¿Cumplir las administraciones públicas la legislación contra la morosidad?: Ahora sí toca

Mario Cantalapiedra – Economista

Como estaba previsto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, el Gobierno español ha puesto en marcha el último tramo del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, en este caso, para los pagos aún pendientes de las comunidades autónomas. Se trata de afrontar las cantidades que no quedaron cubiertas en el primer tramo, iniciado en junio de 2013, donde se priorizó el pago de servicios básicos, como conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios sociales, convenios, transferencias al tercer sector y subvenciones en I+D+i, así como el pago a los proveedores de las entidades locales.

Las comunidades autónomas tendrán hasta el próximo 23 de octubre para relacionar las facturas pendientes y a partir de ahí se realizarán las comprobaciones oportunas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se presentarán los planes de ajuste por parte de las comunidades para poder afrontar los pagos. Desde el 29 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2013, los proveedores podrán consultar la relación de facturas y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través del mecanismo extraordinario. Según el Gobierno, los pagos deberán llegar a las cuentas bancarias de los proveedores a partir del 1 de diciembre, los cuales podrán cobrar íntegro el principal de sus facturas, pero, de nuevo, deben olvidarse de percibir cantidad alguna en concepto de intereses de demora. Además existirá la posibilidad para aquellos proveedores que estén más necesitados de liquidez, como ya ocurrió en el anterior tramo del mecanismo, de adelantar los importes pendientes de pago a través de las entidades de crédito colaboradoras asumiendo el correspondiente coste financiero.

Como ya he mencionado en otras ocasiones, se trata de poner el contador de la deuda comercial de las administraciones públicas a cero, para que a partir de aquí cumplan la vigente legislación contra la morosidad en cuanto a plazos de pago se refiere, coincidiendo además con la entrada en vigor de la nueva Ley orgánica de control de deuda comercial, actualmente en trámite parlamentario. Desde luego el objetivo me sigue pareciendo muy ambicioso, más aún si tenemos en cuenta el conflicto permanente al que estamos asistiendo en todo lo que se relaciona con la financiación autonómica. En cualquier caso, que las administraciones públicas cumplan la legislación contra la morosidad “ahora sí toca”.

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