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Más de la mitad de las empresas en España cobran sus facturas por encima del plazo legal

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta el 57 por ciento de las empresas en España cobran sus facturas por encima del plazo legal de 60 días que establece la Ley 15/2010. Así se desprende del Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, promovido por las compañías Crédito y Caución e Iberinform. Es cierto que se ha producido una mejora de dos puntos con respecto al dato del año anterior (que fue del 59 por ciento), pero el porcentaje de empresas que cobran fuera de plazo sigue siendo muy elevado. Inclusive, un 10 por ciento de ellas no solamente cobran fuera de plazo sino que lo hacen por encima de los 90 días. No obstante, en 2019 se ha producido una mejora significativa en la serie histórica del porcentaje de empresas que cobran más tarde, como puede comprobarse en el gráfico que se muestra a continuación.

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Lo cierto es que nada más y nada menos que el 81 por ciento de las empresas declaran tener que soportar plazos superiores a los deseados en sus relaciones comerciales, siendo las grandes empresas las mayores causante del retraso, seguidas por las pymes y con el mejor comportamiento del sector público. Es decir, es difícil encontrar una empresa que no haya tenido que aceptar el cobro de alguna de sus facturas por encima del plazo deseado, lo que habla bien a las claras de lo enquistado que está el problema de la morosidad en nuestro tejido empresarial.

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Prueba de que la morosidad es un problema que está instalado en el ADN de muchas empresas, es que la principal razón por la que se retrasan los pagos es la voluntad del cliente de pagar tarde, seguida a corta distancia por la falta de disponibilidad de fondos. Otros motivos esgrimidos como la complejidad del procedimiento de pago, las disputas sobre la calidad o la facturación incorrecta, tienen mucha menor relevancia. La legislación contra la morosidad establece un plazo, pero el mercado dispone otro diferente y la situación no termina de mejorar año tras año, como demuestran los datos del Estudio de Crédito y Caución e Iberinform. Como decía Francisco Fernández Ordóñez “es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades y las inercias”. Crucemos los dedos para que la desaceleración económica a la que estamos asistiendo no agudice este problema.

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¿Puede la crisis económica convertirse en una profecía autocumplida?

Mario Cantalapiedra – Economista

En psicología se utiliza la expresión “profecía autocumplida” para hacer referencia a la predicción que alguien realiza, y que una vez formulada se convierte en la propia causa de que se cumpla. Por ejemplo, un alumno que piensa que suspenderá un examen, llevado por este miedo se bloquea al hacerlo y termina suspendiéndolo.

Trasladado este concepto al mundo de la economía, donde no debemos olvidar el peso que tiene la psicología en las decisiones que tomamos los distintos agentes económicos, y más concretamente al entorno económico actual, puede que la crisis se convierta en una profecía autocumplida para todos aquellos que vienen anunciando su inminente llegada.

En este sentido, la incertidumbre que existe con la evolución de acontecimientos internacionales como el Brexit o la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lleva a que muchas empresas retrasen sus decisiones de inversión en mercados exteriores hasta que el panorama se encuentre más despejado. Así parecen confirmarlo los datos del Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, que señalan como el 40 por ciento de las empresas están sufriendo el impacto de la incertidumbre internacional en sus negocios, siendo un 7 por ciento de compañías las que declaran que este impacto es muy significativo. Incertidumbre internacional que en el caso de España viene acompañada de las dudas existentes sobre la formación de un Gobierno estable, debido a nuestra fragmentación parlamentaria, que afronte con garantías el empeoramiento económico y tome las decisiones adecuadas para hacerle frente.

Realmente la incertidumbre afecta a todos los estratos de la economía, de tal modo que las decisiones individuales que toma cada persona o empresa basadas en sus expectativas negativas, si se consideran en su conjunto, pueden llevar a que la desaceleración sea más profunda, a tener un efecto de profecía autocumplida. Recientemente en una jornada que tuve la oportunidad de compartir con responsables de empresas del sector de material eléctrico, uno de los asistentes me comentaba como su mujer le había sugerido cambiar el sofá del salón. Me decía que se lo podían permitir, pero que habían decidido esperar a que la situación económica mejorara (recordemos que el ahorro de los españoles se encuentra en niveles máximos desde 2013). Si son muchas las familias que toman una decisión similar, los fabricantes de muebles sufrirán las consecuencias viéndose obligados a reducir su producción y a prescindir de parte de sus trabajadores, los transportistas tendrán menos trabajo, algunas tiendas de muebles se verán abocadas al cierre… trasladándose los efectos negativos al conjunto de la economía.

Incertidumbre

Empeora la tasa de morosidad bancaria en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En un momento en el que cualquier dato se analiza con atención ante la preocupación por la desaceleración económica a la que estamos asistiendo, acabamos de conocer el repunte de la tasa de morosidad bancaria en España. Aunque de forma ligera, esta ha aumentado en agosto 2019 rompiendo la trayectoria de caída que mantenía desde principios de año.

En concreto, la tasa de morosidad de los créditos concedidos a empresas y familias por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito, cerró agosto en el 5,24 por ciento frente al 5,23 del mes anterior. Esta tasa se obtiene dividiendo el saldo vivo de créditos dudosos (62.813 millones de euros a finales de agosto) entre el saldo vivo del total de crédito concedido. (1.198.458). En agosto no se produjo un aumento de los créditos dudosos con respecto al mes anterior, pero como su caída fue menor que la experimentada por el total de crédito, la tasa de morosidad subió.

Con respecto a la morosidad que es debida exclusivamente a las empresas, los últimos datos facilitados por el Banco de España, correspondientes al final del segundo semestre, reflejan en cambio una mejora de la tasa hasta situarse en el 6,10 por ciento. Al estar calculada a finales de junio, habrá que esperar a las siguientes estadísticas para ver cómo ha afectado el verano al reembolso de préstamos y créditos bancarios por parte de las empresas.

Evolución morosidad bancaria Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresasImagen2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Europa pierde fuelle en el camino de la innovación

Mario Cantalapiedra – Economista

Las patentes son derechos exclusivos que se conceden a personas físicas o jurídicas sobre productos o procesos que ofrecen nuevas manera de hacer algo o nuevas soluciones técnicas a un problema. Son otorgadas por oficinas nacionales o regionales, que las conceden en nombre de varios países como es el caso, por ejemplo, de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Gracias a las patentes, los titulares del derecho pueden autorizar a terceros la utilización de la invención o ceder el derecho a la misma si llegan a un acuerdo. Cuando vence la patente (habitualmente a los 20 años), la invención pasa a dominio público y puede ser explotada comercialmente por cualquier persona.

Desde esta perspectiva, protegen invenciones que de ser introducidas en el mercado se convierten en innovaciones, de tal modo que el número de patentes que se concede a una empresa o a un país es considerado un indicador significativo de su capacidad de innovación.

Pues bien, según los datos recientemente publicados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, en 2018 se presentaron 3,3 millones de solicitudes de patentes a nivel global, lo que supone un aumento del 5,2 por ciento con respecto al ejercicio anterior, en una serie de nueve años consecutivos de aumento. Tras estas cifras existe un principal protagonista como es China, cuya oficina nacional concentró el pasado año nada más y nada menos que 1,54 millones de solicitudes de patente, el equivalente al 46,4 por ciento del total. Tras el gigante asiático, se situaron en el top ten las oficinas de Estados Unidos (597.141), Japón (313.567), Corea del Sur (209.992), OEP (174.397), Alemania (67.898), India (50.055), Rusia (37.957), Canadá (36.161) y Australia (29.957), siendo muy significativo el crecimiento interanual de India con un 7,5 por ciento más de solicitudes.

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Resulta llamativo que un país como Corea del Sur, cuya economía ocupa actualmente el puesto once por volumen del producto interior bruto (PIB), concentre en su oficina nacional un número mayor de solicitudes de patente que la OEP, o tres veces más que la oficina alemana. Teniendo en cuenta también los datos de Japón y el crecimiento comentado de India, parece que el mundo de la invención, y por consiguiente de la innovación, se está concentrado en Asia. En este sentido se pronunció Francis Gurry, director general de  la OMPI, durante la presentación de los datos a los medios de comunicación: “China concentra casi la mitad de las solicitudes de patente, y la India registra también incrementos notables. Asia se ha convertido en uno de los centros de innovación a nivel mundial”. Y yo me atrevería a añadir que Europa en este camino de la innovación se está quedando atrás.

Aumenta el porcentaje de empresas con impagos significativos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Empeora el porcentaje de compañías en España que declaran haber sufrido un impago significativo en los últimos 12 meses. Así lo señala el Duodécimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform y realizado en el primer semestre de 2019 con la participación de 600 profesionales de empresas.

En concreto, son el 32 por ciento de las empresas encuestadas las que afirman haber sufrido un impago significativo, cinco puntos más que el dato del estudio anterior realizado en 2018, lo cual parece confirmar un cambio de tendencia en la serie histórica, que desde 2012 a 2017 observó una reducción de esta tasa año a año hasta el aumento producido en 2018 y ahora en 2019.

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Parece que la desaceleración y el fin de ciclo económico que ya muchos aventuran están afectando al comportamiento de las empresas. Sin ir más lejos el think tank Funcas realizaba esta misma semana un fuerte ajuste a la baja de sus previsiones de crecimiento para la economía española, señalando como nuestro producto interior bruto (PIB) iba a crecer el 1,9 por ciento en 2019, y el 1,5 por ciento en 2020, tres y cinco décimas menos, respectivamente, que en el análisis anterior. Tras sus datos se vislumbra un final de ciclo, que parece inevitable tenga su reflejo en la morosidad empresarial. No obstante, para Funcas estamos hablando precisamente de eso, de un fin del ciclo de crecimiento fuerte, pero no de recesión. Tendremos un crecimiento significativamente menor en los próximos trimestres, pero no un decrecimiento de la actividad económica, esa es su apuesta y la de otros organismos. El problema es que esta situación puede afectar de forma diferente a las empresas según cuál sea su dimensión y el sector en el que compitan, trasladándose a mayores cifras de morosidad en determinados casos.

En este sentido, el 68 por ciento de las empresas encuestadas por Crédito y Caución e Iberinform, consideran que la morosidad tiene consecuencias negativas para su negocio, siendo las más importantes la pérdida de ingresos financieros (28 por ciento), y el incremento de los costes financieros (25 por ciento). Otras consecuencias apuntadas son la limitación al crecimiento (7 por ciento), la amenaza a la continuidad empresarial (5 por ciento) y la limitación a las nuevas inversiones (3 por ciento). Especialmente llamativo es que hasta un 5 por ciento de las empresas consideren que la morosidad pone en riego la continuidad de sus negocios. El menor crecimiento económico previsto no puede ser una buena noticia para ellas.

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La incertidumbre frena el gasto de las empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Banco de España (BdE) ha actualizado sus proyecciones macroeconómicas de la economía española para el período 2019-2021. El organismo supervisor ha revisado a la baja cuatro décimas (al 2 por ciento) su previsión de crecimiento anual del PIB en 2019 frente al dato anterior de junio. Para 2020, el BdE prevé un crecimiento del 1,7 por ciento, mientras que para 2021, lo estima en el 1,6 por ciento, dos y una décima menos, respectivamente, con respecto a la previsión anterior.

La fuerte revisión a la baja de la tasa de crecimiento para 2019 se explica, en parte (dos décimas), por el reciente recálculo de la serie del PIB que cada cinco años hace el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que incorpora cambios para lograr estadísticas de mejor calidad, según se explica desde este organismo autónomo. Sin embargo, el resto de la caída (las otras dos décimas), se justifica por la pérdida de vigor de la demanda interna que revelan los datos más recientes. Tras esta debilidad se encuentran el deterioro del entorno exterior y las incertidumbres procedentes del resto del mundo (Brexit sin acuerdo, guerra comercial entre China y Estados Unidos), y posiblemente, según el BdE, las incertidumbres de origen interno vinculadas a la parálisis política y la ausencia de un Gobierno que tome las medidas necesarias en un momento de desaceleración. Ante la falta de un horizonte claro, hay más empresas y familias que frenan sus decisiones de gasto, prefiriendo esperar a tiempos mejores. Si hay que cambiar el sofá del salón, mejor hacerlo cuando las cosas estén más claras, aunque ahora nos lo pudiéramos permitir. El problema es que este tipo de decisiones individuales acaban trasladándose al conjunto de la economía y retroalimentándose. Si las empresas gastan menos, contratarán menos trabajadores y las familias tendrán menos dinero para consumir bienes y servicios, por lo que los procesos de producción de las empresas se verán afectados.

Precisamente sobre el tema del mercado de trabajo, merece la pena hacer una reflexión. Según el BdE, la desaceleración proyectada llevará a una moderación progresiva del ritmo de crecimiento del empleo, de tal modo que no veremos en España una tasa de paro por debajo del 13 por ciento de la población activa hasta 2021. A pesar de que seguimos creciendo, no conseguimos alcanzar una tasa de desempleo razonable para una economía que se presume avanzada.

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¿Qué diferencias existen entre los códigos IAE y CNAE?

Mario Cantalapiedra – Economista

Muchos empresarios, especialmente los noveles, suelen confundir los códigos IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), cuando realmente obedecen a realidades distintas.

Por un lado, el IAE es un código numérico de carácter tributario que se refiere al impuesto municipal que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas realizadas por personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, uniones temporales de empresas, etcétera) en territorio nacional. No obstante, están exentos de pagar este impuesto:

  • Las entidades públicas.
  • Los sujetos pasivos que inicien la actividad, los dos primeros períodos impositivos.
  • Las personas físicas.
  • Las sociedades, entidades y contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No residentes con establecimiento permanente con un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros.
  • Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social.
  • Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza pública o concertada.
  • Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro.
  • La Cruz Roja Española.
  • Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales.

Los sujetos pasivos exentos no tienen que presentar declaraciones fiscales por IAE, pero sí tienen que indicar los códigos (grupos o epígrafes) que corresponden a sus actividades en las declaraciones censales de alta. Es importante señalar que dependiendo del código de IAE que se elija, se tendrán unas obligaciones fiscales u otras (por ejemplo, hay epígrafes que están exentos de IVA).

Por su parte, la CNAE depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) y también es un código numérico, pero en este caso clasifica a las empresas según cuál sea su actividad con objeto fundamentalmente de elaborar información estadística. Su máximo nivel de detalle (4 dígitos) es utilizado para identificar la actividad de la empresa en distintos impresos y formularios, como, por ejemplo, en los que se emplean para trámites ante la Seguridad Social o en los datos generales de identificación que acompañan el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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A pesar de que la relación ordenada de actividades que se recoge en el IAE trata de ajustarse a la empleada en la CNAE, no existe una relación directa entre los dos códigos, por lo que los empresarios deben disponer de ambos y utilizarlos según sea el caso.

¿Qué consecuencias tiene para una empresa la revocación de su NIF?

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de identificación fiscal (NIF) que asigna Hacienda a las empresas para que lo utilicen en sus relaciones de índole fiscal, puede ser revocado en determinadas ocasiones, decisión que como explicaré a continuación conlleva importantes consecuencias.

En concreto, la Administración Tributaria, según lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, puede revocar el NIF a una compañía en los siguientes casos: 

  • Cuando la empresa a la que se haya asignado un NIF provisional no aporte, en el plazo previsto legalmente, la documentación necesaria para obtener el NIF definitivo, salvo que se justifique la imposibilidad de aportarla.
  • Cuando las deudas tributarias de la empresa con Hacienda sean declaradas fallidas.
  • Cuando la empresa no presente el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.
  • Cuando durante un período superior a un año, y después de realizar al menos tres intentos de notificación, resulte imposible practicar notificaciones a la empresa en su domicilio fiscal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda mediante declaración censal el desarrollo de actividades económicas inexistentes.
  • Cuando la empresa se haya constituido sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF se inicie la actividad económica o se realicen los actos preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite la imposibilidad de realizarlos.
  • Cuando Hacienda constante que un mismo capital ha servido para constituir varias sociedades y, teniendo en cuenta todas ellas, deduzca que no se ha producido el desembolso mínimo legal.
  • Cuando la empresa haya comunicado a Hacienda el desarrollo de actividades económicas, de gestión administrativa o de dirección de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin que se justifique su realización en otro domicilio diferente.

La revocación del NIF no es automática, contando la empresa con un período de 10 días para presentar alegaciones una vez que se produce la notificación de Hacienda. Si al final se aprueba la revocación, esta se ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), teniendo las siguientes consecuencias negativas para la empresa:

  • El cierre de su hoja registral en el Registro Mercantil.
  • El bloqueo de las cuentas bancarias abiertas a su nombre.
  • La imposibilidad de obtener un certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda.
  • La baja en los Registros tributarios de operadores intracomunitarios que realizan entregas y adquisiciones intracomunitarias (ROI) y de empresarios y profesionales con derecho a devolución mensual del IVA (REDEME).

La buena noticia es que la revocación del NIF no es algo irreversible, de tal manera que se puede rehabilitar si desaparecen las circunstancias que la motivaron, y siempre que la empresa lo solicite por escrito y aporte la documentación pertinente.

Se disparan las búsquedas del término “recesión” en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La preocupación de los españoles por una posible recesión parece ir en aumento. Así parecen indicarlo los datos de búsqueda de este término que pueden obtenerse a partir de Google Trends. Esta herramienta web permite conocer el nivel de búsqueda de un determinado término a lo largo del tiempo, basando su resultado en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la popularidad máxima del término en cuestión. Pues bien, en el reciente período del 11 al 17 de agosto, el término “recesión” alcanzó el valor máximo de 100 en España, siendo especialmente llamativo el incremento de su búsqueda sobre la media de los últimos 12 meses.

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Fuente: https://trends.google.es/trends (Recuperado el 29 de agosto de 2019).

Aunque técnicamente las grandes economías mundiales no se encuentran aún en recesión, puesto que siguiendo el criterio de definición más aceptado a nivel internacional, esta solo se produce cuando la tasa de variación anual del Producto Interior Bruto (PIB) es negativa durante dos trimestres consecutivos, los últimos datos que vamos conociendo (PIB de Alemania y China, guerra comercial entre Estados Unidos y China, etcétera) no invitan a ser muy optimistas con el futuro más cercano, y esto se refleja en lo que busca la gente en internet.

Por curiosidad también he consultado los datos de búsqueda durante el mismo período del término “morosidad”, a la que dedicamos un seguimiento especial en el blog, y en este caso, he de decir que no se observa un incremento tan significativo en su búsqueda, aunque también es creciente en los últimos días.

En esta tesitura, toca estar muy atentos a la evolución de los acontecimientos y particularmente desde las empresas extremar el cuidado en la gestión del riesgo de crédito comercial.

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Fuente: https://trends.google.es/trends (Recuperado el 29 de agosto de 2019).

La tasa de morosidad bancaria se sitúa en mínimos desde septiembre de 2010

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los datos aportados por el Banco de España (BdE), la tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito se situó a finales de mayo en el 5,64 por ciento, lo que significa su dato más bajo desde el 5,51 por ciento que marcó allá por septiembre de 2010.

El saldo vivo de créditos dudosos al finalizar mayo ascendió a 67.795 millones de euros, mientras que el saldo vivo del total de crédito concedido a empresas y familias alcanzó la cifra de 1.202.149 millones de euros. Dividiendo los créditos dudosos entre el total de crédito concedido se obtiene la tasa de morosidad del 5,64 por ciento. El BdE considera que los créditos dudosos son aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados. Dentro de ellos se incluyen los créditos morosos, en los que figura algún importe vencido (ya sea de principal, intereses o gastos) con más de tres meses de antigüedad.

En lo que respecta a la morosidad bancaria que es debida a las empresas, la tasa a final del primer semestre se situó en el 6,65 por ciento, confirmando asimismo la senda de mejora con respecto a los ejercicios anteriores.

Evolución morosidad bancariaImagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresasImagen2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

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