Archivo de la categoría: Mario Cantalapiedra (Economista)

En España predominan las empresas muy pequeñas del sector servicios

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2019 ascendió a 2.884.795, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De ellas, el 54,1 por ciento son autónomos (pymes sin asalariados), el 39,6 microempresas (que tienen entre 1 y 9 asalariados), el 5,3 pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados), el 0,8 medianas empresas (entre 50 y 249 asalariados) y solamente el 0,2 son empresas grandes (con 250 o más asalariados). Aunque en tasa de variación interanual, son precisamente las empresas grandes las que más crecen, casi el 94 por ciento del tejido empresarial español está compuesto por empresas muy pequeñas que o bien no tienen asalariados o no llegan a contar con 10 empleados en sus filas.

Al analizar estos datos oficiales hay que tener en cuenta que dentro del apartado de autónomos se incluyen los trabajadores por cuenta propia sin asalariados a su cargo, los cuales no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades de tipo societario, ni figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Si tienen empleados a su cargo, se computan como empresas con asalariados.

Empresas inscritas en la Seguridad Social1Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a la distribución sectorial de las empresas que cuentan con asalariados, la mayor parte (el 74,3 por ciento) pertenecen al sector servicios. Le siguen en importancia el sector de la construcción (9,7 por ciento), la industria (8,3 por ciento), y por último el sector agrario (que reúne al 7,7 por ciento de las empresas con trabajadores). En tasa de variación anual, el sector agrario es el que más crece, permaneciendo prácticamente inalterado el sector industrial.

Sectores de las empresas con asalariados2Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Luego en España lo que predominan son las empresas muy pequeñas que suelen pertenecer al sector servicios. En este sentido, y aunque pueda parecer un tópico, sería deseable que nuestro país contara con empresas de mayor tamaño y encuadradas en sectores como la industria, donde el valor añadido también es mayor. Está demostrado que países en los que abundan este tipo de empresas se comportan mejor durante las crisis económicas que suelen amenazarnos de forma cíclica.

La tasa de morosidad bancaria sigue disminuyendo en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito cerró el pasado ejercicio en el 5,82 por ciento, según los datos provisionales ofrecidos por el Banco de España. Muy lejos queda ya el máximo histórico de esta tasa alcanzado en 2013 cuando se situó en el 13,62 por ciento.

Los créditos dudosos a final de 2018 ascendieron a 70.156 millones de euros, mientras que el total de crédito concedido vivo al cierre del año fue de 1.205.594 millones de euros. Por tanto, la tasa de morosidad del 5,82 por ciento se obtiene al dividir créditos dudosos entre total de crédito. Recuerdo que los créditos dudosos son aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados contractualmente. Dentro de ellos están incluido los créditos morosos, que son aquellos en los que figura algún importe vencido, de principal, de intereses o de gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.

En el caso de la morosidad bancaria que es debida a las empresas también se observa una importante reducción de la tasa hasta el 7,39 por ciento (dato correspondiente al final del tercer trimestre de 2018).

Tal y como puedes observar en los cuadros adjuntos, tanto la reducción de la tasa de morosidad bancaria general como la debida exclusivamente a las empresas se acompañan, al igual que en años precedentes, de una disminución del volumen de crédito concedido.

Evolución morosidad bancaria (2012-2018)1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresas (2012-2018)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

El “sandbox”, más cerca de ser una realidad en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de febrero, aprobó el Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero presentado por el Ministerio de Economía y Empresa, y en el que se incluye la creación del famoso sandbox tan demandado por el sector fintech en España. No obstante, al tratarse de la aprobación de un Anteproyecto de Ley, todavía le queda recorrido hasta que pueda convertirse en una realidad, condicionada esta en cualquier caso por la incertidumbre política que vive nuestro país.

El sandbox se prevé como un entorno controlado en el que puedan probarse innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero (fintech) antes de su comercialización, bajo la vigilancia de los supervisores públicos (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y con las máximas garantías para los participantes.

Con el sandbox se pretende facilitar el proceso de transformación digital tanto de actores públicos como privados, facilitando el proceso innovador con el fin de lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo, donde los mejores profesionales acuden allí donde encuentran mayores posibilidades de desarrollo. Desde el punto de vista de lo público, el sandbox ha de utilizarse especialmente para mejorar la supervisión y acompasar la legislación financiera con la transformación digital. El mundo de la innovación financiera va tan rápido que al legislador le cuesta mucho entenderlo, y si no lo entiende, difícilmente puede regularlo adecuadamente.

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Según informa el Ministerio de Economía y Empresa, el acceso al sandbox se realizaría a través de un sistema de ventanilla única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación u otros promotores. Los proyectos deberán encontrarse suficientemente avanzados y demostrar que aportan valor añadido en aspectos tales como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la cliente, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

El Anteproyecto aprobado incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, para garantizar que los requisitos exigidos son proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando igualdad de trato a todos los promotores.

En cuanto a la duración prevista para el sandbox en principio será de un año, tal como se desprende de las palabras pronunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “en este campo de pruebas estaremos un año y a partir de ahí se evaluarán los resultados”.

Foto: palichka

¿Qué tipos de fraudes pueden afectar a una empresa?

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Real Academia Española, con el término fraude se hace referencia a la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, o bien al “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. Por su parte, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), principal organización antifraude a nivel mundial, entiende por fraude “cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales”.

Siguiendo la tipología que propone ACFE, puede distinguirse entre fraudes que comprometen a empresas y otros que afectan a personas. En el primer caso, a su vez se puede diferenciar entre fraudes de tipo interno, donde la compañía se ve comprometida por sus empleados, directivos o propietarios, y de tipo externo, donde los que comprometen a la empresa son externos con los que se relaciona, tales como clientes, proveedores u otras partes.

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Por tanto, el fraude interno se produce cuando un empleado, un ejecutivo o un gerente comete fraude en contra de su empleador, y puede incluir una o varias de las siguientes categorías (la casuística es muy amplia, por lo que he optado por incluir algunos de los ejemplos que me parecen más llamativos en cada caso):

  • Corrupción: conflictos de interés (que se dan cuando un empleado, ejecutivo o gerente tiene un interés personal y económico oculto relacionado con una operación de compra o de venta, la cual es perjudicial para los intereses de la empresa o de sus accionistas); regalos ilegales; sobornos o extorsiones de tipo económico.
  • Apropiación de bienes: robo de efectivo, suministros (aquí el material de oficina es todo un “clásico”) o de equipos; apropiación de datos o empleados que cobran una nómina sin trabajar realmente en la empresa.
  • Cuentas fraudulentas: aunque también puede afectar a información no financiera, fundamentalmente incluye el fraude relacionado con los estados financieros (maquillaje contable) por el que se sobrevaloran (o infravaloran) activos, pasivos, ingresos o gastos.

Por su parte, dentro del fraude externo, se pueden incluir prácticas tales como facturaciones a la empresa por parte de proveedores por bienes o servicios que no se prestan, o el pago de facturas por parte de clientes con cheques librados sin fondos. También comprende el robo de información confidencial o de propiedad intelectual y la piratería.

Foto: www_slon_pics

 

 

¿Debo vender a un cliente inactivo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se analiza el riesgo de crédito de un cliente una situación que puede aparecer es la de su inactividad, es decir, la de cese de actividad de modo temporal, aunque el cliente siga existiendo, mantenga su personalidad jurídica y su antigüedad, y pueda retomar su actividad empresarial en cualquier momento.

Ante una situación desfavorable del negocio, los dueños de una empresa pueden decidir dejarla inactiva a la espera de que el panorama cambie o tratando de evitar los costes que implica su disolución y liquidación, teniendo en cuenta lo caro que resulta en España “cerrar” una empresa. Para ello, en el caso de las sociedades mercantiles, se puede convocar una junta general de socios o accionistas donde los administradores propongan la inactividad y los socios o accionistas decidan al respecto. No obstante, hay que señalar que la decisión de dejar inactiva una sociedad no puede tener carácter permanente, de hecho no puede ir más allá de un año, según lo que establece la Ley de Sociedades de Capital. En concreto, su artículo 363.1 a) señala como la sociedad de capital deberá disolverse “por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año”. Esta causa legal de disolución debe ser tenida muy en cuenta por los administradores, quienes desde el momento en el que se cumple el año de inactividad cuentan con dos meses para convocar la junta general de socios o accionistas en la que se adopte, en su caso, el acuerdo de disolución. Si los administradores incumplen esta obligación, pasan a responder solidariamente de las obligaciones contraídas por la sociedad a partir de dicha fecha.

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Desde el punto de vista de las facturas, durante el período que dure su inactividad el cliente como es lógico no podrá emitir ningún tipo de factura de venta. Y si lo analizamos desde el punto de vista del proveedor, la empresa inactiva tampoco podrá recibir facturas de proveedores que no estuvieran pendientes antes del momento de cese de la actividad. Si las recibiera, no serían deducibles. Por tanto, lo aconsejable si tienes un cliente inactivo es paralizar tus ventas al mismo durante el tiempo que dure su inactividad. No siempre es sencillo saber si el cliente está o no inactivo, de ahí que ante la duda sea recomendable consultar a empresas especializadas en suministrar información de tipo comercial.

La “coopetición” entre “fintech” y banca en el nuevo ecosistema financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

El término “coopetición”, acuñado por los autores Adam Brandenburger y Barry Nalebuff en 1996, se utiliza para designar la combinación de las ventajas de la competencia y de la cooperación en una nueva dinámica de gestión empresarial, la cual puede utilizarse tanto para generar más beneficios como para cambiar la naturaleza del entorno empresarial a favor de los que la practican.

Coopetición es un término que se está utilizando mucho para describir el nuevo ecosistema financiero que está surgiendo con la entrada en el mercado de las fintech, empresas de nueva creación con fuerte base tecnológica que, en principio, vienen a disputar el mercado a las entidades financieras tradicionales. Lo que ocurre es que a estas startups que en su ADN llevan implantada la orientación al cliente, les faltan precisamente los clientes que atesoran las entidades tradicionales desde hace años. Igualmente, estos emprendedores que se caracterizan por la sencillez y transparencia en sus operaciones todavía son poco conocidos por la gran masa, y no han tenido tiempo de generar la confianza que muchos depositan en la banca tradicional, establecida en base a una relación prolongada en el tiempo. Por otro lado, a la banca le puede venir muy bien el conocimiento tecnológico y la cultura del cambio que aportan las fintech, por lo que la complementariedad parece posible. Inclusive aparece un tercer actor, como es el regulador, que alcanza claramente a la banca pero al que le cuesta entender a las fintech. Luego dentro de este ecosistema financiero en plena transformación, parece que cobra sentido la coopetición entre banca, fintech, e inclusive regulador, con el fin de establecer las nuevas reglas del juego financiero. Banca y fintech tienen seguramente más por construir y compartir que por enfrentarse en la captación de clientes.

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Esta idea general de colaboración cuenta ya con ejemplos concretos en el mercado. Recientemente una de las principales plataformas de crowdlending (financiación participativa a través de préstamos) registrada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha llegado a un acuerdo con un banco español mediante el cual este le deriva clientes bajo determinadas circunstancias. Por política interna, la entidad de crédito no puede acumular riesgos (créditos, préstamos, etcétera) con un cliente por encima del 25 por ciento de su CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España, en la que se registran los riesgos que las entidades financieras acumulan con sus clientes), es decir, aunque el cliente muestre capacidad de devolución de los fondos prestados, el límite no se supera. En este caso, la entidad financiera deriva el cliente que le solicita más financiación a la plataforma fintech colaboradora, con lo cual se le da una solución.

Foto: Tumisu

 

Amazon a nivel mundial y Zara a nivel español, las marcas más valiosas

Mario Cantalapiedra – Economista

La consultora británica de estrategia y valoración de marca Brand Finance acaba de publicar su informe “Global 500 2019”, el cual recoge el ranking de las 500 marcas más valiosas del mundo, encabezado por Amazon y en el que figuran las ocho marcas españolas siguientes: Zara (distribución), Santander (banca), BBVA (banca), Movistar (telecomunicaciones), El Corte Inglés (distribución), Repsol (energía), Caixabank (banca) e Iberdrola (energía).

Amazon tiene un valor, según la consultora británica, de 187.905 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 166.305 millones de euros), mientras que la primera marca española de la clasificación, Zara, propiedad de Inditex, se valora en 18.424 millones de dólares (lo que equivale a cerca de 16.306 millones de euros). En el “top ten” encontramos siete empresas estadounidenses, una coreana (Samsung) y dos empresas chinas. Por su parte, las cinco primeras marcas pertenecen todas a ellas a empresas tecnológicas. De hecho, el sector tecnológico acumula el 23,7 por ciento del valor total de las marcas representadas en el ranking, seguido por la banca con el 13,6 por ciento del valor total. Por países, Estados Unidos concentra casi la mitad del valor total (45,4 por ciento), seguido por China con el 19 por ciento.

Por tanto, el valor de marca empresarial en el mundo se está concentrando en el sector tecnológico y en Estados Unidos, la pregunta a hacerse aquí es si no lo estará haciendo demasiado…

 

Ranking marcas más valiosas del mundo (2019)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Brand Finance Global 500 2019.

TIPS: El nuevo servicio de transferencias inmediatas del BCE

Mario Cantalapiedra – Economista

Desde finales de noviembre de 2018 se encuentra disponible el nuevo servicio de liquidación de pagos inmediatos TIPS (Target Instant Payment Settlement), el cual ha sido puesto en marcha por el Banco Central Europeo (BCE). TIPS permite la liquidación de transferencias inmediatas entre entidades de crédito a nivel europeo, facilitando que empresas y particulares puedan efectuar pagos en tiempo real, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El importe de estas transferencias se encuentra limitado a 15.000 euros, recibiéndose el dinero en menos de 10 segundos, de ahí lo de “inmediatas”.

Curiosamente el servicio TIPS se inauguró “oficialmente” desde España el pasado 30 de noviembre de 2018, con el envío de efectivo desde una cuenta domiciliada en Caixabank a otra domiciliada en el banco francés Natixis, en una operación que tardó únicamente 3 segundos en completarse.

En España ya teníamos operativa desde febrero de 2018 una infraestructura interbancaria nacional de pagos inmediatos, gestionada de forma privada por la Sociedad Española de Sistemas de Pago (Iberpay), la cual ha sido conectada con este nuevo servicio del BCE, de tal modo que las entidades financieras españolas ya pueden emitir y recibir transferencias inmediatas con otras entidades europeas participantes en TIPS. Si la infraestructura gestionada por Iberpay es una iniciativa de tipo privado, TIPS tiene carácter público, pudiendo las entidades financieras optar por utilizar una u otra vía, sin que sus clientes, en principio, perciban la diferencia.

En cualquier caso, las transferencias inmediatas son voluntarias para las entidades financieras, por lo que habrá que consultar en cada caso si las ofrecen o no, y en caso afirmativo el coste que repercuten por este servicio, teniendo en cuenta que cada entidad es libre para decidirlo.

Según los últimos datos de Iberpay, en 2018 se realizaron 24.627.248 transferencias inmediatas, que representaron el 4,1 por ciento del total de transferencias realizadas. Y en lo que se refiere al importe transferido, se superaron los 18.500 millones de euros, lo que supone el 1,5 por ciento del importe total.

 

Transferencias realizadas en España en 2018qFuente: Elaboración propia a partir datos Iberpay.

Modificado el artículo que permite la separación de los socios si no se reparten dividendos

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, con entrada en vigor el 30 de diciembre de 2018, ha modificado el polémico artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), el cual permite la separación de un socio de la sociedad en caso de falta de distribución de dividendos. La nueva redacción del artículo es la siguiente:

Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder.

2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.

3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.

5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.

c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.

e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas”.

Con respecto a la redacción anterior, los principales puntos a destacar son:

  • Como novedad más significativa, se permite a las sociedades que en sus estatutos establezcan la no aplicación del derecho de separación.
  • Se clarifica que el derecho nace transcurrido el quinto ejercicio desde la inscripción en el Registro Mercantil.
  • Asimismo se clarifica el concepto de beneficio a repartir (“beneficios obtenidos que sean legalmente distribuibles” frente al anterior “beneficios propios de la explotación del objeto social”).
  • Por otro lado, el reparto legal mínimo se fija en el 25 por ciento de beneficio obtenido, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. No obstante, no habrá derecho a la separación cuando los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivalgan al 25 por ciento de los beneficios distribuibles en dicho período.
  • Se amplía la no aplicación del artículo a otro tipo de sociedades además de a las cotizadas, como, por ejemplo, a las que se han declarado en concurso o a las sociedades anónimas deportivas.

Tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar en las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2019 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el segundo semestre de 2018 ha tenido lugar el 18 de diciembre a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y a los efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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