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¿Cómo calcular el límite de crédito recomendable para un cliente?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales que ayudan a tomar decisiones de crédito sobre los clientes suelen incluir una opinión de crédito, la cual no siempre es fácil de interpretar. Por lo general, una opinión (o límite) de crédito establece el importe máximo de riesgo (deuda comercial) que no debe exceder el conjunto de proveedores con los que trabaja una empresa en el corto plazo (doce meses). A partir de dicho importe, el cliente podría no tener capacidad para atender los pagos a sus proveedores en los plazos pactados.

Esta opinión de crédito se obtiene a partir de modelos matemáticos que utilizan distintas variables económicas, financieras, mercantiles y sectoriales, y de la experiencia de la compañía que la elabora, estando vinculada directamente al rating de morosidad de la empresa, el cual predice la probabilidad de que esta pueda hacer frente a sus compromisos de pago en los próximos doce meses. Luego mientras que el rating de morosidad establece una valoración dentro de una escala (por ejemplo, del 1 al 10), la opinión de crédito es un importe en euros, que suele estar limitado a un máximo por las agencias especializadas fundamentalmente por prudencia.

Ejemplo valoración rating de morosidad y opinión de créditoCapturaFuente: Insight View.

El problema que surge para el proveedor que consulta esta opinión de crédito máximo es que el dato se ofrece para el conjunto de proveedores, por lo que a priori resulta difícil estimar que porcentaje de ese límite no debería sobrepasar con el cliente en su caso concreto. A este respecto, existe una manera de calcular de forma aproximada la opinión de crédito individual a partir de dos datos que puede conocer el proveedor: las ventas que realiza al cliente en un período, y el total de aprovisionamientos reflejados por este en su cuenta de resultados en igual período.

Veamos un ejemplo de cálculo:

  • Total aprovisionamientos del cliente (cuenta de resultados): 1.000.000 euros.
  • Total suministros al cliente por parte del proveedor: 50.000 euros.
  • Porcentaje sobre total aprovisionamientos: 5 %.
  • Opinión de crédito empresa especializada (para el conjunto de proveedores): 327.000 euros.

En este caso, la opinión de crédito individual se obtendría aplicando el porcentaje del 5 por ciento (lo que representa el suministro de este proveedor sobre el total de aprovisionamientos del cliente en el período) a la opinión de crédito de la empresa especializada (327.000 euros), obteniéndose un límite individual de 16.350 euros.

 

Nuevos servicios de pago asociados al fenómeno “open banking”

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, ha regulado por primera vez en España dos nuevos servicios de pago (de iniciación de pagos y de información sobre cuentas), que se vienen a unir a los ya conocidos de adeudos domiciliados, tarjetas, transferencias, etcétera. Con esta regulación se transpone de forma parcial al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior, comúnmente conocida como PSD2. Esta Directiva obliga a las entidades financieras a poner los datos de las cuentas de sus clientes a disposición de terceros mediante programas informáticos que actúan de conectores entre bancos y dichos terceros. Es el fenómeno que se conoce como “open banking” o banca abierta.

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El desarrollo tecnológico está permitiendo la proliferación de nuevas iniciativas que tratan de facilitar la vida a los usuarios de servicios financieros, basadas en gran medida en la utilización de sus datos, y que los poderes públicos tratan de entender y regular. En este sentido, si los datos de los clientes bancarios se pueden poner a disposición de terceros, dejan de pertenecer al banco para ser propiedad de los propios clientes, los cuales libremente deciden si permiten o no que terceras empresas accedan a ellos.

En concreto los dos nuevos servicios de pago regulador por el RDL 19/2018 son los siguientes:

En primer lugar, el servicio de iniciación de pagos, el cual permite a la persona que adquiere bienes o servicios a través de internet pagarlos sin tener que utilizar una tarjeta de crédito o de débito. El pago se realiza a través de un tercero (proveedor de servicios de iniciación de pago) que accede a la cuenta de pago del comprador, previa autorización de este, e inicia la transferencia instantánea del dinero en su nombre.

En segundo lugar, el servicio de información sobre cuentas permite que los clientes de las entidades financieras consulten en línea la información que tienen a su nombre en una o más entidades de forma agregada, sin tener que acceder a cada una de ellas, con lo que se facilita el control global de sus finanzas.

Es importante señalar que la prestación de los dos servicios anteriores no está supeditada a que exista una relación contractual entre banco y tercero prestador del servicio. Es, por tanto, un derecho que el legislador reconoce al usuario.

En España predominan las empresas muy pequeñas del sector servicios

Mario Cantalapiedra – Economista

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2019 ascendió a 2.884.795, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De ellas, el 54,1 por ciento son autónomos (pymes sin asalariados), el 39,6 microempresas (que tienen entre 1 y 9 asalariados), el 5,3 pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados), el 0,8 medianas empresas (entre 50 y 249 asalariados) y solamente el 0,2 son empresas grandes (con 250 o más asalariados). Aunque en tasa de variación interanual, son precisamente las empresas grandes las que más crecen, casi el 94 por ciento del tejido empresarial español está compuesto por empresas muy pequeñas que o bien no tienen asalariados o no llegan a contar con 10 empleados en sus filas.

Al analizar estos datos oficiales hay que tener en cuenta que dentro del apartado de autónomos se incluyen los trabajadores por cuenta propia sin asalariados a su cargo, los cuales no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades de tipo societario, ni figuran como colaboradores familiares o están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Si tienen empleados a su cargo, se computan como empresas con asalariados.

Empresas inscritas en la Seguridad Social1Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a la distribución sectorial de las empresas que cuentan con asalariados, la mayor parte (el 74,3 por ciento) pertenecen al sector servicios. Le siguen en importancia el sector de la construcción (9,7 por ciento), la industria (8,3 por ciento), y por último el sector agrario (que reúne al 7,7 por ciento de las empresas con trabajadores). En tasa de variación anual, el sector agrario es el que más crece, permaneciendo prácticamente inalterado el sector industrial.

Sectores de las empresas con asalariados2Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Luego en España lo que predominan son las empresas muy pequeñas que suelen pertenecer al sector servicios. En este sentido, y aunque pueda parecer un tópico, sería deseable que nuestro país contara con empresas de mayor tamaño y encuadradas en sectores como la industria, donde el valor añadido también es mayor. Está demostrado que países en los que abundan este tipo de empresas se comportan mejor durante las crisis económicas que suelen amenazarnos de forma cíclica.

La tasa de morosidad bancaria sigue disminuyendo en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito cerró el pasado ejercicio en el 5,82 por ciento, según los datos provisionales ofrecidos por el Banco de España. Muy lejos queda ya el máximo histórico de esta tasa alcanzado en 2013 cuando se situó en el 13,62 por ciento.

Los créditos dudosos a final de 2018 ascendieron a 70.156 millones de euros, mientras que el total de crédito concedido vivo al cierre del año fue de 1.205.594 millones de euros. Por tanto, la tasa de morosidad del 5,82 por ciento se obtiene al dividir créditos dudosos entre total de crédito. Recuerdo que los créditos dudosos son aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados contractualmente. Dentro de ellos están incluido los créditos morosos, que son aquellos en los que figura algún importe vencido, de principal, de intereses o de gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.

En el caso de la morosidad bancaria que es debida a las empresas también se observa una importante reducción de la tasa hasta el 7,39 por ciento (dato correspondiente al final del tercer trimestre de 2018).

Tal y como puedes observar en los cuadros adjuntos, tanto la reducción de la tasa de morosidad bancaria general como la debida exclusivamente a las empresas se acompañan, al igual que en años precedentes, de una disminución del volumen de crédito concedido.

Evolución morosidad bancaria (2012-2018)1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Evolución morosidad bancaria con empresas (2012-2018)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

El “sandbox”, más cerca de ser una realidad en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de febrero, aprobó el Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero presentado por el Ministerio de Economía y Empresa, y en el que se incluye la creación del famoso sandbox tan demandado por el sector fintech en España. No obstante, al tratarse de la aprobación de un Anteproyecto de Ley, todavía le queda recorrido hasta que pueda convertirse en una realidad, condicionada esta en cualquier caso por la incertidumbre política que vive nuestro país.

El sandbox se prevé como un entorno controlado en el que puedan probarse innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero (fintech) antes de su comercialización, bajo la vigilancia de los supervisores públicos (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), y con las máximas garantías para los participantes.

Con el sandbox se pretende facilitar el proceso de transformación digital tanto de actores públicos como privados, facilitando el proceso innovador con el fin de lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo, donde los mejores profesionales acuden allí donde encuentran mayores posibilidades de desarrollo. Desde el punto de vista de lo público, el sandbox ha de utilizarse especialmente para mejorar la supervisión y acompasar la legislación financiera con la transformación digital. El mundo de la innovación financiera va tan rápido que al legislador le cuesta mucho entenderlo, y si no lo entiende, difícilmente puede regularlo adecuadamente.

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Según informa el Ministerio de Economía y Empresa, el acceso al sandbox se realizaría a través de un sistema de ventanilla única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación u otros promotores. Los proyectos deberán encontrarse suficientemente avanzados y demostrar que aportan valor añadido en aspectos tales como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la cliente, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

El Anteproyecto aprobado incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, para garantizar que los requisitos exigidos son proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando igualdad de trato a todos los promotores.

En cuanto a la duración prevista para el sandbox en principio será de un año, tal como se desprende de las palabras pronunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “en este campo de pruebas estaremos un año y a partir de ahí se evaluarán los resultados”.

Foto: palichka

¿Qué tipos de fraudes pueden afectar a una empresa?

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Real Academia Española, con el término fraude se hace referencia a la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”, o bien al “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. Por su parte, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), principal organización antifraude a nivel mundial, entiende por fraude “cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales”.

Siguiendo la tipología que propone ACFE, puede distinguirse entre fraudes que comprometen a empresas y otros que afectan a personas. En el primer caso, a su vez se puede diferenciar entre fraudes de tipo interno, donde la compañía se ve comprometida por sus empleados, directivos o propietarios, y de tipo externo, donde los que comprometen a la empresa son externos con los que se relaciona, tales como clientes, proveedores u otras partes.

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Por tanto, el fraude interno se produce cuando un empleado, un ejecutivo o un gerente comete fraude en contra de su empleador, y puede incluir una o varias de las siguientes categorías (la casuística es muy amplia, por lo que he optado por incluir algunos de los ejemplos que me parecen más llamativos en cada caso):

  • Corrupción: conflictos de interés (que se dan cuando un empleado, ejecutivo o gerente tiene un interés personal y económico oculto relacionado con una operación de compra o de venta, la cual es perjudicial para los intereses de la empresa o de sus accionistas); regalos ilegales; sobornos o extorsiones de tipo económico.
  • Apropiación de bienes: robo de efectivo, suministros (aquí el material de oficina es todo un “clásico”) o de equipos; apropiación de datos o empleados que cobran una nómina sin trabajar realmente en la empresa.
  • Cuentas fraudulentas: aunque también puede afectar a información no financiera, fundamentalmente incluye el fraude relacionado con los estados financieros (maquillaje contable) por el que se sobrevaloran (o infravaloran) activos, pasivos, ingresos o gastos.

Por su parte, dentro del fraude externo, se pueden incluir prácticas tales como facturaciones a la empresa por parte de proveedores por bienes o servicios que no se prestan, o el pago de facturas por parte de clientes con cheques librados sin fondos. También comprende el robo de información confidencial o de propiedad intelectual y la piratería.

Foto: www_slon_pics

 

 

¿Debo vender a un cliente inactivo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se analiza el riesgo de crédito de un cliente una situación que puede aparecer es la de su inactividad, es decir, la de cese de actividad de modo temporal, aunque el cliente siga existiendo, mantenga su personalidad jurídica y su antigüedad, y pueda retomar su actividad empresarial en cualquier momento.

Ante una situación desfavorable del negocio, los dueños de una empresa pueden decidir dejarla inactiva a la espera de que el panorama cambie o tratando de evitar los costes que implica su disolución y liquidación, teniendo en cuenta lo caro que resulta en España “cerrar” una empresa. Para ello, en el caso de las sociedades mercantiles, se puede convocar una junta general de socios o accionistas donde los administradores propongan la inactividad y los socios o accionistas decidan al respecto. No obstante, hay que señalar que la decisión de dejar inactiva una sociedad no puede tener carácter permanente, de hecho no puede ir más allá de un año, según lo que establece la Ley de Sociedades de Capital. En concreto, su artículo 363.1 a) señala como la sociedad de capital deberá disolverse “por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año”. Esta causa legal de disolución debe ser tenida muy en cuenta por los administradores, quienes desde el momento en el que se cumple el año de inactividad cuentan con dos meses para convocar la junta general de socios o accionistas en la que se adopte, en su caso, el acuerdo de disolución. Si los administradores incumplen esta obligación, pasan a responder solidariamente de las obligaciones contraídas por la sociedad a partir de dicha fecha.

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Desde el punto de vista de las facturas, durante el período que dure su inactividad el cliente como es lógico no podrá emitir ningún tipo de factura de venta. Y si lo analizamos desde el punto de vista del proveedor, la empresa inactiva tampoco podrá recibir facturas de proveedores que no estuvieran pendientes antes del momento de cese de la actividad. Si las recibiera, no serían deducibles. Por tanto, lo aconsejable si tienes un cliente inactivo es paralizar tus ventas al mismo durante el tiempo que dure su inactividad. No siempre es sencillo saber si el cliente está o no inactivo, de ahí que ante la duda sea recomendable consultar a empresas especializadas en suministrar información de tipo comercial.

La “coopetición” entre “fintech” y banca en el nuevo ecosistema financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

El término “coopetición”, acuñado por los autores Adam Brandenburger y Barry Nalebuff en 1996, se utiliza para designar la combinación de las ventajas de la competencia y de la cooperación en una nueva dinámica de gestión empresarial, la cual puede utilizarse tanto para generar más beneficios como para cambiar la naturaleza del entorno empresarial a favor de los que la practican.

Coopetición es un término que se está utilizando mucho para describir el nuevo ecosistema financiero que está surgiendo con la entrada en el mercado de las fintech, empresas de nueva creación con fuerte base tecnológica que, en principio, vienen a disputar el mercado a las entidades financieras tradicionales. Lo que ocurre es que a estas startups que en su ADN llevan implantada la orientación al cliente, les faltan precisamente los clientes que atesoran las entidades tradicionales desde hace años. Igualmente, estos emprendedores que se caracterizan por la sencillez y transparencia en sus operaciones todavía son poco conocidos por la gran masa, y no han tenido tiempo de generar la confianza que muchos depositan en la banca tradicional, establecida en base a una relación prolongada en el tiempo. Por otro lado, a la banca le puede venir muy bien el conocimiento tecnológico y la cultura del cambio que aportan las fintech, por lo que la complementariedad parece posible. Inclusive aparece un tercer actor, como es el regulador, que alcanza claramente a la banca pero al que le cuesta entender a las fintech. Luego dentro de este ecosistema financiero en plena transformación, parece que cobra sentido la coopetición entre banca, fintech, e inclusive regulador, con el fin de establecer las nuevas reglas del juego financiero. Banca y fintech tienen seguramente más por construir y compartir que por enfrentarse en la captación de clientes.

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Esta idea general de colaboración cuenta ya con ejemplos concretos en el mercado. Recientemente una de las principales plataformas de crowdlending (financiación participativa a través de préstamos) registrada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha llegado a un acuerdo con un banco español mediante el cual este le deriva clientes bajo determinadas circunstancias. Por política interna, la entidad de crédito no puede acumular riesgos (créditos, préstamos, etcétera) con un cliente por encima del 25 por ciento de su CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España, en la que se registran los riesgos que las entidades financieras acumulan con sus clientes), es decir, aunque el cliente muestre capacidad de devolución de los fondos prestados, el límite no se supera. En este caso, la entidad financiera deriva el cliente que le solicita más financiación a la plataforma fintech colaboradora, con lo cual se le da una solución.

Foto: Tumisu

 

Amazon a nivel mundial y Zara a nivel español, las marcas más valiosas

Mario Cantalapiedra – Economista

La consultora británica de estrategia y valoración de marca Brand Finance acaba de publicar su informe “Global 500 2019”, el cual recoge el ranking de las 500 marcas más valiosas del mundo, encabezado por Amazon y en el que figuran las ocho marcas españolas siguientes: Zara (distribución), Santander (banca), BBVA (banca), Movistar (telecomunicaciones), El Corte Inglés (distribución), Repsol (energía), Caixabank (banca) e Iberdrola (energía).

Amazon tiene un valor, según la consultora británica, de 187.905 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 166.305 millones de euros), mientras que la primera marca española de la clasificación, Zara, propiedad de Inditex, se valora en 18.424 millones de dólares (lo que equivale a cerca de 16.306 millones de euros). En el “top ten” encontramos siete empresas estadounidenses, una coreana (Samsung) y dos empresas chinas. Por su parte, las cinco primeras marcas pertenecen todas a ellas a empresas tecnológicas. De hecho, el sector tecnológico acumula el 23,7 por ciento del valor total de las marcas representadas en el ranking, seguido por la banca con el 13,6 por ciento del valor total. Por países, Estados Unidos concentra casi la mitad del valor total (45,4 por ciento), seguido por China con el 19 por ciento.

Por tanto, el valor de marca empresarial en el mundo se está concentrando en el sector tecnológico y en Estados Unidos, la pregunta a hacerse aquí es si no lo estará haciendo demasiado…

 

Ranking marcas más valiosas del mundo (2019)2Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Brand Finance Global 500 2019.

Solo queda un año para reclamar las facturas impagadas anteriores a 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente llegado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Ello supone que en poco más de un año habremos perdido la posibilidad de reclamar las facturas impagadas anteriores al 7 de octubre de 2015, lo que hemos de tener muy en cuenta para que no se nos pase el plazo y perdamos el derecho a exigir el pago de cuanto se nos adeuda.

Así, aunque el mes de octubre de 2020 parece muy lejano lo cierto es que es un plazo más bien corto para toda la labor que requiere preparar la reclamación de estas facturas, que implica estudiar cuales son las deudas nacidas antes de 2015 que no hemos reclamado, la viabilidad o conveniencia de reclamar su pago judicialmente, la búsqueda de la documentación para aportar a la demanda, la elección de letrado, el otorgamiento de poderes para pleitos y la preparación y presentación de la demanda.

Toda esta labor lleva bastante tiempo realizarla, sobre todo al tratarse de deudas antiguas que tenemos que rescatar, estudiar y documentar y ello paralelamente a desempeñar el trabajo diario y normal de la empresa.

Por ello, especialmente en las grandes empresas, el plazo de un año no es demasiado para rescatar los impagados anteriores a 2015 y montar el expediente para que la demanda pueda interponerse antes de octubre de 2020, de tal forma que o empezamos a estudiar y valorar cuáles son las deudas que vamos a reclamar o nos quedaremos, probablemente, sin la posibilidad de hacerlo porque no tengamos suficiente tiempo para tener todo preparado antes de que prescriba la obligación.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados
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