Mario Cantalapiedra – Economista

Durante la comparecencia del pasado 12 de enero del ministro Montoro en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, salió a relucir una cuestión que nos ocupa y preocupa en este blog desde hace tiempo, en concreto, la de la posibilidad de penalizar a las grandes empresas que pagan las facturas de sus proveedores a plazos excesivamente largos.

Montoro cree firmemente que los mecanismos de financiación extraordinaria y de liquidez aprobados por el Gobierno han sido muy útiles para reducir la morosidad pública. En sus propias palabras “la utilidad ha sido muy grande, porque ha reducido la morosidad de nuestras administraciones públicas de una manera formidable y nunca antes los proveedores de nuestras administraciones territoriales habían cobrado en los plazos en los que están cobrando en este año”.

Pues bien, la idea del Gobierno es trasladar esta experiencia positiva al sector privado. Según Montoro “no es aceptable que, con la Ley de morosidad vigente, se esté produciendo un abuso por parte las empresas de mayor tamaño a la hora de forzar condiciones de financiación a pequeñas empresas”. Inclusive el ministro habló en su comparecencia de que la coyuntura financiera invita a arreglar esta situación: “hoy no tiene ningún sentido tal como está la financiación general del país, con los bancos abiertos y con el acceso a mercados de capitales y demás, y el Gobierno sí puede actuar utilizando, por ejemplo, penalizaciones en materia tributaria”.

No es la primera vez que desde Hacienda se anuncian este tipo de medidas, muy demandadas por autónomos y pymes, principales damnificados por este comportamiento abusivo de las grandes empresas. Puede que, en esta ocasión, la amenaza se convierta en realidad y veamos al fin sanciones tributarias.

 

Evolución plazos de pago por tamaño de empresa (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View). Noviembre 2016.