por medios informáticos.

El pasado 7 de marzo de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
 
La norma regula la mediación como un modo alternativo a la solución de conflictos de carácter civil o mercantil, sean nacionales o transfronterizos, intentando que se alcance un acuerdo entre las partes y evitando el coste económico y temporal que supone la resolución judicial o arbitral del asunto.
 
Al final, la Ley difiere bastante del proyecto aprobado el pasado año y configura la mediación como un mecanismo voluntario, que dependerá siempre de que ambas partes quieran, de motu propio, someterse a la misma.
 
 La mediación no será más que una discusión o negociación entre las partes y deberán ser ellas mismas quienes perfilen y alcancen un acuerdo ante un mediador imparcial que no deberá intervenir en la solución alcanzada sino sólo moderar o intentar hacer que ambas partes se escuchen y atiendan a razones.
 
La mediación se iniciará por la solicitud de una o de ambas partes ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de ellas. Si una de las partes no acepta se entenderá terminada la mediación. Si ambas partes aceptan se celebrarán una serie de sesiones que se recogerán en actas. La mediación terminará cuando se alcance un acuerdo, cuando una o las dos partes decidan que ha terminado o cuando el mediador considere que las posturas de ambas son irreconciliables.
 
Si se alcanza un acuerdo éste se recogerá en un acta que deberá ser convalidada, bien mediante elevación a Escritura Pública o bien sometiéndola a homologación judicial. Este acuerdo será susceptible de ejecución judicial para exigir su cumplimiento, como si de una Sentencia se tratase.
 
La mediación puede suponer una fuente de soluciones a muchos problemas entre empresas, incluidos los relacionados con la reclamación de cantidad, logrando acuerdos de una forma rápida y económica.
 
En mi opinión, el procedimiento de mediación puede ser especialmente útil para la reclamación de pequeños adeudos. Así las deudas de escasa cuantía muchas veces ni se llegan a reclamar judicialmente por una cuestión de coste de oportunidad. Los gastos generados y el tiempo que llevaría reclamar judicialmente 200 euros hacen esa reclamación casi antieconómica.
 
Sin embargo, el texto legal al que ahora nos referimos prevé expresamente, en su artículo 24.2, que las reclamaciones de cantidad inferiores a 600 euros podrán sustanciarse con un intento de mediación tramitado por medios informáticos. De este modo muchas deudas cuya reclamación judicial desdeñaríamos por las razones antes expuestas podrían reclamarse mediante una mediación más sencilla y rápida si cabe obteniendo como resultado la satisfacción del adeudo o, en caso de negativa a la mediación, con un indicio más de que la deuda existe para hacerlo valer judicialmente.

La regulación del monitorio ha supuesto en la práctica un nuevo escollo para la aplicación de la Ley de Morosidad

Gonzalo Quiroga Sardi. Abogado

La Ley 04/2011 introdujo en el articulado que regula el procedimiento monitorio, y más concretamente su admisión a trámite y requerimiento de pago, un nuevo artículo 815.3 L.E.C. que reza del siguiente modo:

“3. Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el secretario judicial dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.

En la propuesta, se deberá informar al peticionario de que, si en un plazo no superior a diez días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se le tendrá por desistido.”

La finalidad de este artículo es la de agilizar o facilitar la continuidad del proceso monitorio en aquellos casos en los que parte de la deuda no cumple los requisitos para ser reclamada por esta vía. Como sabemos, la deuda que se reclame por vía monitoria ha de ser una deuda suficientemente documentada, de tal forma que pueda apreciarse, a priori, como presumiblemente existente y cierta a salvo, obviamente, de la posibilidad de oposición por el deudor.

Hasta ahora, si dentro de una deuda reclamada existía alguna partida que el Juzgado consideraba que no cumplía con los requisitos necesarios para poder ser reclamada por vía monitoria se producía la inadmisión de la demanda, invitándonos a interponer el procedimiento declarativo correspondiente.

Con la introducción de este artículo, sin embargo, se pretende que si parte de la deuda cuyo cobro pretendemos no cumple los requisitos para ser reclamada por este tipo de procedimiento se nos invite a poder reclamar por esta vía sólo aquella parte de deuda que sí cumple los citados requisitos, facilitando la continuación del monitorio aunque sea a costa de renunciar a reclamar, al menos en el mismo procedimiento, el resto de partidas.

Sin embargo, en la práctica, se está dando un alto porcentaje de casos en los que el artículo 815.3 es utilizado para impedir reclamar las partidas que la Ley 15/2010 de Medidas contra la Morosidad establece con carácter obligatorio y, precisamente, como medidas de disuasión a los deudores encaminadas a hacerles ver que ya no les resultará rentable financiarse a costa de los acreedores, como en muchos casos se venía haciendo.

Así, son demasiados los casos en los que reclamamos el pago de una deuda que cumple los requisitos de la reclamación monitoria y añadimos al principal las partidas impuestas con carácter imperativo por la Ley 15/2010 (los intereses de demora devengados desde la fecha de vencimiento de la factura calculados a Euribor + 7 puntos y la indemnización por los costes de reclamación extrajudicial del impago) y el Juzgado emite una resolución, en virtud del 815.3 L.E.C., por la que considera no acreditadas estas partidas, a pesar de que vienen impuestas “ex lege”, y nos invita a admitir la demanda y hacer el requerimiento de pago sólo por el principal reclamado o, de no aceptarlo, a tenernos por desistidos, lo que equivale a remitirnos a un procedimiento declarativo mucho más largo y costoso.

Parece increíble que sean los propios Juzgados los que consideren como no acreditadas o como no susceptibles de reclamación monitoria partidas que vienen impuestas obligatoriamente, definidas y determinadas por un texto legal pero lo cierto es que así sucede y que, de continuar en esta línea, las medidas adoptadas por la Ley de Morosidad para intentar reducir el índice de impagos (uno de los principales problemas actuales) se quedarán en un brindis al sol, puesto que si los Juzgados no aplican las citadas medidas no servirán más que como meras declaraciones de buenas intenciones del Legislador.

Aprobada la Ley de Medidas de Agilización Procesal: ¿Cómo afectará esta norma a los procedimientos para reclamación de deuda?

El pasado 22 de septiembre DE 2011 el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Medidas de Agilización Procesal.

Este nuevo texto normativo tendrá importantes y, a mi juicio, favorables consecuencias en los procedimientos de reclamación de cantidad.

Junto a otras muchas reformas, la nueva Ley opera cambios determinantes para este tipo de procedimientos.

En primer lugar, la Ley 4/2011 había introducido la necesidad de que las empresas que venían obligadas a abonar tasas judiciales para poder interponer demandas lo hubiesen de hacer también al interponer reclamaciones monitorias, hasta ese momento exentas del pago de la tasa.

Esto supuso una dificultad añadida para la reclamación de deudas, especialmente para la reclamación de débitos de escasa cuantía (piénsese en empresas de gran distribución que han de reclamar pequeños recibos, como energéticas, telefónicas, etc…), ya que el pago de la tasa suponía un gasto desproporcionado en relación con la cuantía a reclamar y que, además, no era susceptible de ser repercutido al deudor por la vía de la imposición de costas procesales.

Pues bien, la nueva Ley establece que aquellos sujetos obligados al pago de la tasa judicial no deberán liquidarla cuando interpongan reclamaciones monitorias de una cuantía inferior a 3.000 euros.
Cuando lo que reclamen a través del procedimiento monitorio sea superior a 3.000 euros sólo deberán abonar una tasa de 50 euros.

Por otro lado, el importe de la tasa podrá incluirse en la tasación de costas para, de este modo, repercutir su importe al deudor, ya que pasa a ser considerado como un gasto necesario para interponer la demanda.

Otro cambio favorable a la reclamación de la deuda a través del procedimiento monitorio, más rápido y económico que el procedimiento declarativo, viene dado porque la nueva norma elimina el límite cuantitativo para interponer este tipo de demandas.

Así, en un principio sólo podían interponerse demandas monitorias para reclamar deudas cuyo importe no superase los 30.000 euros. Este mismo año se elevó dicha cuantía hasta los 250.000 euros.

Pues bien, la nueva Ley elimina el límite de deuda a reclamar, de tal forma que podrá reclamarse a través del procedimiento monitorio cualquier deuda que cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, independientemente del monto reclamado.

Un último cambio introducido en los procedimientos de reclamación de deuda consiste en que se otorgan a los contratos de leasing las mismas protecciones y garantías que a los contratos de renting, incluyendo la afectación del bien arrendado.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Más dificultades impuestas por el Legislador para la reclamación de deudas de escasa cuantía

Gonzalo Quiroga Sardi

Más dificultades impuestas por el Legislador para la reclamación de deudas de escasa cuantía. Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Con la Ley 4/2011 se impuso que aquellas empresas que viniesen obligadas a liquidar la tasa judicial deberían hacerlo también al interponer reclamaciones monitorias, hasta ese momento exentas.

De ese modo, se inteponía una primera traba a la reclamación de deudas de escasa cuantía ya que, para reclamar pequeños importes (pensemos, por ejemplo, en facturas de telefonía, luz, gas…), la demandante se ve obligada a desembolsar el importe de la tasa, gasto que, además, no puede repercutir al demandado ni como gasto necesario para el recobro, ex artículo 8 Ley 3/2004 (modificada por Ley 15/2010), ni como parte de las costas en caso de que sean impuestas al contrario.

Con el Proyecto de Ley de Agilización Procesal, aún en proceso de aprobación, parece que el Legislador rectificaba el obstáculo previamente impuesto a la reclamación de estos pequeños importes, ya que en dicho texto se prevé que no haya que abonar tasa judicial para monitorios de reclamación inferior a 3.000 euros y que en caso de tener que abonar tasa por la reclamación monitoria, por encima de dicha cuantía, esta fuese una tasa fija de 50 euros. Prevé, también,  este Proyecto de Ley que el pago de la tasa pase a ser repercutible como parte de las costas procesales, lo cual también palía el coste en que hace incurrir al acreedor para reclamar su crédito.

Pues bien, dentro de la sangría legislativa que se está produciendo en la materia, el Legislador vuelve a contradecir sus intenciones y, a la par que se discute en el Senado el Proyecto de Ley de Agilización Procesal que paliaría el problema de la tasa, se evacúa el trámite parlamentario para la aprobación del Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Dicho Proyecto de Ley, sin perjuicio de entrar en valoraciones sobre su bondad en otros aspectos, supone una dificultad añadida para reclamar deudas de escasa cuantía, toda vez que para interponer demandas de reclamación de cantidad con una cuantía inferior a 6.000 euros será requisito imprescindible acreditar que  se ha acudido previamente a la figura del mediador para intentar alcanzar un acuerdo.

Esto, en la práctica, supondrá que para interponer una demanda de monitorio de una cuantía inferior a 6.000 euros, el acreedor deberá:

  •  Localizar al deudor, con la pérdida de tiempo que ello supone, y citarle a la mediación.
  • Incurrir en el coste de pagar a un mediador.
  • Dejar, en la mayoría de los casos, transcurrir dos meses para que pueda considerarse que no existe acuerdo en la mediación por no haber comparecido el moroso ante el órgano de mediación.

 En definitiva, si este Proyecto de Ley sale adelante, en mi opinión, supondrá un lastre para la reclamación de cantidad puesto que, por un lado, dejará sin sentido la reclamación monitoria, dado que con el plazo de espera de dos meses al que habría que sumar después el concedido en el requerimiento de pago resultaría antieconómico temporalmente hablando, y, por otro lado, supone un desembolso adicional a efectuar por el acreedor para poder exigir el pago de cuanto se le adeuda

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

 

Proyecto de ley de agilización procesal. Su aprobación supondrá importantes reformas en la reclamación monitoria

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado 28 de junio el texto de la Ley de Agilización Procesal, que ahora se está debatiendo en el Senado.

Desde el punto de vista de la reclamación de cantidad, la aprobación de este texto supondría, a mi entender, importantes y ventajosas novedades, especialmente en el procedimiento monitorio que es el más recurrente a la hora de exigir el pago de deudas comerciales.

En primer lugar, mediante la Ley 4/2011 se estableció la obligación de abonar tasas judiciales por la interposición del procedimiento monitorio. Esto supuso una limitación importante para la reclamación de impagados de escasa cuantía, ya que la interposición de la demanda supone el pago previo de una tasa judicial que no es susceptible de ser repercutida posteriormente al moroso.

Pues bien, en esta línea, la reforma contiene dos importantes previsiones:

  • Que la tasa judicial a abonar para interponer una demanda de reclamación monitoria sea de un importe fijo de 50  € para el caso de reclamaciones superiores a 3.000 €, cualquiera que sea su cuantía, no siendo necesario abonar tasa alguna cuando lo que se reclama sea inferior a dicha cantidad. 
  • Que la tasa judicial pase a ser considerada, mediante la modificación del artículo 241.1 L.E.C., como gasto procesale, lo que permitiría su repercusión al contrario. 

Otra importante modificación, en lo que al monitorio se refiere, consiste en la previsión de que deje de existir límite cuantitativo para poder reclamar una deuda por la vía del monitorio, de tal forma que si, en un principio, se podían reclamar deudas de hasta 30.000 euros y después pasaron a ser deudas de hasta 250.000 (con la Ley 13/2009), ahora se podría reclamar cualquier deuda que cumpla los requisitos establecidos por el artículo 812 L.E.C. independientemente de cuál fuese su cuantía.

En mi opinión, la aprobación de estas medidas supondría un paso hacia delante en cuanto a la reclamación de deuda comercial, ya que dejaría de ser antieconómica su reclamación en algunos casos, como ocurre en la actualidad debido al pago de la tasa, y se abriría el abanico de deuda reclamable por esta vía, más rápida sin duda que el proceidmiento declarativo.

Ley 15/2010 de plazos de pago y represión de morosidad. Nueva línea ICO

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El gobierno aprobó ayer la creación de las líneas ICO a los ayuntamientos para el cumplimiento de esta normativa.

Desde la aprobación, ahora hace un año, de la Ley 15/2010 de represión de la morosidad en las operaciones comerciales, las Administraciones públicas han sido las primeras incumplidoras del texto normativo y, simultáneamente, uno de los principales escollos para su cumplimiento, ya que muchas empresas (especialmente PYMES) no pueden cumplir sus plazos de pago si ellas, a su vez, no sólo no reciben en plazo sus cobros de las Administraciones sino que, en muchos casos, ni los reciben, lo que las empuja a graves problemas de tesorería o, las más de las veces, a su desaparición.

 

Dicho texto legal preveía para las Administraciones Públicas unos plazos máximo de pago más cortos que para los demás sujetos intervinientes en operaciones comerciales, un nuevo sistema de control del cumplimiento de estos plazos y, en su Disposición Adicional Cuarta, la creación de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a favor de los Ayuntamientos que hiciese posible el cumplimiento de los pagos, ya que de otro modo, y como hemos podido comprobar hasta la fecha, sin crédito a las Corporaciones Locales todas estas previsiones se quedarían en papel mojado.

Aunque con mucho retraso, pues la Ley preveía que las líneas I.C.O. se aprobasen dentro de los 30 días siguientes al 07/07/2010, y después de que en septiembre del año pasado el Gobierno rechazara su puesta en marcha, ayer, día 1 de julio de 2011 el Gobierno aprobó la creación de una línea I.C.O. de 3.400 millones de euros orientada a que los Ayuntamientos puedan hacer frente a sus deudas y cumplir sus plazos de pago.

Para garantizar que se favorece a las empresas más perjudicadas por los incumplimientos de las Administraciones, las pequeñas y medianas empresas, se establece una prioridad de cobro a favor de aquellas empresas que tengan menos de 250 trabadores.  El plazo del préstamo al Ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del crédito.

Asimismo, para garantizar que estas líneas de crédito se aplican única y exclusivamente al fin para el que fueron creadas, el crédito se hará mediante el descuento directo de facturas, el Ayuntamiento presentará la factura de su proveedor al I.C.O. y éste la abonará directamente al emisor de la factura.

Considero que es una muy buena noticia para muchas pequeñas y medianas empresas que dependen de este tipo de Corporaciones para sobrevivir y, sobre todo, un gran paso adelante en el, hasta ahora lento, proceso de consolidación y cumplimiento de la Ley 15/2010.

Actualización de la información, determinante para minimizar el riesgo de impago o para optimizar las perspectivas de su recobro.

 Una información constantemente actualizada sobre los clientes a los que trabajamos a crédito es sumamente importante tanto a fin de evitar el impago  como para, en el caso de que el adeudo se produzca, optimizar las opciones de recobro, tanto en vía prejudicial como en vía judicial.


 
Así, el primer momento en el que una información actualizada y completa nos resulta de utilidad es en el momento en el que se genera el derecho de crédito a nuestro favor, el momento en  el que decidimos el riesgo-cliente.  
 
No basta con pedir informes de solvencia (informes comerciales) o la situación mercantil de nuestro cliente para determinar si le concedemos o no crédito, es absolutamente indispensable, y más en los tiempos que corren, ir actualizando esta información periódicamente.
 
Hemos de preocupamos de ir recopilando los datos de nuestro cliente para cada nueva operación, de ir reflejando cómo ha ido evolucionando durante el tiempo que llevamos trabajando con él, en definitiva,  debemos ir actualizando la foto de nuestro deudor que, como nosotros mismos, cambia con el paso del tiempo.
 
Esta actualización de la información y perfil de nuestro cliente tiene dos cauces complementarios :
 
1-      Solicitar informes de solvencia, informes investigados, etc. de una forma periódica, detectando así si la sociedad a la que vengo sirviendo desde hace tiempo obtiene mejores o peores resultados que cuando empecé a servirle, si ha habido cambios notables en sus órganos de administración, si presenta cuentas al Registro Mercantil o ha dejado de hacerlo, si tiene anotación en el Rai, si se encuentra en situación pre concursal o si, en definitiva, existen indicios de que su situación ha empeorado.
  
2-      Recabar minuciosamente todos los datos que podamos ir conociendo del cliente en el día a día de nuestra relación comercial.  Nivel de cumplimiento en sus pagos , cambios de domicilio que vayamos conociendo, cuentas bancarias distintas a aquella a la que domiciliamos nuestro recibo o factura y desde la que en algún momento nos hace un ingreso puntual por existir un retraso o  impago y, en general, cualquier dato que, por irrelevante que pueda parecer, ayude a saber dónde está, con quien trabaja, qué bienes y cuentas bancarias tiene. 
 
Todo ello nos ayudará a lo largo de toda la vida del crédito para protegerlo.  Nos permitirá minimizar la posibilidad de que surja el impago e incluso el riesgo de fraude. Si servimos durante años a crédito a un cliente basándonos sólo en el pre – estudio que se elaboró al contratar con él por primera vez y en el hecho de que hasta la fecha ha ido cumpliendo debidamente sus pagos, corremos un riesgo de impago mucho mayor: que la empresa esté desapareciendo, que ya no pertenezca a los mismos propietarios, que se encuentre en fase pre concursal y un sin fin de incidencias que, desgraciadamente, en tiempos de crisis como los que vivimos son el pan nuestro de cada día. Obviamente, nuestro deudor no es el mismo hace cinco años que ahora, por lo que debemos conocer su situación actualizada antes de concederle crédito para cada nueva operación.  Si el impagado llegase a producirse, esa recopilación y actualización de la información también será sumamente útil. 

En la fase de reclamación prejudicial, nos permitirá localizar pronto a nuestro deudor y, a la hora de alcanzar acuerdos de pago mejorando nuestro título, nos permitirá conocer la conveniencia o no de llegar a dichos acuerdos y las garantías necesarias para ello. El hecho de que la mercantil que nos ha impagado  firme un reconocimiento de deuda es papel mojado si se trata de una empresa que está pasando grandes apuros o a punto de desaparecer. Conocer esta situación antes de negociar el impagado nos permite saber que  sólo podremos otorgar el aplazamiento del pago si obtenemos a cambio una garantía adicional como el reconocimiento solidario del adeudo por parte de los administradores societarios, la afectación de un inmueble o similar.
 
Asimismo, aún en caso de llegar a la reclamación judicial del impagado, esta información completa y actualizada es oro molido, un elemento que nos permite aumentar sustancialmente nuestras expectativas de cobro y que nos otorga una ventaja cualitativa muy importante frente a otros acreedores, lo que resulta determinante en el procedimiento de apremio en el que los  primeros que llegan a embargar son los que consiguen recuperar su crédito.

De este modo, la información mercantil y contable actualizada permite trazar una estrategia procesal más rápida atendiendo a las circunstancias. Si ya conozco, por ejemplo, que una mercantil ha cesado su actividad por las vías de hecho y carece de bienes, será más rápido y fructífero dirigirse directamente al Juzgado de lo Mercantil para exigir la responsabilidad personal y solidaria de sus administradores e intentar cobrar del patrimonio de éstos que invertir recursos escasos como el tiempo y el dinero en una reclamación monitoria o declarativa contra una empresa ya inexistente.

Por otro lado, esas pequeñas informaciones  que vamos recabando en el día a día con nuestro cliente nos permiten  ganar tiempo en el procedimiento de reclamación de deuda. El conocer el domicilio exacto donde podemos encontrar al deudor acelera el procedimiento monitorio, ya que siendo el Juzgado competente aquél del lugar donde el deudor pueda ser hallado, dirigirnos a un domicilio donde ya no lo encontraremos supondrá meses de retraso.

Asimismo, un detalle tan pequeño como conocer cuentas bancarias de nuestro cliente nos permite señalar bienes para embargar desde el mismo instante en el que solicitamos la ejecución contra el mismo y, probablemente, se tratará de cuentas bancarias donde hallemos saldos, ya que no son la cuenta principal donde el deudor sabe que se pasan al cobro todas las  facturas de sus proveedores.

En definitiva, con una información actualizada y contrastada del deudor se minimiza el riesgo de impago y, en caso de producirse, se incrementan notablemente las perspectivas de cobro en caso de impago.

Leer artículos anteriores: Pág. Anterior 1 2 3 4 Pág. Siguiente