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Ley 15/2010 de plazos de pago y represión de morosidad. Nueva línea ICO

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El gobierno aprobó ayer la creación de las líneas ICO a los ayuntamientos para el cumplimiento de esta normativa.

Desde la aprobación, ahora hace un año, de la Ley 15/2010 de represión de la morosidad en las operaciones comerciales, las Administraciones públicas han sido las primeras incumplidoras del texto normativo y, simultáneamente, uno de los principales escollos para su cumplimiento, ya que muchas empresas (especialmente PYMES) no pueden cumplir sus plazos de pago si ellas, a su vez, no sólo no reciben en plazo sus cobros de las Administraciones sino que, en muchos casos, ni los reciben, lo que las empuja a graves problemas de tesorería o, las más de las veces, a su desaparición.

 

Dicho texto legal preveía para las Administraciones Públicas unos plazos máximo de pago más cortos que para los demás sujetos intervinientes en operaciones comerciales, un nuevo sistema de control del cumplimiento de estos plazos y, en su Disposición Adicional Cuarta, la creación de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a favor de los Ayuntamientos que hiciese posible el cumplimiento de los pagos, ya que de otro modo, y como hemos podido comprobar hasta la fecha, sin crédito a las Corporaciones Locales todas estas previsiones se quedarían en papel mojado.

Aunque con mucho retraso, pues la Ley preveía que las líneas I.C.O. se aprobasen dentro de los 30 días siguientes al 07/07/2010, y después de que en septiembre del año pasado el Gobierno rechazara su puesta en marcha, ayer, día 1 de julio de 2011 el Gobierno aprobó la creación de una línea I.C.O. de 3.400 millones de euros orientada a que los Ayuntamientos puedan hacer frente a sus deudas y cumplir sus plazos de pago.

Para garantizar que se favorece a las empresas más perjudicadas por los incumplimientos de las Administraciones, las pequeñas y medianas empresas, se establece una prioridad de cobro a favor de aquellas empresas que tengan menos de 250 trabadores.  El plazo del préstamo al Ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del crédito.

Asimismo, para garantizar que estas líneas de crédito se aplican única y exclusivamente al fin para el que fueron creadas, el crédito se hará mediante el descuento directo de facturas, el Ayuntamiento presentará la factura de su proveedor al I.C.O. y éste la abonará directamente al emisor de la factura.

Considero que es una muy buena noticia para muchas pequeñas y medianas empresas que dependen de este tipo de Corporaciones para sobrevivir y, sobre todo, un gran paso adelante en el, hasta ahora lento, proceso de consolidación y cumplimiento de la Ley 15/2010.

Cuándo, dónde, cómo y por qué presentar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Borme registro mercantil

Se aproxima el mes de julio y para muchos de los que leéis estas líneas llega el período de depositar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010 en el Registro Mercantil. En condiciones normales, cierre de ejercicio 31 de diciembre y celebración de la junta a más tardar el 30 de junio, tendréis hasta el 30 de julio para depositarlas (que nadie me presente las cuentas el día 31, puesto que estaría ya fuera de plazo).

En cuanto al lugar de presentación, las cuentas anuales se pueden depositar personalmente en las oficinas del Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de vuestra empresa o por correo (certificado o administrativo) dirigido al propio Registro. En este segundo caso se tomará como fecha de presentación la que conste del servicio oficial de correo, aspecto muy a tener en cuenta si vamos con las fechas algo apretadas. Por lo que se refiere a la forma de presentación, actualmente las cuentas se pueden depositar de los siguientes modos:

a)      Utilizando el programa de ayuda y confección de archivos disponible en la dirección de Internet: www.registradores.org, con el que se generará el correspondiente soporte físico (CD o DVD).

b)      Cumplimentando los impresos y modelos normalizados disponibles en el Registro Mercantil.

c)      Telemáticamente desde www.registradores.org utilizando la correspondiente firma digital.

Y por si a alguien le sobreviene la tentación de no presentar las cuentas, os recuerdo que no podréis inscribir en el Registro Mercantil ningún documento de la empresa mientras este incumplimiento persista. De esta restricción general se exceptúan la publicación del cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, la revocación o renuncia de poderes, así como la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores y los asientos que ordene la autoridad judicial o administrativa.

Además el incumplimiento del depósito puede motivaros la imposición de una multa por importe de entre 1.200 a 60.000 euros por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), previa instrucción del correspondiente expediente y tal como se regula en el artículo 283 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. El límite superior de la multa se eleva hasta los 300.000 euros cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6 millones de euros. La sanción que pueda imponer el ICAC se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio que se haya declarado a la Administración tributaria. En el supuesto de no disponer de estos datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con la cifra de capital social, que será solicitada al Registro Mercantil correspondiente. Si las cuentas se depositen con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, aunque sea fuera de plazo, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento

Tratamiento fiscal del arrendamiento financiero en el Impuesto sobre Sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

Uno de los principales atractivos de la operación financiera de arrendamiento o leasing financiero estriba en su tratamiento a efectos del Impuesto sobre Sociedades (IS). En este impuesto (artículo 115 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del IS) os recuerdo que se considera gasto fiscalmente deducible:

  • La carga financiera (intereses) satisfecha a la entidad financiera arrendadora.
  • La parte de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien (amortización), excepto en terrenos, solares y otros activos que tengan carácter no amortizables. Cuando en un mismo contrato de arrendamiento financiero coincidan bienes que sean amortizables y bienes que no lo sean, podréis deducir la parte correspondiente a los amortizables siempre que aparezcan expresados de forma diferenciada en el contrato.

Realmente es en la parte de la cuota correspondiente a la recuperación del coste del bien donde se encuentra la ventaja fiscal, ya que la consideración de los intereses es la misma que en el caso de un préstamo a largo plazo, por ejemplo. Los requisitos que exige la normativa para poder obtener la ventaja fiscal son:

  • Debe tratarse de contratos de arrendamiento financiero que se ajusten a lo regulado por la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, donde se regula la operación de arrendamiento financiero de una forma general.
  • Duración mínima de los contratos (se tiene en cuenta desde la puesta en funcionamiento del bien) de dos años cuando tengan por objeto bienes muebles, y de diez cuando sean inmuebles o establecimientos industriales.
  • Las cuotas de arrendamiento financiero deben aparecer en el contrato diferenciando la parte que corresponda a recuperación del bien, excluido el valor de la opción de compra, la parte que corresponda a intereses y la parte que corresponda a pago del impuesto indirecto.
  • El importe anual de la parte de las cuotas correspondiente a la recuperación del coste debe permanecer igual o tener carácter creciente a lo largo del período contractual.

La cantidad deducible en concepto de amortización cada ejercicio no puede superar el resultado de aplicar al coste del bien el doble del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas. En el supuesto de las empresas de reducida dimensión este límite se eleva hasta el triple del coeficiente. Las cantidades que excedan los límites apuntados podrán deducirse en períodos impositivos sucesivos.

 

 

 

 

Nueva Ley 4/2011 de 24 de Marzo: Habrá que pagar tasas judiciales por interponer reclamaciones monitorias

 Gonzalo Quiroga SardiAbogado

Se ha aprobado la Ley 4/2011 de 24 de marzo por la que se modifica la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para de facilitar la aplicación del Monitorio Europeo y Proceso Europeo de reclamación de deudas de escasa cuantía.

Mediante la citada norma, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, introduciendo en la misma dos nuevas Disposiciones Finales, la Vigésimo Tercera y la Vigésimo Cuarta, por las que se integra definitivamente en nuestra legislación el Proceso Monitorio Europeo.

También establece la Ley 4/2011 algunos cambios en los procedimientos de reclamación de deuda, como lo son que ya no será obligatoria la intervención de letrado y procurador para Juicios Verbales que no excedan de 2.000 euros ni para las ejecuciones de títulos judiciales que no sobrepasen  dicha cantidad.

Por último, se prevé que las empresas que, por su facturación, vienen obligadas a abonar tasas judiciales deberán hacerlo, también, cuando interpongan una reclamación monitoria, hasta ahora exenta de este pago.

Fundamenta la Ley, en su Exposición de Motivos, que esta medida se adopta para evitar que se canalicen a través del monitorio reclamaciones que no cumplen los requisitos de este tipo de procedimientos, y ello sólo con el fin de evitar el pago de la tasa. No obstante, esto en realidad no ocurre, puesto que con la presentación de una reclamación monitoria que no se ajuste a lo exigido por la L.E.C. lo único que conseguimos es que desestimen la demanda y nos remitan a interponer la demanda del procedimiento declarativo que corresponda, pagando, por tanto, la tasa.

En cualquier caso, si el deudor se opusiese al monitorio, transformándose el procedimiento en un declarativo (verbal u ordinario según la cuantía), no será necesario abonar una nueva tasa, evitándose así el doble pago.

Intereses moratorios e indemnizaciones de gastos de recobro establecidos por la Ley de Morosidad

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

 ¿Podremos algún día hacer efectivas estas medidas? 

Uno de los principales avances establecidos por la Legislación antimorosidad viene determinado porque, tanto la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad como la reforma en la misma operada por la Ley 15/2010, se establecen dos importantes medidas tendentes a disuadir al deudor.

La primera consiste en imponer legalmente el devengo de intereses moratorios desde el mismo momento del vencimiento de la factura que resulte impagada, y ello de forma automática, sin necesidad de que medie previo requerimiento fehaciente. El tipo de interés moratorio aplicable (euribor + 7 puntos) será, además, mucho más alto que el previsto hasta la entrada en vigor de esta legislación.

La segunda, permitir que en la reclamación de la cantidad adeudada se incluyan, como parte de las cantidades a reclamar, los costes generados por el recobro del adeudo.

Esta medida tiene una especial importancia en cuanto a las reclamaciones monitorias se refiere. El Procedimiento Monitorio, el más utilizado por su sencillez y rapidez para el cobro de facturas, no exige legalmente, al menos en su primera fase, la intervención de letrado o procurador. Por tanto, si el deudor consigna cuanto adeuda en concepto de principal durante los 20 días que el Juzgado le concede al efecto no tendrá que abonar costas procesales, pues no se genera tal partida al no ser preceptiva la intervención de profesionales. Sin embargo, con esta medida, los gastos en los que el acreedor tenga que incurrir para reclamar su deuda ( dentro de los límites establecidos por la Ley), incluidos los pagos que tenga que realizar a letrado y procurador para interponer la demanda, podrán adicionarse a la cantidad reclamada en concepto de indemnización de gastos de recobro.

Con estas medidas, y en plena concordancia con el espíritu de ambas leyes (y de la Directiva Comunitaria 35/2000 que las inspiró), se pretende evitar que, como ocurre en muchas ocasiones, el deudor pretenda obtener una tesorería extra a costa de su acreedor. Así, en muchos casos, una empresa no paga sus facturas intencionadamente, a sabiendas de que, aunque en su momento pagará cuanto debe, durante varios meses ( los que discurran mientras el acreedor le hace los primeros requerimientos extrajudiciales de pago, se dilata la espera con falsas promesas y acuerdos de abono del adeudo, llega el asunto a sus servicios legales, se interpone la demanda, se admite la misma a trámite y se produce el requerimiento judicial de pago) dispondrá en su tesorería del importe del principal que adeuda. Una vez que reciba el requerimiento judicial del pago, normalmente monitorio por ser la vía más rápida para la reclamación de deudas, consigna el principal y no responde por mas cantidades, habiendo obtenido una financiación a un interés del 0% y sin costes adicionales, al no tener que abonar costas procesales.

Con los mencionados mecanismos previstos en la Ley de Morosidad, sin embargo, el tipo de interés que deberá pagar será mucho más alto (euribor + 7 puntos) que el que le pueda suponer la financiación bancaria y, además, tendrá que pagar los gastos que la reclamación de la deuda haya generado.

Sin embargo, estas acertadas medidas adoptadas por el legislador en la práctica constituyen prácticamente una quimera, pues conseguir su aplicación resulta extremadamente difícil. Lo más lamentable de esta situación es que son los propios Juzgados de Primera Instancia, encargados de hacer cumplir las normas legales, quienes obstruyen o dificultan la aplicación de estos instrumentos de disuasión del moroso.

De este modo, casi en el 90% de los supuestos en los que se interpone una reclamación monitoria, incluyendo en la misma la exigencia del principal, de los intereses devengados (ex Ley 3/2004 y Ley 15/2010) desde el vencimiento de la factura hasta la fecha de demanda y de los gastos generados por el recobro, el Juzgado dicta un Auto de Admisión a trámite de la demanda en el que, obviando las restantes cantidades exigidas, acuerda requerir al deudor de pago únicamente por el principal de las facturas adeudadas.

Ante esta resolución, nos vemos obligados a interponer un recurso de reposición y argumentar ante el Juzgador las razones por las que los intereses moratorios y los gastos generados por el recobro han de formar parte de la cantidad exigible. Este recurso tiene una tramitación más o menos rápida y no supone un coste temporal demasiado alto. En aproximadamente un 60% de los supuestos en los que nos vemos obligados a interponer el recurso de reposición, el Juzgado acaba reconociendo el derecho a incluir las cantidades que fueron obviadas, probablemente porque su no inclusión se debió a un problema de tratamiento de texto, es decir, a que los formularios de texto de admisión de la demanda que hay en los Juzgados no incluyen aún estos conceptos aunque, a nuestro modesto entender, deberían incorporarlos, sobre todo teniendo en cuenta que han transcurrido 7 años desde que la Ley 3/2004 los impusiese con carácter imperativo.

Pero el verdadero problema llega cuando, en multitud de supuestos (aproximadamente un 40% de los recursos de reposición interpuestos), se deniega por el Juzgador en cuestión la incorporación de las citadas cantidades a la reclamación, utilizando para ello peregrinos argumentos (por ejemplo que en el Procedimiento Monitorio no hay condena en costas, confundiendo éstas con la indemnización por gastos de recobro, o, en otros casos, afirmando que no puede admitirse una liquidación de intereses efectuada con criterios unilateralmente escogidos por el demandante, cuando en realidad son intereses y criterios de liquidación que vienen impuestos por la Ley y, por tanto, de obligatoria aplicación).

Este tipo de resoluciones, amén de poner en evidencia que en determinadas ocasiones el principio “iura novit curia ( principio del Derecho en virtud del cuál el Juez conoce la Norma y, por tanto, las partes no han de probar en litigio lo que la Norma dice) brilla por su ausencia, determinan la imposibilidad práctica de conseguir el cobro de estas cantidades.

En puridad, podrían impugnarse estas resoluciones mediante un recurso de apelación en el que, fácilmente, se conseguiría que tan inconsistentes argumentaciones judiciales quedasen sin efecto, incluyéndose finalmente los intereses y los gastos de recobro como parte de las cantidades a reclamar al deudor. Sin embargo, la tramitación de un recurso de apelación resultaría totalmente antieconómica para el acreedor, quien tendría que esperar un año aproximadamente para ver reconocido su derecho, plazo que, en procedimientos de reclamación de cantidad resulta excesivo. Así, siendo lo importante en estos procedimientos (y más en los tiempos que corren en los que las empresas desaparecen de la noche a la mañana) ser de los primeros en conseguir embargar lo poco que quede en el patrimonio de la deudora, hace que merezca más la pena renunciar a los intereses moratorios y a recuperar los gastos que esperar un largo período a que se resuelva la apelación.

Por todo ello, considero que la concienciación pora parte del Poder Judicial sobre la necesidad de hacer cumplir extrictamente cuanto establece la Ley de Morosidad, en lugar de obstaculizarla, sería, incluso por encima de nuevas reformas legislativas, el factor realmente determinante para disminuir los índices de morosidad y los costes adicionales que esta genera para el acreedor.

¿Qué ha sido de la cuenta tributaria para compensar morosidad pública?

Mario Cantalapiedra – Economista

En Gestores de Riesgo y Morosidad el pasado octubre ya nos hacíamos eco de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley del Partido Popular, la cual instaba al Gobierno a arbitrar un sistema de cuenta corriente tributaria por el que pymes y autónomos pudieran compensar el retraso en el pago de sus facturas por parte de la Administración General del Estado, a través del aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos.

No obstante, la iniciativa que os comento, que fue aprobada el 7 de septiembre de 2010, a estas alturas sigue sin entrar en vigor, por lo que el Partido Popular ha registrado una nueva Proposición no de Ley en la que se solicita establecer el sistema de cuenta corriente tributaria para todos los créditos reconocidos por acto administrativo que las administraciones públicas, ya no sólo la Administración General del Estado sino también los ayuntamientos (donde radica gran parte del problema) y las comunidades autónomas, tengan con pymes y autónomos.

En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley ahora presentada por el Partido Popular, se indica que las causas más graves que impiden que las empresas españolas puedan obtener la liquidez necesaria para seguir funcionando son el aumento de la morosidad y la dificultad de acceso a la financiación externa, en las que creo estaremos de acuerdo casi todos nosotros. Además en ella se cita un estudio del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, publicado en diciembre de 2009, en el que se refleja como el 84,5 por ciento de las pymes que se dirigieron a entidades financieras solicitando financiación tuvieron problemas para acceder a la misma. Por otro lado, también dentro de la exposición de motivos de la Proposición, se calcula en 30.000 millones de euros el volumen de deuda del conjunto de las administraciones públicas con empresarios y autónomos, cuyos plazos de cobro son cada vez más dilatados.

¿Y cuál es la situación actual de esta nueva Proposición no de Ley? Pues, os puedo comentar que está siendo estudiada por el Gobierno, el cual tiene de plazo hasta marzo para decidir el veto o no de su tramitación, mientras tanto a pymes y autónomos les toca seguir esperando una medida que si bien no solucionaría el problema de la morosidad pública, sí que serviría para paliarlo.

Constitución de sociedades limitadas, más rápida y barata

Mario Cantalapiedra – Economista

Tratando de mejorar la competitividad del tejido económico español, el recientemente aprobado Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, incluye una serie de medidas que pretenden agilizar la constitución de sociedades y reducir su coste, en concreto, de las sociedades de responsabilidad limitada, forma jurídica que eligen mayoritariamente las pequeñas y medianas empresas a la hora de formalizar su constitución.

Con esta nueva legislación la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada podrá llevarse a cabo, con carácter general, en un plazo máximo de uno a cinco días, apoyándose en las nuevas tecnologías, y exceptuando solamente aquellos casos en que la elevada cuantía del capital o una estructura de socios compleja exijan un examen más detallado.

De este modo, una sociedad limitada que no supere los 3.100 euros de capital social y sus estatutos se adapten a los aprobados por el Ministerio de Justicia (de tipo estándar), podrá constituirse en un solo día, con unos costes de 60 euros por la participación del notario, más 40 euros por la labor del registrador, es decir, un coste total de 100 euros, y utilizando procedimientos telemáticos en todos los trámites necesarios. A los efectos de los estatutos de tipo estándar, pueden utilizarse los recogidos en la también reciente Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los Estatutos-tipo de las sociedades de responsabilidad limitada. Estos Estatutos-tipo podrán utilizarse por las sociedades de responsabilidad limitada constituidas por uno o varios socios cuando reúnan las siguientes cuatro características:

  • La constitución de la sociedad se realice por vía telemática.
  • El capital social no sea superior a 3.100 euros.
  • Los socios sean personas físicas
  • El órgano de administración sea un administrador único, varios administradores con facultades solidarias o dos administradores con facultades mancomunadas.

Por su parte, una sociedad limitada que no supere los 30.000 euros de capital social, podrá constituirse en un máximo de cinco días, con unos aranceles notariales de 150 euros y unos gastos registrales de 100 euros, es decir, un coste de 250 euros en total.

Esperemos que estas medidas ayuden a mejorar la competitividad del tejido económico, como se pretende desde el Gobierno, desde luego no parece que sean malas para aquellos valientes que pretenden montar una empresa en la actual situación.

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