Mario Cantalapiedra – Economista

La situación política que se vive en Cataluña está motivando el traslado de domicilio social por parte de muchas compañías catalanas en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica para sus negocios. En este sentido, el Consejo de Ministros español aprobó recientemente el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que facilita los trámites para realizar dicho traslado, de manera que, salvo que exista una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, sea su Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

Hay que recordar que el domicilio social es el lugar en el que legalmente está establecida la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital señala que serán españolas todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran constituido, las cuales podrán elegir su domicilio social entre las dos opciones siguientes:

  • Lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección.
  • Lugar en el que radique su principal establecimiento o explotación.

No obstante, el domicilio social una vez que es elegido es único.

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En lo referente al domicilio fiscal, este se puede definir como el lugar de localización de los obligados tributarios en sus relaciones con la Administración tributaria. Es un lugar físico concreto donde las sociedades mercantiles pueden ejercer derechos y cumplir obligaciones de carácter tributario y donde Hacienda puede localizarlas. El artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señala que, para las personas jurídicas, el domicilio fiscal será su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleva a cabo dicha gestión o dirección. Luego será habitual que coincidan ambos domicilios, aunque no necesariamente ha de ser así.

Desde el punto de vista del análisis del riesgo de clientes, el cambio de domicilio social es un dato que debe valorarse. En el caso de que un cliente cambie su domicilio social se debe comprobar que dicho cambio no obedece a problemas en su actividad. Además será necesario revisar la información recogida en los sistemas de facturación propios para evitar problemas con la emisión, envío, y posterior cobro, de las facturas.