Mario Cantalapiedra – Economista

La futura Ley de fomento de la financiación empresarial que prepara el Gobierno, prevé una modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que podrá permitir, en caso de que finalmente sea aprobada, pagar la deuda comercial más allá de los 60 días máximos previstos en la actualidad. Concretamente, el Anteproyecto de Ley  en trámite incluye la siguiente modificación del artículo 4 de la Ley 3/2004, el que hace referencia a la determinación del plazo de pago que debe cumplir el deudor, con la inclusión de un nuevo apartado 5:

5. Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido.”

Con esta medida parece que el Gobierno pretende incorporar a la Ley 3/2004 la corriente que viene siendo defendida por algunos bufetes abogados, los cuales consideran que no se produce abuso del deudor sobre el acreedor si se le da la opción a este de cobrar la deuda dentro del plazo legal a través de un pago confirmado de proveedores o confirming, con un coste financiero que esté a precio de mercado, o bien cobrar más allá del plazo legal si no se desea afrontar el gasto financiero del anticipo. Los detractores de esta medida argumentan que no deben confundirse plazo legal de cobro, los 60 días regulados, y medio de cobro, ya sea confirming, factoring o formulas de financiación similares. La verdad es que tratar de cumplir la legislación comunitaria sobre plazos de pago, al mismo tiempo que se procura proteger el negocio de las entidades bancarias o los intereses de empresas, fundamentalmente de gran tamaño, que están acostumbradas a pagar tarde, parece un ejercicio complicado de equilibrio para el Ejecutivo español. La Ley contra la morosidad, al modo de nuestras maltrechas carreteras, no deja de ser parcheada, en un proceso que parece tratar de cuadrar el círculo de la morosidad, pero que, de momento, no invita a ser muy optimistas en cuanto a conseguir un plazo de pago generalizado en las operaciones comerciales que pueda considerarse digno de un país avanzado.