Archivo de la categoría: Ignasi Frigola – Abogado

EL BENEFICIO DE EXONERACION DEL PASIVO INSATISFECHO (BEPI) EN EL MARCO DEL MECANISMO DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

El Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se reconoce a las personas físicas pues la liquidación de su patrimonio no da como resultado necesario la desaparición de la persona, como si ocurre en el caso de las sociedades y personas jurídicas, constituyendo una excepción al principio según el cual las deudas no satisfechas no se extinguen.

Conocido por el acrónimo “BEPI” interviene en los casos en que ha fracasado el acuerdo extrajudicial de pagos o no se ha llegado a aprobar un convenio en el marco de un Concurso de Acreedores.

Está regulado en el Artículo 178 bis de la Ley Concursal vigente tratándose del efecto estrella del mecanismo de la Segunda Oportunidad, recientemente regulado por el legislador. Así, a este respecto:

En principio lo puede solicitar el deudor persona física, sin discriminar entre empresario o no empresario.

Las deudas a las que afecta son en el supuesto del apartado 3 4ª a todas las deudas: alimentos y también públicas. En el caso del apartado 3 5º, con plan de pagos, en principio quedan exonerados todos los créditos ordinarios y subordinados, exceptuándose los de derecho público y alimentos. Los privilegiados quedan exonerados en la parte que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía.

En cuanto al momento en que debe de actuarse: será cuando el Administrador Concursal ha finalizado las operaciones de liquidación de la masa activa. Fundamentalmente con la presentación del informe final de liquidación por parte de dicha Administración Concursal.

La solicitud deberá efectuarla un abogado, no es precisa la intervención del procurador de los tribunales, dicho escrito deberá contener una explicación somera de la concurrencia / presencia de los requisitos legales, solicitando expresamente el BEPI en su petitum.

La ley exige que el deudor lo sea de buena fe. Lo será cuando se cumplan una serie de requisitos que la propia ley establece, pero cabe preguntarse si el deudor podría ser de buena fe sin concurrir los requisitos legales, parece que la respuesta es que no.

A este respecto ha de concurrir:

1/ Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable por aplicación del Artículo 165.1,1 de la Ley Concursal, el juez podrá no obstante conceder el  BEPI atendidas las circunstancias y siempre que no se aprecie dolo o culpa grave en la generación de la insolvencia. Por ende, que no concurra en el caso.

2/ Que el deudor en los 10 años anteriores a la declaración del concurso, no haya sido condenado en sentencia/ resolución judicial firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socio económico, por falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra el derecho de los trabajadores.

3/ Que haya intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pago, en los supuestos en los que no se intente previamente dicho acuerdo extrajudicial de pagos, el deudor deberá satisfacer al menos un 25% de los créditos ordinarios.

La opción de no acudir al acuerdo extrajudicial de pago solo supone el tener que abonar además de los créditos contra la masa y los privilegiados, un 25 % de los créditos ordinarios.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 231 de la Ley Concursal, que transcribo a continuación: “Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores…/…”.

4/ Que se haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y para el caso de que no se hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos se haya satisfecho el 25% del importe de los créditos concursales ordinarios. La pregunta que nos hacemos es si se trata de requisitos sucesivos en el tiempo o alternativos.

Tendremos que estar atentos a las resoluciones que dicten los Juzgados de lo Mercantil en este sentido.

Para el caso de que no pueda cumplirse lo indicado en el punto 4, en el número 5 de dicho artículo se establecen requisitos alternativos que son los siguientes:

1/ Que acepte someterse a un plan de pagos previsto en el apartado 6.

2/ Que no se hayan incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el Articulo 42 LC.

3/ Que el deudor no haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

4/ Que el deudor no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración del concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

5/ Que el deudor acepte expresamente, en la solicitud del BEPI que se haga constar en la correspondiente sección del Registro Concursal por una plazo de 5 años.

El Artículo 178 bis de la Ley Concursal continúa describiendo su tramitación, así de la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del beneficio – BEPI.

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o no se oponen a la misma, el juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución, declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación.

La oposición se sustanciará a través del trámite del incidente concursal (con costas judiciales). No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio lógicamente

Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados.

También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos si se constata el descubrimiento de alguna causa o motivo que lo impidiere, el incumplimiento de pago de las deudas no exoneradas según Plan de Pagos, la mejora de su situación económica por herencia, legado o donación; o la obtención de ingresos derivados del juego de suerte, envite o azar, de manera que en este caso, nuevas circunstancias permitieren el deudor pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

El procedimiento reglamentado para ello es el juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Continúa el precepto indicando que “Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso”.

Como siempre para obtener el mejor asesoramiento, en esta materia, especialmente compleja, se aconseja acudir siempre a un abogado, que será quien mejor velará por sus intereses. Los presentes comentarios lo son a nivel meramente divulgativo.

Bibliografía recomendada: José María Fernández Seijo: “La reestructuración de las deudas en la Ley de Segunda Oportunidad” 2ª Edición. Bosch.

EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS Y EL CONCURSO CONSECUTIVO

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos se regula en el Título X de la Ley Concursal según Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

A través del Acuerdo Extrajudicial de Pagos se habilita un trámite no judicial de mediación destinado a que el deudor pueda alcanzar un acuerdo con una parte de sus acreedores. Con dicho mecanismo se conseguirán quitas, y el pago aplazado de las deudas pendientes.

El Acuerdo Extrajudicial de pagos lo puede solicitar la persona natural y también la persona jurídica, en el primer caso, se establece el límite de los cinco millones de pasivo, en el segundo no se hace referencia a la existencia de ningún pasivo mínimo exigido.

Dicho acuerdo no afectará en ningún caso a los acreedores públicos ni, en principio, a los acreedores con garantías reales, aunque esto último lo matizaremos luego. Todo este trámite se articula a través del mediador concursal que es también quien lo impulsa principalmente.

El Artículo 231.5II de la Ley Concursal dispone que: “Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial aunque gocen de garantía real”. Y el Artículo 232.2.II de la misma Ley Concursal dispone que la lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo.

Este Acuerdo Extrajudicial de Pagos se erige en un requisito para acceder a los mecanismos de Segunda Oportunidad (Artículo 178 bis y 176bis). La ley permite a la persona física exonerarse del pasivo si no ha acudido al Acuerdo Extrajudicial de Pagos siempre que haya satisfecho el 25 % de los créditos ordinarios. Ver BEPI.

En relación a los bienes o derechos sujetos a garantías reales, indicar que el Artículo 5 bis 4.III de la Ley Concursal establece que este acuerdo solo afectará a los acreedores con garantías reales si lo aceptan y en los términos que recoja el propio acuerdo. Los efectos del acuerdo incluso podrían afectar y extenderse a los acreedores con garantías reales disidentes según los porcentajes de aprobación.

Nos explicamos, la posición de los acreedores con garantías reales es comprometida. Así en el instante del nombramiento del mediador concursal las garantías reales que se estén ejecutando quedan paralizadas, salvo que se tratare de bienes no imprescindibles para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor. Durante la tramitación del expediente se pueden iniciar nuevas ejecuciones singulares frente al deudor respecto de bienes necesarios o vivienda habitual pero quedarán paralizadas de inmediato. (quedan paralizadas mientras no hayan transcurrido los plazos que previene la ley)

El acreedor con garantía real puede decidir si queda o no sometido al Acuerdo Extrajudicial de Pagos , pudiendo el deudor incluir en el Acuerdo Extrajudicial de Pagos las obligaciones reales que tenga, evitando de este modo la ejecución de dichas garantías reales beneficiando además a los demás acreedores habiendo posible el cumplimiento de sus compromisos.

Si el deudor consigue las mayorías establecidas y suficientes (Artículo 238 bis 3 Ley Concursal) podría extender las consecuencias del Acuerdo Extrajudicial de Pagos a los acreedores con garantías reales aunque no hubieran apoyado el pacto.

Dispone el Artículo 235 de la Ley Concursal que una vez solicitada la apertura/ inicio del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional normalmente. Desde la mera presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico habitual de su actividad.

Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible Acuerdo Extrajudicial de Pagos, no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses.

Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, embargos posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público. (Administraciones Públicas)

Pero continúan las prohibiciones para los acreedores, que deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar su situación  respecto del deudor común.

Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos que pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de conformidad con lo dispuesto por el  propio artículo 59 de la Ley Concursal.

            Se dispone que el acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito si podrá ejercitarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante.

             El deudor que se encontrase negociando un Acuerdo Extrajudicial de Pagos no podrá ser declarado en concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.

La tramitación del expediente supone, la convocatoria de una reunión, en la que se debe de proponer el acuerdo, de la que debe resultar una adhesión de los acreedores.

Si no se obtuvieran las mayorías exigidas para la aprobación de la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos, el Artículo 238.3 de la Ley Concursal aboca al deudor a la declaración del Concurso Consecutivo.

Los efectos del Acuerdo Extrajudicial de Pagos aprobado:

(Artículos 133 y siguientes de la Ley Concursal)

El acuerdo extrajudicial de pagos afecta a deudor y acreedores sean estos adheridos o no al acuerdo finalmente aprobado.

En el Acuerdo Extrajudicial de Pagos no están incluidos los acreedores públicos, en ningún caso se ven afectados por el acuerdo suscrito.

El llamado Concurso Consecutivo es el concurso con ciertas especialidades para aquellos Acuerdos Extrajudicial de Pagos que no han alcanzado su eficacia, o que han sido incumplidos.

Legitimación: pueden solicitarlo indistintamente el deudor y los acreedores, además puede solicitarlo el mediador concursal. Desde un punto de vista procesal, debería reputarse una variedad del procedimiento abreviado.

La ley concursal no establece un trámite de oposición a la declaración de concurso consecutivo cuando quien lo insta sea acreedor o el propio mediador concursal.

Según el artículo 242 de la Ley Concursal, el Concurso Consecutivo es el que se declara por la imposibilidad de alcanzar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos o por su simple incumplimiento. También tendrá esta consideración el que sea el resultado de la anulación del Acuerdo Extrajudicial de Pagos alcanzado.

La recuperación de la posesión por parte el titular inscrito

El Artículo 41 de la Ley Hipotecaria disponía la posibilidad de utilizar  un procedimiento especial dirigido a eliminar los actos de oposición frente a los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad. Pese a que la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 afirma que se suprimen los juicios especiales, ciertamente en el Artículo 250.1.7 de dicha Ley de procedimiento se regula un procedimiento que podemos llamar “especial” , en concreto se indica que se tramitarán por el procedimiento verbal, “las demandas  que , instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación”.

Dicho Artículo 41 de la Ley Hipotecaria con la entrada en vigor de la actual y vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) queda redactado de la siguiente forma: “Las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la LEC, contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio…”

La naturaleza jurídica de este procedimiento es clara, se trata de un procedimiento declarativo al regularse por medio del actual juicio verbal siendo las resoluciones derivadas de dicho proceso, carentes de efectos de cosa juzgada. El demandante acciona en su condición de titular registral del dominio o de un derecho real al que se le perturba en su posesión. Por tanto se trata de un mecanismo de protección que establece el ordenamiento jurídico que intenta proteger lo recogido en el Artículo 38 de la Ley Hipotecaria: “A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos….”

Son presupuestos del ejercicio de la acción los siguientes: 1/titularidad registral, con un asiento vigente a su favor, sin contradicción alguna 2/titularidad registral que publica un derecho inscrito que supone posesión 3/ actos de perturbación, oposición o despojo.

La legitimación activa la tienen los titulares de derechos reales inscritos y la legitimación pasiva la ostentan quienes perturben el ejercicio de tales derechos sin disponer de título inscrito.

La ley establece una caución para accionar/oponerse al actor. Dicha caución se adoptará con audienciadel demandado; dispone el Artículo 439 de la LEC que no se admitirán las demandas … /….1º Cuando en ellas no se expresen medidas que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere. 2º Si salvo renuncia del demandante, que hará constar en la demanda, no se señale en ésta la caución que ha de prestar el demandado…en caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios producidos y de las costas del juicio. 3º Si no acompañare el actor a la demanda certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al demandante.

 

 

 

 

Existe un principio de audiencia al demandado, establecido para hacer posible el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” según dispone el Artículo 24 de la Constitución puesto que dicha caución no puede adoptarse automáticamente y sin audiencia de la parte demandada, y por otra parte, se exige que el importe de dicha caución se fije en la cuantía que, tras oír al demandado, el tribunal determine dentro de la solicitada por el demandante.

Son motivos de oposición la falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas que desvirtúen la acción ejercitada, poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, que el bien o derecho figure inscrito a favor del demandado y finalmente no ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado.

En cuanto a la finalización de este proceso, la ley no admite reconvención nunca, y la sentencia que recae no produce efectos de cosa juzgada pudiendo las partes acudir al juicio declarativo correspondiente para instar la revisión de lo en él resuelto.

En definitiva se trata del cauce procedimental más apropiado para ser utilizado por un propietario que ve como su finca es ocupada y poseída por la vía de hecho.

La reforma de la Jurisdicción voluntaria

Mediante la Ley 15/2015 de 2 de Julio ha entrado en vigor la reciente reforma de la Jurisdicción Voluntaria que pretende desjudicializar (apartar la tramitación de ciertas materias del procedimiento judicial contencioso típico) la tramitación de algunas materias. En concreto, para ciertos asuntos, susceptibles de actuación ante esta Jurisdicción, conocerán Secretarios Judiciales o Jueces, según la materia se asigne a unos u otros funcionarios, sustanciándose mediante un procedimiento especial ( o de Jurisdicción Voluntaria) caracterizado por la inexistencia de contienda entre partes.

Por todo ello, queda derogada la anterior regulación en la materia contenida en la LEC de 1881. En el presente trabajo aludiré solo a dos temas que considero sobremanera  importantes en materia de reclamación de impagos: la fijación de plazo para el cumplimiento de las obligaciones y la reformada regulación del instituto de la Conciliación.

A/ Fijación de plazo para el cumplimiento de las obligaciones: Artículo 96 y 97 Ley.

Regulación positiva:

“Artículo 96 Ámbito de aplicación

Cuando, conforme al artículo 1128 del Código Civil o cualquier otra disposición legal, proceda que se señale judicialmente el plazo para el cumplimiento de una obligación a instancia de alguno de los sujetos de la misma, se seguirán las normas comunes de la presente Ley.

Artículo 97 Competencia y postulación

  1. La tramitación y resolución del presente expediente corresponderá al Juez de Primera Instancia del domicilio del deudor. Si la relación trabada fuera entre un consumidor o usuario y un empresario o profesional y éste fuera el deudor de la prestación, la competencia podrá corresponder también al Juez de Primera Instancia del domicilio del acreedor, a elección de éste.
  2.    …/…
  3. Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el Secretario judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal”

Por otro lado, El Artículo 1128 del Código Civil dispone que “Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél. También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor”.

A modo de ejemplo, podría tratarse del caso de un autor literario, que requiere a un editor para que le publique su novela, dado que pese al tenor de los acuerdos firmados entre las partes, el editor/ editorial hasta el momento no ha publicado la novela a la que venía obligado.(Acuerdo entre partes es ley inter-partes)

 

B/ La conciliación: Artículos 139 y siguientes de la Ley.

En la nueva regulación positiva se  destaca  que si el solicitante no compareciere alegando justa causa para no concurrir al acto, se le tendrá por desistido y se archivará el expediente. El requerido podrá reclamar en tal caso, al solicitante la indemnización de los daños y perjuicios que su comparecencia le haya originado.

Pero es que además en la exposición de motivos de ley leemos lo siguiente en materia de costas judiciales:

“En cuanto a sus efectos económicos, los gastos ocasionados por un expediente de jurisdicción voluntaria serán de cuenta del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa. Se descarta, de forma razonable, la traslación a este ámbito del criterio general objetivo o del vencimiento del proceso civil dado que, por la naturaleza de este tipo de peticiones, no cabe entender la existencia de vencedores ni vencidos en el expediente”

De lo anteriormente transcrito, parece que el legislador ha querido excluir en sede Jurisdicción Voluntaria, y en  materia de costas, el criterio general del vencimiento objetivo, pero no se descarta que se usen otros criterios para la imposición de dichas costas, tales como el criterio del distinto domicilio del solicitante/ parte en el proceso de jurisdicción voluntaria o el criterio de la temeridad de las actuaciones ante los Tribunales de Justicia.

Indicar que la procedencia de la Conciliación se basa en la evitación de un pleito; la poner fin a uno ya iniciado, acudiremos a la transacción o acuerdo transaccional.

Reproduzco la regulación positiva al ser su redactado  de absoluta sencillez, en concreto:

“Artículo 139 Procedencia de la conciliación

1. Se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este Título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito.

La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el párrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición.

2. No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación con:

…/…

(Fundamentalmente respecto a materias de orden público: que afecten a menores, personas con la capacidad modificada judicialmente, sobre reclamación de responsabilidad a Jueces y Magistrados o asuntos en los que estén involucrados la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y demás Administraciones Públicas; )

Artículo 140 Competencia

1. Será competente para conocer de los actos de conciliación el Juez de Paz o el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, cuando se trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido. Si no lo tuviera en territorio nacional, el de su última residencia en España. No obstante lo anterior, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil la competencia corresponderá, en su caso a los Jueces de Paz.

Si el requerido fuere persona jurídica, será asimismo competente el del lugar del domicilio del solicitante, siempre que en dicho lugar tenga el requerido delegación, sucursal, establecimiento u oficina abierta al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad, debiendo acreditar dicha circunstancia.

Si tras la realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o residencia, éstas fueran infructuosas o el requerido de conciliación fuera localizado en otro partido judicial, el Secretario judicial dictará decreto o el Juez de Paz auto dando por terminado el expediente, haciendo constar tal circunstancia y reservando al solicitante de la conciliación el derecho a promover de nuevo el expediente ante el Juzgado competente.

2. Si se suscitaren cuestiones de competencia del Juzgado o de recusación del Secretario judicial o Juez de Paz ante quien se celebre el acto de conciliación, se tendrá por intentada la comparecencia sin más trámites.”

Lo que en el ámbito de la Jurisdicción Ordinaria denominamos DEMANDA, aquí es SOLICITUD,  en concreto se dice a este respecto:

“Artículo 141 Solicitud

1. El que intente la conciliación presentará ante el órgano competente solicitud por escrito en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante y del requerido o requeridos de conciliación, el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, el objeto de la conciliación que se pretenda y la fecha, determinando con claridad y precisión cuál es el objeto de la avenencia”.

El solicitante podrá igualmente formular su solicitud de conciliación cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el órgano correspondiente.

2. Podrán acompañarse a la solicitud aquellos documentos que el solicitante considere oportunos”

Lo anteriormente transcrito da idea de la importancia de la determinación clara de lo que sea objeto de la conciliación para que este se admitida por el órgano judicial, y de la necesidad de  acompañar la documental que el solicitante intente valerse para la defensa de sus intereses y derechos.

Así continúa la regulación positiva:

“Artículo 142 Admisión, señalamiento y citación

1. El Secretario judicial o Juez de Paz, en los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se presente la solicitud, dictará resolución sobre su admisión y citará a los interesados, señalando el día y hora en que haya de tener lugar el acto de conciliación.

2. Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar al menos cinco días. En ningún caso podrá demorarse la celebración del acto de conciliación más de diez días desde la admisión de la solicitud.

Artículo 143 Efectos de la admisión

La presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpirá la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, en los términos y con los efectos establecidos en la ley, desde el momento de su presentación.

El plazo para la prescripción volverá a computarse desde que recaiga decreto del Secretario judicial o auto del Juez de Paz poniendo término al expediente”.

La comparecencia, se detalla minuciosamente:

“Artículo 144 Comparecencia al acto de conciliación

1. Las partes deberán comparecer por sí mismas o por medio de Procurador, siendo de aplicación las normas sobre representación recogidas en el Título I del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Si no compareciere el solicitante ni alegare justa causa para no concurrir, se le tendrá por desistido y se archivará el expediente. El requerido podrá reclamar al solicitante la indemnización de los daños y perjuicios que su comparecencia le haya originado, si el solicitante no acreditare que su incomparecencia se debió a justa causa. De la reclamación se dará traslado por cinco días al solicitante, y resolverá el Secretario judicial o el Juez de Paz, sin ulterior recurso, fijando, en su caso, la indemnización que corresponda.

3. Si el requerido de conciliación no compareciere ni alegare justa causa para no concurrir, se pondrá fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos legales. Si, siendo varios los requeridos, concurriese sólo alguno de ellos, se celebrará con él el acto y se tendrá por intentada la conciliación en cuanto a los restantes.

4. Si el Secretario judicial o el Juez de Paz, en su caso, considerase acreditada la justa causa alegada por el solicitante o requerido para no concurrir, se señalará nuevo día y hora para la celebración del acto de conciliación en el plazo de los cinco días siguientes a la decisión de suspender el acto.”

La ley regula también de forma pormenorizada el contenido del acto de la conciliación, así: 

“Artículo 145. Celebración del acto de conciliación.

1. En el acto de conciliación expondrá su reclamación el solicitante, manifestando los fundamentos en que la apoye; contestará el requerido lo que crea conveniente y podrán los intervinientes exhibir o aportar cualquier documento en que funden sus alegaciones. Si no hubiera avenencia entre los interesados, el Secretario judicial o el Juez de Paz procurará avenirlos, permitiéndoles replicar y contrarreplicar, si quisieren y ello pudiere facilitar el acuerdo.

2. Si se alegare alguna cuestión que pueda impedir la válida prosecución del acto de conciliación se dará por terminado el acto y se tendrá por intentada la conciliación sin más trámites.

3. Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la conciliación, se hará constar detalladamente en un acta todo cuanto acuerden y que el acto terminó con avenencia así como los términos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia.

4. El desarrollo de la comparecencia se registrará, si fuera posible, en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalizado el acto, el Secretario judicial dictará decreto o el Juez de Paz dictará auto haciendo constar la avenencia o, en su caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones”.

Para terminar:

“Artículo 146 Testimonio y gastos

Las partes podrán solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación.

Los gastos que ocasionare el acto de conciliación serán de cuenta del que lo hubiere promovido”

En cuanto a la Ejecución del acta se regula en el Artículo 147 que dispone : a los efectos previstos en el artículo 517.2.9. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el testimonio del acta junto con el del decreto del Secretario judicial o del auto del Juez de Paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación, llevará aparejada ejecución.”

La Cosa Juzgada; “Res Iudicata”

La vigente ley de Enjuiciamiento Civil distingue con claridad dos acepciones del instituto de  la Cosa Juzgada: la Cosa Juzgada formal y la Cosa Juzgada material.

Su acepción formal se regula en el Artículo 207 de la LEC al disponer:

“Artículo 207 Resoluciones definitivas. Resoluciones firmes. Cosa juzgada formal

  1.  Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas.
  2.  Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado.
  3.  Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.
  4.  Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella.”

De la Cosa Juzgada en su sentido material se ocupa el Artículo 222 de la LEC:

“Artículo 222 Cosa juzgada material

  1.  La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.
  2.  La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

  1.  La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

  1.  Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal”.

 

Lo que realmente interesa ahondar es en el efecto ( ad extra ), esto es, fuera del proceso en el que la resolución judicial se dictó, de las resoluciones de los jueces que deciden asuntos/intereses entre personas. El efecto de Cosa Juzgada básicamente podríamos describirlo como  el efecto que produce la resolución consistente en la obligación de cualesquiera órgano judicial de abstenerse de juzgar casos con un objeto idéntico al ya juzgado.

La delimitación de lo que ha sido objeto de enjuiciamiento.

Excluiremos las cuestiones procesales resueltas así como  lo juzgado en los llamados Juicos Sumarios, que por definición son materias no incluidas en la Cosa Juzgada.

La Cosa Juzgada en los Juicios Sumarios

Podríamos afirmar que el legislador considera que en estos llamados procesos sumarios, el enjuiciamiento de su objeto por parte del Juzgador lo es de tipo interino y provisional, dándose la posibilidad de acudir a un nuevo enjuiciamiento ya definitivo e irrevocable.

Por ende, en dicho posterior proceso, con todas las garantías y sin limitaciones legales de ningún tipo, se podrá discutir el entero objeto del proceso.

Así el Artículo 447.2 de la LEC establece que no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dado en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique como sumarias.

En relación al desahucio, el Tribunal Supremo afirma que “la doctrina de esta Sala sobre el limitado efecto de cosa Juzgada de las sentencias firmes recaídas en juicio de desahucio” advierte que estas sentencias si lo producen en cuanto se haya examinado a fondo, con plenitud, el título arrendaticio o la razón jurídica invocada como justificante de la ocupación.

Para los procedimientos interdictales también  se pronuncia el Tribunal Supremo al indicar que “es un paradigma procesal que las sentencias en los Juicios interdictales carecen de la eficacia de cosa juzgada, ya que su sumariedad o perentoriedad para reparar la alteración fáctica producida, no empece el juicio posterior”.

El Objeto del Proceso y de la Cosa Juzgada.

                La Cosa Juzgada se proyecta sobre lo que efectivamente ha decidido la resolución jurisdiccional que debe ser coincidente con la demanda, pero no necesariamente. En este último caso el pronunciamiento adolece de vicio de incongruencia al no centrarse en lo que fue objeto de demanda.

Por ende, concluimos que una sentencia firme, aunque incongruente, despliega sus efectos, porque la Cosa Juzgada formal sana los eventuales defectos de la resolución judicial siendo su efecto inmediato la inmutabilidad de la declaración judicial.

El legislador completa su regulación de la Cosa Juzgada, estableciendo la preclusión de alegaciones de hecho o de derecho que el demandante pudo o debió atender en su demanda, indicándose en el Artículo 400 de la LEC que “a efectos de cosa Juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste”.

El recurso de Apelación y la oposición al recurso e impugnación de la resolución apelada.

El Recurso de Apelación:

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, regula los recursos de una forma sistemática, en concreto, establece que: A/ frente a las Providencias cabe el llamado recurso de reposición; B/ frente a los Autos, cabe el recurso de reposición, también el de Apelación, el extraordinario por infracción procesal y el de queja, concretándose el ámbito de cada uno de ellos en función de si la resolución impugnada es o no definitiva, de acuerdo con lo regulado en el Artículo 207 de la Lec; y finalmente… C/ frente a las sentencias, cabe el Recurso de Apelación, el extraordinario por infracción procesal, el de casación, y el llamado recurso en interés de la ley.

El recurso de Apelación, regulado en los Artículos 455 a 465 de la LEC lo definimos como un medio de impugnación ordinario, devolutivo, suspensivo, y en ocasiones, subsidiario del recurso de reposición, que se interpone frente a Autos definitivos y Sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados en atención al mismo material probatorio que sirvió de base a la resolución recurrida, pretendiendo obtener del órgano judicial superior un nuevo pronunciamiento de revoque la resolución recurrida, corrigiendo los errores en que haya podido incurrir el juzgado de instancia. (iudicando o in procedendo).

En dicho recurso de Apelación, las partes pueden esgrimir cualesquiera motivos de oposición, tanto de índole formal como de naturaleza material, tanto en relación a vicios en el proceso de enjuiciamiento como en relación a vicios o defectos surgidos en el curso del procedimiento (procesales) en sentido estricto.

Indicar que el Recurso de Apelación es generalmente un recurso suspensivo, es decir en el sentido de que su admisión a trámite ocasiona la paralización o la no iniciación de la ejecución de la resolución apelada.

No resulta arriesgado insistir en el hecho de que el recurso de Apelación podrá basarse en todos aquellos motivos de impugnación capaces de abarcar las distintas facetas del enjuiciamiento: la aplicación e interpretación de la ley procesal y de la ley material, de un lado, así como la apreciación realizada por el Juzgado de la prueba. Los motivos son los enunciados en el Artículo 790.2, la infracción de la ley material o de precepto constitucional, el quebrantamiento del procedimiento, y sobre todo, el error en la valoración de la prueba.

La nueva valoración judicial que supone la Apelación ha de suponer respetar el principio “tantum apellatum quantum devollutum” que se concreta en la imposibilidad del órgano judicial superior de ampliar el objeto de su enjuiciamiento  a aquellas cuestiones que en la primera instancia no se hayan impugnado

Se prohíbe en la Apelación, la aportación de hechos nuevos, quedando también limitada la admisión de nuevas pruebas: solo se admiten hechos nuevos posteriores, acaecidos  en el tiempo después de la primera instancia; el artículo 460.2.3 de la Lec dispone que en el escrito de interposición del recurso se podrá pedir las pruebas siguientes: “las que se refieran a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos después del comienzo del plazo para dictar sentencia en la primera instancia o antes de dicho término siempre que, en este último caso, la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad.”

 

La Adhesión al Recurso de Apelación: Oposición al recurso e impugnación de la sentencia.

La apelación adhesiva se puede considerar que es la facultad que otorga la ley al apelado que no estimó conveniente apelar en su momento, con la finalidad de que ahora efectivamente apele.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dispone que la ley “concede una oportunidad al litigante que inicialmente no recurrió pese a que la sentencia dictada no le haya reconocido totalmente la concreta tutela pretendida, de arrepentirse de su decisión inicial, precisamente porque su adversario no se ha aquietado”. Dicho de un modo más claro, una parte puede estar dispuesta a soportar el perjuicio que una resolución le supone siempre y cuando dicho perjuicio no pueda ser incrementado por la apelación que realice la contraria.

Se regula en el Artículo 461 de la Lec, estableciéndose que “Del escrito de interposición del recurso de apelación, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten, ante el Tribunal que dictó la resolución apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que resulte desfavorable…”

Por ello caben dos actuaciones, una vez informados de la interposición del Recurso de Apelación por la contraria, la primera es la oposición al Recurso, presentado por la otra parte, y en segundo lugar, además, si esta es la voluntad de la parte, “impugnar la resolución apelada” en  la parte que resulte desfavorable. En nuestro escrito separaremos los motivos de de “oposición” de los motivos de “impugnación”.

En la jurisprudencia leemos la siguiente afirmación “La Lec configura la adhesión a la apelación ( actual impugnación ) como recurso de apelación autónomo a través del cual el apelado puede impugnar la sentencia en todos los puntos en que crea que le es perjudicial…”

En el caso de que el apelante principal desistiera de su recurso, la adhesión como tal ha proseguir al erigirse en una impugnación autónoma.

Son requisitos de la adhesión a la apelación: en primer lugar, la existencia de una previa apelación; en segundo lugar, la concurrencia de la correspondiente legitimación para la impugnación así como la existencia de un gravamen, sólo está legitimado el apelado; el cumplimiento de los plazos para actuar, como tercer requisito, que son los establecidos en la Lec; la forma es esencial, que serán las prescripciones establecidas para los recursos de Apelación, Artículo 458 Lec. Así podemos afirmar que en sede oposición al recurso, nos encontramos ante idénticos requisitos formales y sustanciales exigibles a la interposición por lo que deberá efectuarse por escrito, con sus alegaciones y argumentos de hecho y de derecho en que se base la pretensión desestimatoria de la apelación principal, y además,  deberán indicarse las alegaciones relativas a la inadmisibilidad de los documentos aportados por el recurrente así como la improcedencia de las otras pruebas cuya práctica se hubieran propuesto.

Continúa el Artículo 461.nº 4 de la Lec estableciendo que de los escritos de impugnación a que refieren los apartados 1 y 2 de este Artículo, el Secretario Judicial dar´ña traslado al apelante principal, para que en el plazo de 10 días manifiesta lo que tenga por conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación y, en su caso, sobre los documentos aportados y pruebas propuestas por el apelado.

En resumen, este instituto procesal constituye una segunda oportunidad para plantear un verdadero recurso de Apelación, agotados ya los plazos, cuando ha sido la contraria la que ha apelado en primer lugar.

Breves apuntes sobre la ejecución civil en el derecho procesal español

Los títulos ejecutivos en el derecho español son los contenidos en el Capítulo I, Titulo I, Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto el Artículo 517.2 de dicho cuerpo legal enumera los títulos que llevan aparejada ejecución que son tanto el título ejecutivo judicial como el extrajudicial, por lo que nuestra vigente ley procesal ha unificado el tratamiento jurídico de ambasdos tipologías de títulos.

Esta unificación en el tratamiento jurídico de los títulos que llevan aparejada ejecución es el resultado de una evolución histórica que trataré de esbozar ahora.

Desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima Recopilación, el legislador hizo uso del “Juicio Ejecutivo” identificando la ejecución de sentencias firmes-título ejecutivo judicial- y la ejecución de títulos que llevan aparejada ejecución-los demás títulos extrajudiciales.

Es la Ley de Enjuiciamiento sobre Negocios y Causas de Comercio de 24 de Julio de 1830 – Artículos 305 a 349 – la que sustituye el nomen iuris “juicio ejecutivo” por el de “procedimiento ejecutivo”. Dicho cambio de nombre no modifica el tratamiento jurídico que sigue siendo único.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de Octubre de 1855 introduce una serie de modificaciones de gran calado. Así se vuelve a la denominación “juicio ejecutivo”, pero procede a separar la regulación del proceso de ejecución, de la regulación del “juicio ejecutivo”. En concreto, regula en su título XIX, la ejecución de sentencias – el título ejecutivo judicial- por un lado, y por otro, en su título XX, las ejecuciones, incluyendo en este último el denominado juicio ejecutivo, teniendo aquí cabida todas las ejecuciones “no judiciales”.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, vigente nada más y nada menos que 118 años de nuestra historia, en concreto hasta el año 2001 reguló por separado la ejecución de sentencias a través del título ejecutivo judicial, y reguló la ejecución de otros títulos, los demás títulos extrajudiciales, a través del juicio ejecutivo.

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/ 2000 de 7 de Enero), ha roto con esta tradición, procediendo a unificar el tratamiento procesal de los títulos judiciales (sentencias, autos definitivos…) y los títulos extrajudiciales (laudos arbitrales y acuerdos de mediación).

Lo que acabo de esbozar viene a cuento porque en la voz ciudadana está muy arraigada, sobretodo en el discurso de empresarios y comerciantes, el nomen iuris “ejecutivo” para expresar las acciones derivadas del impago de letras, pagarés y cheques fundamentalmente.

Pero el legislador ha vuelto a desterrar el “juicio ejecutivo”, en sentido estricto, en espera de futuras reformas que se produzcan.

Así en su artículo 517 dispone que “la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. Solo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos:

1º.- La sentencia de condena firme.

2º.- Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública.

3º.- Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario, de los correspondientes testimonios de las actuaciones.

4º.-Las escrituras públicas.

5ª Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio que las intervenga.

6ª Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones, también, vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.

7º.- Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores.

8º.- El Auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

9º.-Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución.

De las reformas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en la materia que ahora nos ocupa, creo conveniente apuntar aquí el tema de la caducidad de la acción ejecutiva.

El artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula dicha caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, resolución del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, o resolución arbitral o acuerdo de mediación, caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.

Por ende, si cualquier empresario o particular dispone de una resolución judicial de condena frente a un cliente impagador,  y no se ha ejecutado hasta la fecha por falta de bienes (solvencia) del condenado al pago, debemos tener muy en cuenta la caducidad de cinco años de la acción para valorar si lo que nos interesa es activar la ejecución o dejarla morir.

Lo que fue en su día, una medida que tenía por objeto descongestionar la administración de justicia de ejecuciones, consiguió el efecto contrario, en cierto modo acumuló casos en los Juzgados a sabiendas de sus escasas posibilidades de cobro por miedo a perder su ejecutividad.

El pago por tercero: subrogación

El Artículo 1158 del Código Civil, establece que: “puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiere pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.

En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil al pago”

El supuesto a analizar es el que un tercero pague una deuda con la ignorancia del deudor, en cuyo caso autores muy reputados entienden que se ha producido “una gestión de negocios ajenos sin mandato” lo que provoca que el tercero quien pagó puede reclamar al deudor lo que podría igualmente reclamar un gestor en base a la utilidad objetiva producida en base a una gestión o tarea diligente.

El pago realizado con la negativa del verdadero deudor destruye cualquier presunción de utilidad, de modo que el pagador debería probar la existencia y la cuantía de dicha utilidad. Y ello en base a la teoría del enriquecimiento injusto en base a la cual, quien acciona de acuerdo con dicha teoría debe de probarlo.

La desaprobación debe ser expresa, requisito que lo marca la “Bona Fides”, si el deudor conociera o conociese las intenciones del tercero o su proyecto de pago, y en ese caso guardase silencio, habrá de entenderse que se produce un consentimiento tácito que es una aquiescencia: si se conoce y no hay oposición, hay consentimiento, claro.

Por otro lado, quien paga con la aquiescencia (visto bueno )del deudor cuenta con una acción que a tenor de lo dispuesto en el Artículo 1728 y 1729 del Código Civil, “ le permite reclamar del deudor todos los gastos necesarios para la ejecución del encargo, y también los perjuicios sufridos con ocasión del mismo”.

Según lo expuesto antes, que efectos jurídicos produce el pago por tercero. Así de acuerdo con el Artículo 1212 del Código Civil: “La subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra terceros, sean fiadores …”

Se producirá siempre o algunas veces el instituto de la subrogación?

Considero que se puede afirmar que la subrogación es un efecto “dadiva” o recompensa: es una ventaja que se otorga para dar mayor seguridad a la repetición de lo efectivamente pagado.

Por ende,  la forma de conseguir ese efecto puede ser a través del pacto  o subrogación convencional”,  o por efectos de la ley.

Pero el Artículo 1159 del Código Civil establece que “el que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor a subrogarle en su derechos”. Entendemos con la mejor doctrina que dicho precepto debe ser interpretado como límite de la eficacia de los convenios que pudieren alcanzar el solvens (tercero) y el acreedor principal. En definitiva lo que se hace es prohibir la subrogación en caso de  que dichos pactos  vayan en contra de la voluntad del deudor.

Por ende, únicamente el verdadero el gestor de negocios ajenos podrá valerse del instituto de la subrogación, en mayúsculas, según lo pactado entre los protagonistas.

Pero existe otra subrogación que la establece la ley “subrogación legal” para ciertos casos que no se presumen nunca sino que vienen regulados  taxativamente en la ley.

Así el Artículo 1210 del Código Civil dispone que “se presumirá que hay subrogación: …/…. 2º Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa o tácita del deudor. 3º Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda”.

Las Cláusulas “pari passu”

Se trata de pactos de naturaleza obligacional, carentes de efectos reales, salvo supuestos especiales incluibles en la fase correspondiente de un procedimiento concursal, según los cuales se otorga derecho a una parte del contrato a solicitar la resolución de un determinado negocio, acto o contrato realizado infringiendo dichas cláusulas.

El objeto de dichas cláusulas es “la obligación de no constituir ni permitir garantías, fundamentalmente reales o de conceder a terceros acreedores, mayores privilegios o el carácter de preferentes de sus créditos en relación al que contiene una tal cláusula.

Dicho de un modo más claro: una entidad financiera concede un crédito/ préstamo a cambio de que el cliente no otorgue a terceros que contraten con él mayores garantías para cobrar otros créditos/préstamos en perjuicio del otorgado por dicha entidad financiera protegido por una tal cláusula.

Nació en la práctica bancaria reciente, en los denominados “créditos sindicados o consorciados”. Dicho instrumento bancario surge con la intención de dar créditos de cierta importancia- grandes sumas de dinero- a  empresarios. En dichas operaciones la parte prestamista o acreedora está constituida por una pluralidad de entidades financieras que actúan conjuntamente.

En este tipo de contratos bancarios, al cliente se le denomina “acreditado”. Es por ende, el empresario necesitado de una importante financiación para cubrir las necesidades de su negocio/empresa.

He considerado de interés conocer de la existencia de este tipo de cláusulas cada vez más habituales en el tráfico pero advirtiendo que es la voluntad de las partes la que creará, modulará su exacto contenido y alcance.

El Pagaré: el gran desconocido frente al Cheque o la Letra de Cambio.

Origen: El pagaré surge en la Edad Media, a partir del siglo XII, en las ciudades del norte de Italia, como medio de pago sin necesidad del traslado físico de las monedas en que dicho pago consiste. En concreto los banqueros empezaron a recibir monedas entregando a cambio un documento notarial (el pagaré) que podía hacerse efectivo en un lugar distinto, en el que el Banquero disponía de agente  o delegado, siendo inicialmente una mera carta o ruego, no incorporando un mandato jurídico y formal de pago.

Sin embargo es a partir del siglo XIII,  cuando se incorpora en el documento del pagaré dicho mandato de pago, dando lugar a lo que entendemos hoy en día como pagaré.

Concepto: El pagaré lo definimos como un titulo valor que incorpora una promesa, pura y simple,  de pagar una cantidad de dinero a favor o a la orden de una determinada persona.

El firmante del Pagaré es quien lo emite, quien quedará obligado de igual manera a como lo está el aceptante de la Letra de Cambio (Articulo 97 de la Ley Cambiaria y del Cheque, en adelante LCCh)

El Beneficiario es la persona a quien ha de efectuarse el pago o a cuya orden se ha de realizar.

Requisitos del Pagaré: El pagaré deberá contener los mismos requisitos que la Letra de Cambio, excepto naturalmente la denominación del librado. Es decir, de acuerdo con los Artículos 94 y 95 LCCh, el Pagaré es preceptivo que contenga:

1/La denominación de Pagaré, incluida en el texto del documento y expresada en el idioma que se utilice para su redacción.

2/ La promesa pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero.

3/ La indicación del vencimiento, aunque el pagaré sin vencimiento se reputará pagadero a la vista.

4/ El lugar en que el pago ha de realizarse, a falta de indicación, será el lugar de su emisión que es también el lugar del domicilio del firmante del pagaré.

5/ El nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago o a cuya orden se haya de realizar.

6/ La fecha y el lugar en que se firme el Pagaré, si bien el Pagaré que no indique el lugar de su emisión, se considerará firmado en el lugar que conste junto al nombre del firmante.

7/ La firma del que emite el título, denominado firmante.

Régimen Jurídico del Pagaré: La ley remite a la regulación que efectúa para la Letra de Cambio, según el Artículo 96 LCCh.

Como cuestiones sobremanera importantes sobre su régimen jurídico indicaremos las siguientes:

1/ Cuando se endosa un Pagaré, hemos que tener presente que en dicho título coinciden, Librador y Librado, que aquí se denomina Firmante.

2/ En relación con el pago, la presentación se efectuará al firmante, en el día del vencimiento o en uno de los dos días hábiles siguientes.

3/ En relación a las acciones por falta de pago: la acción directa es la que se dirige frente al firmante del Pagaré, siendo las acciones de regreso las dirigidas contra los demás obligados, para las que sí se requiere la presentación para pago y el levantamiento del protesto o declaración equivalente.

Lógicamente, no disponemos de acción de regreso por falta de aceptación, porque cabalmente la institución de la aceptación no existe en el Pagaré.

Leer artículos anteriores: 1 2 Pág. Siguiente