Mario Cantalapiedra – Economista

Se acaba de presentar el Sexto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform en el marco de la Cátedra de Cash Management, impulsada por el IE Business School. Como en anteriores ediciones, el objetivo es disponer de información contrastada sobre la evolución real de la morosidad empresarial, los plazos de pagos y la gestión del riesgo cliente en España. El trabajo de campo de esta sexta edición ha sido realizado por Iberinform entre octubre y noviembre de 2013, a través de la información facilitada por 319 profesionales relacionados con la gestión del riesgo cliente o credit management en sus organizaciones.

El primer dato a destacar es el aumento del porcentaje de empresas en España que han sufrido algún impago significativo en los últimos doce meses, que pasa del 56 al 58 por ciento. En cuanto al principal motivo por el que las empresas retrasan sus pagos, citado por el 75 por ciento de los encuestados, sigue siendo la falta de disponibilidad de fondos, seguido a cierta distancia por la falta de formalidad del cliente, motivo que se ha incluido por primera vez como respuesta sugerida en esta edición del Estudio.

Un dato muy interesante es el que señala que el 55 por ciento de las empresas proveedoras de las administraciones públicas no percibe ningún cambio en sus plazos de pago. Es decir, a pesar del aparente esfuerzo realizado por corregir la morosidad pública, más de la mitad de las empresas que venden a la Administración, no lo notan. No obstante, un 20 por ciento de empresas proveedoras sí ve reducciones de plazos de pago y un 8 por ciento señala que, aunque no hay cambios en plazos, las administraciones públicas aceptan antes las facturas. Finalmente, el 17 por ciento restante de las empresas proveedoras de las administraciones públicas, no percibe cambios en plazos pero reconoce los efectos de los planes de pago a proveedores para liquidar la deuda antigua.

Si analizamos ahora los períodos de pago entre empresas, solamente el 33 por ciento de las compañías en España afirman trabajar con plazos inferiores a los 60 días, es decir, al plazo legal vigente. Y lo que es todavía más significativo, dos de cada tres empresas prevén seguir por encima de 60 días en 2014. Quizás este incumplimiento sistemático, ayude a que el porcentaje de empresas que se muestra favorable a la aprobación de un reglamento sancionador, el cual penalice el incumplimiento de los plazos legales, sea el mayor de la serie histórica, en concreto, el 81 por ciento de los encuestados, seis puntos superior al registrado en la edición anterior.