Archivo de la categoría: Formas de pago

El tipo legal de interés de demora, al 8%

El Ministerio de Economía y Hacienda ha situado en el 8% el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre de 2010.

Fuente: BOE

interes demora
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Este tipo legal se calcula añadiendo siete puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo en la última operación principal de financiación efectuada en el semestre vencido.

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Los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, prevé el cobro de intereses de demora en el caso de que se superen los plazos de pago previstos. Estos plazos pueden ser, si existe un contrato firmado, los que acuerden libremente las partes (regla general), y en el supuesto de que no exista relación contractual, a los 30 días de la recepción de la factura por el deudor (regla legal subsidiaria).

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El acreedor tendrá derecho a cobrar intereses de demora cuando haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y no hay recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso, surgiendo de forma automática sin necesidad de aviso ni requerimiento. El tipo de interés de demora a aplicar es publicado semestralmente en el BOE para los seis meses siguiente a su fijación, y su cálculo se basa en el último interés publicado por el BCE para sus operaciones principales de financiación antes del primer día del semestre natural que se trate, al cual se añaden 7 puntos. El 1 de enero se ha publicado el tipo que debe aplicarse durante el primer semestre de 2010, que se cifra en el 8%. En el cuadro podemos ver la evolución sufrida por dicho índice desde el inicio de 2007.

Evidentemente estos intereses de demora resultan tan elevados que deberían surtir un efecto disuasorio en el deudor moroso. No obstante, muchas empresas no se atreven a aplicarlos, ni siquiera a comentarlos a sus clientes por la posición dominante de éstos en la relación comercial; el miedo a perder el comprador y que éste se traslade a la competencia siempre existe, si se le “aprieta” con estos temas, aunque se tenga derecho a ellos. En cualquier caso, mi recomendación personal es tratar de recoger en los contratos que se firmen con el cliente una cláusula referente al cobro de intereses de demora si se produce el retraso en el pago de las facturas, y según la cobertura legal prevista; un “aviso a navegantes” a tiempo puede evitarnos algún disgusto serio.

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Alerta de los efectos de la morosidad de Aerce – Asociación de Profesionales de Compras

Según la Asociación de Profesionales de Compras, el atraso de sólo tres o cuatro facturas de clientes importantes está provocando el cierre de muchas compañías solventes.

Fuente: Expansion.com / Fecha: 18/01/2010

Según la Asociación de Profesionales de Compras, el atraso de sólo tres o cuatro facturas de clientes importantes está provocando el cierre de muchas compañías solventes.

En una tribuna publicada en el diario Expansión, la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos [Aerce] afirma que “la morosidad de empresas con empresas está haciendo que muchas compañías solventes estén yendo a la quiebra por los grandes desequilibrios que les produce en su tesorería no cobrar el dinero que les deben. Las repercusiones del impago son especialmente graves para las pymes, a las que el atraso de sólo tres o cuatro facturas de clientes importantes puede trastocar por completo sus planes contables”, explican. Según los datos de la Asociación, el plazo medio de pago en España a los proveedores supera los 90 días, el segundo periodo más largo de Europa, y en algunos sectores, como el de la construcción, este plazo se prolonga hasta los 210 días.
La complejidad de regular los plazos por Ley.

Aerce ha recordado que los esfuerzos por regular los plazos de pago con iniciativas como el actual anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, legislan “sobre un aspecto que ya está regulado con la Ley 3/2004, creada específicamente para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, aunque hoy por hoy no esté funcionando”. De acuerdo con la Ley 3/2004, “las empresas proveedoras podrían exigir el pago en 30 días en el momento de firmar el contrato”, pero “los proveedores no lo hacen por miedo a ir contra sus propios intereses y perder contratos […]. Además, quienes deberían velar por que se cumplan estos plazos, que según la propia ley son las cámaras de comercio, colegios profesionales y asociaciones que tengan encomendada la defensa de sus miembros, no lo hacen, bien por falta de concienciación, o bien por simple desconocimiento”, explica.

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Reducir los plazos de pago a 60 días ahorraría 2.485 millones a las PYMES

De acuerdo con los cálculos de la Administración, la reducción de los plazos de pago a 60 días generaría un ahorro financiero neto de unos 2.485 millones de euros anuales a las pymes y autónomos. De acuerdo con los cálculos de la Administración sobre las medidas contra la morosidad previstas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible la obligación de pago en 60 días para las empresas, cuando el proveedor sea una pyme o autónomo, generará un ahorro financiero neto [diferencia entre la disminución de costes financieros para las pyme y el aumento para grandes empresas] de unos 2.485 millones de euros al año.

El Anteproyecto incluye también la reducción del plazo de pago de las Administraciones de 60 a 30 días que, según estas estimaciones, generará un ahorro financiero adicional para las empresas de unos 759 millones de euros al año. Desde el punto de vista macroeconómico, la Administración calcula que estas medidas de lucha contra la morosidad, en el horizonte 2020, generarán incrementos adicionales del PIB [0,25%], el empleo [0,1%] y la inversión [0,5%] hasta 2020. Todos estos cálculos están contenidos en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo del Anteproyecto. Con estas medidas [contra la morosidad] se pretende restringir el uso indebido del crédito del proveedor como instrumento de financiación de las empresas o de las Administraciones Públicas. Este uso se basa, con frecuencia, en las asimetrías de poder de mercado entre empresa o administración cliente y proveedor. La reforma introducida, en consecuencia, reequilibra estas relaciones de poder y permite un desarrollo de la actividad económica en condiciones más competitivas. En particular, conviene tener presente que la reforma reducirá las necesidades de financiación de las pyme, para las que el coste de los recursos financieros es más elevado que para las grandes empresas o las Administraciones Públicas, explica la Memoria.

Relación entre departamentos comercial y financiero ¿Es una venta si no se cobra?

 Mario Cantalapiedra – Economista

La relación entre los departamentos comerciales y financieros de las empresas no siempre es sencilla y se puede resumir en una pregunta, ¿es una venta si no se cobra? Seguramente, hace unos años, dependiendo de a quién preguntáramos, comercial o financiero, encontraríamos diferentes respuestas. Poco a poco los objetivos de ambos departamentos han de acercarse, gracias a la situación actual.

Hasta la fecha parece haber sido tendencia dominante en la mayoría de las compañías establecer la retribución variable de sus responsables comerciales en función de las cifras de ventas obtenidas, independientemente de que al final éstas se cobraran o no. Lo cierto es que, a pesar de que este comportamiento pueda carecer de cierta lógica empresarial, tiene su justificación en un entorno de crecimiento económico donde prácticamente todo lo que vendían las empresas se cobraba, de forma generalizada. Sin embargo, con la crisis económica parece útil y adecuado tratar de vincular los emonumentos de tipo variable de los comerciales a la cifra de ventas cobradas. A pesar de la presión que existe actualmente para mantener las ventas, se ha de entender que una venta que no se cobra no se puede considerar como tal, y eso es algo que deben tener presente todos los integrantes de la organización empresarial más allá de que ocupen responsabilidades financieras o comerciales en la misma. En este sentido, hemos de recuperar el concepto de empresa como coalición de intereses encaminados a la consecución de un mismo objetivo de rentabilidad, en otras palabras, una organización en la que todos tiran del carro en la misma dirección sin entrar en disputas internas entre financieros y comerciales que no conducen a nada, más aún en la situación actual. Lo importante es que los distintos responsables se presten la máxima ayuda e información que permita minimizar el riesgo de impago de la posible venta, es decir, se conviertan en “facilitadores” del trabajo del compañero, porque su bien particular será igual al bien común. En mi experiencia como director financiero no he conocido ningún colega de labor que no desee que su compañía venda todo lo que pueda, eso sí, siempre tratando de minimizar el riesgo de impago. Del mismo modo, me resulta difícil creer que exista algún responsable comercial que sólo se preocupe en vender sin importarte si al final se vaya a cobrar su venta. Luego si el caldo de cultivo se encuentra en la propia genética de la compañía, lo que se trata es de arbitrar las medidas adecuadas para que se desarrolle convenientemente, y entre ellas parece apropiado la de posibilitar la retribución variable del personal comercial en función de las ventas cobradas.

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Los procesos concursales repuntan tras la caída del tercer trimestre

Los 1.564 procesos concursales del cuarto trimestre confirman que la máxima concursalidad de 2009 se alcanzó en el segundo trimestre, pero supone un incremento frente al tercer trimestre.

Fuente: CyC [Administración de Riesgos] 

Los 1.564 procesos concursales del cuarto trimestre confirman que la máxima concursalidad de 2009 se alcanzó en el segundo trimestre, pero supone un incremento frente al tercer trimestre. A lo largo del cuarto trimestre de 2009 se registraron 1.564 nuevos procesos concursales, según se desprende del seguimiento de las insolvencias judiciales en España que realiza el Área de Administración de Riesgos de Crédito y Caución, a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado.

 

El dato confirma que la máxima concursalidad de 2009 se alcanzó en el segundo trimestre, al superarse por primera vez la barrera de los 1.700 procesos. No obstante, a la espera del indicador oficial que se publicará en febrero, los datos adelantados de la Compañía también reflejan un aumento de la concursalidad del 33% respecto al tercer trimestre de 2009, que tuvo un comportamiento excepcional al registrar la primera mejoría de este indicador trimestral en dos años.

Esta evolución de la concursalidad es un síntoma de destrucción de tejido empresarial en estadios finales de insolvencia, pero el traslado de sus efectos a lo largo de la cadena productiva se está viendo atemperado por la implementación en las empresas de sistemas de selección de riesgo y gestión del crédito al cliente más técnicos y rigurosos. En ese sentido, los niveles de morosidad soportados por el tejido empresarial, especialmente a partir del segundo trimestre, han registrado una progresiva estabilización.

En 2010, su evolución dependerá en gran medida de que se confirmen los indicios de crecimiento económico y un mayor acceso a la financiación bancaria que acompañe la reactivación de la actividad empresarial. En cualquier caso, los niveles de concursalidad trimestral, por encima del millar de procesos, siguen muy lejos de los cerca de 250 que se registraron desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, en 2004, hasta la desestabilización de la concursalidad a partir del tercer trimestre de 2007.

En este entorno, es aconsejable que las empresas extremen la vigilancia del riesgo, analizando los riesgos comerciales asociados a cada uno de sus clientes y estableciendo límites de crédito que coincidan con precisión con los niveles de crédito que en estos momentos puede aceptar, para protegerse frente a una pérdida innecesaria y una posible situación concursal de nuestro cliente.

La experiencia de la Crédito y Caución señala que sólo el 5% de las recuperaciones de cantidad se producen a través de procesos concursales, debido a la difícil posición de los créditos impagados de empresas proveedoras de firmas en concurso.

Análisis por zonas geográficas y sectores En Cataluña, la Comunidad que concentra siempre el mayor número de procesos debido a su peso en la economía, se ha producido un aumento de la concursalidad del 37%. En Madrid, la segunda comunidad por número de procesos concursales, el crecimiento alcanza el 60%, seguida de Canarias, Asturias, Extremadura Galicia y Aragón, todas ellas cerca del 50%. El mayor crecimiento relativo se produce en La Rioja, pero el número de procesos en esta comunidad es poco significativo. Sólo Navarra [-33%] y el País Vasco [-6%] han registrado una caída de la concursalidad. Las empresas vinculadas directamente con la construcción continúan acaparando uno de cada tres concursos con sector definido. El segundo sector con mayor presencia es servicios, seguido de Maderas y muebles, Alimentación Distribución e Instalaciones. En términos de crecimiento frente al tercer trimestre, la mayor intensidad se ha registrado en Papel y Artes Gráficas [75%], Automoción [57%] y Cueros y Curtidos [44%].

El seguro de crédito: comparar el coste de cobrar con el de no hacerlo

Mario Cantalapiedra – Economista

El seguro de crédito tiene una utilidad clara como herramienta de protección ante el impago de nuestros clientes, y es una de las opciones a valorar dentro de la gestión del riesgo de crédito en la empresa, que evidentemente cobra mayor protagonismo en épocas de vacas flacas. Conviene recordar que la regulación legal del seguro de crédito se recoge en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, concretamente en sus artículos 69 al 72. En dicha legislación se señala que “por el seguro de crédito el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado las pérdidas finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores”.

Cabe preguntarse qué entiende esta Ley por insolvencia definitiva de los deudores, y la respuesta a esta pregunta la encontramos en su artículo 70, en el que se recogen los distintos supuestos que marcan dicha insolvencia, en concreto, los siguientes cuatro:

· La declaración en quiebra del deudor mediante resolución judicial firme.
· La aprobación judicial de un convenio en el que se establezca una condonación del importe.
· La ausencia de suficientes bienes para el pago tras un mandamiento de ejecución o apremio al deudor.
· El común acuerdo entre asegurado y asegurador por el que consideren que el crédito resulta incobrable.

No obstante, en ese mismo artículo, se regula como “transcurridos seis meses desde el aviso del asegurado al asegurador del impago del crédito, éste abonará a aquél el cincuenta por ciento de la cobertura pactada, con carácter provisional y a cuenta de ulterior liquidación definitiva”, aspecto clave a tener en cuenta a la hora de estudiar la alternativa del seguro de crédito.

Para fijar la cuantía de la indemnización se trabaja con un porcentaje, que debe estar establecido en el contrato que se firma entre asegurado y asegurador, de la pérdida final resultante de añadir al crédito impagado los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos procesales y cualesquiera otros que se pacten de forma expresa. La regulación legal del seguro de crédito define que este porcentaje no podrá incluir el beneficio del asegurado, ni ser inferior al cincuenta por ciento de la pérdida final.

En los momentos actuales de crisis el seguro de crédito, siempre que podamos acceder al mismo en función de cuáles sean nuestras circunstancias particulares, léase sector de actividad en el que compitamos, tipología de los clientes con los que trabajemos, características del producto vendido, etcétera, debe plantearse en términos de “coste de oportunidad”; es decir, más allá del gasto que representa en términos absolutos, puede suponer, en muchos casos, comparar el coste de cobrar con el de no hacerlo. Evidentemente pensar de esta forma, en términos relativos, añade una nueva dimensión al proceso de evaluación y decisión sobre la contratación de un seguro de crédito que, desde aquí, os recomiendo tener muy en cuenta.

Perder el miedo a negociar una operación de “factoring”

Mario Cantalapiedra – Economista

Siguiendo con las operaciones de financiación que pueden ayudarnos a mitigar los efectos de la crisis que nos toca vivir, me gustaría hablar de la operación de factoring, en la cual lo que hacemos es ceder las facturas generadas por nuestras ventas de bienes o servicios a una compañía especializada (la mayoría de las entidades financieras existentes en el mercado ofrecen este producto a través de filiales) para que se ocupe de su gestión de cobro, a cambio del cobro de una comisión por los servicios de carácter administrativo y unos intereses por la financiación, en el supuesto de que se solicite un pago anticipado.

No se puede negar que es una fórmula financiera que tiene cierta complejidad, lo que hace que muchas empresas, fundamentalmente de tamaño pequeño y mediano, no la contemplen entre sus opciones de financiación, y en la que además resulta fundamental negociar con detalle las distintas cláusulas del contrato que se firme, en su caso, con el factor. Si finalmente se llega un acuerdo, el contrato deberá incorporará una “cláusula de cesión” de facturas por la que se autoriza al factor a cobrarlas, circunstancia que se notificará a los clientes obligados al pago. Como se ha indicado, las condiciones pactadas habrán de establecer con claridad los servicios que el factor va a prestar, entre los que pueden incluirse la gestión de cobro de los créditos comerciales, el pago anticipado de las facturas, la investigación comercial y clasificación de los clientes, el control contable de las facturas y la cobertura del riesgo por insolvencia. Este último aspecto, permite pactar dos tipos de factoring diferentes; el factoring “con recurso” (donde el factor no asume el riesgo por insolvencia del cliente, pudiendo actuar contra la empresa cedente en caso de impago de las facturas), y el factoring “sin recurso” (donde el factor se hace cargo del riesgo por insolvencia del cliente, no pudiendo actuar contra la empresa cedente en caso de impago). Lo cierto es que si se pacta una cobertura total del riesgo de impago, la operación de factoring se encarece enormemente, por lo que es habitual que se establezca la posibilidad de negociar coberturas inferiores (además, desde la perspectiva bancaria, plantear las operaciones “sin recurso” ahora mismo es un tema delicado, como vimos en el anterior post al tratar el tema del confirming). También puede pactarse no adelantar el total de la facturación del cliente sino sólo un porcentaje (por ejemplo, el sesenta por ciento) y dejar el resto para que se abone a vencimiento de las facturas. Estos ejemplos nos dan la idea de que el factoring goza de cierta flexibilidad a la hora de negociar sus condiciones. Como requisitos adicionales exigidos habitualmente por el factor están los de exclusividad y globalidad.

El primero significa que la empresa no puede realizar un factoring sobre el mismo cliente con dos factores distintos (cuando la facturación es muy elevada puede llegar a pactarse un factoring sindicado). Por el segundo, la empresa cede la totalidad de las facturas del cliente, aunque es posible matizarlo y sólo ceder las facturas de una zona geográfica determinada o de un tipo de producto. Decíamos anteriormente que existe cierto recelo a plantear este tipo de operación por parte de las empresas con dimensión más modesta, no obstante, debemos tener en cuenta que el elemento fundamental que se analizará para conceder la financiación por esta vía será la solvencia de nuestros clientes. De este modo, una pyme que trabaje con clientes solventes podría acceder a este producto de financiación, por lo que parece una opción que al menos conviene plantearse.

A pesar de ello, también es justo resaltar que existen determinadas ventas, como las relacionadas con productos de tipo perecedero, o las que tienen vencimientos lejanos en el tiempo (más de seis meses), para las que el factoring no suele aceptarse.

Confirming: ¿con o sin recurso?

Mario Cantalapiedra –  Economista

Entre los mecanismos que existen para mejorar la gestión de cobro de nuestras facturas de clientes se encuentra el confirming, también llamado pago confirmado de proveedores, confirmación de pagos o factoring de proveedores, el cual, siempre que se articule del modo que veremos a continuación, puede llegar a resultar muy interesante en épocas donde la falta de confianza en el buen fin de las operaciones preside las relaciones cliente-proveedor.

Me explico; en primer lugar, debemos recordar que en esta operación una entidad de crédito actúa como gestor en los pagos aplazados de un cliente a sus proveedores, pudiendo además, a elección de estos últimos, anticiparles el importe de las facturas pendientes de cobro tras deducirles intereses y comisiones. Por tanto, contempla las figuras del cliente o emisor del confirming, el cual busca fundamentalmente simplificar y optimizar la gestión de sus pagos, del gestor del pago de las facturas (la entidad de crédito) y del proveedor o beneficiario del confirming. Habitualmente el emisor suele ser una empresa de tipo grande o mediano con un volumen importante de pagos, de carácter periódico, y destinados a un amplio número de proveedores. Por su parte, para la empresa proveedora que recibe la oferta de financiación supone un indicio de la buena consideración del cliente por parte de la entidad bancaria, al haber obtenido de ella la línea de confirming correspondiente. El proveedor puede solicitar el anticipo del importe pendiente de cobro a la entidad bancaria, o esperar al vencimiento para recibir el abono correspondiente, debiendo tenerse muy presente que si se opta por esta segunda opción, la entidad bancaria no se encuentra comprometida a transferir los fondos correspondientes a la factura si en la cuenta del cliente correspondiente no existe saldo suficiente.

Normalmente la opción de financiación se instrumenta a través de la firma de un contrato-respuesta que supone una cesión de crédito a favor del banco. En dicho contrato deben aparecer especificadas las condiciones relativas a la operación, entre ellas el tipo de interés aplicado y su forma de revisión, la comisión bancaria a aplicar, el período limite para solicitar el anticipo y la operativa a seguir para anticipar el cobro (correo, fax, etcétera).

Además, debe clarificar si la operación se considera “con recurso” o “sin recurso” al financiado, y aquí radica la cuestión fundamental que apuntábamos al inicio del post. Aunque tradicionalmente la operación se articulaba en la fórmula “sin recurso” (lo cual significaba, ni más ni menos, que el proveedor que optaba por anticipar el importe podía dar de baja la deuda de su partida de clientes obteniendo seguridad en el cobro y además sin consumir su propio riesgo bancario), el deterioro de la confianza entre empresas y entidades financieras está haciendo que estas últimas ofrezcan la operación en la modalidad con recurso, por la que, llegado el vencimiento, si el cliente no atienda el importe, éste será cargado en la cuenta del proveedor que lo anticipó, es decir, se elimina la seguridad en el cobro y se hace que la operación se asemeje a otras fórmulas financieras menos seguras como el descuento comercial. Por tanto, es una operación muy interesante en estos momentos para el proveedor siempre que se ofrezca en la modalidad “sin recurso”, y se opte por anticipar el importe (no se espere a vencimiento), como me dijeron el otro día en una conferencia en Sevilla, entonces la operación es “jabugo, jabugo”; si es confirming “con recurso” ya sabemos el riesgo que se corre, por lo que a leer la letra pequeña de los contratos toca.

 

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