El Congreso de los Diputados rechaza la propuesta de un régimen sancionador contra la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El Pleno del Congreso de los Diputados español rechazó ayer, con 174 votos en contra, 139 a favor y 2 abstenciones, la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones, que había sido presentada por parte del Grupo Parlamentario Catalán. Te recuerdo que el objetivo principal de esta propuesta era el de regular una serie de infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos de pago, las condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco de la Ley contra la morosidad. La propuesta distinguía tres clases de sanciones (leves, graves y muy graves), y reservaba la competencia sancionadora a las diferentes comunidades autónomas.

En el debate de ayer, desde el Grupo Popular, que con sus votos en contra no permitió que la propuesta catalana de régimen sancionador prosperara, se acusó al Grupo Parlamentario Catalán de no haber tenido ningún interés en pactarla previamente con ellos, definiéndola como “electoralista” y “manifiestamente mejorable”. Que el régimen sancionador esté en manos de las comunidades autónomas y que estas puedan sancionar al Estado, le parece “una broma” al partido que ostenta la mayoría parlamentaria. Los populares consideran que, en lo que hace referencia a la morosidad pública, desde el Gobierno ya se está regulando y mejorando la situación previa, principalmente a través de los planes de pago a proveedores, mientras que en lo concerniente a la morosidad privada, la autonomía de la voluntad no puede ser quebrada desde lo público, es decir, el sector público “no debe meter la cabeza” en una relación contractual privada entre partes. Además se apuntó que sancionar la morosidad no llevaría a mejorar su situación y que no es el camino que marcan las Directivas europeas que tiene que transponer nuestro país.

Como ya me he pronunciado en otras ocasiones a través de este blog, la bonanza o no de un régimen sancionador contra la morosidad no es un tema sencillo de dirimir, lo que queda claro es que la decisión tomada ayer por el Pleno del Congreso arroja un jarro de agua fría a sus partidarios, muchos de los cuales contaban con que la propuesta se iba a aprobar. Saber el grado de influencia en esta decisión de las grandes empresas o de los “problemas” de otra índole que actualmente existen entre el Gobierno y los representantes catalanes, es un misterio a resolver.

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