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La recuperación de la posesión por parte el titular inscrito

El Artículo 41 de la Ley Hipotecaria disponía la posibilidad de utilizar  un procedimiento especial dirigido a eliminar los actos de oposición frente a los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad. Pese a que la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 afirma que se suprimen los juicios especiales, ciertamente en el Artículo 250.1.7 de dicha Ley de procedimiento se regula un procedimiento que podemos llamar “especial” , en concreto se indica que se tramitarán por el procedimiento verbal, “las demandas  que , instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación”.

Dicho Artículo 41 de la Ley Hipotecaria con la entrada en vigor de la actual y vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) queda redactado de la siguiente forma: “Las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la LEC, contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio…”

La naturaleza jurídica de este procedimiento es clara, se trata de un procedimiento declarativo al regularse por medio del actual juicio verbal siendo las resoluciones derivadas de dicho proceso, carentes de efectos de cosa juzgada. El demandante acciona en su condición de titular registral del dominio o de un derecho real al que se le perturba en su posesión. Por tanto se trata de un mecanismo de protección que establece el ordenamiento jurídico que intenta proteger lo recogido en el Artículo 38 de la Ley Hipotecaria: “A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos….”

Son presupuestos del ejercicio de la acción los siguientes: 1/titularidad registral, con un asiento vigente a su favor, sin contradicción alguna 2/titularidad registral que publica un derecho inscrito que supone posesión 3/ actos de perturbación, oposición o despojo.

La legitimación activa la tienen los titulares de derechos reales inscritos y la legitimación pasiva la ostentan quienes perturben el ejercicio de tales derechos sin disponer de título inscrito.

La ley establece una caución para accionar/oponerse al actor. Dicha caución se adoptará con audienciadel demandado; dispone el Artículo 439 de la LEC que no se admitirán las demandas … /….1º Cuando en ellas no se expresen medidas que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere. 2º Si salvo renuncia del demandante, que hará constar en la demanda, no se señale en ésta la caución que ha de prestar el demandado…en caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios producidos y de las costas del juicio. 3º Si no acompañare el actor a la demanda certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al demandante.

 

 

 

 

Existe un principio de audiencia al demandado, establecido para hacer posible el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” según dispone el Artículo 24 de la Constitución puesto que dicha caución no puede adoptarse automáticamente y sin audiencia de la parte demandada, y por otra parte, se exige que el importe de dicha caución se fije en la cuantía que, tras oír al demandado, el tribunal determine dentro de la solicitada por el demandante.

Son motivos de oposición la falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas que desvirtúen la acción ejercitada, poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, que el bien o derecho figure inscrito a favor del demandado y finalmente no ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado.

En cuanto a la finalización de este proceso, la ley no admite reconvención nunca, y la sentencia que recae no produce efectos de cosa juzgada pudiendo las partes acudir al juicio declarativo correspondiente para instar la revisión de lo en él resuelto.

En definitiva se trata del cauce procedimental más apropiado para ser utilizado por un propietario que ve como su finca es ocupada y poseída por la vía de hecho.

Tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2015

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar en las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2015 sea del 8,05 por 100, diez puntos básicos menos que el semestre precedente.

Por tanto y a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,05 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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Nuestra Pequeña Grecia

Francisco Marín Cano – Grupo Choice

El pasado sábado, el BOE publicaba el Real Decreto de obligaciones de información para un mecanismo de financiación para pago a proveedores de las entidades locales. Desde el día 21, en que se anunció esta acción legislativa, hemos estado esperando su concreción. Se nos anunciaba que “en semanas” habría una macro inyección de dinero (en algunos periódicos se llegó a hablar de líneas de hasta 50.000 millones). Pero ahora el resultado es agridulce. Más vale algo que nada, pero es bastante amargo de tragar.

Y no porque se hable de las deudas solo de entidades locales (¿y las deudas de las comunidades autónomas, dónde quedan?) sino porque solo de la lectura de la exposición de motivos, se entrevé una manera de gestionar que hace temer por una cierta inseguridad jurídica. ¿Un Decreto Ley pasa por delante de la Ley votada por las Cortes Generales? ¿Un Decreto Ley puede reducir derechos fijados en una Ley 3/2004 y 15/2010, por mucha circunstancia extraordinaria y de urgente necesidad que se quiera argumentar?

No es mi intención sacar de contexto ninguna frase, pero no puedo transcribir toda la norma, que adjuntamos. Y pido a priori excusas si alguien cree ver  alguna manipulación, que no es mi objetivo.

Ya solo en los dos primeros párrafos, hay una comprensión de la situación algo confuso. El primer párrafo dice “…la crisis económica ha generado…una fuerte bajada en la recaudación…” y en el segundo se añade “…siguen manteniéndose restricciones de acceso al crédito lo que unido a los retrasos mencionados dificulta la financiación de las empresas”. Es perverso.  Quien ha escrito esto supone que la dificultad de financiación  de las empresas la genera primero la falta de financiación, y solo después los retrasos. Es decir, casi se apunta a que si siguiera habiendo financiación para las empresas, los retrasos serían un problema menor, e incluso no considerable, pues la crisis todo lo justifica.

En los siguientes párrafos se apunta. “Se instrumentaron operaciones especiales de endeudamiento y una línea de avales del ICO … y una línea de crédito para la cancelación de deudas…” “la escasa eficacia de aquellas medidas….”. O sea, que se dio la herramienta para solventar los atrasos, y no se utilizaron. Ya lo recordamos. Los Municipios y Comunidades dijeron que “eran caros”. Como si a las empresas les resulte gratis o barato financiar la deuda pendiente de cobro.

Pero sigue el tema  “…el buen funcionamiento del mecanismo requiere de una información financiera fiable… que permitirá identificar el volumen real de deuda con sus proveedores”. Cuando las empresas, a día de hoy, ya han cerrado sus declaraciones de IVA del año 2011 (y ¡Ay de quien no lo haya hecho!) resulta que los entes locales hay que darles 20 días para que sepan qué deben. Teniendo en cuenta que la AEAT, cuando envía un escrito, da 10 días para cualquier tipo de aclaración, darles 20 días a los entes locales parece un trato de favor.

Tras estas ideas, la “exposición de motivos” entra ya en una relación de la estructura del articulado, del que cabe destacar cuatro  temas

1.- Solo se habla de  facturas entradas en Registro antes del 1 de enero de 2012. O sea, los gastos de las carrozas de  Reyes, o las luces de las fiestas de Navidad seguro que ya no entran. Hablamos solo de toda la deuda generada antes de esa fecha. A partir de ahí, se confía en la buena voluntad de la Entidad local.

2.- El timing que se deriva de la norma es bastante duro. El 15 de Marzo ha de presentarse las relaciones de deuda. El 31 de Marzo han de presentarse los planes de ajuste. En un plazo máximo de 30 días (ya es 30 de Abril) el Ministerio de Hacienda los valorará  (¿Cuántos entes locales hay en España? ¿En 30 días se pueden valorar todos los planes de ajuste? ).

Si no hay comunicación en ese plazo, se considerará como informe desfavorable y habrá que hacer un nuevo Plan. Y si es favorable, se entenderá autorizada la operación de endeudamiento, que podrá hacerse en fases sucesivas y hasta final de 2012. O sea que, como mínimo, hasta mediados de Mayo (135 días para las facturas de 31/12/11) no se estarán cobrando facturas de 2011 o anteriores no liquidadas por los entes locales. Pero es que ahora toca encontrar qué entidades se van a quedar con las facturas y van a abonar el dinero. Se habla de una “operación de endeudamiento a largo plazo según acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno”, pero los detalles no aparecen. Suena a “tengo la idea, pero aún no tengo el dinero”. Y aquí solo se habla de los documentos previos necesarios, de hecho como el título indica.

3.- El Plan de ajuste que pide el art 7 es sin duda necesario, pero supone de hecho hacer un Plan estratégico, a medio plazo, de las finanzas de los ayuntamientos. Exige prever ingresos plurianuales, definir nuevas tasas, reorganizar la estructura de la organización,… Y eso hay que hacerlo en 40 días. Para cualquier organización privada eso es imprescindible, se está acostumbrado a hacerlo porque si no, la organización muere. Pero muchos Ayuntamientos no tienen ni el hábito, ni el músculo intelectual (conocimientos y formación de sus miembros) para reinventarse, que es lo que se pide. Y en solo 40 días. Pero visto lo anterior, se puede llenar un papel, que no se autorice (o que nadie se lo mire porque no hay tiempo en 30 días) y seguir trabajando.

4.-El artículo 8 es para mí el más irritante. Los entes locales son tratados como  Grecia. Como no saben lo que deben, se les obliga a hacer un plan financiero, al que se llama plan de ajuste, como si solo se tuviera que planificar en situaciones difíciles y no de forma habitual, y se propone una QUITA, a la que se llama “criterios para prioridad de pago” que es mucho más elegante. Llega a plantearse un “descuento mínimo a ofertar”, y teniendo en cuenta que solo hablamos del principal de la obligación. En los periódicos aparecen declaraciones de fuentes empresariales del tipo: “que nos paguen el principal y luego hablaremos de los intereses”. Pues no, no hablaremos de nada, porque el art 9.3 dice claramente que el abono conlleva “la extinción de la deuda contraída… por el principal, los intereses, costas judiciales y cualquier otro gasto accesorio”. Adiós a cualquier atisbo de aplicar la Ley de Morosidad (Ley 15/2010 ), de los plazos acordados, de la imposibilidad de pacto entre partes o de los intereses de demora. Es casi un concurso de acreedores, con quita legalmente refrendada.

¿Hay una parte de culpa en los empresarios por haber llegado a esta situación? En parte, sí. El pasado sábado, en TVE, se informaba de esta noticia, y aparecía una empresaria que decía que tenía facturas pendientes de pago de su ayuntamiento de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Y yo me pregunto ¿por qué le siguió vendiendo?. ¿Porque era un cliente marginal? ¿Porque el margen era de tal nivel que compensaba el atraso? ¿Por buena fe? ¿Porque no había otro mercado?

Hace casi un año publicamos dos articulos (muy criticados, por cierto) donde decíamos que la Ley de Morosidad era un “brindis al sol” de los legisladores. Ahora tenemos el refrendo legal de nuestra afirmación.

Y por eso la sensación que me queda es agridulce. Algunas situaciones se van a resolver, y va a llegar algo de liquidez. Pero dejándonos en el camino dineros y derechos. Y me preocupan más los segundos que los primeros.

 

¿Qué es una pyme para Hacienda?

Mario Cantalapiedra – Economista

En muchas ocasiones hablamos de pequeñas y medianas empresas sin tener claro a qué tipo de compañías nos estamos refiriendo realmente. El problema es que sobre este colectivo no existe un régimen jurídico general ni un tratamiento unitario, por lo que según el criterio que se utilice para definirlo se podrá incluir en él a un mayor o menor número de organizaciones empresariales. Las pautas de clasificación más utilizadas en la definición de la pyme hablan del número de empleados, la facturación anual o el importe del balance a cierre de un ejercicio.

Por ejemplo, para la Administración Tributaria española el concepto de pyme se basa en la facturación anual que haya tenido la empresa. De tal modo que para entender lo que se considera pyme desde un punto de vista fiscal y siempre que pensemos en empresas que adopten una forma jurídica de carácter societario, debemos acudir al Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el cual contempla un régimen fiscal especial para las que denomina empresas de reducida dimensión, consistente en la aplicación de distintos incentivos que tienen por nota común la reducción de la carga fiscal mediante el diferimiento de impuestos. Entre estas ventajas destaca la tributación a un tipo inferior al general, en concreto al 25 por ciento, para la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros.

Actualmente y según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 4/2004, se entiende por empresa de reducida dimensión “aquella cuyo importe neto de cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros”. Este límite de facturación, como puedes ver en el cuadro que acompaña estas líneas, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo elevándose paulatinamente y de manera considerable hasta la cifra comentada, la cual se encuentra en vigor para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2011.

Nueva protección para los deudores hipotecarios ¿Hacia la dación en pago?

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011 aprobó una serie de medidas orientadas a la protección de los deudores hipotecarios.

La primera de estas medidas consiste en que aquellas personas que, tras haber sido subastada su vivienda, tengan que seguir pagando el resto de su deuda al Banco verán aumentado el mínimo inembargable de sus retribuciones. Hasta ahora el mínimo inembargable era de un 10 % sobre el salario mínimo interprofesional (700 €). A partir de esta reforma el mínimo inembargable será del 40% sobre el Salario Mínimo Interprofesional o SMI (961 €), cantidad que se podrá ver incrementada en otro 30% por cada miembro de la unidad familiar que no perciba ingresos.

Otra medida consistirá en reducir el depósito necesario que ha de efectuarse para participar en una subasta, que deja de ser de un 30% sobre el valor de tasación, y que pasa a ser de un 20% de dicho valor. Con ello se pretende que sea más fácil el acceso a la subasta y, por tanto, que se favorezca la puja entre postores que aproxime el valor de adjudicación más a los precios de mercado, en lugar de quedar la subasta desierta, en cuyo caso el acreedor hipotecario se la adjudica por un 50% de su valor o por la totalidad de las cantidades que en ese momento se le adeudasen por todos los conceptos, a su elección, lo que hace que aún quede mucha deuda por pagar a pesar de la venta del inmueble.

La tercera medida consiste en que en el caso de que no concurran licitadores a la subasta, la entidad financiera no podrá adjudicarse la vivienda por un 50% del valor de tasación. A partir de ahora tendrá que ser por un 60% de dicho valor.

No creo que esto sea un paso hacia la tan solicitada dación en pago, ni creo que dicho mecanismo de dación sea justo en sí mismo. Quien firmó una hipoteca era mayor de edad en el momento de hacerlo, firmó unas condiciones ante notario y debe cumplirlas. En caso contrario se produciría un caos bancario que deberíamos subsanar, como siempre, todos los contribuyentes. Sin embargo, yo no recuerdo que cuando esa misma gente compraba una casa y la vendía por 60 o 100 mil euros más sólo unos años después quisiesen compartir sus plusvalías con todos los demás contribuyentes.

Por otro lado, difícilmente nadie concedería un préstamo hipotecario en esas condiciones, la entidad financiera no está interesada en el inmueble en sí, o lo concedería muy por debajo de su valor.

Ahora bien, tampoco considero que sea justo el sistema actual, en el que la entidad financiera se adjudica el inmueble y el precio de dicha adjudicación es el 50% (ahora el 60%) de su valor, y esa es la única cantidad en la que se ve reducida la deuda.

Creo que lo más justo, y hacia donde empiezan a apuntar estas reformas, sería que, como en la actualidad ya hace alguna entidad financiera, en el momento de la venta en pública subasta se lleve a cabo una nueva tasación del bien, se avalúe su valor real de mercado a la fecha de la subasta y este sea el valor de adjudicación, en lugar del 50 (ahora 60) por ciento de su valor de tasación inicial. De este modo, el acreedor tendrá que descontar de nuestra deuda el valor exacto del bien que nos han ejecutado, y no una cantidad muy inferior.

Gonzalo Quiroga Sardi. Abogado

Los aspectos clave de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo (segunda parte)

 Pere J. Brachfield, profesor de Credit Management de EAE Business School y socio director de Morosología.

La Directiva y los plazos de pago de las AAPP

Cuando las operaciones sean entre empresas y poderes públicos, la Directiva establece que los Estados miembros de la UE se asegurarán de que, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el acreedor tenga derecho a cobrar a un plazo que no supere los 30 días naturales después de la fecha en que la Administración Pública deudora haya recibido la factura. En caso de incumplimiento del plazo de pago el contratista tendrá derecho a percibir intereses legales de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento. En caso de que la fecha de recibo de la factura resulte dudosa, el plazo de pago será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. Los Estados miembros podrán ampliar los plazos de pago de 30 días, hasta un máximo de 60 días naturales cuando se trate de situaciones especiales, por ejemplo cuando se trate de entidades públicas que presten servicios de asistencia sanitaria. No obstante los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijen plazos de pago más largos de 30 días, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que ello esté objetivamente justificado por la naturaleza o las características particulares del contrato y que, en ningún caso, excedan de 60 días naturales.

La legitimación de las patronales para actuar contra la morosidad

De forma paralela la Directiva introduce un aspecto muy importante en la práctica empresarial, que consiste en que los Estados deben incluir disposiciones que permitan a las entidades oficialmente reconocidas como representantes de empresas, el ejercicio de acciones ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas o las prácticas comerciales, incluidas las que se refieran a un contrato individual, resultan abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se utilicen. Bajo mi punto de vista esta es una medida vital para combatir los abusos contractuales y otorgar legitimación activa a las asociaciones patronales para proteger a sus asociados.

Las medidas no jurídicas de lucha contra los plazos de pago abusivos

Además la Directiva advierte que dado que la morosidad es un fenómeno con numerosas causas interrelacionadas, no sólo se debe combatir con medidas legales, sino que es necesario que los Estados de la UE implementen medidas complementarias que contribuyan a despertar una buena cultura de pagos. Este abanico de medidas incluye promover publicaciones profesionales, campañas de promoción o de cualquier otro tipo de medios funcionales para incrementar la sensibilización respecto a la problemática de la morosidad. Otra instrucción que introduce la Directiva es que los Estados llevarán a cabo acciones que contribuyan a desarrollar una cultura de pago entre las empresas. También los Estados deberán velar por el establecimiento de códigos éticos de buen comportamiento en los pagos. Otro punto que incorpora la Directiva es el fomento del uso de la mediación en caso de surgir impagos.

Las medidas de la Directiva no implementadas todavía en España

La Directiva vuelve a insistir en la importancia de la “Reserva de dominio” estableciendo que los Estados miembros dispondrán, de conformidad con la normativa nacional aplicable con arreglo al Derecho internacional privado, que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.

Asimismo la Directiva 2011/7/UE recalca la necesidad de que en los Estados de la UE existan procedimientos de cobro de créditos no impugnados, dictando textualmente lo siguiente: “Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, incluso a través de un procedimiento acelerado, e independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo esta tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales”.

La transposición de la Directiva y sus consecuencias

La Directiva 2011/7/UE indica el plazo para la transposición obligatoria del contenido jurídico de sus normas a las distintas legislaciones comunitarias, señalando que los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos de la Directiva a más tardar el 16 de marzo de 2013.

Finalmente la nueva legislación europea no ha de suponer un impedimento para que en España nuestro legislador haya adoptado (o adopte en el futuro) medidas más estrictas que las que va a introducir la Directiva 2011/7/UE, puesto que la propia Directiva establece en el apartado 3 del artículo 12 que: “Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva”. En este sentido se ha pronunciado el Sr Antonio Tajani, comisario europeo de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea en respuesta a una consulta de eurodiputados españoles. El comisario Tajani en su respuesta del 17 de marzo de 2011 dice literalmente lo siguiente: “La nueva Directiva aclara que los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir dicha Directiva. Por lo tanto, nada impide a los Estados miembros armonizar el plazo de pago en las operaciones comerciales entre empresas a nivel nacional. Es el caso de España, que adoptó una nueva ley en julio de 2010, con arreglo a la cual los deudores tendrán que pagar en el plazo de sesenta días”.

Para más información sobre el tema se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com  o la web www.morosologia.com

Bienes que pueden ser objeto de prenda con desplazamiento de la posesión

Mario Cantalapiedra – Economista

En la prenda con desplazamiento de la posesión el bien que garantiza el riesgo concedido por una entidad bancaria se cede a ésta o a un tercero de común acuerdo entre empresa y banco. Entre los bienes que pueden ser objeto de prenda con desplazamiento de la posesión encontraremos habitualmente los siguientes:

  • Depósitos a plazo y saldos en cuenta corriente

Se afecta al buen fin de la operación crediticia contratada por la empresa un depósito a plazo fijo, o el saldo en una cuenta corriente, el cual queda bloqueado y sin movimiento durante el período de garantía. Por su liquidez y seguridad este tipo de prenda es la preferida por las entidades bancarias.

  • Efectos comerciales

Pueden cederse en prenda los efectos comerciales que tenga la empresa, el famoso “papel”, de tal modo que si no se reintegran los fondos, la entidad financiera tiene libertad para cobrar, descontar, ceder o endosar dichos efectos, y recuperar así el importe de la deuda. Para que los efectos comerciales puedan ser objeto de prenda han de reunir los requisitos que posibilitan su endoso, es decir, ser emitidos a la orden, llevar el timbre correspondiente, estar aceptados por el librado, etcétera. Por tanto, si en nuestro cajón sólo abundan pagarés “no a la orden”, que no sería extraño tal como se ha generalizado su uso en los últimos tiempos, mejor olvidarnos de cederlos en prenda.

  • Certificaciones de obra

También pueden ser objeto de prenda, las liquidaciones parciales y provisionales de las contratas que realiza las distintas administraciones públicas basándose en la continuación de las obras, aunque no parece ser el momento más oportuno para que garanticen nada debido a los problemas de morosidad que hoy sufren la mayoría de los entes públicos. En caso de que las certificaciones se aceptaran como garantía, había de comunicarse a la entidad pública pagadora correspondiente el cambio de beneficiario del pago. Este trámite se realiza mediante endoso aceptado por el banco y toma de razón del mismo por parte del organismo público correspondiente.

  • Valores cotizables en mercados organizados

La valoración de este tipo de garantía se realizará en función de la cotización oficial de los valores en el mercado, ya sean éstos de renta fija o de renta variable, siendo mayor para los títulos de renta fija. Si la empresa no reembolsa la deuda en el plazo convenido, la entidad bancaria podrá vender los valores en el mercado, salvo pacto en contrario.

La recuperación del IVA de incobrables después del RD 6/2010

Por Pere J. Brachfield, asesor de la PMCM, Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad y socio director de www.morosologia.com

 El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril que modifica las posibilidades de recuperar el IVA de las facturas impagadas

En abril de 2010 se  aprobó una reforma para flexibilizar las condiciones de recuperación de las cuotas del IVA repercutido en facturas incobrables. Sin embargo considero que los cambios introducidos no son suficientes y que se debe modificar urgentemente  la legislación del IVA para permitir que las empresas, y en particular los pequeños negocios, puedan aplazar el pago del IVA hasta el cobro real de las facturas en las que se devengue el impuesto (y no como sucede en la actualidad en España, que el proveedor que emite la factura debe liquidar el impuesto a Hacienda, con independencia de haber cobrado o no la suma facturada con el IVA repercutido).

Las modificaciones introducidas en el 2010 en la reforma del artículo 80 de la Ley del IVA, son todavía insuficientes para dar una solución definitiva a la problemática. Las dos posibilidades son por un lado el concurso de acreedores, en este caso la base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto (cliente moroso concursado) no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo de un mes desde la publicación en el boletín oficial del auto que admite el concurso.

Por otro lado el proveedor puede interponer demanda judicial o reclamación notarial contra el deudor y esperar seis meses pero sólo cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros. En caso de que la facturación del acreedor sea superior a este importe de 6.010.121,04 euros, el acreedor deberá esperar un año para conseguir la reducción de la base imponible y poder recuperar el IVA de las facturas incobrables. Asimismo el procedimiento administrativo para la reducción de la base imponible es largo, costoso y complejo para las pymes.

Este punto se considera primordial, ya que en la actualidad en caso de impago de una factura, además del perjuicio económico y financiero, el proveedor debe liquidar igualmente el IVA repercutido, soportando un tributo de forma injusta. En los actuales momentos de asfixia financiera la liquidación del IVA no cobrado es un desembolso muy duro para las empresas que no sólo han de soportar la factura impagada sino que además se ven penalizadas con el pago de un IVA. No considero suficiente las reformas realizadas hasta la fecha. La única solución aceptable es poder aplicar el principio de caja a la liquidación de los IVAs repercutidos en las facturas y abandonar el principio de devengo, tal y como faculta la normativa comunitaria sobre el IVA de los Estados Miembros y como han adoptado muchos países como es el caso de Francia, donde no existe un plazo fijo de espera, y en el que la recuperación del IVA se condiciona solamente a que el acreedor pueda demostrar que la factura es definitivamente incobrable.

Vale la pena decir que la propuesta de que el IVA se liquide a Hacienda únicamente cuando el emisor de la factura haya cobrado el importe de la misma, ya apareció en la Recomendación del 12 de Mayo de 1995 por parte de la CE en la que exhortaba a los Estados Miembros de la UE a adoptar medidas de tipo jurídico y administrativo y a cumplir una serie de objetivos, con el fin de reducir los problemas de cobro y morosidad, propuesta que fue totalmente apoyada por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre la Recomendación de la Comisión del 4 de julio de 1996.

Asimismo en marzo de 2009 la comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó un proyecto no de ley para mejorar la liquidez de pymes y autónomos. Este proyecto eximía a las empresas de pagar el IVA que generen las facturas de los ejercicios del 2009 y el 2010 hasta que el cliente no las haya abonado. Salta a la vista que el Gobierno no ha implementado esta medida.

Asimismo dentro del ámbito tributario, considero que hay que modificar el art. 12.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que obliga a esperar 6 meses desde el fallido para admitir como gasto deducible en el impuesto sobre sociedades la dotación de la correspondiente provisión por insolvencias, o en caso de ser un incobrable de menos de 6 meses, si el deudor no se ha declarado en concurso de acreedores, se obliga a que el acreedor interponga una demanda judicial contra el moroso. El cambio legislativo debe permitir la deductibilidad de cualquier factura que el acreedor declare incobrable dentro del mismo ejercicio, sin exigir una demanda judicial o procedimiento concursal.

Para más información sobre el tema se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com  o la web www.perebrachfield.com

 

 

 

 

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