Archivo de la categoría: Gonzalo Quiroga Sardi

Abogado, Socio de AGM Abogados Madrid, Responsable del Departamento de Procesal Civil y Recuperación de Impagados.

Anteproyecto de la reforma de la ley concursal, se busca incrementar la rapidez y la viabilidad de la concursada

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El pasado 18 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó remitir al Congreso el nuevo Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal.

Esta nueva reforma se plantea (a pesar de la reciente reforma ya operada por el R.D.L. de 2009, que modificó el texto legal preexistente) como intento de solución ante la inminente necesidad de acelerar la tramitación de este tipo de procedimientos y, sobre todo, de intentar evitar que sea tan alto el número de casos en los que el procedimiento concursal equivale a una liquidación de la concursada.

De este modo, el Anteproyecto contiene una serie de medidas de agilización, potenciando los instrumentos preconcursales, intentando facilitar la financiación a la empresa concursada y atribuyendo mayores facultades a los administradores concursales.

En el texto del Anteproyecto, las principales medidas y novedades son:

1. Desarrollo del Procedimiento Abreviado:

La Ley Concursal preveía que este procedimiento simplificado sólo se aplicase a empresas con un pasivo inferior a 1 millón de euros. En la reforma de 2009 se amplió el espectro, de forma que pudiese aplicarse a supuestos en que el pasivo fuese inferior a 10 millones de euros.

El Anteproyecto, apostando claramente por este proceso más rápido y sencillo introduce la posibilidad de que el Juez del concurso pueda valorar la conveniencia de la aplicación de este procedimiento, aún en caso de que el pasivo exceda los 10 millones de euros, atendiendo para ello a distintos aspectos (presentación de propuesta anticipada de convenio, de transmisión de empresa, etc…)

2. Potenciación de mecanismos preconcursales.

En relación a los institutos preconcursales, tendentes a evitar la liquidación y permitir la continuidad de la concursada, podemos destacar como medidas del Anteproyecto las siguientes:

a) Aboga por los acuerdos extrajudiciales de refinanciación de deuda. Son aquellos acuerdos alcanzados entre el deudor y sus acreedores para ampliar el crédito disponible o modificar las obligaciones en atención a un plan de viabilidad. Entre los ajustes que propone el Anteproyecto destaca que estos acuerdos, si se alcanzan con acreedores financieros que representen al menos el 75% del pasivo podrán ser impuestos al resto de acreedores previa homologación judicial y certificación de un experto.

b) Introduce mecanismos que faciliten la inyección de tesorería a la empresa concursada para permitir su continuidad. Entre ellos cabe destacar:

  • Posibilidad de que las aportaciones que las empresas acreedoras hacen a la empresa en dificultades en el acuerdo de refinanciación podrán estar en un 50% considerados como créditos contra la masa y tener, por tanto, prioridad de cobro, teniendo el resto del crédito el carácter de privilegiado general. Así se pretende que las entidades financieras tengan mayores garantías a la hora de conceder créditos para rescatar empresas.
  • Dar mayores garantías de recobro a las aportaciones que los propios socios de las compañías en dificultades realicen para respaldar la viabilidad, de forma que dejarían de ser créditos subordinados.
  • Otorgar a los créditos concedidos tras la aprobación judicial del convenio la condición de créditos contra la masa, con la preferencia que ello implica.

3. Mayores atribuciones a los Administradores Concursales.

El Anteproyecto prevé la exigencia de mayores requisios de formación y profesionalidad a los Administradores del Concurso pero atribuyéndoles, a cambio, mayores facultades. Entre otras, podrán subsanar por si mismos los errores de las listas de acreedores, evitando así el gran retraso que ahora supone, y podán vender activos de la empresa antes de la liquidación previa notificación al Juez del Concurso, quien podrá verificar o denegar la medida.

Nueva Ley 4/2011 de 24 de Marzo: Habrá que pagar tasas judiciales por interponer reclamaciones monitorias

 Gonzalo Quiroga SardiAbogado

Se ha aprobado la Ley 4/2011 de 24 de marzo por la que se modifica la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para de facilitar la aplicación del Monitorio Europeo y Proceso Europeo de reclamación de deudas de escasa cuantía.

Mediante la citada norma, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, introduciendo en la misma dos nuevas Disposiciones Finales, la Vigésimo Tercera y la Vigésimo Cuarta, por las que se integra definitivamente en nuestra legislación el Proceso Monitorio Europeo.

También establece la Ley 4/2011 algunos cambios en los procedimientos de reclamación de deuda, como lo son que ya no será obligatoria la intervención de letrado y procurador para Juicios Verbales que no excedan de 2.000 euros ni para las ejecuciones de títulos judiciales que no sobrepasen  dicha cantidad.

Por último, se prevé que las empresas que, por su facturación, vienen obligadas a abonar tasas judiciales deberán hacerlo, también, cuando interpongan una reclamación monitoria, hasta ahora exenta de este pago.

Fundamenta la Ley, en su Exposición de Motivos, que esta medida se adopta para evitar que se canalicen a través del monitorio reclamaciones que no cumplen los requisitos de este tipo de procedimientos, y ello sólo con el fin de evitar el pago de la tasa. No obstante, esto en realidad no ocurre, puesto que con la presentación de una reclamación monitoria que no se ajuste a lo exigido por la L.E.C. lo único que conseguimos es que desestimen la demanda y nos remitan a interponer la demanda del procedimiento declarativo que corresponda, pagando, por tanto, la tasa.

En cualquier caso, si el deudor se opusiese al monitorio, transformándose el procedimiento en un declarativo (verbal u ordinario según la cuantía), no será necesario abonar una nueva tasa, evitándose así el doble pago.

Intereses moratorios e indemnizaciones de gastos de recobro establecidos por la Ley de Morosidad

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 ¿Podremos algún día hacer efectivas estas medidas? 

Uno de los principales avances establecidos por la Legislación antimorosidad viene determinado porque, tanto la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad como la reforma en la misma operada por la Ley 15/2010, se establecen dos importantes medidas tendentes a disuadir al deudor.

La primera consiste en imponer legalmente el devengo de intereses moratorios desde el mismo momento del vencimiento de la factura que resulte impagada, y ello de forma automática, sin necesidad de que medie previo requerimiento fehaciente. El tipo de interés moratorio aplicable (euribor + 7 puntos) será, además, mucho más alto que el previsto hasta la entrada en vigor de esta legislación.

La segunda, permitir que en la reclamación de la cantidad adeudada se incluyan, como parte de las cantidades a reclamar, los costes generados por el recobro del adeudo.

Esta medida tiene una especial importancia en cuanto a las reclamaciones monitorias se refiere. El Procedimiento Monitorio, el más utilizado por su sencillez y rapidez para el cobro de facturas, no exige legalmente, al menos en su primera fase, la intervención de letrado o procurador. Por tanto, si el deudor consigna cuanto adeuda en concepto de principal durante los 20 días que el Juzgado le concede al efecto no tendrá que abonar costas procesales, pues no se genera tal partida al no ser preceptiva la intervención de profesionales. Sin embargo, con esta medida, los gastos en los que el acreedor tenga que incurrir para reclamar su deuda ( dentro de los límites establecidos por la Ley), incluidos los pagos que tenga que realizar a letrado y procurador para interponer la demanda, podrán adicionarse a la cantidad reclamada en concepto de indemnización de gastos de recobro.

Con estas medidas, y en plena concordancia con el espíritu de ambas leyes (y de la Directiva Comunitaria 35/2000 que las inspiró), se pretende evitar que, como ocurre en muchas ocasiones, el deudor pretenda obtener una tesorería extra a costa de su acreedor. Así, en muchos casos, una empresa no paga sus facturas intencionadamente, a sabiendas de que, aunque en su momento pagará cuanto debe, durante varios meses ( los que discurran mientras el acreedor le hace los primeros requerimientos extrajudiciales de pago, se dilata la espera con falsas promesas y acuerdos de abono del adeudo, llega el asunto a sus servicios legales, se interpone la demanda, se admite la misma a trámite y se produce el requerimiento judicial de pago) dispondrá en su tesorería del importe del principal que adeuda. Una vez que reciba el requerimiento judicial del pago, normalmente monitorio por ser la vía más rápida para la reclamación de deudas, consigna el principal y no responde por mas cantidades, habiendo obtenido una financiación a un interés del 0% y sin costes adicionales, al no tener que abonar costas procesales.

Con los mencionados mecanismos previstos en la Ley de Morosidad, sin embargo, el tipo de interés que deberá pagar será mucho más alto (euribor + 7 puntos) que el que le pueda suponer la financiación bancaria y, además, tendrá que pagar los gastos que la reclamación de la deuda haya generado.

Sin embargo, estas acertadas medidas adoptadas por el legislador en la práctica constituyen prácticamente una quimera, pues conseguir su aplicación resulta extremadamente difícil. Lo más lamentable de esta situación es que son los propios Juzgados de Primera Instancia, encargados de hacer cumplir las normas legales, quienes obstruyen o dificultan la aplicación de estos instrumentos de disuasión del moroso.

De este modo, casi en el 90% de los supuestos en los que se interpone una reclamación monitoria, incluyendo en la misma la exigencia del principal, de los intereses devengados (ex Ley 3/2004 y Ley 15/2010) desde el vencimiento de la factura hasta la fecha de demanda y de los gastos generados por el recobro, el Juzgado dicta un Auto de Admisión a trámite de la demanda en el que, obviando las restantes cantidades exigidas, acuerda requerir al deudor de pago únicamente por el principal de las facturas adeudadas.

Ante esta resolución, nos vemos obligados a interponer un recurso de reposición y argumentar ante el Juzgador las razones por las que los intereses moratorios y los gastos generados por el recobro han de formar parte de la cantidad exigible. Este recurso tiene una tramitación más o menos rápida y no supone un coste temporal demasiado alto. En aproximadamente un 60% de los supuestos en los que nos vemos obligados a interponer el recurso de reposición, el Juzgado acaba reconociendo el derecho a incluir las cantidades que fueron obviadas, probablemente porque su no inclusión se debió a un problema de tratamiento de texto, es decir, a que los formularios de texto de admisión de la demanda que hay en los Juzgados no incluyen aún estos conceptos aunque, a nuestro modesto entender, deberían incorporarlos, sobre todo teniendo en cuenta que han transcurrido 7 años desde que la Ley 3/2004 los impusiese con carácter imperativo.

Pero el verdadero problema llega cuando, en multitud de supuestos (aproximadamente un 40% de los recursos de reposición interpuestos), se deniega por el Juzgador en cuestión la incorporación de las citadas cantidades a la reclamación, utilizando para ello peregrinos argumentos (por ejemplo que en el Procedimiento Monitorio no hay condena en costas, confundiendo éstas con la indemnización por gastos de recobro, o, en otros casos, afirmando que no puede admitirse una liquidación de intereses efectuada con criterios unilateralmente escogidos por el demandante, cuando en realidad son intereses y criterios de liquidación que vienen impuestos por la Ley y, por tanto, de obligatoria aplicación).

Este tipo de resoluciones, amén de poner en evidencia que en determinadas ocasiones el principio “iura novit curia ( principio del Derecho en virtud del cuál el Juez conoce la Norma y, por tanto, las partes no han de probar en litigio lo que la Norma dice) brilla por su ausencia, determinan la imposibilidad práctica de conseguir el cobro de estas cantidades.

En puridad, podrían impugnarse estas resoluciones mediante un recurso de apelación en el que, fácilmente, se conseguiría que tan inconsistentes argumentaciones judiciales quedasen sin efecto, incluyéndose finalmente los intereses y los gastos de recobro como parte de las cantidades a reclamar al deudor. Sin embargo, la tramitación de un recurso de apelación resultaría totalmente antieconómica para el acreedor, quien tendría que esperar un año aproximadamente para ver reconocido su derecho, plazo que, en procedimientos de reclamación de cantidad resulta excesivo. Así, siendo lo importante en estos procedimientos (y más en los tiempos que corren en los que las empresas desaparecen de la noche a la mañana) ser de los primeros en conseguir embargar lo poco que quede en el patrimonio de la deudora, hace que merezca más la pena renunciar a los intereses moratorios y a recuperar los gastos que esperar un largo período a que se resuelva la apelación.

Por todo ello, considero que la concienciación pora parte del Poder Judicial sobre la necesidad de hacer cumplir extrictamente cuanto establece la Ley de Morosidad, en lugar de obstaculizarla, sería, incluso por encima de nuevas reformas legislativas, el factor realmente determinante para disminuir los índices de morosidad y los costes adicionales que esta genera para el acreedor.

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