Cómo compensar la morosidad pública

Mario Cantalapiedra  – Economista

A principios del pasado mes de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de Ley del Partido Popular que insta al Gobierno a arbitrar un sistema de cuenta tributaria por el que pymes y autónomos puedan compensar el retraso en el pago de sus facturas, “en cualquier concepto”, por parte de la Administración General del Estado, a través del aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos.

El mecanismo de cuenta tributaria aprobado en el Congreso de los Diputados permite compensar el retraso en los pagos, únicamente de la Administración General, pero no se ha llegado a un acuerdo, a pesar de que sería muy deseable, para hacer lo propio con la morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde no podemos olvidar radican los principales problemas de cobro para muchas pequeñas y medianas empresas de este país. Desde este punto de vista, se podría decir que la medida se queda a la mitad de camino. Tampoco se ha aprobado que el sistema de compensación incluya las deudas que puedan tener pymes y autónomos con la Tesorería General de la Seguridad Social, limitándose a abarcar para este cometido a las deudas de carácter tributario.

A la espera de que se desarrolle el sistema aprobado en el Congreso, y a fecha de este post os tengo que comentar que no me consta que lo haya sido, se habilita la posibilidad de presentar las deudas que tengan las empresas con la Administración General del Estado como aval para poder aplazar o fraccionar sus obligaciones tributarias, pudiendo incluso compensarse automáticamente con ellas. La verdad es que resulta un poco sangrante que una empresa tenga que ingresar en Hacienda el importe correspondiente al IVA repercutido en una factura que le pueda adeudar una administración pública morosa, parece desde todo punto de vista un sin sentido.

Esperemos que el mecanismo de la cuenta tributaria esté disponible lo antes posible, no está la situación de las empresas para que las decisiones que les afecten de un modo positivo y hayan sido aprobadas demoren su ejecución, y aunque no sea ni mucho menos la solución final que necesitan pymes y autónomos, algo debería contribuir a mejorar su situación financiera. Y puestos a pedir, esperar que la cuenta tributaria al final se extienda a las deudas que mantengan con las empresas el resto de administraciones públicas, no sólo el Estado.

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