Mario Cantalapiedra – Economista

El retraso intencionado del cliente es la razón principal por la que las compañías cobran tarde sus facturas, según el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, superando a la falta de disponibilidad de fondos que solía ser la causa principal argumentada por las empresas en anteriores Estudios, y que ahora pasa a un segundo lugar. Motivos menos significativos del retraso son la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad (de los bienes o servicios comercializados) o la facturación incorrecta.

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Precisamente hoy el Congreso de los Diputados debate una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que incluye sanciones con un mínimo de 60 euros para las infracciones leves en materia de morosidad (como, por ejemplo, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales), y que pueden llegar hasta los 819.780 euros en el caso de infracciones muy graves (como, por ejemplo, exceder en más de 60 días el plazo de pago legal). Esta Proposición incluye también, entre otras medidas, un sistema arbitral de morosidad para resolver extrajudicialmente las reclamaciones de las empresas por incumplimientos relacionados con los plazos contractuales o legales de pago, los intereses de demora o la indemnización por costes de cobro, la creación de un “Buzón de lucha contra la morosidad”, gestionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a través del cual cualquier persona pueda poner en conocimiento los posibles incumplimientos de los plazos legales de pago, así como la constitución de un “Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales” adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que correspondería el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de lucha contra la morosidad.

En cualquier caso, parece necesario tomar medidas de mayor calado que rompan la inercia instalada en este país de pagar tarde a los proveedores.