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Reducir los plazos de pago a 60 días ahorraría 2.485 millones a las PYMES

De acuerdo con los cálculos de la Administración, la reducción de los plazos de pago a 60 días generaría un ahorro financiero neto de unos 2.485 millones de euros anuales a las pymes y autónomos. De acuerdo con los cálculos de la Administración sobre las medidas contra la morosidad previstas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible la obligación de pago en 60 días para las empresas, cuando el proveedor sea una pyme o autónomo, generará un ahorro financiero neto [diferencia entre la disminución de costes financieros para las pyme y el aumento para grandes empresas] de unos 2.485 millones de euros al año.

El Anteproyecto incluye también la reducción del plazo de pago de las Administraciones de 60 a 30 días que, según estas estimaciones, generará un ahorro financiero adicional para las empresas de unos 759 millones de euros al año. Desde el punto de vista macroeconómico, la Administración calcula que estas medidas de lucha contra la morosidad, en el horizonte 2020, generarán incrementos adicionales del PIB [0,25%], el empleo [0,1%] y la inversión [0,5%] hasta 2020. Todos estos cálculos están contenidos en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo del Anteproyecto. Con estas medidas [contra la morosidad] se pretende restringir el uso indebido del crédito del proveedor como instrumento de financiación de las empresas o de las Administraciones Públicas. Este uso se basa, con frecuencia, en las asimetrías de poder de mercado entre empresa o administración cliente y proveedor. La reforma introducida, en consecuencia, reequilibra estas relaciones de poder y permite un desarrollo de la actividad económica en condiciones más competitivas. En particular, conviene tener presente que la reforma reducirá las necesidades de financiación de las pyme, para las que el coste de los recursos financieros es más elevado que para las grandes empresas o las Administraciones Públicas, explica la Memoria.

El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) y su función en la gestión de riesgos

Mario Cantalapiedra – Economista

El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) es un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias de titularidad privada constituido por información relativa a impagos efectuados por personas jurídicas.

Aunque antaño el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) recogía también datos de personas físicas, hoy en día ya no lo hace,  al ser declarado ilegal por Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 8 de febrero de 2005. En este sentido, el RAI siempre ha estado envuelto en polémica sobre su legalidad, inclusive para el caso de personas jurídicas, de ahí que exista quien piense que tarde o temprano llegará a desaparecer, pero mientras ello se decide, debemos tener en cuenta que hoy por hoy nuestra empresa puede aparecer en él si impaga un efecto comercial aceptado.

El Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) surge a raíz del interés de las entidades financieras en controlar las devoluciones de efectos comerciales y dotar de mayor seguridad su descuento, y para ello viene a recoger los impagos de cuantía igual o superior a trescientos euros producidos en documentos en los que conste la firma del deudor reconociendo la deuda, es decir, documentos que estén “aceptados”. Estos documentos pueden ser letras de cambio, pagarés cambiarios, cheques de cuenta corriente y pagarés de cuenta corriente, que sean de uso en masa en el sistema bancario y tengan fuerza ejecutiva. También se incluyen los recibos que suplen a las letras de cambio en los que conste la aceptación del deudor con su firma, aunque no cuenten con fuerza ejecutiva.

El RAI recoge para una persona jurídica el número total de efectos impagados, el importe total de los mismos y la fecha de la última incidencia registrada, siendo el plazo actual de permanencia de la información de treinta meses, con lo cual comprobamos que el rastro del impago permanece bastante tiempo después de que éste se produce. La consulta al RAI puede dar resultado positivo (la empresa consultada tiene impagados sin subsanar en los últimos treinta meses), negativo (la empresa no tiene impagados en el período) o cero (la empresa ha tenido impagados en el período que han sido subsanados). A continuación podemos ver un ejemplo de cómo se muestra la información en una consulta con resultado positivo al fichero RAI:

Los datos que aparcen en el Registro de Aceptaciones Impagadas son aportados por las entidades de depósito, en concreto por bancos, cajas de ahorro, cajas rurales y cooperativas de crédito. Por tanto, estamos ante un fichero de titularidad y financiación privadas que, a pesar de que nació con la idea de ser de uso exclusivo para las entidades adscritas al mismo, ahora puede ser consultado en Internet, previo pago, por acreedores que tengan un crédito concedido o solicitado por una persona jurídica o por empresas cuya actividad consista en proporcionar informes de solvencia, siendo, por tanto, una herramienta accesible en la gestión de riesgos de clientes.

Históricamente los informes del RAI han sido utilizados por las entidades de crédito al estudiar el riesgo de un cliente como paso previo a la concesión de un crédito. Desde la perspectiva de la entidad bancaria, la aparición continua en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) de una compañía en calidad de deudora indica que tiene o ha tenido problemas de liquidez. En este sentido, el responsable de una compañía debe aclarar y justificar ante el banco los apuntes en el RAI en su contra, detallando sus causas y acreditando su pago posterior o resolución. Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las apariciones en el RAI pueden deberse, por ejemplo, a desavenencias comerciales entre empresas y no sólo a problemas de liquidez (por ejemplo, y aunque ello nunca sea aconsejable, se puede producir la devolución de una letra a un proveedor que no ha cumplido sus obligaciones de suministro pactadas en la venta y no atiende a solucionar el conflicto de buena manera).

 

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