Mario Cantalapiedra – Economista

En su reunión del pasado viernes, el Consejo de Ministros ha decidido remitir a las Cortes la Reforma de la Ley General Tributaria que persigue potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias. Entre otras novedades anunciadas en esta Reforma, es llamativa la de dar publicidad a los deudores morosos con la Hacienda Pública que superen una cierta cuantía.

De este modo, por motivos de interés general, y para luchar contra el fraude, se autoriza la publicación de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubiesen sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Siguiendo la recomendación planteada por el Consejo de Estado, estos listados no incluirán las deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas. Con carácter previo a su publicación, se concederá un trámite de alegaciones a los interesados, pudiendo la Administración tributaria llevar a cabo, en su caso, la rectificación de los listados antes de publicarlos definitivamente, siendo además el acuerdo final impugnable en la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español tiene previsto publicar la primera lista de morosos en el cuarto trimestre de este año, respecto a aquellos deudores que a fecha de 31 de julio de 2015 incurran en las circunstancias comentadas. Con posterioridad, el primer semestre de cada año natural se publicará un listado que recoja los deudores morosos por encima del millón de euros a 31 de diciembre del año previo.

Por otro lado, el Consejo de Ministros del pasado viernes también ha acordado tramitar un Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, para permitir la publicación parcial de las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda Pública. Se trata de dar publicidad de los condenados mediante sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública, de insolvencia punible (siendo acreedora la Hacienda Pública) o de contrabando (con perjuicio a la Hacienda Pública). La publicación de estas sentencias no será completa sino únicamente en aquellos aspectos estrictamente necesarios, respetando los derechos fundamentales al honor y la intimidad, así como la protección de datos de carácter personal, y se aplicará a las sentencias que sean firmes tras la entrada en vigor de la Ley. Ahora el texto legal tiene que pasar el trámite del Consejo General del Poder Judicial.

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