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Fiscalidad y contabilidad empresarial

EL CONSTITUCIONAL DEROGA PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES Y CON ELLO ABARATA LA DECISIÓN DE INICIAR EL RECOBRO JUDICIAL.

Como todos sabemos, mediante la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, hace ya cuatro años que se establecieron las polémicas tasas judiciales bajo el mandato del entonces Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón.

 

En lo que al recobro judicial se refiere dichas tasas supusieron un notable encarecimiento a tener en cuenta en la decisión de iniciar la reclamación judicial de una deuda pues implicaban una cuota fija que ascendía, según el procedimiento, a las siguientes cuantías:

 

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A esta tasa fija había que añadir una cuota variable de un 0,5% sobre la cantidad reclamada hasta 1 millón de euros, aplicándose a partir de dicha cuantía un porcentaje de 0,25% con un tope máximo de 10.000 euros.

 

Aunque se operó una reforma de la citada Ley, por la cual se erradicó la obligación de abonar tasas judiciales por parte de los particulares, lo cierto es que en nada afectó al pago de la tasa por parte de las personas jurídicas, que son el principal sujeto demandante en los procesos de reclamación de cantidad.

 

Pues bien, estimando parcialmente el recurso que contra la Ley de Tasas interpuso en su día el Grupo Parlamentario Socialista, el Tribunal Constitucional, en Sentencia dictada en el Pleno de 21 de julio de 2016 y publicada el día 29 del mismo mes, DEROGA PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES y, en lo que toca a los procedimientos de reclamación judicial de deuda podemos destacar:

 

  • TASAS FIJAS QUE ELIMINA.

Las cuotas fijas que, en cuanto afectan a procesos de reclamación de cantidad, han sido erradicadas por obra de la referida Sentencia son las correspondientes al recurso de apelación (800 euros), al recurso de casación (1.200 euros) y al recurso extraordinario por infracción procesal (1.200 euros).

En mi opinión debiera haberse erradicado la cuota fija también o, cuanto menos, haber establecido un sistema de cálculo proporcional a la cuantía reclamada, pues con este sistema pagaremos 300 euros por un ordinario tanto si reclamamos 6.002, 00 euros como si reclamamos 6 millones.

En cualquier caso, y en contra de lo que ocurría al establecerse las tasas por la Ley 10/2012, la cuota fija la podremos incluir como una partida más de la tasación de costas procesales y, de este modo, cabe la posibilidad de recuperar el citado importe.

 

 

  • CUOTAS VARIABLES QUE ELIMINA.

Elimina por completo la cuota variable en los procedimientos civiles y mercantiles (los que se utilizan para reclamar cantidades), lo que supone un notable ahorro en la reclamación de cantidad, especialmente en el caso de reclamación de grandes saldos, ejecuciones hipotecarias, declaraciones de concursos necesarios, etc… en cuyos casos muchas veces se pagaban hasta 10.000 euros de cuota variable para poder acceder al ejercicio de la potestad jurisdiccional.

 

 

  • CARÁCTER NO RETROACTIVO DE LA DEROGACIÓN.

Quizás lo más criticable es que la declaración como inconstitucionales de las tasas que han resultado derogadas sólo surtirá efecto para los procedimientos que se inicien a partir de la fecha de la Sentencia, no siendo aplicable a los procedimientos iniciados con anterioridad y dejando, así, cerrada la puerta a recobrar los importes ya abonados en los años anteriores a pesar de tratarse de una tasa que ha sido declarada inconstitucional.

 

Fdo : Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión de Morosidad ASSET – Socio AGM ABOGADOS

La clasificación de los tributos utilizada por el sistema tributario español

Mario Cantalapiedra – Economista

Los principios y normas jurídicas generales del sistema tributario español se recogen en La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, legislación a la que se debe acudir si lo que se desea es conocer cuál es el concepto de tributo que se maneja desde lo público. Te adelanto ya que este concepto encierra algo más que los impuestos. De este modo el legislador entiende que “los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”. Son diferentes tipos de tributos las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos.

1. Tasas

Tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Ejemplos de tasas son la que pagas al pasar la ITV de tu coche o la que abonas cuando deseas obtener tu DNI.

2. Contribuciones especiales

Tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Por ejemplo, el tributo exigible al propietario de una vivienda situada en una calle cuya pavimentación y alumbrado se mejoran, lo que lleva a aumentar el valor de dicha vivienda. Es importante señalar que para que se pueda exigir la contribución al propietario, es necesario que la obra pública le beneficie directamente, no siendo suficiente con que beneficie a la colectividad.

3. Impuestos

Tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, el IRPF que grava la obtención de renta por parte de las personas físicas o el IS que grava la renta que obtienen las sociedades. Impuestos que, como dijo el político estadounidense Robert Wagner, “son el precio que pagamos por la civilización, ya que en la selva no existen”.

En economía no hay ratoncitos de laboratorio: Cuatro supuestos básicos del modelo económico

Mario Cantalapiedra – Economista

Existen ciencias tales como la química o la medicina que para realizar sus experimentos utilizan determinados espacios físicos, laboratorios, en los que pueden realizar sus pruebas y ver los resultados que se obtienen. Un investigador médico puede suministrar un nuevo medicamento a un ratoncito y comprobar sus efectos antes de probarlo en humanos. Sin embargo, los economistas no tenemos laboratorios ni ratoncitos donde probar cómo pueden funcionar las medidas económicas, el laboratorio de la economía es ni más ni menos que el mundo real.

El problema es que la economía, como toda ciencia que se precie, tiene que tener un modelo con el que trabajar, el cual, en este caso, exigirá simplificar y abstraer la realidad. Por tanto, los modelos económicos podría decirse que vienen a ser representaciones simplificadas, preferentemente en términos matemáticos, del mundo real. Y para construir dichos modelos económicos es necesario utilizar supuestos, hipótesis de que algo es cierto, que si bien hacen perder realismo consiguen ganar en claridad y generalidad. Entre los más utilizados en economía se encuentran los cuatro siguientes:

1. Comportamiento racional de los individuos

Se basa en que los agentes económicos (consumidores, empresas, etcétera) toman las decisiones más efectivas para alcanzar sus propios objetivos. Implica que los individuos actúan de modo coherente con un conjunto sistemático de preferencias, por lo que sus acciones serán relativamente predecibles y se podrán estudiar las consecuencias que tendrán sobre ellas determinados cambios.

2. Búsqueda del interés individual

Los agentes económicos actúan por egoísmo y siempre tratan de maximizar alguna magnitud (salario, beneficio, valor, etcétera).

3. La Ley de los Grandes Números

Aunque es posible la existencia de comportamientos que se alejen de la media, estos tienden a compensarse entre sí. Esta ley es básica, por ejemplo, para determinar las primas de cobertura de riesgos en la industria del seguro. De tal modo que cuando se aplica sobre una muestra estadística lo suficientemente grande, permite conocer el grado de posibilidad de que se produzca un suceso determinado, como puede ser el siniestro de un automóvil, y fijar la prima de cobertura correspondiente.

4. Ceteris paribus (Todo lo demás permanece igual)

Esta expresión latina hace referencia al hecho de suponer que en un modelo económico, excepto las variables que se están estudiando, todas las demás permanecerán constantes. Es un supuesto bastante irreal, siempre varían, pero es necesario para abstraer y simplificar.

Criterios para determinar la residencia y el domicilio fiscal de las sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

En un momento en el que la ciudadanía española anda preocupada y hasta escandalizada por los casos de evasiones fiscales que lamentablemente están proliferando, considero oportuno repasar determinados conceptos básicos a nivel tributario como son los de residencia y domicilio fiscal, en este caso, ceñidos al ámbito de las personas jurídicas (sociedades). De este modo, a efectos fiscales, para determinar cuando una sociedad se considera residente en territorio español debe acudirse al artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 11 de marzo de 2004). En este artículo se señala como para ser residente bastará con que concurra alguno de los siguientes requisitos:

  • Que la sociedad se haya constituido conforme a las leyes españolas.
  • Que la sociedad tenga su domicilio social en territorio español.
  • Que la sociedad tenga su sede de dirección efectiva en territorio español.

Las sociedades que, a partir del cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, se considere que tienen su residencia en territorio español tributarán por el Impuesto sobre Sociedades por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Por tanto, tributarán aquí por su renta mundial.

Con respecto a la determinación del domicilio fiscal de las sociedades mercantiles, es decir, el lugar físico donde la Administración tributaria podrá localizarlas y comunicarse con ellas y en el que podrán ejercer los derechos tributarios y cumplir con las obligaciones fiscales que les correspondan, el criterio que lo determina puede encontrarse en el artículo 8.2 del mencionado Real Decreto Legislativo 4/2004. Allí se señala como dicho domicilio será el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, el domicilio fiscal será el lugar en que se realice dicha gestión o dirección. Y en los supuestos en que no pueda establecerse su ubicación, de acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado de la sociedad (activo no corriente). El domicilio fiscal también será el lugar donde se reciban las notificaciones de la Administración tributaria si la sociedad no indica, a dichos efectos, uno distinto.

Causas o motivos de la ineficacia contractual (segunda parte).

Ignasi Frigola Abogado

Como continuación al primero de los artículos publicados en esta sección con el título “Causas o motivos de la ineficacia contractual”, pasamos a tratar las siguientes instituciones: la rescisión, la acción pauliana y la resolución, con especial mención al artículo 1.124 del Código civil (en adelante C.c).

La “rescisión contractual” como la modalidad de ineficacia contractual, es la que más induce a confusión regulada en el Artículo 1290 de C.c: “Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley”. Estamos ante una ineficacia sobrevenida de un contrato al que no le falta ninguno de los elementos esenciales ni hay vicio en ellos, y tampoco está afectado de la ausencia de algunos de los presupuestos que su tipo negocial requiere, pero por razón del daño que supone para determinadas personas, el ordenamiento jurídico reacciona concediendo la acción rescisoria para hacer cesar su eficacia.

Según el Artículo 1291 del C.c: Son rescindibles:

  1. Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos.
  2. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior.
  3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
  4. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente.
  5. Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la Ley”

Es un supuesto de ineficacia contractual que tiene el carácter de subsidiario, sólo se puede acudir a él cuando no hay otro recurso legal para reparar el perjuicio. (Artículo 1294 C.c)
La acción de rescisión contractual dura cuatro años y se afirma que tiene un tratamiento de caducidad.
“La acción Pauliana” regulada en el Artículo 1.111 del C.c  es un supuesto de ineficacia contractual consistente en una acción que tienen los acreedores, después de perseguir los bienes de que esté en posesión el deudor,  tras la reclamación de la cantidad adeudada por vía ordinaria, y resultando ésta infructuosa, consistente en impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de sus derechos. Imaginemos que el deudor ha llegado a una situación de no poder hacer frente a sus deudas tras donar la mayor parte de su fortuna a un sobrino; supuesto este último que sería además rescindible por realizado en fraude de acreedores.
Estamos por tanto en un caso de rescisión, según se indica en el Artículo 1297 del C.c  que presume celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos en los que el deudor enajenare bienes a título gratuito.
 La acción pauliana es en cierto modo un caso de rescisión contractual.
Para terminar en el análisis de casos de ineficacia contractual, analizaremos la resolución que se produce como consecuencia de una declaración de voluntad o del ejercicio de una acción judicial, cuya resolución resultante establece la extinción sobrevenida de una obligación, que no es sin embargo, reflejo de una facultad absolutamente libre, sino que tiene que encontrarse fundada en un supuesto de hecho tipificado.
Cuando se atribuye a una de las partes la facultad de dar por terminada la relación obligatoria o de resolverla, esta facultad puede ser enteramente libre o estar fundada en una justa causa previamente contemplada como fundamento del ejercicio de la facultad de extinguir la relación.
Pero vamos a ver ejemplos: el que ha otorgado un mandato a un tercero, por ejemplo ha dado un poder general, puede por decisión unilateral, extinguirlo en cualquier momento. (artículo 1732, 1º y 2º C.c).
 
El artículo 1124 del nuestro Código civil es una clara manifestación de cuanto hemos indicado; en el mismo se dice “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe”. Lo que dicho de un modo más clarificador, quien no cumpla mal puede exigir de otro que cumpla, pudiendo solicitar la resolución contractual.

Pero continúa dicho artículo: “El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos”.

La aplicación del artículo 1124 exige una relación obligatoria sinalagmática o con obligaciones recíprocas, es decir que determinen obligaciones reciprocas a cargo de ambas partes, por ejemplo en la compraventa hay obligaciones sinalagmáticas o recíprocas, el comprador ha de pagar el precio y el vendedor debe entregar la cosa.

 
En materia de prescripción aplicamos el artículo 1964 del C.c, siendo la prescripción de 15 años.

Cómo incorporar información de los aplazamientos de pago en la memoria de las cuentas anuales

Novedades en la presentación de las memorias de cuentas anuales del ejercicio 2010

 

Ignacio JiménezIberinform 

En el BOE del día 31 de diciembre de 2010 (resolución de 29 de diciembre) se ha publicado la Resolucion Instituto de Contabilidad y Auditoria de cuentas (ICAC), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, donde se establece la obligación de incorporar en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010 el importe del saldo pendiente de pago a proveedores en operaciones comerciales, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

  • Esta Resolución será de aplicación a todas las empresas españolas, tanto para las cuentas anuales individuales como las consolidadas.
  • La norma deja fuera de su ámbito de aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición (proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero).
  • Las empresas que utilicen el modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de PYMES no estarán obligadas a informar del plazo medio ponderado excedido.
  • En el primer ejercicio se informará del saldo pendiente de pago que acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 

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 TEXTO COMPLETO

La disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala:

 «Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a incorporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las correspondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados en esta Ley.»

Considerando lo anterior, la presente Resolución tiene como objetivo dar cumplimiento al mandato expreso contenido en la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, y es conforme con la habilitación general contenida en la disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que faculta al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) a dictar normas de obligado cumplimiento en desarrollo del citado Plan, en particular, en relación con las normas de elaboración de las cuentas anuales.

El ámbito de aplicación de la Resolución se regula en la norma primera en sintonía con el alcance definido en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

A tal efecto, se considera como «empresa» a cualquier persona jurídica o empresario persona física que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional que deba elaborar cuentas anuales de acuerdo con nuestro Derecho contable o que las elabore voluntariamente.

Hay que advertir que las empresas que formulen cuentas consolidadas también se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Norma, si bien exclusivamente respecto a las empresas radicadas en España que se consolidan por el método de integración global o proporcional al margen del marco de información financiera en que se formulen las citadas cuentas.

La Resolución exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el plazo legal de pago. Para ello, en la medida que la empresa puede tener que cumplir con distintos plazos legales en función de la naturaleza del bien, servicio de que se trate o actividad desarrollada, y al objeto de ponderar el citado incumplimiento se ha considerado oportuno emplear el indicador «Plazo medio ponderado excedido de pagos».

En la norma segunda se define este concepto, cuyo cálculo requiere computar el número de días de retraso sobre el plazo legal en cada uno de los pagos incumplidos y ponderarlo por el importe del respectivo pago, circunstancia que exige identificar el plazo legal de pago que, en cada caso, corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y durante el periodo a que se extiende el régimen transitorio en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Es conveniente precisar que el «Deber de información» afecta a las operaciones comerciales de pago. Es decir, a los acreedores comerciales incluidos en el correspondiente epígrafe del pasivo corriente del modelo de balance, por tanto, la norma deja fuera de su ámbito objetivo de aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición para el sujeto deudor que informa, como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero.

La norma tercera recoge la información que se considera oportuna para poder apreciar el grado de cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. En particular las empresas que elaboren la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la siguiente información:

  • Importe pagado fuera o dentro del plazo legal.
  • Plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.
  • Saldo pendiente de pago al cierre del mismo que acumule un aplazamiento superior al permitido por la ley.

No obstante, como es usual en los restantes requerimientos contables, se ha estimado proporcionado, en razón de su magnitud, exigir un menor detalle de información contable a las pequeñas y medianas empresas. Siguiendo este criterio, las empresas que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas no estarán obligadas a informar del plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.

Finalmente, la disposición transitoria primera incorpora el régimen transitorio sobre el plazo legal de pago por remisión a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, en función de la naturaleza de la entrega de bienes o de la prestación de servicios que reciba la entidad.

Por su parte, la disposición transitoria segunda establece el régimen de cumplimento gradual que se ha fijado para el primer ejercicio de aplicación, del que solo se solicita un análisis sobre la antigüedad de los saldos al cierre del mismo, al objeto de facilitar la aplicación de los nuevos requerimientos ante la previsión de que las empresas puedan verse en la necesidad de tener que adaptar sus sistemas informáticos.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, se dicta la presente Resolución:

 

Norma primera. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Resolución tiene por objeto aclarar y sistematizar la información que las empresas deben recoger en la Memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas, a efectos del deber de información previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

2. Esta Resolución será de aplicación a todas las empresas españolas, en la formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

A tal efecto, se considerará como empresa a cualquier persona jurídica o empresario persona física que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.

El ámbito de aplicación de la Resolución se corresponde con el de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

 

Norma segunda. Definiciones.–A los exclusivos efectos de lo previsto en esta Resolución se entenderá por:

a) Plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos: el importe resultante del cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

b) Proveedores: acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con suministradores de bienes o servicios.

 

Norma tercera. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante el ejercicio.

1. Las empresas incluirán una nota en el modelo normal de la memoria de sus cuentas anuales individuales y en su caso, consolidadas, con la siguiente denominación y contenido:

«Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

Plazo medio ponderado excedido de pagos.

Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:

Resolución de 29 de diciembre de 2010 comunicacion aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 2. La información de las cuentas consolidadas estará referida a los proveedores del grupo como entidad que informa, una vez eliminados los créditos y débitos recíprocos de las empresas dependientes y, en su caso, los de las empresas multigrupo de acuerdo con lo dispuesto en las normas de consolidación que resulten aplicables. El cuadro solo recogerá la información correspondiente a las entidades españolas incluidas en el conjunto consolidable.

3. Las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado del Plan General de Contabilidad, o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas incluirán una nota con la siguiente denominación y contenido:

«Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

 Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:

relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado deberán cumplimentar la información que se solicita en el apartado 1 de esta norma cuando se incluyan en el conjunto consolidable de una sociedad española.

 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los plazos máximos de pago.

El plazo legal máximo de pago que debe cumplir el deudor a partir de la fecha de la prestación de los servicios o de la recepción de las mercancías, distintas de los productos de alimentación frescos y perecederos, se ajustará progresivamente para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados al calendario transitorio establecido hasta el 1 de enero de 2013 en las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

 

Disposición transitoria segunda. Información a incluir en la memoria de las cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta Resolución.

En el primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, las entidades deberán suministrar exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Adicionalmente, en las cuentas anuales de este primer ejercicio no se presentará información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

 

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Madrid, 29 de diciembre de 2010 – El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio Gonzalo Angulo

El aval del riesgo mediante un bien mueble

Mario Cantalapiedra – Economista  

En el post anterior os hablaba sobre la garantía de tipo personal por la que se asegura la deuda bancaria con el patrimonio global de la empresa o de un tercero vinculado a ella, pero también existe la posibilidad de garantizar la deuda, no ya a través de un patrimonio global, sino mediante un bien mueble o inmueble concreto, el cual puede llegar a ser vendido a favor del la entidad financiera acreedora si la empresa no reintegra los fondos que le han sido prestados. 

Concretamente si es un bien mueble el que cede la empresa para garantizar el riesgo bancario, estaremos ante lo que se conoce como prenda. El bien cedido, propiedad de la empresa o de un tercero que consiente su entrega, deberá entonces estar libre de cargas y gravámenes, y su cesión al banco habrá de constar en documento público intervenido por fedatario, denominándose la operación que se constituye pignoración.

Encontraremos dos tipos de prenda distinta en función de que la empresa conserve o no el bien cedido a la entidad bancaria. En el primer caso, el de prenda con desplazamiento de la posesión, el bien objeto de prenda se cede al banco o a un tercero de común acuerdo entre empresa y banco. Por su parte, en la segunda opción, la de prenda sin desplazamiento de la posesión, la empresa conserva el bien mueble en su poder, aunque el mismo queda comprometido a la devolución de la deuda. Es la fórmula que se utiliza cuando la compañía necesita el bien para ejercer su actividad económica, por ejemplo, en el caso de un vehículo que necesita una empresa de transportes para realizar su función. En esta situación la entidad bancaria tiene derecho a comprobar que el bien mueble existe (siendo importante que pueda ser claramente identificado por marca, número de serie, etcétera), que su precio está totalmente satisfecho, que se encuentra en buen estado de conservación y que se hace un uso correcto del mismo. En función de sus propiedades y del estado de conservación que tenga, la entidad financiera dará una u otra valoración al bien, el cual no podrá ser enajenado por la empresa sin la autorización expresa de la entidad bancaria. Esta modalidad, la de prenda sin desplazamiento de la posesión, exige la inscripción del contrato correspondiente en un registro público, en concreto, en el Registro de Bienes Muebles, para que el derecho de prenda tenga validez ante terceros de buena fe.

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