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La misión del responsable financiero de la empresa en el escenario post-COVID

Mario Cantalapiedra – Economista

El escenario post-COVID va a exigir a las empresas que sobrevivan, e inclusive a las nuevas que nazcan tras la pandemia, transparencia y generación de confianza entre los públicos con los que se relacionan.

En este entorno cobra especial importancia el papel que puedan jugar los directores o  responsables financieros de las empresas, que a mi modesto entender han de ver reforzada su posición como verdaderos arquitectos de su futuro.

Estoy pensando, sobre todo, en su capacidad de generar confianza hacia los actores protagonistas de la financiación empresarial con los que se relaciona  (entidades financieras o proveedores de bienes y servicios), hacia organismos públicos tales como el Registro Mercantil o la Agencia Tributaria, o hacia compañías de seguros y empresas que elaboran informes comerciales.

Con esta misión muy presente, hay una serie de tareas en las que el financiero ha de concentrar sus esfuerzos, entre ellas, creo que merecen destacarse las siguientes:

  • Realizar pronósticos que sean lo más exactos posibles, estimando correctamente tanto los ingresos como los gastos, los cobros y los pagos, así como la rentabilidad de los proyectos en los que la empresa se pueda embarcar.
  • Observar y cumplir las obligaciones en materia legal (contables, fiscales, etcétera). En este ámbito será muy importante que integre y supervise los procesos y controles ajustados a las normativas legales existentes, y esté permanentemente actualizado sobre las modificaciones de las materias objeto de su responsabilidad que se están produciendo y que a buen seguro, se seguirán produciendo en los próximos meses, como, por ejemplo, los recientes cambios en la normativa contable.
  • Gestionar el riesgo de forma adecuada, tratando de mantener los costes de la empresa ajustados y protegiendo sus inversiones. Para ello será necesario que diagnostique y monitorice la situación de riesgo a través del control de los indicadores adecuados que se definan.
  • Suministrar información interpretada y transparente para aquellos colectivos internos y externos que la demandan. Ha de procurar que dicha información sea entendible por todos y cada uno de ellos, y se entregue en los momentos oportunos, con especial foco en los financiadores externos cuya relación hay que cuidar en extremo en estos momentos.

Si del responsable financiero se espera siempre que sea capaz de dar respuesta a los cambios que viven las organizaciones en clave de valor económico, en estos momentos de gran incertidumbre, ha de tratar de aportar además las mayores dosis de transparencia y confianza posibles.

Tres interrogantes sobre las nuevas ayudas del Gobierno a las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los rumores sobre las fórmulas que utilizará el Gobierno español para otorgar nuevas ayudas a las empresas, así como sobre los criterios en los que se basará para otorgarlas, se disparan en los últimos días.

Por lo que se ve, Gobierno y banca están tratando de llegar a un acuerdo, teniendo como base los préstamos avalados por el ICO que ya han sido concedidos. Tras su tira y afloja están las empresas necesitadas de nuevos fondos, a las que se les acaba el tiempo, sobre todo a las pymes enmarcadas en los sectores golpeados con mayor virulencia por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería, restauración, ocio, o vehículos a motor.

Ante este panorama surgen una serie de interrogantes que en función de cómo sean resueltos, pueden condicionar fuertemente el devenir de nuestra economía en los próximos años y el futuro de su tejido empresarial.

¿Deben ser los poderes públicos quienes decidan qué empresas han de sobrevivir?

Podría pensarse que en una economía de mercado como en la que nos encontramos, debería ser el propio juego libre de la oferta y de la demanda, la que tomará esta decisión.

No obstante, hay quien argumenta que debido al cierre de negocios en base a decisiones de carácter público, heterogéneas además entre los distintos territorios, muchas empresas no han podido competir con normalidad, y lo justo ahora es compensarlas.

¿Debe optarse por quitas o por ayudas directas?

Por un lado, se comenta que Moncloa prefiere que el instrumento de ayuda más utilizado sea el de las quitas en los préstamos avalados por el ICO, es decir, en la reducción de una parte del dinero que las empresas deben a los bancos, tratando de asegurar el cobro del resto. De este modo, el maltrecho déficit público español no soportaría todo el peso de medida, que también incidiría en las cuentas de resultados bancarias.

En cambio, desde la banca, la cual argumenta no ser culpable de esta crisis, la fórmula preferida es la de las ayudas públicas directas a las empresas, similares a las que se están concedido en otros países como Italia o Alemania.

¿Debe olvidarse a las empresas que no han solicitado los préstamos ICO?

Este tema me parece especialmente polémico, sobre todo para aquellos que venimos defendiendo que las empresas deben tratar siempre de no endeudarse por encimas de sus posibilidades.

Me preocupa que se identifique a las empresas a ayudar únicamente con aquellas que han solicitado préstamos avalados por el ICO. Existen empresarios que han podido decidir no pedirlos para no endeudarse más, prestando ellos dinero a la empresa de sus ahorros, o incluso ampliando capital, con la confianza en que la pandemia no se extendería tanto en el tiempo. Ahora se pueden encontrar con dificultades, y no me parece correcto olvidarse de ellos.

Criterios objetivos y transparencia en la concesión de ayudas a las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español parece tener claro de que será necesario ayudar más al tejido empresarial si no quiere ver cómo se dispara la cifra de quiebras en nuestro país. Por lo que acaba de anunciar la ministra Calviño, está esperando la autorización de Europa para lanzar un programa de ayudas directas a las empresas.

El problema es que este nuevo apoyo público no va a poder alcanzar a todas las empresas. Al principio de la pandemia se intentó ayudarlas de forma generalizada para que superaran sus dificultades de liquidez. Para ello, se utilizaron fundamentalmente los préstamos avalados por el ICO, pero ahora estamos hablando de algo distinto, de proteger solamente a empresas que se consideren viables.

Desde Europa, que en última instancia es la que nos va a facilitar el dinero, ya se ha indicado que se ha de favorecer a compañías viables, no sea que por tratar de llegar a todas no se llegue a ninguna, algo que ya ocurrió en la crisis de 2008. Evidentemente habrá que prever mecanismos para no dejar en la estacada a la demás, como, por ejemplo, la mejora de la ley de segunda oportunidad a través de la exoneración de las deudas con los acreedores públicos.

Entre las posibles soluciones que se está planteando para empresas endeudadas con préstamos avalados por el ICO, que presenten dificultades para devolverlos, pero que se consideren viables, figuran las siguientes:

  • La prórroga de plazos de los préstamos vigentes, permitiendo devolverlos con mayor facilidad.
  • Las quitas de parte de la deuda, esto es perdonar una parte del dinero que se ha prestado a las empresas.
  • La inyección de dinero público nuevo vía subvenciones a fondo perdido.
  • La conversión de los préstamos avalados por el ICO a préstamos participativos, en los cuales el pago de intereses (una parte) se ajusta al ciclo económico que atraviesa la empresa, de tal modo que si a ésta le va bien, el prestamista, en este caso, el Estado, percibe una mayor remuneración.

Sacrificar a algunas empresas que, a priori, no tienen posibilidades de sobrevivir para poder atender a otras que sí puedan hacerlo, exigirá de una labor casi de cirujanos. Habrá que determinar qué empresas estaban mal antes de la pandemia y diferenciarlas de aquellas cuyos problemas han sido originados por el coronavirus, pero que antes eran viables. En esta labor serán necesarios criterios objetivos y mucha transparencia, evitando tomar decisiones arbitrarias y huyendo de favorecer a redes clientelares.

 

Refuerzo del régimen sancionador por no depositar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo Reglamento de Auditoría, aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, ha reforzado el régimen sancionador que penaliza la falta de depósito de cuentas anuales.

El Gobierno español ya venía avisando hace un tiempo de que su idea era aumentar el número de sanciones que se imponen a las empresas que no cumplen con esta obligación. Este número, hasta la fecha, ha sido reducido, tanto por la escasez de recursos con los que cuenta el organismo sancionador (ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -), como por el hecho de que lo recaudado no redunda en sus cuentas, como ya se comentó en el blog.

Las novedades que afectan al régimen sancionador se incluyen en las disposiciones adicionales décima y undécima del Real Decreto 2/2021, y básicamente se pueden resumir en los tres puntos siguientes:

1. Se abre la opción de que los registradores mercantiles puedan realizar tanto la gestión como la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores, acompañando al ICAC en esta tarea.

2. Se fija el plazo para tramitar el procedimiento sancionador en seis meses desde la adopción del acuerdo de incoación.

3. Se clarifican los criterios sobre activo y ventas utilizados para imponer las sanciones, dentro de los límites establecidos por la Ley de Sociedades de Capital (entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, pudiendo elevarse hasta 300.000 euros para las compañías que facturen por encima de los 6 millones):

  • De manera general, la sanción será del 0,5 por mil del total activo, más el 0,5 por mil de las ventas de la empresa, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
  • En el caso de que la empresa no aporte la declaración tributaria, la sanción se elevará al 2 por ciento de su capital social, según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
  • En el supuesto de que sí se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los porcentajes sobre total activo y ventas sea mayor que el 2 por ciento del capital social, la sanción ascenderá a este último porcentaje con una reducción del 10 por ciento.

Habrá que ver ahora si la imposición de sanciones aumenta en los próximos meses, en un momento especialmente sensible para muchas empresas. En cualquier caso, los empresarios cuentan con un argumento más para depositar sus cuentas anuales, siempre que vengan obligados, y todavía mantengan dudas al respecto.

600.000 empresas cubren sus necesidades de liquidez mediante préstamos avalados por el ICO

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha publicado un resumen de los datos, a cierre de 2020, de la Línea de Avales prevista para cubrir las necesidades de liquidez motivadas por la COVID-19.

En este sentido, hay que recordar que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el sistema de ayudas se ha centrado en avalar préstamos bancarios a empresas y autónomos, y no tanto en concederles subvenciones de tipo directo. Estos préstamos avalados, aunque puedan suponer una ayuda para las empresas, implican nueva deuda que habrá que devolver, algo que no sucedería de haber obtenido subvenciones a fondo perdido. Es cierto que con la ampliación de los periodos de carencia iniciales por parte del Gobierno, muchas empresas no tendrán que empezar a devolverlos hasta marzo de 2022, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo.

A pesar de lo anterior, la Línea de Avales ha sido ampliamente utilizada por las empresas españolas como demuestran los datos publicados por el ICO. De este modo, del importe previsto inicialmente por el Gobierno de 100.000 millones de euros, a finales de 2020 se han consumido ya 87.085 millones de euros, los cuales han implicado 114.647 millones de euros de financiación para las empresas.

Casi 600.000 empresas han sido beneficiarias de los avales, de las cuales el 99 por ciento son autónomos y pymes, colectivos muy perjudicados por las pandemia y ampliamente mayoritarios en nuestro país. El número de operaciones firmadas ha sido de 944.588 (en este sentido, una empresa puede firmar más de una operación, ya que el límite de la ayuda es por cuantía avalada y no por número de operaciones).

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que tuvo un mayor número de operaciones avaladas en 2020, con  un total de 183.466, lo que representó una financiación de 21.125,9 millones de euros para sus empresas. A continuación se situaron Andalucía (149.925 operaciones y 13.868 millones), y la Comunidad de Madrid (132.590 operaciones y 24.137,9 millones).

En cuanto a la clasificación por sectores de actividad, el mayor número de operaciones se firmó por parte de las empresas del turismo, ocio y cultura, seguidas por las de la construcción e infraestructuras.

Línea de Avales ICO COVID-19 Liquidez. Resumen de avales concedidos a 31/12/2020ICO_2020Fuente: Elaboración propia a partir datos ICO.

Hasta el 1 de junio los autónomos y empresas que así lo deseen, todavía pueden solicitar los préstamos garantizados por la Línea de Avales, los cuales pueden ser concedidos hasta el 30 de junio.

Hechos negativos que pueden hacer dudar sobre la continuidad del negocio

Mario Cantalapiedra – Economista

Las consecuencias económicas de la pandemia están llevando a que muchas empresas tengan problemas de liquidez, es decir, presenten dificultades para atender sus compromisos de pago a corto plazo.

Es una situación manejable mientras los activos en su conjunto sean superiores a los pasivos. Una entidad de crédito, por ejemplo, estará dispuesta a financiar la falta de liquidez si comprueba que la compañía es viable y que tiene suficiente patrimonio neto que sirva de garantía.

No obstante, la prolongada caída de la actividad hace que muchos negocios estén empezando a entrar en problemas no ya de liquidez sino de solvencia que, de no ser solucionados, pueden motivar su desaparición.

La clave aquí es entender cuándo los hechos son tan negativos que hacen dudar sobre la continuidad de la empresa.

En el Plan General de Contabilidad (PGC) se señala como uno de los principios contables básicos a aplicar a la hora de registrar y valorar los elementos de las cuentas anuales es el de empresa en funcionamiento. Por él se considera que el negocio se desarrollará con un carácter indefinido. Si la situación cambia, y la empresa se plantea cerrar, este principio deja de aplicarse.

En este sentido, la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establece una serie de hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la continuidad de la empresa. Entre ellos, me gustaría destacar los siguientes:

De tipo financiero

  • Patrimonio neto negativo.
  • Préstamos a plazo fijo próximos a vencimiento sin perspectivas realistas de reembolso o renovación.
  • Dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo.
  • Pérdidas de explotación importantes.
  • Incapacidad de obtener financiación para el desarrollo de nuevos productos o inversiones esenciales.

De tipo operativo

  • Intención de la dirección de liquidar la empresa o de cesar en sus actividades.
  • Salida de directivos clave, sin sustitución.
  • Pérdida de un mercado importante, de uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia o de uno o varios proveedores principales.
  • Dificultades laborales.
  • Escasez de suministros importantes.
  • Aparición de un competidor de gran éxito.

De tipo legal u otros

  • Incumplimiento de los requerimientos de capital o de otros requerimientos.
  • Procedimientos legales pendientes contra la empresa que de prosperar puedan dar lugar a indemnizaciones improbables de satisfacer.
  • Cambios en disposiciones legales o en políticas públicas que afecten negativamente a la empresa.
  • Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen.

Evidentemente los responsables de la empresa deben ponderar el grado en que se dan algunos de estos hechos y las posibilidades reales de contrarrestarlos, antes de tomar una decisión tan traumática como es la de finalizar el negocio. Por ejemplo, habrá casos en que se pueda afrontar el reembolso de un préstamo ampliando capital o vendiendo activos no estratégicos. En otras ocasiones, por desgracia, solo quedará la opción del cierre.

Crece el número de sociedades mercantiles que cierran sus negocios en España

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de sociedades mercantiles que se disuelven en España aumenta, mientras que prácticamente se mantiene estable el correspondiente a las nuevas altas.

De este modo, en noviembre de 2020 se crearon 7.339 sociedades mercantiles, solamente un 0,1 por ciento más que en igual mes del año anterior. Salvando precisamente el dato de 2019, supone la menor creación de empresas en un mes de noviembre desde 2011.

Altas_noviembre

En cuanto al número de disoluciones, 2.062 sociedades mercantiles causaron baja en noviembre, lo que representa un incremento del 4 por ciento en términos interanuales. Es la cifra más alta en la destrucción de empresas en noviembre desde 2013.

El 71,9 por ciento de estas bajas fueron voluntarias, mientras que el 17,6 por ciento se debieron a fusiones entre empresas, y el 10,5 por ciento restante tuvieron otras causas.

Bajas_noviembre

En cuanto a los datos por sectores, el porcentaje mayor de empresas creadas en noviembre corresponde al comercio (23,4 por ciento), seguido por las empresas inmobiliarias, financieras y de seguros (15,7) y por el sector de la construcción (12,9).

Por su parte, el mayor número de cierres de empresas se dio en el sector de la industria y energía (19,9 por ciento), seguido por comercio (19,7) y construcción (14,6).

Sociedades mercantiles creadas según su actividad económica principal. Noviembre 2020. PorcentajeAltas_sector_noviembreFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Sociedades mercantiles disueltas según su actividad económica principal. Noviembre 2020. PorcentajeBajas_sector_noviembreFuente: Elaboración propia a partir datos INE.

A pesar del empeoramiento que muestran estos datos sobre el cierre de empresas, todavía parecen razonables ante el entorno económico tan complejo que conlleva la pandemia. Medidas vigentes del Gobierno, como la prórroga de los ERTE o la moratoria en la obligación de solicitar concurso, puede que estén ocultando una situación empresarial bastante peor que vaya aflorando en los próximos meses. Tendremos que estar muy atentos.

Las pymes podrán acelerar la deducción fiscal de sus pérdidas por morosidad en 2020 y 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

El aumento de la morosidad es uno de los efectos que posiblemente nos traerá la crisis económica debida al coronavirus, el cual puede ser especialmente dañino si son pequeñas o medianas empresas las que lo soportan.

En este sentido, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha modificado temporalmente la antigüedad exigida a las empresas de reducida dimensión (ERD) para que puedan deducir fiscalmente las pérdidas por morosidad. Con esta medida el Gobierno español persigue que las pymes, en un momento tan complicado, puedan acelerar la incorporación de dichas pérdidas a su base imponible.

Las ERD, sobre las que se aplica la medida, son aquellas que tienen una facturación anual menor a 10 millones de euros, según lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

De este modo, las ERD podrán deducir, en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de sus clientes cuando en el momento del devengo del impuesto sobre sociedades concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haya transcurrido el plazo de 3 meses desde el vencimiento de la obligación (este es el plazo que ha reducido el Real Decreto-ley 35/2020, exactamente a la mitad desde los 6 meses que se exigen habitualmente).
  • El cliente esté declarado en situación de concurso.
  • El cliente esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • Las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

A estos efectos, no son deducibles las pérdidas por deterioro de créditos correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, salvo que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía, ni las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez.

En cuanto al momento de devengo del impuesto, hace referencia al último día del período impositivo, el cual viene dado por el último día del ejercicio económico de la empresa. Por ejemplo, en una empresa cuyo ejercicio coincida con el año natural, el devengo del impuesto será el 31 de diciembre.

Tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación  del BCE en el segundo semestre de 2020, efectuada mediante subasta a tipo fijo, tuvo lugar el pasado 29 de diciembre a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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Un resumen de 2020: “todo condicionado por la pandemia”

Mario Cantalapiedra – Economista

2020 ha sido un año muy difícil, inesperado, distópico. El habitual resumen anual que hago de los artículos publicados en el blog, en esta ocasión se ve claramente condicionado por la pandemia. Desde marzo es difícil encontrar un post en el que el dichoso bicho no se haya colado de una u otra manera.

Ha tocado, y previsiblemente tocará en los meses próximos, ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pymes y a los autónomos, a resolver sus problemas en esta compleja situación. Mi idea es que algunos de mis consejos o análisis les puedan ser de utilidad.  No me queda duda de que las empresas han de ser las grandes protagonistas de la recuperación, y de que toda ayuda que se les preste puede parecer poca.

Teniendo presente estas circunstancias, me he decantado por resaltar los cinco posts siguientes de 2020:

  • En pleno proceso de transformación digital del mundo financiero, las fintech siguen ganando protagonismo. En enero la CNMV publicaba una interesante guía en la que exponía sus recomendaciones a la hora de solicitar los servicios de estas empresas.
  • Tras el estallido de la pandemia, dediqué varios artículos en abril a estudiar los principales cambios producidos en la gestión financiera de las empresas, tratando de aportar algún consejo práctico para anticiparse a los problemas de liquidez.
  • Aunque seguramente no era el momento más oportuno, tras el verano entró en vigor la nueva Ley concursal en España, con los objetivos de reordenar, clarificar y armonizar la legislación concursal. Veremos cómo afecta esta nueva regulación a la previsible avalancha de peticiones de concurso a partir del próximo 14 de marzo, cuando finalice la actual moratoria en la obligación de solicitarlo.
  • ¿Por qué montar comités de riesgos solamente en crisis? Estas estructuras definidas en las empresas en las que se intercambian puntos de vista y de información antes de conceder crédito comercial a los clientes, suelen montarse en épocas de crisis como la actual. Sigo pensando que no debería ser así, que deberían existir en cualquier coyuntura del mercado.
  • Finalmente me gustaría resaltar el post dedicado a analizar los problemas contables en las pymes debido al coronavirus. La contabilidad más allá de ser un requisito legal, es una herramienta necesaria a la hora de tomar decisiones, de ahí la importancia de llevarla al día.

Confiemos que el próximo año la evolución con la pandemia sea buena, y de que poco a poco podamos ir desterrando al coronavirus de nuestras vidas y de la actividad de nuestras empresas.

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