¿Qué opinan las empresas sobre ampliar el plazo de pago legal si hay cesión de la deuda a un tercero?

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las novedades interesantes que incluye el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, es la opinión de las empresas acerca de la posibilidad anunciada por el Gobierno, a través del anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, de ampliar los plazos máximos de pago legales cuando haya acuerdo entre acreedor y deudor para ceder la deuda comercial a un tercero, quien abonaría las facturas en plazo legal.

En concreto, el anteproyecto prevé modificar la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, introduciendo un nuevo apartado 5 en su artículo 4, el que hace referencia a la determinación del plazo de pago, con la siguiente redacción:

5. Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido.”

Luego esta posible modificación permitiría ampliar el plazo de pago por encima de los 60 días fijados legalmente, siempre que se cediera la deuda a un tercero, como ocurre, por ejemplo, en el confirming bancario, donde el acreedor cede el crédito comercial que ostenta frente al deudor a una entidad bancaria, adelantando su cobro a cambio del pago de unos intereses y unas comisiones.

Lo cierto es que, tal como está redactada, la medida parece confundir plazos de pago con medios de pago y de ahí que haya generado polémica. Los datos del Estudio reflejan que la mayoría de las empresas, el 60 por ciento de la muestra, estaría de acuerdo con esta propuesta siempre que no acarreara costes adicionales. Por su parte, un 25 por ciento la rechaza de pleno, mientras que el 14 por ciento restante se muestra conforme con ella, sin matices. La duda que debe despejarse si la propuesta decide llevarse adelante es quién asumirá los costes financieros del aplazamiento por encima del plazo legal, si los soportaría el acreedor o podría hacerlo el deudor, esta es la clave. En este sentido, considero que el medio de pago que se utilice no debe ir nunca en perjuicio del derecho del acreedor a cobrar sus facturas dentro del plazo marcado por la Ley.

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