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Solo queda un año para reclamar las facturas impagadas anteriores a 2015

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 

En el año 2015 hubo un importante cambio legislativo en cuanto a los plazos máximos para poder reclamar una deuda u obligación contractual.

Así, mediante la Ley 42/2015 se modificó el artículo 1.964 del Código Civil y se acordó que el plazo para exigir judicialmente el pago de una obligación contractual, como lo es el pago de una factura, prescribiese a los 5 años en lugar de a los 15 años, que era el plazo vigente hasta esa fecha.

Por tanto, el cambio fue radical y de gran trascendencia, pues redujo en 10 años el plazo de prescripción o plazo para poder reclamar el pago de las obligaciones.

Como régimen necesario para evitar la indefensión que podría provocar una inmediata aplicación retroactiva de esta modificación, se estableció (Ley 42/2015 en su Disposición Transitoria) un plazo transitorio para la prescripción de aquellas obligaciones nacidas con anterioridad a la modificación de 2015. De este modo, se acordó que las obligaciones nacidas antes del 2015 no pasarían directamente de tener un plazo de prescripción de 15 años a uno de 5 años. En estas obligaciones nacidas antes del 7 de octubre de  2015 se aplicaría el plazo de prescripción de 15 años que regía hasta entonces pero con un límite consistente en que el plazo de prescripción en estos casos  no podría durar más allá del 7 de octubre de 2020 (5 años después de la modificación legislativa que hemos mencionado).

En virtud de lo expuesto, resulta que aquellas deudas por facturas impagadas que nacieron con anterioridad al 7 de octubre de 2015 ya no podremos reclamarlas judicialmente llegado el 7 de octubre de 2020, pues habrá prescrito la acción para exigir su cumplimiento.

Ello supone que en poco más de un año habremos perdido la posibilidad de reclamar las facturas impagadas anteriores al 7 de octubre de 2015, lo que hemos de tener muy en cuenta para que no se nos pase el plazo y perdamos el derecho a exigir el pago de cuanto se nos adeuda.

Así, aunque el mes de octubre de 2020 parece muy lejano lo cierto es que es un plazo más bien corto para toda la labor que requiere preparar la reclamación de estas facturas, que implica estudiar cuales son las deudas nacidas antes de 2015 que no hemos reclamado, la viabilidad o conveniencia de reclamar su pago judicialmente, la búsqueda de la documentación para aportar a la demanda, la elección de letrado, el otorgamiento de poderes para pleitos y la preparación y presentación de la demanda.

Toda esta labor lleva bastante tiempo realizarla, sobre todo al tratarse de deudas antiguas que tenemos que rescatar, estudiar y documentar y ello paralelamente a desempeñar el trabajo diario y normal de la empresa.

Por ello, especialmente en las grandes empresas, el plazo de un año no es demasiado para rescatar los impagados anteriores a 2015 y montar el expediente para que la demanda pueda interponerse antes de octubre de 2020, de tal forma que o empezamos a estudiar y valorar cuáles son las deudas que vamos a reclamar o nos quedaremos, probablemente, sin la posibilidad de hacerlo porque no tengamos suficiente tiempo para tener todo preparado antes de que prescriba la obligación.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado
Presidente Comisión de Morosidad ASSET
Socio Director Quiroga & Asociados

Si no puedo controlar a diario el B.O.E perderé derechos y dinero en el concurso de acreedores de mis deudores

Hace años, antes de que operase la reforma de la Ley Concursal instrumentada mediante la Ley 38/2011, si uno de nuestros clientes se declaraba en concurso de acreedores recibíamos la comunicación de la existencia del procedimiento concursal del Administrador del Concurso, comenzando a partir de ese momento a contar el plazo para comunicar nuestro crédito.

Desde la citada reforma se modificaron los artículos 23, 85 y 21 de la Ley Concursal de tal manera que el plazo para comunicar un crédito comienza desde el día en que se publica en el B.O.E. el auto admitiendo a trámite el concurso e, igualmente, comienza a computarse desde dicha publicación oficial el plazo para solicitar a la Agencia Tributaria la devolución del I.V.A. de las facturas que resultaron impagadas por la concursada.

Algunos Administradores Concursales, desde dicha reforma, ni siquiera envían la comunicación del inicio del concurso a los acreedores. Otros lo hacen pero cuando recibimos la carta de la Administración concursal ya se ha consumido en todo o en parte nuestro plazo de 1 mes para comunicar nuestro crédito en el procedimiento concursal.

Esto, como he tenido la oportunidad de comprobar con varios clientes, genera una serie de graves problemas para nuestra empresa que son:

1-      Si se nos pasa el plazo para comunicar el crédito corremos el riesgo de que el mismo no sea reconocido en el concurso o de que lo sea pero con el carácter de crédito subordinado, los últimos en cobrar en la prelación de cobros de la Ley Concursal.

2-      Si se nos pasa el plazo para reclamar la devolución del I.V.A. de las facturas que han resultado impagadas no tendremos otra oportunidad, perderemos el importe del I.V.A que hemos adelantado y que hoy por hoy asciende a un 21% de la factura, una quinta parte de nuestro crédito que dejamos de recuperar sólo por no haber controlado el B.O.E.

Sin embargo, el evitar los dos riesgos hasta ahora descritos genera un tercer problema a nuestra empresa, tener que controlar a diario el B.O.E. sobre todos y cada uno de nuestros clientes para verificar si han sido declarados o no en concurso de acreedores lo que, en empresas de gran envergadura, supondría contratar a un número considerable de personas sólo para desempeñar esta ardua tarea, debido al gran número de clientes que verificar cada mañana.

Ciertamente roza un poco en lo absurdo que sea una obligación del acreedor de la concursada, ya suficientemente perjudicado por la declaración en concurso, el tener que controlar a diario si alguno de sus clientes entra en concurso de acreedores pero, absurdo o no, así es en la cruda realidad.

El consejo que normalmente doy a mis clientes al respecto consiste en contratar herramientas informáticas de inteligencia de negocio con alertas enfocadas a la gestión del riesgo de crédito, hay algunas muy buenas y que cada mañana nos dan toda la información y novedades que atañen a todos y cada uno de nuestros clientes, incluyendo en esa información la aparición o no en el B.O.E. de su declaración de concurso, evitando con ello que perdamos la inclusión de nuestro crédito o el derecho a recuperar el I.V.A. adelantado en su momento.

                                                                                                    Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión Morosidad ASSET

                                                                                                      Socio AGM ABOGADOS

INSIGHTCABECERA

Reforma del código penal: el nuevo delito de ocultación de elementos patrimoniales incrementara la efectividad del recobro judicial de deudas.

El pasado 31 de marzo de 2015 se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del  Código Penal.

Dicha reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio del presente año, tiene entre sus novedades la creación de un nuevo tipo penal, el delito de ocultación de elementos patrimoniales que recogerá el nuevo artículo 258 del Código Penal.

Así, el artículo 136 de la L.O. 1/2015 establece que el artículo 258 del Código Penal quedará redactado del siguiente modo:

Ciento treinta y seis. Se modifica el artículo 258, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación

suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.»

Este nuevo delito supone un gran avance para la efectividad de las ejecuciones judiciales en reclamación de cantidad.

Hasta la fecha, cuando se despachaba ejecución contra un demandado para conseguir cobrar las cantidades adeudadas por éste  en virtud de resolución judicial se le hacía al ejecutado un requerimiento, ex artículo 589 L.E.Civil, para que manifestase los bienes y derechos de su propiedad susceptibles de embargo bajo la amenaza de la imposición de una multa en caso de no atender dicho requerimiento.

En la práctica ni el deudor/ejecutado indicaba al Juzgado relación de bienes alguna – a mí personalmente en más de 10 años dedicado al recobro no ha habido más de dos o tres ejecutados que hayan manifestado bienes susceptibles de embargo – ni el Juzgado imponía la multa ni la parte ejecutante exigía que se impusiese, dado que su escasa cuantía y difícil cobro hacían de esa supuesta sanción un elemento poco contundente para obligar al deudor a manifestar bienes.

La falta de contestación del deudor supone un verdadero problema para el ejecutante o acreedor, que se ve obligado a invertir tiempo y dinero en la búsqueda de elementos patrimoniales propiedad del ejecutado susceptibles de embargo, búsqueda que con el refuerzo de la normativa protectora de los datos personales se hace cada  vez más difícil.

Con este nuevo delito, sin embargo, una vez que el Juzgado nos reconoce la existencia de una deuda se despachará ejecución y, como antes, se hará el requerimiento ex artículo 589 L.E.Civil al deudor para que manifieste bienes susceptibles de embargo.

El deudor, ante este requerimiento deberá:

a) Entregar una relación completa de sus bienes y derechos, describiendo sus cargas y gravámenes. Esto nos evita tener que buscar bienes de su titularidad en Registros, a través de Oficios a Hacienda, informes privados de investigación patrimonial y reducir notablemente las cantidades de dinero y tiempo invertido en localizar bienes con los que cobrarnos la deuda.

b) Indicar, igualmente, la relación de los bienes que utiliza sin que le pertenezcan, indicando el título en virtud del cual los disfruta. Esto nos facilita notablemente el rastrear si, para evitar que sus bienes fuesen embargados, ha procedido a cambiar la titularidad de los mismos, ya que si, por ejemplo, vive en una casa que no es de su propiedad tendrá que explicar cuál es el título en virtud del cual la disfruta. Puede que se trate de un arrendamiento simplemente, pero también puede que ese título haga salir a la luz que ese inmueble le pertenecía hasta antes de la ejecución judicial y que ha sido transmitido a un pariente o amigo, por poner un supuesto.

Pero la mayor novedad viene dada por el hecho de que el ejecutado cometerá un delito de ocultación de elementos patrimoniales, previsto en ese nuevo artículo 258 C. Penal y castigado con penas de 4 meses a un año de prisión. El delito lo cometerá:

a) Cuando la relación de bienes antes descrita no sea entregada.

b) Cuando tras entregarla se descubra por algún medio que era incompleta o engañosa.

De este modo, el deudor, si no quiere incurrir en un delito sancionado con penas de privación de libertad deberá aportarnos una imagen fiel de su patrimonio.

En mi opinión, este elemento intimidatorio hará que aumente notablemente la efectividad de las reclamaciones judiciales de deuda, toda vez que la parte más complicada de la ejecución judicial, localizar bienes embargables en el patrimonio del ejecutado, se verá, sin duda, facilitada por la cooperación forzosa del deudor so pena de incurrir en esta nueva conducta delictiva.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset

El anteproyecto de Ley del Código Mercantil establece un sistema de liquidación de la sociedad por falta de activos que dificulta la reclamación de responsabilidad patrimonial de los administradores societarios

El día 30 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que pretende sustituir el vigente Código de Comercio, que data del Siglo XIX, y refundirlo con la más reciente Ley de Sociedades de Capital y parte de la Ley Concursal, de suerte que el texto aborde una regulación integral de la extensa y prolija relación de relaciones mercantiles/societarias.

Dentro de su articulado, el texto del Anteproyecto establece un nuevo régimen de liquidación de la sociedad denominado liquidación por falta de activos y que consistirá, en caso de promulgarse la Ley, en lo siguiente:

  1. Si los administradores de una sociedad de capital detectan la existencia de causa de disolución por falta de activos podrán otorgar una escritura notarial de liquidación, en la que habrán de incluir un informe sobre la actividad de los últimos dos años, los créditos satisfechos en dicho período y los créditos pendientes y las operaciones de liquidación.
  2. El notario procederá a la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil y a partir de ese momento no será posible instar el concurso ni exigir la responsabilidad patrimonial de los administradores societarios por parte de accionistas ni acreedores.
  3. Transcurrido un mes desde la publicación de la escritura de liquidación se declarará extinguida la sociedad por el Registrador, lo que supondrá la extinción de los créditos no satisfechos aunque no de las garantías personales y avales prestadas por los administradores.
  4. Dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la escritura de liquidación cualquier persona legitimada (accionistas o acreedores) podrá solicitar el nombramiento de un experto que determine si es correcta y legal la liquidación efectuada la escritura. El experto ha de ser un economista, auditor o letrado que cumpla los requisitos para ser administrador concursal. Sus honorarios correrán de cuenta del solicitante y le serán abonados o no dependiendo del resultado positivo o negativo de su labor de investigación sobre la incorrección de la escritura de liquidación.
  5. En caso de que el informe sea positivo se remitirá al Juzgado el informe y la escritura de liquidación como documentos suficientes para abrir el concurso voluntario de acreedores en el que el perito que elaboró el informe habrá de ser nombrado Administrador Concursal.

En mi opinión esta normativa, amén de entrar en cierto modo en colisión con la figura de la mediación mercantil previa al concurso de acreedores aprobada hace apenas 4 meses, dificulta, encarece y limita las posibilidades del acreedor de exigir la responsabilidad patrimonial de aquellos administradores societarios que han incumplido las obligaciones inherentes a su cargo, ya que hace estas obligaciones mucho más laxas.

Entre otras cosas, incluso para poner en duda una liquidación arbitraria o que no se corresponda con la realidad y poder exigir ya no la responsabilidad personal de los administradores sino un concurso de acreedores en el que se proceda a la liquidación ordenada de los bienes, el acreedor, para evitar ver cómo su crédito se esfuma por una simple escritura elaborada unilateralmente por el deudor y que en muchos casos podrá estar falseada, deberá, por un lado, estar pendiente de todos y cada uno de sus clientes a fin de evitar que se le pasen los 20 días desde que se haya publicado la escritura de liquidación y, por otro, desembolsar anticipadamente los gastos del nombramiento de un experto que determine si la liquidación es correcta o no lo es y ha de sustanciarse el concurso.

En mi opinión este régimen, en caso de que se apruebe la Ley en estos términos, facilita notablemente las posibilidades del administrador societario de eludir las responsabilidades patrimoniales en que haya incurrido y ello en una coyuntura económica en la que desaparecen empresas por falta de activos cada día.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset

Nuevo “Monitorio Notarial” o reclamación de deudas a través del notario

El pasado 31 de octubre de 2013 el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación del ANTEPROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA en el que, junto a otros muchos cambios, se regula una novedosa alternativa para la reclamación de deudas no contradichas ante notario.

Si se aprueba la Ley en los términos recogidos en el citado Anteproyecto, surgirá un procedimiento ALTERNATIVO a la reclamación judicial de deuda y que se tramitaría ante notario.

Su funcionamiento sería muy similar al Proceso Monitorio recogido en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que cuando tengamos una deuda presumiblemente cierta y que cumpla los requisitos exigidos actualmente para poder interponer un monitorio podremos optar por reclamarla a través del Juzgado o a través del notario. En este último caso:

1- El notario enviará un requerimiento de pago al deudor adjuntando la documentación que sirve de soporte a la deuda y concediendo un plazo de 20 días para pagar o manifestar los motivos de su oposición a la realidad o existencia del adeudo.

2- Si el deudor es localizado (incluso si se niega a recepcionar el requerimiento) comenzará a computarse el plazo para que pague o se oponga, como ocurre en el monitorio.

a) Si el deudor se opone se cierra el acta notarial y el deudor decide si acude a los Juzgados para reclamar su adeudo.

b) Si pagase, se cierra el acta notarial con dicho resultado.

c) Si no se produjese ni pago ni oposición el notario cerrará el acta con un documento notarial que servirá de título bastante para iniciar ante el Juzgado una ejecución de título extrajudicial pero SIN ABONAR LA TASA prevista para este tipo de demandas.

En mi opinión existen pros y contras en este nuevo modelo de reclamación a tener en cuenta a la hora de decidir:

A su favor, este modelo de reclamación notarial tiene:

  • En el caso de deudores fácilmente localizables puede ser más corto el plazo en el que obtengamos el título que reconozca la deuda. El requerimiento del notario será más rápido que esperar a que el Juzgado admita a trámite la demanda, libre el requerimiento de pago, éste se lleve a cabo por los servicios de notificación, sobrecargados de trabajo y, en definitiva, que la lenta maquinaria de la saturada administración de Justicia.

En su contra, la reclamación notarial cuenta con los siguientes hándicaps:

  • No es totalmente una alternativa al Juzgado, si el deudor se opone hemos de acudir al Juzgado y si no se opone ni paga ocurre lo mismo, la ejecución de la deuda habrá que hacerla a través de una demanda de ejecución de títulos no judiciales, si bien es cierto que estará exenta de tasa.
  • Puede ser más caro que acudir a la vía jurisdiccional. No sabemos cuánto cobrará un notario por tramitar este procedimiento. En cualquier caso, para deudas de menos de 3.000 euros (exentas de pago de tasa) ante el notario algo habrá que pagar.

Por otro lado, si el deudor se opone pagaremos al notario por el requerimiento y si decidimos seguir reclamando ante el Juzgado deberemos abonar además las tasas judiciales.

  • El notario no tiene medios de localización del deudor. En el monitorio, si no se encuentra al deudor el Juzgado puede librar Oficios para localizar su domicilio. El notario si no da con  el deudor en el domicilio que se le haya indicado carece de medios ni facultades para instrumentar la búsqueda de su paradero.

Por tanto, si se aprueba este tipo de reclamación de deuda el acreedor tendrá que, caso por caso, valorar los factores de tiempo/coste para decidir, según el monto reclamado y la facilidad de localizar al deudor, el tipo de reclamación que escoge.

Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados

Nueva modificación de los concursos de acreedores:

Se introduce la figura del mediador para aquellos casos en los que el pasivo no supere los 5 millones de euros. Nace el denominado “concurso sucesivo”.

Con la publicación de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se ha vuelto a modificar el texto de la Ley Concursal.

Así, Capítulo V de la Ley 14/2013, bajo el título de “Acuerdo extrajudicial de pagos” prevé que las personas naturales que tengan la condición de emprendedor, y cualquier otra persona jurídica, sea sociedad de capital o no, puedan sustituir la solicitud de pre concurso, contemplada por el artículo 5 bis L.C., por una solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos siempre que su pasivo sea inferior a 5 millones de euros y así lo acredite.

La solicitud de esta negociación previa al concurso se cursará ante el Notario o Registrador, según los casos, y tendrá las siguientes especialidades:

1- REQUISITOS:

Podrá formularlo cualquier persona física o jurídica (sea o no sociedad de capital) cuando el pasivo no exceda de 5 millones de euros y  siempre que:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

c) Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

d) Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago.

2- RESUMEN DE SU TRAMITACIÓN.

De una forma muy somera, y sin entrar en el prolijo detalle de requisitos, excepciones, plazos y demás detalles que podemos verificar en el texto legal, el acuerdo extrajudicial previsto para insolvencias en las que el pasivo no supere los 5 millones sería, en resumen, el siguiente:

  • El deudor solicita al Notario o Registrador el nombramiento de un Mediador Concursal para que se haga cargo de la negociación.
  • El Mediador comprobará los créditos y notificará la apertura de la negociación a los acreedores.
  • Se elaborará un plan de pagos. Este plan, que ha de acompañarse por un plan de viabilidad, no podrá suponer una espera de más de 3 años ni una quita de más de un 25%, teniendo un régimen especial los acreedores que tengan garantías reales. Cabe destacar que el plan de pagos puede prever la dación en pago de bienes.
  • Se convocará a los acreedores a una reunión enviándoles, con al menos veinte días de antelación a la celebración de la misma, la propuesta del acuerdo. Los acreedores que no manifestasen su aprobación u oposición al acuerdo dentro de los 10 días siguientes a su notificación podrán, aún así,  acudir a manifestarse a la reunión convocada por el mediador. El acreedor que no haya manifestado su oposición o aprobación de la propuesta y no hubiese acudido a la reunión verá, si finalmente se declara el concurso de acreedores, su crédito degradado a subordinado, es decir, el último en cobrar.
  • El plan de pagos deberá aprobarse por una mayoría de acreedores que represente al menos el 60% del pasivo, salvo cuando se trate de un plan que prevea la entrega en pago de bienes, que deberá contar con un 65% y la aprobación de los titulares de derechos reales sobre los bienes entregados.
  • Si el plan no se aprueba o si, aprobado, no se cumple, se acordará iniciar el CONCURSO SUCESIVO, que empezará con la liquidación y en el que se nombrará al propio mediador que intervino en la negociación como Administrador Concursal. En esta liquidación, si se cubren los créditos de derecho público y los créditos contra la masa se podrá acordar la remisión de los demás créditos, lo que se hace con la intención de dar al emprendedor una “segunda oportunidad”.

Si esta reforma resulta o no favorable para una mejor y más ágil gestión de las situaciones de insolvencia lo dirá su aplicación práctica. No obstante, a priori, a mí personalmente me parece que hay una serie de cosas que debemos tener en cuenta:

En primer lugar, el legislador (una vez más) aprovecha un texto legal, en este caso la Ley 14/2013 de emprendedores para regular el instituto concursal no sólo respecto a estos sujetos sino también extendiéndolo a personas físicas y jurídicas de toda clase.

Por otro lado, me parece que nombrar un mediador para llevar a cabo la negociación tendente a evitar el concurso puede ser acertado, puede agilizar el proceso notablemente. Lo que no veo tan claro es que el mediador, que por la propia regulación legal de su figura ha de guardar una estricta confidencialidad sobre los temas en los que intervenga (no pudiendo incluso ser testigo en procedimientos judiciales posteriores salvo que así se declare por sentencia penal), sea el encargado de:

1º) Decidir si es necesario declarar el concurso sucesivo.

2º) Sea nombrado Administrador de ese nuevo concurso.

En tercer lugar, habrá que estar pendiente del funcionamiento real de este instituto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el coste logístico que puede tener para grandes empresas tener que acudir a todas y cada una de las reuniones convocadas por el mediador concursal en los numerosos concursos de acreedores en los que, a lo largo de toda la geografía nacional, esa empresa resulta acreedora a lo largo del año.

Por último, y en cuanto a la posibilidad de que, una vez declarado el concurso sucesivo e iniciada la liquidación, se produzca la remisión de los créditos para dar una segunda oportunidad considero que, de un lado, debería estar limitada esta posibilidad al emprendedor y no a cualquier sujeto y, por otra parte, que es cuanto menos curioso que esa “segunda oportunidad” que evite la frustración del acreedor se haga a costa del crédito del acreedor ordinario, dejando bien a salvo el previo pago de las deudas de derecho público.

Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGMA Abogados

Aprobado el anteproyecto de ley de reforma del código penal: Buenas noticias para la recuperación de impagados

El pasado viernes 20 de septiembre de 2013 el  Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, remitiéndolo a las Cortes.

 El Texto contiene, en la materia que nos ocupa de recuperación de créditos impagados, una serie de preceptos que pueden dar un importante giro a la desoladora situación actual mediante el refuerzo de la posición del acreedor en la fase más importante de estos procedimientos, la ejecución judicial.

 Así, como primera medida, el Anteproyecto para la Reforma del Código Penal prevé un nuevo Capítulo que bajo el nombre de  DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN comprendería:

1. EL DELITO DE OCULTACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.

La ejecución dineraria comienza siempre (ex artículo 589.2 L.E.C.) por el requerimiento al deudor para que manifieste una relación de los bienes y derechos que integran su patrimonio y que pueden, por tanto, ser embargados para satisfacer el crédito.

Lo cierto es que en mis años de ejercicio dedicado a este tipo de procedimientos nunca, y no exagero al utilizar tal palabra, un deudor ha atendido al requerimiento de designar bienes.

Este incumplimiento generalizado es lógico si tenemos en cuenta que la única consecuencia que tiene para el deudor es, hasta la fecha, una ridícula multa que ni el Juzgado impone ni quienes nos dedicamos a  la ejecución solicitamos dada su nula influencia disuasoria.

Sin embargo, y simplemente con no obedecer su obligación de comunicar al Juzgado la relación de bienes y derechos embargables en su patrimonio, el deudor está retrasando, probablemente meses o años, o haciendo definitivamente imposible la efectividad de la ejecución. Obliga con esa ocultación a un tercero, su acreedor, a hacer un gran gasto en medios y tiempo únicamente con el fin de localizar bienes embargables en la esfera de su patrimonio.

Esto podría cambiar sustancialmente a partir de la Reforma del Código Penal, que en el nuevo artículo 258 contemplaría el delito de ocultación de elementos patrimoniales, castigado con penas de 3 meses a un año de prisión y que cometería aquel que siendo requerido por el Juzgado para aportar relación de bienes y derechos de su patrimonio:

a)   No atendiese al requerimiento efectuado por el Juzgado.

b)   Aportase una relación de bienes y derechos en la que hubiese ocultado elementos de su patrimonio para evitar su embargo.

2-   EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES.

Que ya existía hasta la fecha pero integrado dentro de los llamados Delitos de Insolvencia Punible.

El delito de alzamiento de bienes seguiría regulado por el artículo 257 C. Penal, castigado con penas de 1 a 4 años de prisión, consistiría en aquellas actividades que supongan:

a)   Actos de ocultación o disposición fraudulenta de bienes para evitar que sean trabados en una ejecución judicial existente o inminente.

b)   Actos tendentes a obstaculizar o dilatar los embargos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto, en lo tocante a b>LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES/u> da una nueva redacción al artículo 259 y siguientes del C.P., estableciendo de forma precisa y detallada una serie de conductas que, cometidas por el/los Administrador/es de una empresa que se encuentre en situación de insolvencia real o inminente (tanto si se ha declarado ya el concurso de acreedores como si no) implicarán la comisión de un delito de insolvencia punible, castigado con penas de 1 á 4 años.

Entre estas conductas del administrador que pasan a ser constitutivas de un delito de insolvencia punible podemos destacar las siguientes:

a)   Ocultar, destruir o causar daños en elementos patrimoniales que están o habrían de estar incluidos en la masa del concurso al iniciarse el mismo.

b)   Actos de disposición o asunción de deudas desproporcionadas a la situación económica de la empresa.

c)   Ventas o prestaciones de servicios a pérdida, por debajo de su coste económico.

d)   Simular créditos de terceros o reconocimientos de deuda ficticios.

e)   Cometer irregularidades relevantes en la contabilidad, llevar doble contabilidad o destruir u ocultar la existente.

f)   Ocultar o destruir la documentación que como empresario tiene la obligación legal de conservar.

g)   Cometer irregularidades al formular las cuentas anuales o no formularlas dentro de plazo.

La tipificación de estas conductas facilitará la persecución de la responsabilidad penal (que conlleva también el resarcimiento de la responsabilidad civil causada por el delito, es decir, el pago de nuestro crédito)  de los administradores societarios que las lleven a cabo y, sobre todo, será un elemento disuasorio para evitar que  éstos descapitalicen la empresa en fraude de los acreedores o que, mediante la destrucción u ocultación de elementos contables y fiscales hagan imposible la reconstrucción de la situación económico/financiera de la mercantil o simulen situaciones inexistentes para lograr sus fines ( V.gr: para forzar la declaración de concurso de acreedores).

Además de todo lo expuesto, la reforma prevé que se pueda exigir responsabilidad penal por la malversación de patrimonios de terceros por parte de aquellos a los que se ha encomendado su administración, abriendo la puerta a que esta administración desleal pueda ser imputada a los Administradores Concursales en el ejercicio de sus funciones.

En resumen, y a la vista de lo hasta ahora expuesto, si el texto definitivamente se aprueba en los términos que actualmente refleja el Anteproyecto se notará, sin duda alguna, una importante agilización y efectividad de los procedimientos judiciales de ejecución dineraria y desaparecerán muchas de las situaciones que, con la actual regulación, dificultan enormemente la recuperación de la deuda judicialmente reconocida.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Abogado

 

Aprobada una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

A través del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores que estará dotado con 2.600 millones de euros.

Los proveedores de Ayuntamientos y C.C.A.A. que se acojan al nuevo Plan de Pago a Proveedores tendrán hasta el 22 de marzo para comprobar si sus facturas, que han de ser anteriores al 1 de enero de 2012,  han sido comunicadas por su deudora al Ministerio de Hacienda ( pueden hacerlo a través de: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/20130222_Proveedores.aspx ) o, en caso contrario, para solicitar que se incluyan mediante una certificación individual de reconocimiento de la obligación  de pago emitida por la Administración deudora. Una vez tengan reconocido su derecho de cobro, recibirán el importe de la deuda antes del 15 de junio de 2013.

Como novedades del nuevo Plan de Pago a Proveedores podemos destacar:

  • Se podrán acoger al mismo entidades que quedaron fuera en la primera fase, como son las mancomunidades de municipios, la entidades locales del Pais Vasco y Navarra (previo convenio con la Administración del Estado).
  • También podrán acogerse municipios y C.C.A.A. ya acogidos en la primera fase para aquellas deudas que no fueron abonadas por corresponder a fórmulas contractuales excluidas del primer plan.
  • Se incluyen deudas procedentes de modalidades contractuales no contempladas en el primer Plan de Pago a Proveedores. Así, podrán incluirse deudas derivadas de derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Sin duda se trata de una gran noticia, aunque en muchos casos tardía,  puesto que supondrá un influjo de liquidez en el sistema y permitirá subsistir a muchas empresas ahogadas por la morosidad del sector público, tal como ocurrió con la primera fase de este plan de pago a proveedores.

Modificada la Ley de Morosidad: Se reduce el plazo máximo de pago a un máximo de 30 días ampliable a 60.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El 22 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo al emprendedor, estímulo al crecimiento y creación de empleo.

Entre las medidas comprendidas en la norma se incluye, en su artículo 33, una nueva modificación de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que ya fue modificada por la Ley 15/2010. La nueva reforma de la normativa patria en materia de morosidad y plazos de pago viene a incorporar la nueva Directiva Comunitaria en la materia con los siguientes cambios:

Cambia el plazo máximo de pago en operaciones comerciales

El plazo máximo de pago vigente a partir de 2013 (tras los plazos del período transitorio) era de 60 días como máximo a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Con la nueva norma el plazo máximo de pago en operaciones comerciales entre empresas y profesionales pasa a ser de 30 días, si bien ahora se admite su ampliación mediante pacto entre las partes siempre y cuando no se supere un máximo de 60 días.

Aumenta el tipo de interes de demora exigible

Continúamos pudiendo exigir el interés de demora devengado, de forma automática y sin necesidad de requerimiento al deudor, desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el efectivo pago, si bien el tipo interés aplicable pasa a ser el utilizado por el Banco Central Europeo en su última operación principal de financiación ampliado en 8 puntos porcentuales, en lugar de los 7 puntos que hasta ahora se aplicaban.

Se incluye una indemnización mínima de los gastos que el recobro del impagado genera a su acreedor

Así, por el mero hecho de haber incurrido en mora se podrá reclamar una cuantía mínima de 40 euros en concepto de gastos generados por el recobro sin necesidad de acreditar documentalmente el gasto. Esta cantidad podrá, por el mero hecho de haber incurrido en mora, añadirse sin más al principal reclamado.

Si los gastos generados superan esta cuantía podrán seguirse reclamando lo que puedan acreditarse y superen los 40 euros en los mismos términos previstos en la norma.

Se refuerza, además, la obligación de pago de esta indemnización ya que se define de forma clara y directa como cláusula abusiva, que puede ser declarada nula, aquella que suponga la renuncia a esta indemnización.

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