Mario Cantalapiedra – Economista

Por el mes de octubre de 2013 ya comenté en el blog la intención del Gobierno de obligar a las entidades de crédito a preavisar con antelación a las pymes a las que fueran a reducir o cancelar su financiación. Pues bien el tema se ha alargado más de lo previsto inicialmente y hasta abril de este año no hemos conocido el texto legal que lo regula.

Es en el título I de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, donde se recoge la nueva obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción y con una antelación mínima de tres meses, su decisión de cancelar o reducir significativamente (en un 35 por ciento o más) el flujo de financiación que les haya venido concediendo, es decir, el conjunto de contratos de crédito bajo la forma de apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que cumplan con una función equivalente de financiación que se otorguen a una pyme por una misma entidad de crédito. La notificación deberá enviarse a la empresa con una antelación mínima de tres meses a la fecha de vencimiento del contrato de crédito de mayor cuantía, excluyéndose de esta obligación general los siguientes supuestos:

  • Cuando el plazo de duración máximo del flujo de financiación, incluidas las posibles prórrogas de los contratos que lo componen, sea igual o inferior a tres meses.
  • Cuando la pyme sea declarada en concurso de acreedores, se hayan iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Cuando la entidad de crédito haya resuelto el contrato por incumplimiento de la pyme de sus obligaciones.
  • Cuando los contratos hayan sido rescindidos de común acuerdo o cuando el flujo de financiación no sea prorrogado o sea disminuido en un 35 por ciento o más de común acuerdo entre banco y empresa.
  • Cuando la entidad financiera ponga fin a las relaciones de negocio u operaciones con la pyme en virtud de lo previsto por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Cuando la entidad de crédito justifique objetivamente que las condiciones financieras de la pyme han empeorado de manera sobrevenida y significativa durante los tres meses posteriores a la fecha en la que se debería haber realizado la notificación. Esta justificación habrá de ser notificada por escrito a la pyme.

La entidad de crédito tendrá la obligación de acompañar la notificación, de forma gratuita, con un documento denominado “Información Financiera-PYME”, el cual recoja los datos recopilados sobre la situación financiera e historial de pagos de la empresa, entre ellos su calificación del riesgo de crédito. Corresponde al Banco de España especificar el modelo-plantilla, contenido y formato del documento general, así como el modelo-plantilla y la metodología concreta que deben utilizarse para la evaluación del riesgo. Pues bien, a pesar de que la Ley 5/2015 está vigente desde el 29 de abril, se ha concedido un plazo adicional de cinco meses a la entidad supervisora para publicar estos modelos, algo que a fecha de hoy todavía no se ha producido. Posteriormente la obligación para la banca de notificar a las pymes entrará en vigor a los tres meses desde que se publiquen los modelos.

Con respecto al documento que informe de la calificación de riesgo otorgada por el banco a la empresa, el mismo ha de convertirse en una herramienta de tipo estándar interesante para valorar y comparar el riesgo de las pymes españolas, por lo que habrá que estar muy atentos a su diseño final.