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Noticias, reportajes y análisis sobre financiación

El proceso de cancelación de una cuenta corriente bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando abres una cuenta corriente en una entidad de crédito normalmente lo haces por un período indefinido. Sin embargo, tanto tú como el banco tenéis la posibilidad de cancelar la cuenta según las condiciones que se reflejen en el correspondiente contrato que se firme, el cual deberá especificar si es necesario preavisar o no de la cancelación y los gastos que, en su caso, puede llegar a ocasionar esta acción.

Es importante señalar que la retirada de la totalidad del saldo de una cuenta corriente no implica su cierre. El compromiso de prestar el servicio de caja por parte de la entidad de crédito sigue vigente hasta que se cancele el contrato, por lo que de existir comisiones de mantenimiento de la cuenta te las podrán seguir cobrando aunque no existan ni movimientos ni saldo en la misma. Algunas entidades de crédito, cuando transcurre cierto tiempo sin que se produzcan movimientos en las cuentas corrientes, las suelen declarar inactivas pero es más que nada una política de clasificación interna que siguen, la cual no significa que no puedan seguir cobrándote comisiones.

Y si existe saldo en la cuenta corriente pero sus titulares no realizan ningún movimiento sobre ella durante veinte años, has de saber que legalmente, según el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, su saldo pasará a ser propiedad del Estado, puesto que la cuenta se considera abandonada.

En el proceso de cancelación de la cuenta, lo más habitual es entregar un escrito en la oficina de la entidad bancaria donde esté abierta, en el cual se manifieste el deseo de cancelarla, con la firma de todos los titulares y fotocopias de sus documentos nacionales de identidad, siendo fundamental quedarse con una copia de la misma sellada por la entidad financiera como acuse de recibo. El procedimiento de cancelación puede complicarse algo más cuando la cuenta corriente esté abierta en una entidad de crédito que únicamente opere por Internet, debiendo recurrirse para cerrarla, según sea el caso, a otros procedimientos como, por ejemplo, la conversación telefónica grabada o el envío de un burofax. Antes de proceder a su cancelación, la entidad de crédito podrá solicitar la devolución de los documentos asociados a la cuenta, tales como talonarios de cheques o tarjetas de crédito y débito, que deberán quedar inutilizados en tu presencia.

El criterio de caja del IVA pensado sólo para microempresas

Mario Cantalapiedra – Economista

En el pasado Debate sobre el Estado de la Nación del mes de febrero, el presidente del Gobierno español anunció el establecimiento de un nuevo régimen especial en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el de criterio de caja, el cual habrá de permitir a un número determinado de pequeñas empresas no tener que liquidar a la Agencia Tributaria el IVA que repercuten en sus facturas de venta hasta que no lo hayan cobrado de sus clientes. Este régimen, que tendrá carácter voluntario para las empresas afectadas, en principio estará disponible a partir del año 2014.

Más allá de la complejidad técnica que se adivina para aplicar el criterio de caja en el IVA y hacerlo convivir con el ordinario del devengo, me gustaría incidir en el calado real de la medida en cuanto al conjunto de destinatarios finales de la misma. En principio, el presidente del Gobierno anunció que el nuevo régimen será de aplicación para aquellas pymes y aquellos autónomos que facturen menos de dos millones de euros, límite de facturación que coincide con el utilizado por la Unión Europa para catalogar a las compañías como microempresas, último estrato de tamaño dentro de las pymes, es decir, aquel que agrupa a las más pequeñas dentro de las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, si lo que se quiere es ayudar al mayor número de pymes que atraviesan problemas de liquidez por la morosidad de sus clientes, parece interesante atender iniciativas como la propuesta, a principios de este mes de marzo, en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Catalán, la cual busca extender el criterio de caja a las empresas catalogadas por el Impuesto sobre Sociedades como de reducida dimensión, en concreto, aquellas cuyo importe neto de cifra de negocios es inferior a los diez millones de euros. Sin tener la estadística delante, no es difícil suponer que habrá muchas empresas que facturen entre dos y diez millones de euros con graves problemas de tesorería, que agradecerían mucho tener la opción de liquidar el IVA de sus facturas cuando lo hubieran cobrado. Si finalmente se decide establecer algo tan complejo como el criterio de caja en la liquidación del IVA, parece conveniente que la medida tenga cierta dimensión y no sea un mero parche, que de eso, por desgracia, sabemos mucho en este país.

La subvención solo como complemento financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando alguien decide emprender y montar su propia empresa lo lógico es que evalúe la posibilidad de optar a algún tipo de ayuda oficial que financie parte de su aventura. A pesar de que son malos tiempos para conseguir una subvención pública, eso no impide que se investigue si existe alguna ayuda financiera que pueda servir, de hecho me parece plausible que el emprendedor lo haga, lo que ya no me parece tan correcto es que condicione la realización de todo su proyecto a la propia existencia de la subvención. El negocio debe ser rentable por sí mismo y la subvención solo ha de contemplarse como un extra que, si se consigue, bienvenido sea, sobre todo cuando tenga el carácter de no reintegrable.

A la hora de acceder a la subvención pública, el empresario ha de superar una serie de inconvenientes, el principal de los cuales, en la actualidad, es la escasez de fondos públicos. Además se habrá de enfrentar a la falta de información, a la complejidad de los requisitos exigidos o a la dispersión de los organismos subvencionadores, que lleva a que según la autoridad oficial competente, se pueda optar a ayudas de la Unión Europea, estatales, de las comunidades autónomas o locales, las cuales pueden ser perfectamente incompatibles entre sí. Si esto ocurre, se deberá analizar cuál es la más interesante y optar por ella.

Otro elemento fundamental que hay que tener muy en cuenta, es el del retraso que suele producirse entre el momento en el que se concede la subvención a la empresa y la fecha de su cobro. Dicho retraso puede llegar a motivar una situación perversa en la que un empresario agraciado con la concesión de una subvención, entre en una espiral de gasto y consecuente pago que no pueda afrontar y que le lleve al cierre de su negocio, mientras espera la llegada del dinero de la subvención. El pago de salarios de los trabajadores, las cuotas de seguridad social o el alquiler de la oficina no van a esperar hasta que lleguen los dineros por mucho que hayan sido concedidos en firme por un organismo público.

Por regla general, los programas de subvención se abren en los primeros meses del año, muchas veces con un tope presupuestario, por lo que conviene estar muy atento a su fecha de salida para no quedarse fuera. Como decía al principio, la subvención siempre que se contemple como un extra financiero, es una opción que hay que gestionar.

El truncamiento de los medios de pago, el viaje no sale gratis.

Mario Cantalapiedra – Economista

El truncamiento es un procedimiento que permite a las entidades de crédito sustituir la circulación de documentos de pago originales por registros informáticos que contienen su información más relevante. Para transmitir dicha información y realizar la correspondiente gestión del cobro se utiliza el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), sistema que permite el intercambio, la compensación y la liquidación de la mayor parte de los instrumentos de pago al por menor que se utilizan en España. Pueden ser miembros del SNCE, el Banco de España, para canalizar sus pagos al por menor y los de la administración pública, así como los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito que cumplan las normas y requisitos establecidos reglamentariamente. En sus inicios el SNCE estaba gestionado por el propio Banco de España, aunque desde el año 2005 se ocupa de dicha labor la Sociedad Española de Sistemas de Pago (Iberpay).

A partir del truncamiento, la entidad bancaria tomadora del documento de pago transmite la información relevante sobre el mismo a la entidad librada mediante procedimiento informático, sin que sea necesario enviar el documento original para gestionar la operación. La oficina de la entidad tomadora archiva dicho original durante un tiempo, de tal modo que en caso de incidencia se puede reclamar el mismo para comprobar las firmas o verificar otros datos o para que sea aportado, en su caso, en un proceso de índole judicial.

Se pueden truncar documentos de pago tales como cheques, pagarés, letras de cambio o recibos siempre que se emitan por importe igual o inferior al límite de truncamiento, el cual se establece mediante un convenio que suscriben las entidades de crédito que participan en el sistema de intercambio.

No obstante, en ocasiones ocurre que el documento de pago que se presenta en la entidad de crédito tomadora incorpora la cláusula de “no truncable”, por la que se insta a su presentación física en el domicilio correspondiente a la oficina bancaria librada. Puesto que el truncamiento, al fin y al cabo, representa un ahorro de costes para las entidades financieras, en estas situaciones es habitual que se penalice al cedente con el cobro de una comisión por documento no truncable, una especie de compensación al banco por pagar el billete de viaje del cheque, pagaré, letra o recibo a su lugar de destino.

Despejando dudas sobre el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) tiene por objeto garantizar a los depositantes de las entidades de crédito y a los titulares de valores u otros instrumentos financieros confiados a las mismas, la recuperación de sus depósitos dinerarios y en valores hasta ciertos límites. Es un fondo que se nutre de las aportaciones de los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito que se integran en él.

Por las conversaciones que he tenido con diversas personas últimamente, aun existen ciertas dudas sobre el montante que queda asegurado mediante este mecanismo. Pues bien, el FGD garantiza 100.000 euros por titular y entidad financiera para los depósitos que realicen las personas físicas o jurídicas. Por ejemplo, una cuenta corriente abierta en una entidad de crédito que tenga como titulares a dos personas distintas, garantizará 100.000 euros a cada uno de ellos. Del mismo modo, para los inversores que hayan confiado a las entidades de crédito valores o instrumentos financieros, existe la misma garantía de 100.000 euros por titular del valor garantizado. Es importante señalar que esta garantía funciona de modo independiente y complementario a la que se prevé para los depósitos.

En el caso concreto de los depósitos, la garantía se satisfará a los depositantes dinerarios, ya sean personas físicas o jurídicas, cuando se haya dictado auto declarando el concurso de acreedores de la entidad de crédito correspondiente o cuando no habiéndose declarado dicho concurso, el Banco de España determine que la entidad de crédito afectada, por razones directamente derivadas de su situación financiera, se encuentra en la imposibilidad de restituir el dinero y no parezca tener perspectivas de poder hacerlo en un futuro inmediato. Por el dinero depositado en la entidad de crédito que supere la garantía de los 100.000 euros, los titulares serán considerados acreedores ordinarios de la misma.

Todas las entidades de crédito españolas han de pertenecer con carácter obligatorio al FGD, salvo los establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con respecto a las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operan en España, te recomiendo que confirmes con ellas su pertenencia o no al FGD español o a otro fondo distinto. Ante la duda, te recomiendo que acudas a consultar la web del FGD http://www.fgd.es donde puedes encontrar el listado completo y actualizado de las entidades adheridas.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2012

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 26 de junio de 2011, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE de pasado 30 de junio de 2012, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2012 sea del 8 por 100, con lo que se mantiene invariado el tipo anterior.

Por tanto y a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

Tipo legal de interes de demora

Evolución del tipo legal de interés de demora

Cinco conceptos a valorar al amortizar un inmovilizado

Mario Cantalapiedra – Economista

La depreciación efectiva que sufren los inmovilizados de una empresa no siempre es un tema sencillo de calcular. Además de originarse por causas técnicas como la utilización del bien en el proceso productivo, puede aparecer por el mero transcurso del tiempo, el cual hace que los inmovilizados se deprecien independientemente de que sean utilizados o no, o incluso por la aparición en el mercado de nuevos elementos que incorporen mejoras técnicas y sean más eficientes, fenómeno que se conoce con el término de obsolescencia, que lleva a que en un tiempo relativamente breve surjan nuevos equipos con capacidades superiores a los anteriores como ocurre continuamente en el caso de los ordenadores.

Esta depreciación no se produce por igual en todos los elementos del inmovilizado, obligando a estimarla en cada caso concreto, para lo cual existen una serie de métodos que parten de la valoración de los cinco conceptos siguientes:

  1. Vida útil: número de períodos que el bien puede ser utilizado, para lo cual habrá que apoyarse en la experiencia propia de la empresa con bienes similares o en el análisis de expertos.
  2. Valor de adquisición: precio de adquisición, en el caso de bien adquirido de un modo externo, o coste de producción, para el bien fabricado o construido por la propia compañía.
  3. Valor residual: valor que tendrá el bien una vez que finalice su vida útil, una vez amortizado por completo. Es decir, se trata de responder a la pregunta de si una vez utilizado el elemento en el proceso productivo de la empresa, tendrá un precio de mercado al que se podrá vender. Habrá muchas ocasiones en las que se considere un valor nulo.
  4. Base de amortización: diferencia entre el precio de adquisición o coste de producción y el valor residual, en su caso, del bien, sobre la cual se calculará la amortización correspondiente.
  5. Cuota de amortización: valoración monetaria de la depreciación sufrida por el bien en un ejercicio económico.

En base a la definición de los elementos anteriores y según sean las características propias de la empresas, se podrá optar entre distintos métodos de amortización contable, desde el más sencillo de la amortización lineal o uniforme a otros más complejos que se basan en amortizaciones de tipo regresivo, con cuotas decrecientes, o de tipo progresivo, con cuotas que van creciendo período a período.

Causas o motivos de la ineficacia contractual (segunda parte).

Ignasi Frigola Abogado

Como continuación al primero de los artículos publicados en esta sección con el título “Causas o motivos de la ineficacia contractual”, pasamos a tratar las siguientes instituciones: la rescisión, la acción pauliana y la resolución, con especial mención al artículo 1.124 del Código civil (en adelante C.c).

La “rescisión contractual” como la modalidad de ineficacia contractual, es la que más induce a confusión regulada en el Artículo 1290 de C.c: “Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley”. Estamos ante una ineficacia sobrevenida de un contrato al que no le falta ninguno de los elementos esenciales ni hay vicio en ellos, y tampoco está afectado de la ausencia de algunos de los presupuestos que su tipo negocial requiere, pero por razón del daño que supone para determinadas personas, el ordenamiento jurídico reacciona concediendo la acción rescisoria para hacer cesar su eficacia.

Según el Artículo 1291 del C.c: Son rescindibles:

  1. Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos.
  2. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior.
  3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
  4. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente.
  5. Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la Ley”

Es un supuesto de ineficacia contractual que tiene el carácter de subsidiario, sólo se puede acudir a él cuando no hay otro recurso legal para reparar el perjuicio. (Artículo 1294 C.c)
La acción de rescisión contractual dura cuatro años y se afirma que tiene un tratamiento de caducidad.
“La acción Pauliana” regulada en el Artículo 1.111 del C.c  es un supuesto de ineficacia contractual consistente en una acción que tienen los acreedores, después de perseguir los bienes de que esté en posesión el deudor,  tras la reclamación de la cantidad adeudada por vía ordinaria, y resultando ésta infructuosa, consistente en impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de sus derechos. Imaginemos que el deudor ha llegado a una situación de no poder hacer frente a sus deudas tras donar la mayor parte de su fortuna a un sobrino; supuesto este último que sería además rescindible por realizado en fraude de acreedores.
Estamos por tanto en un caso de rescisión, según se indica en el Artículo 1297 del C.c  que presume celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos en los que el deudor enajenare bienes a título gratuito.
 La acción pauliana es en cierto modo un caso de rescisión contractual.
Para terminar en el análisis de casos de ineficacia contractual, analizaremos la resolución que se produce como consecuencia de una declaración de voluntad o del ejercicio de una acción judicial, cuya resolución resultante establece la extinción sobrevenida de una obligación, que no es sin embargo, reflejo de una facultad absolutamente libre, sino que tiene que encontrarse fundada en un supuesto de hecho tipificado.
Cuando se atribuye a una de las partes la facultad de dar por terminada la relación obligatoria o de resolverla, esta facultad puede ser enteramente libre o estar fundada en una justa causa previamente contemplada como fundamento del ejercicio de la facultad de extinguir la relación.
Pero vamos a ver ejemplos: el que ha otorgado un mandato a un tercero, por ejemplo ha dado un poder general, puede por decisión unilateral, extinguirlo en cualquier momento. (artículo 1732, 1º y 2º C.c).
 
El artículo 1124 del nuestro Código civil es una clara manifestación de cuanto hemos indicado; en el mismo se dice “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe”. Lo que dicho de un modo más clarificador, quien no cumpla mal puede exigir de otro que cumpla, pudiendo solicitar la resolución contractual.

Pero continúa dicho artículo: “El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos”.

La aplicación del artículo 1124 exige una relación obligatoria sinalagmática o con obligaciones recíprocas, es decir que determinen obligaciones reciprocas a cargo de ambas partes, por ejemplo en la compraventa hay obligaciones sinalagmáticas o recíprocas, el comprador ha de pagar el precio y el vendedor debe entregar la cosa.

 
En materia de prescripción aplicamos el artículo 1964 del C.c, siendo la prescripción de 15 años.

La gestión del circulante y la transparencia, elementos clave para la supervivencia

Ignacio Jiménez – Iberinform

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la empresa española es el acceso a la financiación bancaria. El Boletín Estadístico del Banco de España del mes de diciembre confirma que el crédito nuevo concedido a las empresas fue 46.700 millones de euros, lo que supone un 26% menos que en el mismo periodo de 2010.

Esta sequía en las fuentes de financiación, junto con la creciente dificultad para mantener los volúmenes de facturación de otros años y unos plazos de cobro más largos que en cualquier otro país de la UE, hacen de la gestión del circulante un elemento clave para su supervivencia como empresas.

La aplicación de medidas preventivas que nos permitan minimizar el riesgo de impago y mejorar el circulante no deben centrarse únicamente en los clientes activos. Debemos empezar antes de la entrada de un cliente, involucrando a las áreas de marketing para que nuestras campañas de prospección se basen en una segmentación inteligente, y centrarnos exclusivamente en aquellos clientes que nos interese captar tanto desde un punto de vista comercial como financiero. De hecho, la utilización de herramientas que nos permitan anticipar el comportamiento en pagos de estos potenciales clientes puede ayudarnos a optimizar esfuerzos, costes y mejorar notablemente el resultado de las acciones de marketing.

Otro punto crítico es el de entrada de clientes, donde debemos definir una política de admisión que nos ayude a tomar una decisión correcta con rapidez: una correcta utilización de información interna (un elemento que habitualmente no se gestiona adecuadamente) y externa (información comercial), unas condiciones contractuales y unos plazos de pago claramente recogidos en la documentación entregada al cliente establecidas, son medidas preventivas básicas que a menudo no se aplican.

En este sentido, también es aconsejable realizar un mapa de riesgo de nuestra cartera de clientes que nos permita centrar nuestros esfuerzos en aquellos clientes con mayor riesgo de incumplimiento en sus compromisos de pago. Una vez establecida la relación contractual con el cliente, debemos asegurarnos que disponemos un sistema de seguimiento que nos permita anticipar posibles impagos y darnos margen de maniobra para minimizar su impacto en nuestra empresa.

Articulo publicado en la revista de Asset (Asociación Española de Financieros de Empresa) en diciembre 2012.

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